El hombre embozado con un paliacate, con el arma empuñada y terciada al frente vestía la playera verde olivo de la Policía Comunitaria. Permanecía parado en la azotea de la comisaría municipal de Alcozacán, precisamente frente donde el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezaba la reunión para llamar a la paz entre los pueblos de Chilapa, el 3 de febrero pasado.

La escena, para cualquier reportero que ha cubierto, donde surgen, los conflictos entre policías comunitarias o autodefensas, no tuvo nada novedoso ni extraordinario, salvo que esta vez el hombre armado se encontraba frente al mandatario.

Para un gobernador que conoce su estado, más aún, que sabe la zona donde está y con quien se reúne, tampoco debió tener algo irregular. No ocurrió así. Héctor Astudillo Flores se escandalizó, pero no por las condiciones en que vio al civil, ni mucho menos porque en Guerrero ciudadanos comunes portan armas de ese calibre, propias de las fuerzas armadas y sin que las autoridades hagan algo por impedirlo. No. Se molestó porque los medios de comunicación no publicaron la imagen del comunitario y no destacaron la información del caso.

El 3 de febrero, el gobernador visitó Alcozacán y El Jaguey, en el municipio de Chilapa, dos comunidades enclavadas en la zona donde han ocurrido enfrentamientos, masacres, ejecuciones y ‘levantones’ que se agudizaron desde enero del año pasado.

Alcozacán forma parte del territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y El Jaguey pertenece a la zona donde opera la Policía Por la Paz y la Justicia, vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos.

En ambos lugares fue recibido con reclamos de justicia, con reproches por la impunidad y con demandas de paz y tranquilidad para sus pueblos.

En la zona del primer lugar que visitó, el 27 de enero del año pasado, hubo dos enfrentamientos que dejaron doce muertos de la gente del grupo Por la Paz y la Justicia; y las muertes fueron atribuidas a la CRAC-PF. En el segundo lugar, el pueblo forma parte del grupo al que se responsabiliza la masacre de diez músicos de Alcozacán ocurrida el 17 de enero pasado.

En ambos lados, ante la impunidad, la nula investigación y ausencia de castigo a los responsables, la gente se ha armado para hacerse justicia por su propia mano.

En Alcozacán el 22 de enero fueron presentados diecinueve niños de edades de seis a quince años capacitados para el uso de las armas y dispuestos a defender a sus familias y pueblos. A eso se debió la presencia del gobernador. Fue a ofrecerles acciones de gobierno a condición de que los pueblos ya no usen a los niños para esos fines.

¿Debió ser extraño entonces que el gobernador encontrara en un escenario así a un hombre armado hasta los dientes? Para cualquier otra persona no, pero sí lo fue para él.

Al día siguiente, Astudillo Flores reclamó a reporteros por el hecho de que los medios de comunicación no hayan publicado la información y fotografía del policía comunitario de la CRAC-PF que portaba el arma de alto poder durante la reunión que encabezó.

Sin embargo, cuando el reportero le preguntó que si lo vio por qué no ordenó su detención, argumentó que no podía hacerlo en ese momento.
Al término de la ceremonia de inauguración de la semana jurídica con motivo del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el vestíbulo del auditorio Sentimientos de la Nación se le preguntó si desarmará a ese tipo de policías comunitarias, luego de que en su discurso había dicho que «la Constitución no contempla ni contemplará que ciudadanos anden armados en demasía».
Pero evadió desde el principio. Argumentó que ya todo lo había dicho en su discurso. «Ustedes quieren discurso y quieren entrevista», reprochó en tono de broma, pero su semblante era adusto.

«Quieren, como lo dije, particularidades, dedicatorias para cada uno; tú quieres las tuya, tú quieres las tuya», expresó señalando a cada uno de los reporteros. «Ahí está el discurso», insistió.
–No, pero precise, ¿va a desarmar a las policías? –inistió el reportero.

–Ahí está mi discurso.

–¿Si se van a desarmarlos?

