Los verdaderos opositores al sistema político y económico adoptado por los gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas, que nacimos en el siglo pasado, cargábamos con el lastre de la incredulidad y el fatalismo, al esperar que con los procesos electorales y relevos en los cargos públicos se lograran cambios para el beneficio de los sectores marginados. Elecciones que eran diseñadas y organizadas por la misma estructura gubernamental; sustentadas en un sistema de partidos, muchos de los cuales hacían el papel de paleros o de satélites, en apoyo a las jugadas políticas del otrora invencible PRI.

En toda esta parafernalia, supuestamente de fiesta democrática, participaban instituciones alternas, organizaciones ciudadanas, así como la estructura activa de cada partido político. En 1990 el Instituto Federal Electoral sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Esto a razón de la presión por los conflictos postelectorales de 1988, luego de una elección presidencial marcada por un fraude electoral de dimensiones vergonzosas. Por tales circunstancias se realizaron una serie de reformas a la Constitución Política, aprobadas el 4 de abril y fueron publicadas el 6 de abril de 1990.

Como complemento, se expidió una nueva legislación reglamentaria en materia electoral federal: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El IFE inició sus actividades el 11 de octubre de 1990, con la primera sesión de su máximo órgano de dirección: el Consejo General, y su primer presidente –aquí salen a relucir las artimañas legaloides del sistema de corrupción, y ya en vigor el periodo neoliberal, las pillerías más descaradas no vistas desde la etapa porfiriana y el desmantelamiento de los saldos positivos del boom del milagro mexicano– fue el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, personaje muy ligado a Carlos Salinas y con un oscuro pasado de policía político del sistema.

Pero los posteriores a José Woldenberg (1996 a 2003), considerado consejero independiente, fueron incondicionales del sistema priista: Patrocinio González Garrido (1992 - 1993), Jorge Carpizo McGregor, en 1994; Esteban Moctezuma, en 1995, y Emilio Chuayffet Chemor, de 1995 a 1996.

Con esto, Salinas de Gortari buscaba a toda costa ganar terreno a la oposición, creando instituciones que le fueran allanando el camino para conseguir legitimidad. Sin embargo, el sistema no estaba listo para que dichos órganos tuvieran cabal independencia. Por un lado les maquillaban para dar la apariencia de que sus acciones no dependían de los hilos del poder, pero en realidad el cordón umbilical dependía de los designios del ejecutivo federal.

Por otro lado en complemento de la estructura del IFE se creó el Registro Federal de Electores, encargado del levantamiento censal ciudadano y la generación de los productos que sirvieran a los procesos electorales: credencial para votar (primero fue una color naranja que sólo contenía los datos básicos del ciudadano), el padrón de ciudadanos y la lista nominal con la que se llevarían a cabo las elecciones en todo el país.

En 1994 empezó a emitirse la credencial para votar con fotografía y posteriormente la lista nominal también con fotografía. Cabe que mencionar que el diseño de estos productos electorales, no fueron concesiones graciosas y por voluntad de los mandamás, sino por la presión ciudadana para evitar las trampas del PRI, partido acostumbrado a consumar fraudes electorales.

La historia reciente está fragmentada en pequeños acontecimientos políticos y sociales que explican la ruta por la cual se ha caminado. Con la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, a casi al año del fraude electoral, y con el descontento social, las fuerzas cardenista se aglutinaron en una sola organización política, con miras a competir en los procesos electorales venideros, a pesar de carecer de confianza en los organismos que conducían las elecciones; aun así, el PRD se erigió como la segunda fuerza electoral para competirle a un partido de Estado que mantenía a su servicio toda la estructura de gobierno y los corporativos de trabajadores al servicio público de sindicatos, asociaciones campesinas, confederaciones obreras; en fin, toda una estructura operativa casi invencible; además, todo el mapa con la división política electoral, estaba diseñada para que los opositores no tuvieran ninguna posibilidad de ganarle a sus candidatos oficiales, en lo que se refiere distritos locales y federales, todo era mediante las designaciones directas de gobernadores, líderes políticos y el llamado «primer priista», que avalaba los dedazos, sepultando y/o catapultando a individuos a veces desconocidos hasta en el territorio que competían por el cargo. El mensaje era claro: «Éste es el bueno». Y ahí iba toda la cargada a avasallar a los candidatos que proclamaban cambios en la forma de gobernar y legislar. En el periodo de Salinas, y en Guerrero, de Ruiz Massieu (1987-1993), únicamente en la entidad se perpetraron más de trecientos asesinatos políticos por conflictos postelectorales, reclamando triunfos en presidencias municipales y diputaciones distritales.

