Pablo Amílcar. Reproducción de viejos vicios.
[Foto: Yener Santos]

Pablo Amílcar:

Proselitismo a costa del erario, al estilo del viejo PRI

Zacarías Cervantes

Políticos corruptos, ambiciosos, impunes, arribistas y 'chapulines'. No terminan un cargo cuando, con el presupuesto público, comienzan a promoverse para el siguiente. Esos señalamientos fueron, en su momento, para la clase política del PRI.

«No somos los mismos, no son los mismos tiempos, lo que tenemos es nuestro nombre y nuestra honestidad», dijo la semana pasada el delegado especial del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en referencia a los de Morena que gobiernan ahora el país.

Ese día, 21 de julio, Sandoval Ballesteros presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) del estado, en la que pidió que se investigue si los programas sociales del gobierno federal se han utilizado con fines electorales.

Tres días antes se había difundido un video de un acto en la región de Tierra Caliente con adultos mayores donde se menciona reiteradamente su nombre para recalcar que gracias a él los beneficiarios reciben esos apoyos.

Se trató de un acto público organizado en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Allí, Bernardo Aguilar Burgos, funcionario del programa de Adultos Mayores, pidió a los beneficiarios recordar el nombre de Sandoval Ballesteros.

«El responsable directo de todos los programas sociales en el estado de Guerrero: el programa de Adultos Mayores, el Programa de Discapacidad, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa de Fertilizantes, es nuestro delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. «¿Ahora sí ya saben quién es? A ver, ¿cómo se llama?», preguntó el funcionario frente a decenas de adultos mayores convocados en una cancha de basquetbol techada en esa comunidad, según se escucha y se ve en el video difundido a través de Facebook.

Aguilar Burgos pidió a los beneficiarios de los programas sociales en reiteradas ocasiones pronunciar el nombre de Amílcar Sandoval como el bienhechor de esos programas federales porque gracias al delegado llegan a Guerrero.

Fue insistente: «Nuestro delegado está atendiendo la encomienda de nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador), de que todos los programas sociales lleguen de manera directa y sin intermediarios a los beneficiados», machacó.

La denuncia que presentó el 21 de julio el delegado ante la FEPADE tiene el propósito que se investigue si hubo algún ilícito «o algo que falte a los principios que consagra la Constitución, en torno a la entrega de programas sociales», y en caso de encontrarlo se actúe contra quien resulte responsable.

Un día antes, el 20 de julio el periódico Reforma tituló su nota principal: «Crece patrimonio y oculta propiedad», y menciona que «el superdelegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, empezó a acumular propiedades en los últimos 15 años, entre ellos una finca en Acapulco, la cual no incluyó en su declaración patrimonial».

Ese día, igualmente el funcionario federal salió a aclarar en una conferencia de prensa afuera de la propiedad cuestionada.

Negó que la «finca», ubicada en la colonia Ex Campo de Tiro de Acapulco, no esté en su declaración patrimonial como informó en el periódico Reforma.

Aseguró que desde 2004 está incluida en sus bienes y precisó que fue una herencia de su padre, el militante del Partido Comunista y fundador del PRD, Pablo Sandoval Ramírez, maestro de la Preparatoria 7 de la UAG en esta ciudad.

Derivado de los cuestionamientos en contra del representante del gobierno federal en Guerrero, el diputado federal Rubén Cayetano García (también de Morena) presentó el mismo 22 de julio ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) la ampliación de una denuncia contra Sandoval Ballesteros y el subdelegado en la Costa Chica, Alberto Salgado Rodríguez, por el uso de recursos públicos y de los programas sociales «con fines político-electorales».

El diputado se quejó, además, de que a cinco meses de que presentó una primera denuncia no ha sido notificado de su admisión, «por lo que el día de hoy (22 de julio)) acudí ante dicha instancia sancionadora exhibiendo el resto de pruebas que se han generado recientemente en razón de que, Amílcar Sandoval es reincidente en el uso de recursos públicos y programas sociales con fines político-electorales, además de atentar contra la dignidad de personas pobres y beneficiarios de programas sociales en Guerrero», explicó mediante su cuenta de Facebook.