–El presidente dijo que se van a desarmar –insistió otro reportero.

–Yo no he escuchado que el presidente diga eso. Yo lo que escuché es que el presidente dijo en su conferencia de prensa que iba a revisar, cosa que hay que revisar. No es posible… A ver, ustedes estuvieron ayer. No es posible la persona que estaba armada enfrente, ¿no la vieron, o hacen como que no la vieron?

–¿Pero por qué no se desarmó? –se le cuestionó.

–¿Yo lo voy a desarmar en ese momento? Esas armas están fuera totalmente de lo permitido. Ustedes lo observaron. A mí me extraña, ¿por qué no le tomaron una foto y la sacaron? Me extraña.

El gobernador agregó que ésas son de las cosas que no deben suceder en Guerrero y en el país. «Yo entiendo perfectamente el problema, pero no es posible que enfrente de un evento pongan un encapuchado con un arma que no alcanzo a entender de qué tipo de arma es, y ustedes lo vieron y yo no vi que hicieran ningún comentario».

Es claro que el reclamo del gobernador fue por la presencia del policía comunitario con un paliacate en el rostro portando el arma de grueso calibre, que vigilaba desde la azotea de la comisaria municipal frente al presídium donde se realizaba la reunión encabezada por el gobernador.

Según el cuestionamiento a los reporteros, el gobernador apenas el 3 de enero pasado, vio a uno de esos civiles que portan armas de uso exclusivo del Ejército, y es el que tuvo enfrente, cuando en Guerrero hay civiles armados como ese de Alcozacán en todo el estado.

Se han visto con ese tipo de armas en el retén de los rurales de Petaquillas, en Filo de Caballos, en el Valle de El Ocotito, en la Costa Chica y en la Costa Grande.
En cada cobertura sobre conflictos entre grupos de autodefensa se observa ese tipo de civiles con armas de alto calibre y se ha informado de ello con oportunidad, y muchas veces con imágenes, desde hace varios años.
Sin embargo, el gobernador apenas observó el de ese 3 de febrero y quería que los medios de comunicación destacaran el hecho como algo novedoso o extraordinario. Pero a pesar de que momentos antes había asegurado que «la Constitución no contempla ni contemplará que ciudadanos anden armados en demasía», no quiso responder a la pregunta de por qué no se desarman.
Ya de retirada, cuando hubo terminado la breve entrevista con los reporteros, en tono de reclamo todavía expresó alzando la mano: «¡Ahí les voy a mandar yo la foto; porque no la sacaron!».

No es lógico que el gobernador quiera endosar el problema del uso de las armas de alto poder por civiles a los medios de comunicación. Difundir la imagen de un policía comunitario que porta un arma de alto poder no resuelve el problema de fondo. Es como pretender que se vea el árbol y no el bosque que hay detrás.

A menos que el gobernador pretenda que los medios de comunicación evidencien que solamente los miembros de la CRAC-PF portan ese tipo de armas, con lo que se supondría que hay una intención de que se haga ver que ellos, los de la CRAC-PF, son los victimarios, y los otros, los que visitó despues en El Jaguey, las víctimas.

De ser así, las acciones y resultados se verán después.

Han pasado más de dos meses y en Vallecitos de Zaragoza apenas han regresado unas cien personas a sus casas. La violencia no ha aminorado y ahora compartirán su comunidad con los desplazados de Zihuaquio, Coyuca de Catalán. Las calles aún lucen vacías, con ese silencio estridente que quiebra los huesos y rompe el alma.

Vallecitos de Zaragoza se encuentra en la sierra de Zihuatanejo, aproximadamente a una hora de la cabecera municipal. Hasta hace unos años, su principal actividad económica era la ganadería y la agricultura. Maíz, frijol, maguey, chiles, eran sus principales productos agrícolas, y sobre todo, la venta de ganado bovino. Sin embargo, la bonanza no duró muchos años para la gente de esa localidad, más, por el incremento de la violencia. Pedro Quiroz, oriundo de Vallecitos (Valle, como le dicen algunos) sostiene que el conflicto de esa comunidad lleva tiempo.