Ya había antecedentes de considerar a las elecciones una vía no adecuada para llegar al poder. En los años setenta, la consigna era «no a la farsa electoral», y se planteaba la toma de las armas, como el mejor camino para arribar el poder. En esos tiempos, los movimientos guerrilleros estaban en el ánimo de los campesinos más empobrecidos, ya que el triunfo de los barbudos en Cuba animaba a explorar esa ruta de enfrentar al Estado mediante las balas.

La valoración ahora de la situación de aquel entonces, deja pasmado a cualquiera. Los simpatizantes de ese movimiento, sin lugar a dudas, serían aniquilados como moscas por el Estado. Se contaba con gente dispuesta a sacrificar incluso la vida, entre éstos, los aguerridos de la sierra. Pero poco a poco se fueron replegando a los tratos más cómodos con los altos mandos del Ejército y a pactar para ser molestados lo menos posible en el negocio redituable de la siembra de amapola y marihuana, que era transportada principalmente a las grandes ciudades del país y a Estados Unidos. Es pertinente saber por dónde ha encaminado sus pasos le gente pobre y los hijos de esas familias pobres con instrucción más allá de la primaria terminada, con más información que las verdades a medias de los medios de comunicación al servicio del poder político y económico, convertidos en una verdadera mafia al frente de México. Ese grupo oligárquico conformado por políticos, empresarios, clérigos de alto rango, militares y extranjeros con intereses sembrados en el país.

La compacta estructura del PRI comenzó a agrietarse por el hartazgo de la gente y se abría una ventana con miras a la alternancia en el poder, desde las concertacesiones amañadas de Salinas y Zedillo al PAN. Esa exploración de la oligarquía le ayudó para diseñar el plan para cederle el reconocimiento a Vicente Fox en el año 2000 e iniciar el siglo, cerrando el ciclo de un PRI vejete pero correoso que se resistía a bajar la guardia. Pero el gobierno de Fox se caracterizó por las ocurrencias, la mediocridad y la frivolidad de traicionar sus propios dichos. Fue un periodo de gatopardismo, un fiasco para millones de mexicanos que fincaron la esperanza de que las cosas cambiarían con esa alternancia pacífica. Pero jamás hubo el intento de transitar hacia un verdadero cambio, donde cuando menos se establecieran los puntales para sostener el andamiaje y lograr un estado de bienestar social, con una mejor distribución del ingreso público e ir disminuyendo la gran brecha de la desigualdad entre las clases sociales.

En ese periodo la situación empeoró, las esperanzas se perdieron y, peor aún, en pleno siglo XXI se cometió otro fraude electoral, auspiciado desde Los Pinos y los sótanos de la oligarquía. Desde entonces, ya estaban nerviosos y preocupados por el inminente arribo de alguien con ideas distintas y reacio a querer pactar con ellos, los que se abrogaban el derecho per se de ser los «dueños» del país.

En cuanto a la elección federal de 2012, aún están frescos los datos que circularon ya más abiertamente, con ayuda de las redes sociales: la emisión de tarjetas Monex, las cadenas de tiendas de autoservicio financiando con la triangulación de millones de pesos para la candidatura de Peña Nieto, muchos medios de comunicación, encabezados por televisa, al servicio del candidato del PRI, algunos de los que ahora reclaman su derecho a seguir mintiendo. Pero el grueso de ese financiamiento por sobornos a la campaña de un solo candidato, es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, comprando de antemano preferencia en los contratos en el eventual gobierno de Peña Nieto, que por razones obvias tendría que ganar a toda costa, pasando por toda legalidad y pisoteando nuevamente la voluntad popular. Luego entonces, ¿cuál es el sentido de ir a votar, si al final nos la volverían hacer?

