Familiares de desaparecidos. Perseverancia.
[Foto: José Luis de la Cruz]

Desdén del gobierno por los desaparecidos

Zacarías Cervantes

El hojalatero Arturo Casiano Alonso desapareció el 24 de junio de 2017 en la parte alta de la colonia PRD, al poniente de la capital del estado. Ese día, llegaba a su casa a bordo de su vehículo cuando se le cerraron dos camionetas en las que iban seis hombres con armas largas. Lo bajaron con violencia y se lo llevaron. Desde entonces, su esposa Teresa de Jesús Rivera Carvajal y sus hijos lo buscan, sin que hasta la fecha hayan encontrado el menor rastro de él.

Casiano Alonso tiene seis hijos: la mayor, de trece años, estudia el tercer año de secundaria. Le sigue otro de once que estudia primero de secundaria. El tercero tiene diez años y estudia quinto de primaria; el cuarto tiene seis años y cursa primero de primaria; el quinto tiene cuatro años y va en segundo de kínder. Y la sexta tiene tres y está en primero de kínder.

La mañana del viernes 30, el de diez años le preguntó a su madre que a dónde iba. Teresa le contestó: «a buscar a tu padre». El niño no dudó y le pidió: «Entonces no voy a la escuela, déjame ir contigo a buscarlo».

Durante un conversatorio efectuado el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido-desaparecido, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el niño se mantuvo en frente, en el estrado, con una cartulina con la fotografía de su padre, en sus manos.

Después, durante una marcha también caminó en medio, mostrando la fotografía con el nombre que él mismo escribió: «Arturo Casiano Alonso».

Teresa de Jesús, la esposa del desaparecido, refirió que desde las primeras horas de la desaparición de su esposo presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se quejó de que no le han informado nada, ni sabe si hay avances; incluso, no está segura de que hayan investigado para encontrarlo.

«Mi petición es que lo busquen; no se llevaron a cualquiera: es el padre de mis seis hijos», clamó.

En medio de la violencia, el problema de los desaparecidos crece cada día; y para los defensores de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas se ha convertido en una tragedia nacional. No así para los gobiernos federal y estatal, que no hacen nada por investigar y localizar uno solo de los desaparecidos en diversas circunstancias.

El director del Centro de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velásquez, dice a Trinchera que de un total de mil quinientas denuncias que se han presentado por desaparición de personas en Guerrero, a partir de que en el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ningún caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y, en consecuencia, tampoco hay responsables en la cárcel.

El defensor de derechos humanos denunció que otra de las deficiencias que hay en el estado es la ausencia de trabajo para la identificación de los cuerpos, pues de los setecientos cincuenta y uno que había a finales del año pasado, solo se han identificado a cien y son las mismas carpetas de investigación que se han abierto, pero ninguno ha sido entregado a sus familiares.

Filiberto Velásquez menciona que esas mil quinientas personas desaparecidas son las que reclaman los siete colectivos de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa y Huitzuco que pertenecen al Frente Guerrero por nuestros Desaparecidos.

A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, aclara que los mil quinientos no es precisamente la cifra real de los desaparecidos en Guerrero, puesto que solamente en Chilapa se habla de quinientos, pero que muchos de los familiares no han presentado denuncia.

«Estamos hablando que, tal vez, el 80% de familiares de desaparecidos no han presentado denuncia, porque no confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen organizado se encuentra al interior de las fiscalías y que eso representa un riesgo de muerte», declara.

Explica que el problema va creciendo, porque hasta el 2016, el Centro Morelos había registrado ciento tres desaparecidos de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, pero que a la fecha se habla de quinientos solamente de Chilapa.

Afirma que es prácticamente imposible tener cifras reales, porque muchas familias no se atreven a hablar por miedo.

Filiberto Velásquez asegura que la impunidad es lo que provoca que el problema siga creciendo.

Dice que la impunidad se reproduce en el país, puesto que las cifras oficiales indican que en México, de los cuarenta mil desaparecidos que hay desde los años setenta, durante la llamada guerra sucia, solamente hay veintiún sentencias por desaparición forzada. «Eso nos muestra la realidad», remarca.