«El caso particular de Vallecitos, cuando empieza el problema, es por situaciones ni siquiera importantes, con algunas diferencias mínimas, comparado con lo que ahora hay. Fueron creciendo porque el problema es que se enfrentan familias nativas de allí; es un problema muy grande, porque … llegaron a las muertes de un lado y de otra, con razón o sin razón. Yo me voy a meter en esa parte de decir quién tenía razón, lo real fue que se fue agravando el problema, endureciendo el problema, hasta que llegaron a ese delito (el asesinato)», explica.

Aclara que la situación de desplazamiento forzado en regiones como Chichihualco y Tierra Caliente, le es desconocido, prefiere hablar de su comunidad.

«Yo lo que intuyo, yo lo que entiendo, es que en el afán de defender, se agarran de los grupos del crimen organizado grandes, que no eran de Vallecitos, pero que fueron puestos para doblegar al otro, y con la fuerza que traían, se toparon muy duro, de manera que los enfrentamientos en Vallecitos y los alrededores y hubo muertos de los dos lados», dice.

Del desplazamiento forzado, considera que lo más grave se dio a inicios del año pasado. «Había el conocimiento en el gobierno, de las autoridades, porque si alguien tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que iba pasando y lo que iba a pasar, eran ellos: el gobierno del estado que encabeza el licenciado Héctor Astudillo, los gobiernos municipales, porque son varios municipios que componen la Sierra, y por supuesto que el gobierno federal, el actual, pudiera haber alguna excusa, se acaba de instalar y no saben cómo entrarle».

Describe que hace año y medio no era el problema las pugnas familiares, sino que iniciaron después. «De lo mínimo a lo increíble, creció, porque no hubo la intervención constitucional».

A Quiroz se le quiebra la voz al decir que el 98% de los pobladores de Vallecitos fueron desplazados, hasta el punto que quedaron solo diez personas. De ser un pueblo de dos mil ochocientos habitantes, quedaron menos del 2%.

Allanamientos, enfrentamientos por más de seis horas y asesinatos provocó que Vallecitos se fuera quedando solo. En junio de 2019, cuando queda la mitad del pueblo, el Ejército les asegura que se quedarían, y los pobladores confían; sin embargo, un día los militares dejaron el pueblo dos meses después.

El 29 de noviembre de 2018, dos grupos de civiles armados irrumpieron a la localidad de Vallecitos de Zaragoza. El enfrentamiento fue reportado poco antes de las tres de la tarde a la policía, donde al menos cincuenta hombres armados irrumpieron y se enfrentaron a balazos con otro grupo de personas armadas. Duró aproximadamente una hora, informaron las autoridades.

El 2 de abril de 2016 se registró un enfrentamiento entre los grupos criminales Los Viagras y Fuerzas Guerrerenses de la Sierra por la disputa de la plaza del municipio de Zihuatanejo, que dejó un saldo oficial de un herido y un decapitado. Los Viagras, al mando de un hombre apodado El Ingeniero, apoyados por el grupo delictivo de los hermanos Tierra Santana, incursionaron en la periferia de la localidad de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, a bordo de siete camionetas Toyota modelo Tacoma de color blanco y tres camionetas Chevrolet modelo Cheyenne blindadas, decían las notas periodísticas de ese día.

Además, se reportó en los medios que los hombres iban armados y vestidos con uniforme tipo militar para sorprender al presunto jefe de plaza de Fuerzas Guerrerenses de la Sierra en Vallecitos, quien respondía al apodo de El Grande.

«Un hombre decapitado fue encontrado en la carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano, quien al parecer era El Grande, jefe de plaza en Vallecitos de Zaragoza del grupo criminal Fuerzas Guerrerenses de la Sierra. Reportes de investigación por parte de las autoridades prevén más enfrentamientos para este día en las comunidades de Ocote de Peregrino, El Parotal, Chavetas, Potrerillos y Murga, las cinco pertenecientes al municipio de Petatlán; así como en las localidades de Las Mesillas y Plan del Cuche, ubicadas en Zihuatanejo», publicaban los medios.