Nada, ninguna ilusión estaba quedando en el ánimo popular; pero el descontento y el hartazgo de millones de gente no bajó, sino al contrario se vino crispando cada vez más, a medida que se aproximaban las elecciones federales de 2018. A pesar del bombardeo mediático en la prensa escrita, radio, televisión, redes sociales y en todo espacio disponible para difundir las «bondades» de las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto con el respaldo de algunos partidos políticos copados con antelación y la clase empresarial, estos últimos muy interesados en la entrada en vigor de las reformas, para recibir los beneficios calculados a corto plazo, independientemente de los resultados de las elecciones que evidentemente perdieron y con mucho. De inmediato se vieron amenazados, incluso desde antes que López Obrador tomara las riendas del gobierno. Se les vendría abajo el macronegocio en la construcción del aeropuerto de Texcoco, les echaría para atrás cuando menos la reforma educativa, la energética se iría a revisión junto a la laboral, hacendaria y seguridad social. Aquellas que perjudican directamente a la clase trabajadora no tomada en cuenta en las decisiones más elementales de su propia condición de bienestar.

Desde el reconocimiento formal del triunfo de Andrés Manuel, no solo los incrédulos, sino los mismos simpatizantes, especulaban con escepticismo sobre los resultados y si los habría en beneficio de los pobre y fueran tangibles, ya ni se diga de los adversos. Éstos, desde el principio iniciarían con su posición hostil hacia quien ni siquiera todavía tenía el control del gobierno. Peña Nieto seguía despachando en Los Pinos, quizá ocupado en finiquitar los últimos compromisos, ajustando los alcances que tendría el último tramo de su administración y tratando de blindar sus espaldas y las de sus más cercanos colaboradores, con los que tuvo que hacer triquiñuelas al más alto nivel. Movimientos turbios a cargo de las finanzas públicas, esos jugosos negocios que tarde que temprano saldrían a relucir.

Hace un poco más de dos años, propios y extraños, comentaban en el café, la cantina y en la calle que AMLO no ganaría en ese su tercer intento por conseguir la silla presidencial, o si ganaba –como en el año 2006–, otra vez no le reconocerían el triunfo o no lo dejarían llegar a la Presidencia. Algunos de estos «analistas» agregaban sobre la imposibilidad de reconocerle el gane, por los intereses de la clase en el poder. Efectivamente, los grupos de interés creados por décadas en las más altas esferas del poder político y económico estaban, y en gran medida siguen estando, enraizadas en la medula de los espacios por donde corren estratosféricas cantidades de dinero del ejercicio presupuestal.

Para los que no conocen o no han puesto atención en la posición política y discursiva de AMLO, ya sean simpatizantes o contrarios, pobres, pero dignos opositores a la propuesta de López Obrador, se les recomienda que se den unos momentos para escuchar y ver videos antiguos de su oratoria y los planteamientos puntuales de su pensamiento como ejes rectores de los cambios que está impulsando desde el ejercicio del poder.