Recuerda que una de estas sentencias, la de Rosendo Radilla, es de carácter internacional y no hay ningún culpable sentenciado o detenido.

Señala que el gobierno no solamente no hace su trabajo en cuanto a la investigación para la localización de los desaparecidos, sino que tampoco cumple con la identificación de los cuerpos que se encuentran en los semefos.

«Se necesitan campañas permanentes de ADN; se han hecho campañas temporales, pero queremos que sea una campaña permanente para que los familiares puedan realizarse la toma de muestras y realizar el cotejo con los cuerpos que se encuentran en los semefos», demanda.

Explica que el problema es que el Semefo depende de dos instituciones, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Salud, «y el recurso que ha llegado a ellas se ha desviado».

Subraya que por más intención que tenga la Fiscalía para tener el Cementerio Estatal Forense mejor equipado de Latinoamerica, «para nosotros sería mejor que no existiera porque representa la impunidad, por los graves delitos que han ocurrido desde la década de los setenta».

Dice que la propuesta de los colectivos de familiares es que el Semefo sea un organismo independiente, con recursos propios, «sin que esté dependiendo de la Secretaría de Salud, donde sabemos que los recursos se quedan, se sientan en ellos y se los meten en los bolsillos».

Agrega que la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado millones, antes del Proyecto 751, para los trabajos de identificación de cuerpos, pero que no han llegado al Semefo, y que eso se refleja en que no hay materiales ni capacitación en el personal para una investigación de calidad.

Pero las autoridades no solamente no hacen nada por encontrar a los desparecidos, sino que también quieren desaparecer por decreto las cifras que en los hechos van en aumento, no así en las estadísticas.

La última actualización de la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), colocó a Guerrero en el primer lugar a escala nacional con trescientas veinticinco personas desaparecidas registradas en el fuero federal. Le siguen Veracruz con doscientas siete, Tamaulipas con ciento cuarenta y uno, Michoacán con cincuenta y cuatro y la ciudad de México con cincuenta y tres.

En cuanto al registro en el ámbito del fuero común, ocupa el décimo lugar con 1482 personas desaparecidas, después de Tamaulipas, con 5990; Estado de México, con 3890; Jalisco, con 3362; Sinaloa, con 3027; Nuevo León, con 2895; Chihuahua, con 2186; Sonora, con 2159; Puebla, con 2069, y Coahuila, con 1753.

Las cifras corresponden al total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero federal y del fueron común iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 2018, y que permanecían sin localizar al corte del 30 de abril de 2018.

Pero a partir de entonces, la base de datos permanece sin actualizarse en la página del RNPD.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) realizó por última ocasión la actualización de la base de datos del RNPD, hasta el 20 de abril del año pasado, y a partir de entonces correspondería a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas la publicación de la subsecuente base de datos de conformidad con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

A partir del actual gobierno, el RNPD está «extinto», pues luego de que por ley la Secretaría de Gobernación (Segob) dejó de actualizar la base de datos para que la Comisión Nacional de Búsqueda tomara estas funciones, la página no se ha vuelto a actualizar desde abril de 2018.

Yolotzin Martínez Corales, del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, dice: «Ante la gravedad del problema de los desaparecidos, ya no nos importan los números, porque nuestros familiares no son números, son personas desaparecidas. Desgraciadamente, tenemos casos de familias que no tienen denuncia alguna; si a nosotros que tenemos denuncias no nos dan el derecho a garantizarnos justicia, menos a las personas que no tienen denuncias».

Agrega que no solamente son desaparecidos los que están contados por tener denuncias, sino que también hay familias que por miedo al propio gobierno y a las instituciones que brindan la seguridad no han hecho esas denuncias. «Entonces por eso no podemos tener una cifra exacta», recapitula.

Po su parte, Manuel Olivares Hernández revela que los propios colectivos no cuentan con un concentrado real de los desaparecidos. «Cada colectivo tiene sus cifras y las va actualizando y ni de manera oficial partimos de datos reales», reconoce.

Sin embargo, sostiene que en Guerrero los colectivos están trabajando para concentrar las cifras, «y cuando menos como Frente tener datos duros propios, porque finalmente hay una contradicción entre los datos que manejan la sociedad civil, las organizaciones y las instituciones de gobierno».