Y luego, a pesar de que acusó que no ha tenido respuesta de la dependencia –cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, la hermana de Pablo Amílcar–, Cayetano García ratificó su confianza en las instancias del gobierno de la República para desahogar las pruebas y aplicar la sanción correspondiente.

El domingo 19 de julio el diputado federal denunció en su cuenta de Facebook que el delegado «hace caravana con sombrero ajeno y que presume como propios los apoyos sociales del gobierno federal», en referencia al acto público de la comunidad de San Jerónimo El Grande de Ajuchitlán.

Y en su texto del 22 de julio, Cayetano García aclaró que no va a caer en el juego «simulador y distractor» del delegado, «quién actúa con absoluto extravío legal ante la Fepade de Guerrero, para curarse en salud».

También criticó el comportamiento de Sandoval Ballesteros, «que hoy exhibe ante medios de comunicación, no es más que un súper show, pues resulta inverosímil que un infractor de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pretenda que se abra una investigación por actos imputables a sí mismo y sobre todo cuando aún no ha iniciado el proceso electoral», dijo en referencia a la denuncia que presentó el 21 ante la FEPADE el delegado para que se investigue si los programas electorales se han utilizado con fines electorales.

«Hacer repetir el nombre del delegado federal en Guerrero a los adultos mayores y beneficiarios de los programas sociales, y que agradezcan los apoyos como si fueran erogados de su bolsa, es la forma más ruin de ofender su dignidad como personas, además de que atenta contra la democracia», opinó el diputado Cayetano.

El diputado presentó en febrero una queja ante la Función Pública contra Alberto Salgado, subdelegado en la Costa Chica de Guerrero, por promover a Pablo Amílcar Sandoval; sin embargo, la dependencia descartó iniciar una investigación y turnó el asunto a la Secretaría de Bienestar.

El apoyo de la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es Irma Erénderia, la hermana del delegado es evidente.

Desde esa dependencia, la funcionaria federal retuiteó durante la semana pasada mensajes de su hermano, el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval, sobre la conferencia que dio el 21 de julio en Acapulco, en la que éste defendió que ha declarado correctamente su patrimonio inmobiliario y en la que señaló que el periódico Reforma pretende manchar el gobierno de la 4T.

Ese día retuiteó el anuncio de la conferencia de prensa que Pablo Amílcar ofreció afuera de su casa en la colonia Ex Campo de Tiro en Acapulco. Después, compartió otro mensaje en el que el funcionario señala que sí incluyó esa propiedad en su declaración patrimonial como funcionario público. «Reforma Miente la primera plana del Reforma fue una mentira colosal. Falso que haya omitido declarar mi casa. Falso que sea una “finca”. Es una casa de 300 metros en una colonia popular de Acapulco. Los invito a conocer la realidad: facebook.com/Pablo.Sandoval», los mensajes son acompañados de fotografías del funcionario y de la casa.

El 22 de julio por la noche, Irma Eréndira, de nuevo retuiteó el mensaje de su hermano sobre la información de sus propiedades: «Reforma me calumnia a ocho columnas por segundo día consecutivo. Publican mentira tras mentira y sólo consiguen develar su claro objetivo: manchar el gobierno de la 4T. Se hace obvio que trabajamos correctamente, y por eso es la saña de los conservadores».

El texto está acompañado de la portada de Reforma y en la parte superior tiene la leyenda «una mentira más». Ese día Reforma publicó como nota principal «Aparece casa… desaparece otra».

En estas circunstancias no puede haber confianza de que que se investigará al delegado cuestionado, mucho menos que habrá sanciones en su contra si resulta responsable de los señalamientos hacia él.

Es claro que atrás de todo están sus aspiraciones a la gubernatura del estado. Podría ser que las acusaciones sean parte de la competencia; sin embargo, es evidente que hay elementos para cuestionarlo, pero en vez de que se abran las posibilidades de una investigación se responde con impunidad.