En menos de dos años se han cambiado algunas cosas de forma y otras de fondo, pero sin llegar aún a establecer una línea visible de distanciamiento del sistema económico neoliberal, porque la espiral siempre conducirá irremediablemente hacia el sistema rector que es el capitalismo. De esto estamos perfectamente conscientes; por eso causan un poco de pena ajena aquellos que piensan que el de López Obrador es un gobierno socialista y aún peor, ver la imagen diabólica del comunismo. Él habla y escribe casi en una misma línea y en su propio estilo, sobre la corrupción, comparándola con un cáncer dañino que debe extirparse para recuperar al país y sacar adelante a los pobres y a los más pobres, hundidos en la peor de las miserias y ayudarles a sobrevivir. A eso no se le puede llamar socialismo, mucho menos comunismo, es simplemente justicia social. Ya en 1906, dentro de otros puntos el programa del Partido Liberal decía: «Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes (…) Gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios y aligerar de contribuciones los artículos de primera necesidad. No permitir que los ricos paguen menos contribuciones que las que le impone la ley (…) Al triunfar el Partido Liberal se confiscaran los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual (se referían a la de don Porfirio) y lo que produzca, se aplicará a restituir a los yaquis, mayas y otras tribus, comunidades e individuos los terrenos de que fueron despojados; y a la amortización de la deuda pública». Lo firmaron el 1 de julio de 1906, en el destierro de San Luis Missouri, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villareal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante. Entonces pues, no existe nada nuevo sobre el suelo y la memoria de los mexicanos, casi la totalidad de las acciones planteadas y ejecutadas por el gobierno de la transformación nacional se encuentran estipuladas en la Constitución Política de México y viene haciendo eco en la conciencia de mujeres y hombres de mentes brillantes. Por poner un ejemplo en lo que se refiere a la educación, el general José María Morelos decía: «Que se eduque al hijo del labrador y del barrendero como al del más rico hacendado». Respecto de esto, el documento del Partido Liberal dice: «Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala que queden ventajosamente suplidos los establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al clero (…) Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas de la República, sean del gobierno o particulares (…) Pagar buenos sueldos a los maestros».

Bueno, si hasta el mismo Francisco Villa, sin haber asistido nunca a un aula, fundó muchas escuelas cuando fue gobernador provisional en su natal Chihuahua de 1913 a 1914.

A manera de ejercicio, preguntémonos: ¿cuándo se han preocupado los de las clases acomodadas de que los pobres tengan siquiera educación básica? Son indolentes a la miseria en la que se encuentran millones de gentes. Nada les importaba. Éstos seguían en el festín de la glotonería, engullendo cuanto estuviera al alcance de tomarlo y emborucárselo, evadiendo incluso retribuir a las arcas de la hacienda pública lo que ya habían recaudado de esos mismos necesitados.

Cuánta maldad y ganas de acumular riquezas de los gozosos que ahora reaccionan en forma grotesca, sin atinar a cómo podrán recuperar las comodidades, si pegándole a la plebe o simplemente a quien tiene el bastón del mando. Esos discriminadores empedernidos que hacían la distinción de las clases sociales, al confundir la audacia para sustraer tajadas del dinero público que nadie les reclamaba, sobre esa población carente de iniciativa para salir de su conformismo de vivir en la miseria, sin otra aspiración que sentarse a ver la basura de los programas televisivos o en el mejor de los casos, esperar el 12 de diciembre y pedirle con fervor religioso milagros a la virgen de Guadalupe para salir de la desgracia.

Estamos convencidos que los cambios van. Y para los dos años efectivos de gobierno aún restan cinco meses.

Cuando se habla de discriminación humana, hay quienes aducen que el racismo es la causa más recurrente de ella; es decir, los seres humanos discriminamos y somos discriminados por nuestra apariencia corporal: color de la piel (oscuro o no blanco) y otros rasgos fenotípicos deasociados o distanciados del modelo –digamos– anglosajón, al que se le atribuyen y reconocen rasgos como el color de la piel blanco, el pelo rubio, los rasgos del rostro y del cuerpo finos o delgados, etc., y el que se esgrime como superior, por encima de los otros, los inferiores, los exóticos, los folklóricos, los pintorescos, los anecdóticos, los prescindibles.

Europa y Estados Unidos por encima de África, Asia, América del Sur (entidad a la que, para el caso de estas disquisiciones, pertenece nuestro país, México).

El racismo hace posible que las personas acepten relacionarse y se relacionen considerando el color de la piel, preferentemente, como la condición definitiva y definitoria, imperante, las que se caracterizan por ser relaciones de poder y dominación, de privilegios y carencias, en beneficio y ventaja para las personas de color blanco –digamos–, y que tienen efecto en la mayoría de los ámbitos de la vida social: la economía, la política, el mundo laboral, la academia, la salud, la educación, el turismo, el arte, etcétera, incluida la vida personal o privada, e inmersas en ésta, la preferencia sexual.