En la página oficial del SESNSP, en donde se publican los casos del fuero federal y común, se menciona que la última actualización fue el 30 de abril del año pasado.

A partir de que el Registro de datos se extinguió, la organización Data Cívica consideró que «es preocupante, porque no solo se desconoce la información sobre cuántas personas han desaparecido en los últimos meses, sino que la lucha contra este delito puede ir a ciegas, ya que no se tiene una buena base datos para atacar la problemática».

Francisco Javier Secundino Rendón. Indolencia.
[Foto: E. Añorve]

El RAN Guerrero: negligencia y despotismo

Eduardo Añorve

Tiempo presente

 

Es casi el mediodía del jueves 29 de agosto en Chilpancingo. Pasan unos minutos de las once y media de la mañana. Frente al edificio del RAN (Registro Agrario Nacional) se hacen presente el comisionado estatal Francisco Javier Rendón Secundino, una licenciada (como él) y un técnico. El comisionado le anuncia a una cincuentena de personas que esperan sentadas que, cumpliendo con las nuevas directrices del gobierno federal, van a atender a los campesinos ejidatarios de modo directo, «a ras de suelo», y así por el estilo.

El procedimiento de entrega de certificados es lento, y algunas señoras ancianas esperan pacientemente, aunque cada cuando preguntan por su documento. Uno que otro señor llega y discute y emplaza al comisionado para que cumpla lo prometido, o para que se comprometa cuándo va a cumplir y piden que les anote la fecha, pero él no quiere compromisos, y da largas y evasivas, y promete cumplir. A algunas personas les entregan sus papeles, con foto y todo.

Este –ahora– cronista está esperando desde las nueve de la mañana a que le den un papel que tramitó desde hace cuatro años. Minutos antes de la una de la tarde se acerca a la mesa y pregunta al técnico si allí van a entregarle ese papel que debieron entregarle en Cuajinicuilapa. Pero el hombre-servidor público, enfadado, se defiende y arguye que ya han ido tres veces a Cuajinicuilapa a entregarlos, y que si uno no ha ido por el suyo, no es asunto suyo. Pero este cronista le dice que no fue a acusar a nadie, sino que solo quiere saber si allí van a entregarle el papel, como le dijeron en su ejido el presidente del comisariado ejidal y el técnico asesor del mismo. El hombre, amargado, responde que sí, que hay que esperar, que tome asiento.

 

Interregno o lo que se le parezca, pero aplicado a esta croniquilla

 

En la página de Facebook de la delegación Guerrero del RAN hay mensajes de quienes se quejan del mal servicio de esos funcionarios. Por ejemplo, alguien llamada Lina Sánchez Ochoa se queja porque el horario de trabajo es corto y que implica poco tiempo para atender a quienes acuden de otros municipios. Califica al servicio como pésimo y asegura que «está diseñado para fregar al ciudadano, no para resolver problemas». Este cronista no lo creía así, pero… después de cuatro años, como que ya comienza a creerlo. Por algo dicen que el tiempo es sabio, ¿no?

 

El trámite, viejo

 

Hace unos cuatro años, el presidente del comisariado del ejido de Cuajinicuilapa inició una campaña de regularización de parcelas; este cronista acudió creyendo que la convocatoria por bocina también incluía a solares ejidales, dado que a él le fue donado uno por ser hijo de ejidatario, como a cientos de ciudadanos más. Alejandro Aguirre, el presidente del comisariado, dijo que no había campaña para regularizar solares, pero que sí podían realizar el trámite, sobre todo porque él y otros miembros de la mesa directiva estaban yendo a Chilpancingo para hacerlo. El costo no era barato, pero considerando que las vueltas que lo hacen dar a uno, valía la pena: dos mil seiscientos pesos. Ahora que lo pienso, aquello era caro: que te extendieran una constancia de posesión de tu solar costaba seiscientos pesos… lo demás, para los viajes. Acepté, más bien, por tener dinero suficiente, claro.