Impune es también el hecho de que el funcionario federal salga en horario laboral a responder acusaciones para limpiar su imagen rumbo a la contienda electoral.

A así las cosas, Amílcar tiene razón cuando dice: «no son los mismos tiempos, no somos los mismos».

Sin embargo siguen las mismas prácticas al estilo de los priistas, de políticos corruptos, ambiciosos, impunes, arribistas y ‘chapulines’, que cuando todavía no terminan un cargo ya se a con el presupuesto público en busca del siguiente, abandonando sus irresponsabilidades.

Queda claro que las practicas de la clase política sí son las mismas, independientemente de colores y siglas.

Javier Saldaña. Intento vano.
[Foto: Yener Santos]

UAG: a pagar el ISR

Eduardo Yener Santos

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) empezó aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a su planta laboral tal como se lo requirió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en todas las percepciones económicas de los trabajadores.

La aplicación del ISR comienza en plena pandemia del Covid-19, en periodo vacacional y a unos meses del comienzo del proceso para las elecciones del 6 de junio de 2021 para renovar la gubernatura, los ayuntamientos y el congreso local. Además, en el siguiente año, también se renovará el rectorado de la UAGro.

El descuento del ISR ya fue notificado a los empleados el viernes 24, día en que se pagó la segunda quincena de julio. Apenas el miércoles 22, el rector Javier Saldaña Almazán y los dirigentes de los dos sindicatos universitarios habían informado en una conferencia de prensa que tenían treinta y dos millones de pesos de ahorros y de entes donadores –sin precisar de quiénes se trata–, para compensar el descuento del ISR. Dos días después, a través de un documento, la administración central de la Universidad informó a los trabajadores que a partir de este mes de julio «se actualizarán los criterios del ISR».

En el documento se indica que el ISR «es una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación fiscal, así como en los contratos colectivos de trabajo». También se explica que la aplicación del ISR es con el fin de homologar y dar cumplimiento a los ejes temáticos del ejercicio fiscal emprendidos por el gobierno federal para la recaudación de recursos. La aplicación del ISR descuenta 30% al salario base de los empleados universitarios.

Defensores de oficio

 

El 12 de julio del presente, los tres integrantes de la Comisión de Armonización de la UAGro, Berenice Illades Aguiar, Efrén Marmolejo Vega y Arturo Miranda González, informaron en un panel virtual que ahora sí, la administración central estaba obligada a timbrar la nómina de los universitarios y cumplir con el pago ISR ante el SAT.

Dijeron que ahora el rector Javier Saldaña no podía eludir la obligación de cobrar impuestos, a diferencia de otros años en que anunciaba que por su gestión los trabajadores universitarios  no pagarían el ISR.

En el panel, los tres integrantes de la Comisión de Armonización de la Uagro coincidieron en que el gobierno de la Cuarta Transformación promueve el respeto a la legalidad y por eso se buscan instituciones sanas, confiables y respetuosas de las leyes.

Berenice Illades sostuvo que todos los trabajadores asalariados están subordinados a un patrón al que se obliga a calcular y retener en nómina este impuesto, y apuntó que la UAGro está obligada a dar cumplimiento al timbrado de la nómina el cual no se hace desde el año 2014, por presión de los sindicatos que hicieron prorrogar.

Advirtió que este año de no hacerlo, el gobierno federal podría disminuir las aportaciones, lo que afectaría al salario de los trabajadores.

Efrén Marmolejo dijo que en los últimos años se han realizado varias modificaciones a la Ley en que recae el ISR o Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), y apuntó: «…se aplica al ingreso de lo acumulado y corresponde al patrón realizar los cálculos y efectuar el descuento que se informa mes a mes al SAT».