Quiroz describe que el pánico era grande en Valle, pues los niños ya no podían oír disparos o tronidos porque se asustaban. Lo peor fue en la caravana de noviembre de 2019, cuando los pobladores que quedaban salen del Valle. «Y junto con esas familias, salen los médicos que había, los maestros que había, las enfermeras que había; el servicio de transporte dejó de circular. Había una línea de la Zinacantepec, Estado de México, y de aquí subía el ómnibus de Petatlán y Dos Costas; siguen sin subir, no hay servicio de transporte; el hospital del IMSS está cerrado, el Colegio de Bachilleres, las escuelas, están cerradas, siguen cerradas», dice.

Externa que hace una semana la secundaria comenzó a funcionar, pero solo con tres alumnos. Sin embargo, todo lo demás está tronado. La agricultura, la ganadería, la economía. «Sólo del ejido de Vallecitos son dieciocho mil hectáreas, trece mil estaban destinadas a la agricultura y la ganadería; pero con la violencia todo decayó».

Quiroz, que es líder ganadero, subraya que los ganaderos de Vallecitos tuvieron que vender a veinte pesos el kilo de carne, cuando el precio normal era de treinta y siete a cuarenta pesos por kilo.

En diciembre, apenas hace dos meses, un poblador publicaba en su Facebook la desolación de Vallecitos, las calles vacías y las tiendas cerradas. Fue de los diez pobladores que se quedaron a documentar lo que pasaba en su pueblo. No quiere que se publique su nombre, pero explica que se quedó porque «no tiene familia» y su situación era diferente, además de que notó que los medios no publicaban más que rumores de Vallecitos de Zaragoza y de la irrupción de grupos armados. «De hecho, lo de Valle era un rumor periodístico ya que no había imágenes ni testimonios, así que nos quedamos y decidimos hacer las notas nosotros», explica.

«Lo que en los periódicos salía era que los que se quedaban en Vallecitos pedían ayuda para salirse del pueblo, que porque la delincuencia los estaba corriendo. Y no era así. Los que se fueron, se fueron por precaución (y miedo), por lo que había pasado el 26 de octubre y el 4 de noviembre», dice.

Recuerda: «De Vallecitos se fueron porque una noche entró un grupo armado que asesinó a tres personas inocentes y aunque había comunicación con las autoridades, no vinieron a ver el suceso. Ocho días después ocurrió otro suceso y las autoridades tampoco vinieron. La comunidad se sintió gravemente amenazada y sin protección. El primer hecho fue el 26 de octubre y el segundo el 4 de noviembre. En el segundo hecho mataron a un adolescente de quince años e hirieron a su padre. Todos inocentes. Y el gobierno, aunque se pedía apoyo y auxilio, no venía. Cundió el pánico y todos se fueron. Quedamos diez personas».

El comunero considera que no hubo la atención mediática ni gubernamental, porque a diferencia de Zihuaquio u otros lugares de la entidad, no hubo éxodo, sino que el desplazamiento forzado fue hormiga; es decir, poco a poco fueron dejando el pueblo la gente, por sus propios medios.

Para Quiroz, la situación de Vallecitos, perteneciente a Zihuatanejo, uno de los destinos turísticos más visitados anualmente y que este 2019 rebasó la ocupación hotelera, según las cifras alegres de la Secretaría de Turismo y su titular, ya es una crisis humanitaria donde los pobladores no tienen la confianza de vivir sin violencia.

Este lunes el director de Salud Municipal, Onasis Pinzón Oregón, dio a conocer en medios, que se reactivarán los servicios de salud en esa comunidad violentada. Reconoció que por la situación que atraviesa la Sierra, la comunidad lleva cuatro meses sin ese servicio. Dijo que ya se restableció el servicio de recolección de basura, y agregó que bajaron pobladores de la comunidad de Real de Guadalupe a solicitar personal para su centro de salud.