Concluyó esa mesa directiva, y del documento, nada. Entró otra mesa directiva, este cronista fue a reclamar, y nada. Después del pleito, el secretario me llevó un acuse de recibo del trámite y un teléfono para preguntar sobre su estado. Pasó este tecleador varios meses hablando por teléfono y recibiendo la respuesta de que ya mero, ya mero, ya merito… Por su parte, el técnico asesor del ejido, Mauro Javier Morán, visitador agrario, dijo que el papel iba a llegar, porque se estaba gestionando por parte de las autoridades del ejido, a las cuales él acompañaba.

Pero concluyó el periodo que encabezó el amigo Félix Calleja, y nada, pues. Y ya cuando éste concluyó, siguió yendo a gestionar asuntos particulares, y se le pidió que indagara el estado de la cuestión. Ya en 2019, él me informó que le informaron que la documentación que me habían elaborado en la comisaría en el periodo de Alejandro Aguirre estaba mal hecha, que las actuales autoridades (encabezadas por Leopoldo Clavel) debían rehacerla. Incluso, me aseguró que él hablaría con su amigo Polo Clavel para agilizar el asunto.

Pero Polo Clavel me la clavó: no asumió que fueron las autoridades ejidales quienes cometieron el error y que estaban obligados a rehacerlo. «Son seiscientos pesos», dijo. «Y ahí tú verás». Además, mandó a la comisión de vigilancia a volver a medir el solar, cosa que él y otros ejidatarios más habían hecho años antes, porque pertenecían a la misma comisión cuando Alejandro Aguirre era presidente, es decir, el propio Polo Clavel formó parte del error que ahora enmendaría… a cambio de seiscientos pesos. Y pagué. Más la cuota de la gasolina para ir a medir el solar. De nada valió pedir que buscaran esas medidas en el archivo, a pagar la cuota.

 

Interregno segundo

 

A mediados del mes de mayo de este año celebraron el cumpleaños del jefe del RAN o comisionado estatal… y no atendieron a los campesinos que acudieron a por su certificado parcelario (uno de los requisitos para obtener fertilizante gratuito): celebraron en la parte alta del edificio, echando porras y cantándole Las Mañanitas al licenciado que se echa el rollo de que atienden a los ejidatarios a ras de suelo. Abajo estaban los solicitantes, esperando, claro, esperando a güevo, que qué más queda.

Dato chistoso: el funcionario aludido se hace tomar una foto con las personas a quienes entrega un documento: se quita los antejos y pone cara de buen hijo de vecina para que la cámara del celular de uno de los empleados a su cargo lo retrate. Luego, las sube al tuitter o cómo se llame. Se luce, pues.

 

En Chilpancingo, tiempo de espera

 

Minutos antes de las dos de la tarde del jueves de tal, la muchacha que me tomó los datos me informó que mi papel no existía. ¡Diablos! Este cronista, que esperaba desde las nueve de la mañana, le imploró que revisara bien, que el documento sí existía, que le habían dado fe de ello el presidente del comisariado ejidal y el visitador agrario, que hasta lo habían anunciado por bocina para que fuera a recogerlo, pero como no escuchó el anuncio (vive en los suburbios), no lo hizo.

Esta muchacha le pidió a este tecleador que acudiera al archivo para que buscara en el expediente las referencias o menciones a su nombre, lo cual hizo; sin embargo, una mujer de la seguridad privada le dijo que él no podía buscarlo, sino que eso debía hacerlo ella. Y esta mujer buscó y buscó, y nada halló, para desconsuelo del tramitador consuetudinario del papel, y éste pidió permiso a la mujer de la seguridad privada para buscarlo, y ella –burlonamente incrédula– aceptó. Y al buscar, el ahora cronista encontró en la foja 000100 del legajo 1/4 del expediente 42//421, el acta de Procede en la cual se consigna que al ciudadano Eduardo Añorve Zapata le asignaron el solar 06 de la Manzana 320. ¡Qué suerte!

Antes de esta búsqueda y encuentro, el asesor técnico había dicho que si el documento no estaba allí, era necesario presentar el acuse de recibo del trámite, lo cual era imposible por haber sido anexado a la documentación para reponer la que resultó incorrecta. Este hombre permaneció inamovible antes las casi ganas de llorar del peticionario.

Después de encontrar los datos, al solicitante le vino una certeza a la mente: si buscaron el certificado así como la mujer de seguridad buscó los datos en el acta, obviamente no iba a aparecer el documento. Y buscó a la muchacha que lo atendió para informarla y, ¡oh, esperanza!, ver si aparecía el papel.