En realidad, para justificar la explotación económica de unas gentes hacia otras es que se inventa y consolida la idea de que unos seres humanos son superiores a los demás. Es decir, el racismo es una especie de herramienta ideológica –digamos– para jerarquizar las relaciones de las personas según el color de la piel y de otros rasgos, en las cuales éstas son desposeídas y saqueadas, y normalizarlas e implantarlas para que sean aceptadas y preferidas e imitadas, para que se constituyen en un modelo de la vida social.

En este sentido, el racismo se subsume a la explotación económica. Se aclara aquí que también existen otras herramientas ideológicas –digamos– para sustentar esta explotación, tales como el sexo (varón-hembra), la condición socioeconómica de las personas (riqueza-pobreza), entre otros, que matizan la condición primera, la del móvil económico, la explotación. El racismo es efecto, no causa.

En la Costa Chica, por ejemplo, ello funciona a la perfección. No es casual que en las últimas cinco décadas un gran número de personas negras, morenas, blanquitas o de piel no blanca hayan emigrado y, sin pretenderlo, tengan que quedarse a vivir allá y no regresen de uno de los países más racistas del planeta: el capitalista Estados Unidos de Norteamérica, donde son vilmente explotados y además, por supuesto, discriminados por su condición de latinos o mexicanos, o no blancos. Incluso, estas condiciones de explotación, discriminación y racismo operan hasta en contra de sus descendientes, los nacidos y ya ciudadanos de ese país.

Es muy conocido que viajar hacia allá y vivir allí siendo no-blanco es exponerse, no sólo a ser discriminado, sino a recibir agresiones que pueden incluir la muerte. Pero la gente de la Costa Chica sigue yendo a Estados Unidos.

El motivo por el cual se emigra se inscribe en el ámbito económico: Las primeras generaciones de emigrantes tenían como objetivo ahorrar dinero para poder construir sus casas, comprarse carros para el trabajo en el campo en sus localidades de origen, así como adquirir ganado bovino y terrenos para tener un modo de subsistencia suficiente «para vivir bien». En nuestra zona no se encuentran trabajos bien pagados y dignos, en los que el trato laboral sea justo; tampoco allá, pero la disparidad entre el dólar y el peso permite tener ingresos que aquí difícilmente se conseguirían, o se consiguen.

El expresidente Vicente Fox Quesada resumió esa visión racista de espléndido modo: «Los mexicanos van a Estados Unidos a hacer los trabajos que ni los negros de allá quieren hacer». Más allá de otras lecturas que pueden hacerse a esta idea del panista, los negros de aquí sí han querido y quieren hacer el trabajo más pesado, sucio y, en apariencia, denigrante; es más, siguen yéndose a hacerlo, aunque el mero traslado sea caro y se haga con muchas dificultades y exponiéndose a riesgos que, a veces, resultan mortales.

Hay que anotar que esa mano de obra que se expulsa de aquí, luego es sustituida por la de personas que viven en municipios vecinos, catalogados como indígenas o pueblos originarios o lo que sea que es (Pinotepa Nacional, Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, por ejemplo), quienes quedan al servicio de los costeños, negros, morenos, etc. Vale anotar también que son sometidos y discriminados por motivos similares: la explotación de su fuerza de trabajo, y en ello también juega un papel preponderante el racismo: al no ser considerados como personas, sino como indígenas, indios o inditos, se les paga poco y se les hace trabajar mucho. Como le ocurre a sus patrones, los de aquí o los que desde Estados Unidos mandan los dólares para que se les mal pague.

Finalmente, ahora que parece que la discriminación tiene su baluarte en el racismo, las luchas antiracistas debieran ser desmitificadas y ubicarse en este contexto, en el de la lucha contra la explotación, contra las causas de la explotación del hombre por el hombre, las crudas y las refinadas, como esa herramienta ideológica que es el racismo. El racismo, al parecer, oculta más de lo que muestra, o desvía la atención de lo fundamental.

PS: En mi barrio truenan las cámaras y cuetes desde ayer: casan un joven moreno con una muchacha indígena nacida aquí, cuya madre vino de la zona amuzga a trabajar y se quedó a vivir.