«La situación es que desde hace cuatro años, están sin médico. Estaba uno de Vallecitos de Zaragoza, pero por la situación que se vive en la sierra de Zihuatanejo, dejó de acudir», reconoció.

Pinzón Oregón agregó que los médicos son compañeros sindicalizados de la Secretaría de Salud, algunos, y otros de contrato, pero lo que piden es su seguridad personal. «Mientras no demos una seguridad a los Centros de Salud, muy difícilmente podremos mandar personal».

A Quiroz se le quiebra la voz y se le humedecen los ojos cuando explica que la gente del pueblo donde nació, la mayoría tuvo que irse lejos, y sufren las consecuencias del desplazo: desempleo, hacinación, pues viven en pequeños cuartos las familias. Algunos, se fueron a Los Cabos, otros a Ciudad Juárez, en busca de una vida mejor.

«Yo he dicho, lo vuelvo a repetir, lo que les está pasando a las familias, a los niños, las personas, las mujeres que se han venido desplazando, es lo peor que le puede pasar a una persona. Los sacan de su casa; no tiene a donde ir. Los mandan a un lugar donde él no está acostumbrado, no ha sido su hábitat (del campesino), no ha sido su lugar; de los trabajos que hay no se familiariza. Es triste, triste, triste, pues yo conozco principalmente a la gente de Vallecitos, han sido criados ahí, y entonces a veces me los encuentro aquí o allá en otro municipio y lloras con ellos, porque finalmente no hay de otra pues. ¿Qué puedes decirle? Porque me ha pasado: me dicen no he almorzado, no traigo para las tortillas. ¿Qué más? Desprotegidos por el gobierno», describe.

Y cuestiona: «¿Cómo es posible que la autoridad haya llegado a ese grado. Y sabe, sabe que aquí tiene un resto de gente, desplazada, sufriendo, ahí metidos en las colonias. Sabe, el estado sabe, la Federación sabe, y hoy regresando al tema de Vallecitos, el sentimiento mayor, el coraje mayor, no con las personas que están desplazadas, ellas vienen de las mismas condiciones, están viviendo, están viendo que hay una mínima atención, siquiera con los derechos humanos. Ya les llevaron ayuda humanitaria, a los de Zihuaquio que están en Vallecitos, pero cuando se anuncia lo de Vallecitos nada, no hubo poder ni ser humano que les dijera que se les iba a ayudar. Ése es el sentimiento que uno carga», dice Quiroz.

Reclama: «Mira, el gobernador don Héctor Astudillo lo ha decretado en varias ocasiones, que el problema no existe en Guerrero y que el problema no existe en la Sierra. Entonces, para tener un problema primero hay que reconocer lo que hay, que existe, no solo Vallecitos, sino todos los pueblos de la Sierra están en eses problema. Él ha dicho que no hay hambruna, crisis humanitaria, que no hay ningún problema de desplazamiento».

Prosigue: «Igual yo no entiendo por qué esa actitud; porque las familias están en Zihuatanejo… algunas corrieron hacia la Tierra Caliente, otros están en la frontera con los Estados Unidos, buscando asilo de Estados Unidos. Algunos ya lograron pasar. Muchos están allí en la frontera», dice.

Quiroz agrega: «Anteayer me manda un detalle un amigo paisano, me dice: “Amigo, préstame, mándame mil pesos estoy en la frontera no tengo dinero”. Y anda con su familia, con su mujer, todo. Hasta cuándo le va a alcanzar el dinero, no sé, pero algo, que compre tortillas, que compre lo que necesite.

Pero el drama de Vallecitos es mayor. Los pocos pobladores que quedan aseguran que el número de ‘levantados’ y asesinados es mayor, han perdido la cuenta, pero sí creen que puedan existir fosas clandestinas en el municipio de Zihuatanejo.

–¿Hay Guardia Nacional? –preguntamos al poblador

–No, Guardia Nacional no ha llegado, hay Ejército, pero no Guardia Nacional, eso es mentira.