 

Interregno último

 

Quince días antes, un licenciado que hace trámites en Chilpancingo a ciudadanos de Cuajinicuilapa había tasado la entrega de ese certificado en mil pesos, con el argumento de que a eso ascendían, más o menos, los gastos de cualquier ciudadano que fuera a gestionar por sí mismo, y sin perder el tiempo ni hacer muina. El mecanismo es sencillo: alguien de adentro del RAN, con quien se tiene contacto, con la mera presentación de una fotocopia de la credencial del INE lo entrega. Mil pesos de por medio, o su respectivo moche. Meses antes, otro abogado que también hace esos trámites, pidió lo mismo: mil pesos por entregar el certificado en Cuajinicuilapa, libre de polvo y paja. El mecanismo es el mismo.

La entrega del documento solo se hace a la persona cuyo nombre aparece en él, aseguran. Tal vez eso se hacía antes, pero ya estábamos en los tiempos de la Cuarta Transformación… Recordé, en Chilpancingo, que en Cuajinicuilapa una ejidataria me dijo que el actual presidente del comisariado era medio pendejo, que él pudo pedir que las autoridades agrarias que le dejaron los certificados que no fueron entregados, pero no lo hizo.

Como ya se sabe, no pagué los mil pesos, y me fui a Chilpancingo. El presidente del comisariado y el visitador agrario coincidieron: Nomás con mi credencial de INE y me daban el papel. Fácil.

 

Tiempo actual, y fin

 

Enterado de que mi papel no estaba allí, le conté a don Francisco Javier que en Cuajinicuilapa no pude recoger el certificado (él me escuchaba) porque la primera ocasión no me enteré (él dejaba de escucharme para escuchar a otras personas); yo volvía a mi narración de que el presidente del comisariado mandó a anunciar por bocina la lista de quienes debíamos acudir a San Nicolás, el siguiente domingo, cuando las autoridades del RAN volverían a llevar los documentos, pero que se les olvidaron los de Cuaji, nomás llevaron los de San Nicolás, según atestiguaron en su momento el presidente del comisariado y el visitador agrario (don Francisco atendía y desatendía, un tanto aburrido), y yo le contaba que el certificado no estaba allí, según me informó la muchacha, pero que mis datos sí (y el delegado estatal del RAN me miraba como quien ve a nadie, y le ponía atención a otra gente). Al final me dio la solución a ras de suelo: que volviera a iniciar el trámite y ya. ¡Qué suerte!

Este tecleador se medio enfureció por dentro, y buscó a la funcionaria que lo atendió, y le dijo que sí estaban sus datos, y quería saber si se podía hacer algo para buscar y encontrar el papel (esperanzado en que apareciera por allí), y ella dijo que iba a preguntar a don Rendón Secundino, pero que temía que la iba a regañar, y este tecleador le confió que a él ya lo había regañado, pero ella, valiente, acudió con él, y aquél, detrás. Y el jefe que anda a ras de suelo le dijo que este cronista era un necio, que no entendía, que ya todos me habían explicado lo que procedía, pero que yo no entendía, y más (que me callo para no ofender mi pudor). Y ella regresó a la oficina. Ya eran casi las dos de la tarde.

Entonces, en un acto osado, este tecleador le preguntó su nombre a don Secundino Rendón, porque no lo sabía, y él se medio envergó, y dijo que ya había dado la información que se le había pedido, y el tecleador insistiendo, y aquél, negando, sin siquiera aceptar que por favor. Entonces se le pidió el nombre al técnico que lo acompañaba, y éste dio su nombre (el que este memorioso tecleador perdió, anotado en un papelito) y no quiso dar su cargo, sino solo decir que era un empleado más del RAN, un servidor público.

Y Javier Francisco, sin dar su nombre y acusando de prepotente a este cronista habilitado, por pedir su nombre, y luego de ser preguntado de que cómo estaba ese rollo de la Cuarta Transformación y de atender y resolver los problemas de la gente a ras de suelo, y él negando y acusando de prepotencia a éste que lo cuestionaba, diciendo casi casi que él era el mejor soldado de la Cuarta T, hasta que el quejoso se dio cuenta de que todo eso no tenía sentido, que lo que sí tenía sentido es lo que había escuchado y leído: que enredan todo para que des vueltas y vueltas y te desesperes, y pagues los mil pesos, y todos felices, y todos contentos, como el burro que tiene su instrumento.

Al final, este tecleador hizo un par de fotos con su celular de setecientos pesos, las cuales salieron muy pinches (como debe ser, porque el celular es pa’ hablar por teléfono y no para usarlo como cámara), y se marchó del sitio de atención de calidad a los ejidatarios quejosos, pensando en su certificado, pero pensando, bravo, que se lo meta por donde le quepa a don Pancho Xavier, que dios se lo ha de cobrar, porque de seguro ha de estar bien parado con el gobierno actual, y no habrá poder que castigue su prepotencia y despotismo y su encubrimiento de la corrupción que existe en el RAN, si no es que su complicidad. ¿Cómo le haría para estar allí, porque se ve que eso de la Cuarta T que pregona López Obrador, ni le va ni le viene? ¡Que se lo meta por donde le quepa!

Cuanacaxtitlán. Espíritu comunitario.
[Foto: Kau Sirenio]

Feria de San Agustín: sabor a migración

Kau Sirenio

Las luces de los fuegos pirotécnicos iluminan el cielo y el estruendo se funde con la polifonía de los sones y chilenas que tocan las bandas de música en la feria anual de Ñuu Ndikó Yùu/ Cuanacaxtitlán. Cerca del atrio de la catedral de San Agustín, la Danza de La Conquista reproduce escenas de la invasión española a tierra mesoamericana hace quinientos años.

Así transcurre la feria ancestral de esta comunidad ñuu savi (mixteca) que consistía en ofrendar la cosecha a las deidades como el fuego, el agua y el aire después de la hambruna. Esta fiesta se celebra los días 27, 28 y 29 de agosto, con encuentros de bandas de música de viento que llegan de las distintas comunidades vecinas.

A pesar de alto índice de migración, la comunidad Ñuu Ndikó Yùu/Cuanacaxtitlán, que en cuatro años cumplirá quinientos años, aún conserva gran parte de su organización comunitaria, como topiles, mayordomías, comisario y concejo de señores principales, sistemas de cargo que se ha transmitido de generación en generación.

Las mayordomías que se nombran son de gasto, castillo y misa; entre los tres se encargan de pagar la banda de música y el maestro de danza. Además, ofrecen comida y cena para los danzantes durante los ensayos.

–Xà nà’á ni sìin vaxi na xì’in vikó Ñuu yo (años atrás era diferente la organización nuestra fiesta) –dice Luis Martínez Vivar.

«Antes íbamos a traer el Caballo Blanco… bueno era un caballo imaginario, porque no hay como tal. En ese entonces iban todas las danzas que se organizaban para la fiesta; ahora solo queda en el recuerdo que existieron como Los Vaqueros, Chareo y Tlaminque. Ahora solo queda la Conquista».

La historia oral de los ancianos de la comunidad señala que la celebración a San Agustín inició aproximadamente en 1914 o 1920, cuando Ñuu Ndikó Yùu/ Cuanacaxtitlán alcanzó estabilidad política producto de la Revolución Mexicana.

Durante el periodo de la Revolución, en 1913, tropas carrancistas (carranclanes) entraron al pueblo a matar a hombres y niños e incendiaron la comisaría y ultrajaron a las mujeres con el argumento de que eran zapatistas.

 

Mayordomías

 

La mayordomía de la fiesta patronal se elige en asamblea comunitaria del primer domingo del mes de mayo. Ese día, los señores principales se encargan de hablar con los habitantes de la comunidad para que presten su servicio comunitario. Sin embargo, en los últimos diez años los migrantes que se encuentran en Estados Unidos han hecho el servicio comunitario a través de sus familiares.

En esta feria 2019, el mayordomo de castillo fue Apolinar Linares Bonfilio y su esposa Antonia Castillo García; lo hicieron desde Nueva York. Hermana y tíos de los dos organizaron la parte que les corresponde, gracias a las divisas que los mayordomos enviaron.

La mayordomía de la fiesta patronal de Ñuu Ndikó Yùu/Cuanacaxtitlán se integra por tres familias. La de gasto es la encargada de los preparativos de los alimentos para los músicos que visitan a la comunidad.

La de misa se encarga del adorno de la catedral, el desayuno de los músicos y la danza y de la hermandad religiosa, para el día de la presentación de la danza y durante los nueves días de la oración, además de comprar cohetes y pagar la misa en nombre de todos los habitantes de la comunidad, sin importar diferencias religiosas o partidistas.

El mayordomo de castillo (fuego pirotécnico) es el encargado de pagar al cohetero que preparará el castillo que será quemado el 28 de agosto en la noche, acompañado del torito, venado y la danza de tortuga.

El señor Filemón López, fundador de la policía comunitaria y varias veces comisario municipal de Cuanacaxtitlán, explica la importancia de la mayordomía, para el concejo de señores principales, porque son los primeros pasos que se tienen que seguir para ser comisario de la comunidad.

Dice que los pobladores deben prestar servicios comunitarios (sistema de cargos): ser topiles (mandadero); topil primero de la Iglesia, así como fiscal segundo y primero; policía, comandante segundo y primero; además de otras mayordomías de menor categoría; y mayordomo de misa, castillo y gasto. Los señores que pasaban por estos cargos podían ser candidatos a comisarios, pero en la actualidad este proceso ya no se respeta.

La fiesta comienza con la presentación de la danza y lavado de la parroquia; luego, el rezo con el acompañamiento de la danza. Durante el novenario la danza visita las casas de mayordomos.

«Antes la fiesta de San Agustín se iniciaba con la presentación de la danza en la iglesia y la comisaría; de ahí, a las casas de mayordomos salientes y entrantes. Durante el día, las mujeres se encargan de lavar el vestuario de los distintos santos que hay en la catedral, y arreglan los candelabros y floreros; luego, acompañamos a la danza para ir a la casa de mayordomo de misa, donde se ofrece la comida a todos los que participan en la fiesta», explica.

La segunda actividad de la fiesta se conoce como kivi tyátyi nduku (día de corte de vara). Esto se hace en la casa del mayordomo de castillo. Allí se reúnen las autoridades de la comunidad para cortar y amarrar las varas que servirán de armazón para los juegos pirotécnicos; durante el día también se presenta la Danza de La Conquista, que escenifica la tradicional batalla entre los mexicas y los españoles durante la conquista de la gran Tenochtitlán. Por la tarde recorren las principales calles con el armazón del castillo, acompañado de torito, venado y tortuga, animales que forman parte de la identidad ñuu savi y presentes en la fiesta.

López García explicó que la fiesta de agosto es la más importante por su característica organizativa, ya que prácticamente es donde saldrá el nuevo comisario. «Después de la fiesta, el mayordomo de gasto descansará por un año, para que sirva como máxima autoridad, aunque actualmente muchos de los que han sido comisarios no tienen la experiencia, porque no fueron mayordomos. Fueron electos porque son profesionistas», describe.

Desde el año 2014, se introdujo «El Pendón», desfile de danzas de las comunidades vecinas, además del certamen de la reina de la feria anual.

Cada feria de San Agustín cobra su identidad y el esfuerzo por recuperar su vestuario tradicional. Incide también la cooperación de los migrantes que se encuentran en Lamont, Lompoc, Livermore, California; Orlando y Arcadia, Florida; Nueva York; Charlotte; Washington; y Chicago, Illinois.

Con la aportación económica de los migrantes se premia a los tres primeros lugares en basquetbol, futbol, ajedrez y la carrera de burros.

Otras actividades que hace en la feria es la exposición fotográfica, concurso de grafitis; cuya temática es la migración.

José Luis Bautista, como cada año, organiza del encuentro deportivo, con el fin de combinar la cultura y el deporte. Dice que no solo es danza y música, sino que se impulsa el intercambio comunitario: «Este año organizamos de nuevo un encuentro de basquetbol; es una actividad que hasta hace cinco años no se incluía en las actividades de Cuanacaxtitlán; pero en esta ocasión lo volvimos a realizar y fue una buena experiencia, porque los chavos participan y se relajan», resalta.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 2 al 8 de septiembre

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