»En el periodo 2012-2013 no se exigió de manera específica la aplicación de este impuesto, y se realizaron convenios entre SAT  y estados, para que no se aplicara al ingreso acumulado de los trabajadores. En el 2014 se dice claramente que este impuesto debe de pagarse a partir del 2015 y en ese momento se pensó que se podrían llevar acabo esos convenios que se establecían con el estado para buscar la exención de ese pago. En este periodo, la Comisión de Armonización propuso acelerar las negociaciones con el gobierno del estado para lograr la consolidación de los 90 días de aguinaldo y recuperar la oferta que años atrás ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público».

Arturo Miranda Ramírez expuso que en años anteriores la UAGro ha dispensado del pago del ISR a prestaciones por convenios con el gobierno estatal. «Pero eso no significa que ya hayan quedado cubiertos los años de adeudo», dijo.

Los argumentos de la Comisión de Armonización aparecieron antes de que el rector Javier Saldaña y los representantes de los dos sindicatos emitieran su pronunciamiento; es decir, los de la Comisión de Armonización sirvieron para abrir paso a que el rector se perfilará como salvador del ISR.

Pero esta vez le falló. El martes 21, en una conferencia virtual, el rector Javier Saldaña y los representantes del STTAISUAG y STAUAG, coincidieron en que acatarán el pago del ISR tal como lo demanda el SAT.

El rector dijo que para amortiguar el impacto, gestionará apoyo para evitar ese impuesto y adelantó que la administración central dispondrá treinta y dos millones de pesos para que los más de cinco mil trabajadores de la UAGro se les compense un poco el descuento del ISR a sus prestaciones.

Lo que no detalló el rector es cómo se obtuvieron los treinta y dos millones. En la conferencia dijo que ese monto es de ahorros de la UAGro y de entes donadores, de quien no especificó quiénes son.

Los trabajadores de la Universidad argumentan que ellos no deben pagar el ISR porque son derechos labores que, según ellos, han conseguido en la lucha histórica, y porque la UAGro es de las universidades del país con los salarios más bajos y menos subsidios.

 

La interrogante al rector

 

El académico Noé Mondragón Norato, en su columna Lectura Política, titulada «ISR: Que pague el rector», apunta que Javier Saldaña ha utilizado el caso del ISR para mostrarse como salvador sin tener la capacidad de gestión.

En su texto, el académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia señala: «Javier Saldaña Almazán envío a tres de sus aliados de la llamada Comisión de Armonización para tratar de convencer a los trabajadores y aceptar el timbrado de la nómina con la ampliación del ISR a la Secretaria de Hacienda. Utilizaron, como es costumbre desde el poder, la estrategia del miedo para inhibir eventuales movilizaciones universitarias».

Agrega: «Si hay algo que no puede esconder Javier Saldaña, es que en los siete años que lleva como rector, se ha convertido en un hombre acaudalado. “Universidad pobre y rector rico”, como escribió en su cuenta de Twitter el ex gobernador Ángel Aguirre en los inicios de marzo de 2018. Los fondos de las riquezas están relacionados con malas administraciones que esconden irregularidades. Hay que ubicarlas: 1. Desde que asumió en el cargo, Javier Saldaña no ha logrado gestionar beneficios reales hacia la base trabajadora».

Mondragón Norato apunta «…mientras un maestro de la SEG recibe como estímulo alrededor de 40 mil pesos al cumplir los 20 años de trabajo ininterrumpido, en la UAGro, el docente recibe la bicoca de 2 mil 500 pesos, pero hasta que cumple 28 años de servicio. Una verdadera burla. Pero el STAUAG no vela por los intereses de los trabajadores, sino por los de grupo y corriente política. Y por los personales de sus dirigentes. 2. Si la ampliación del ISR se debió aplicar desde el 2015 y no se hizo por marrullerías y acuerdos inconfesables del rector con el PRI, con el gobernador Héctor Astudillo y con el ex presidente Peña Nieto, ¿entonces por qué el STAUAG no incluyó el pago de dicho impuesto en su pliego petitorio que cada año realiza para emplazar a huelga a la UAGro?».

Lo que lamenta el columnista es que en los últimos cuatro años, los universitarios tampoco levantaron la voz para movilizarse, ningún sindicato convocó a estallar la huelga para obligar al gobierno estatal y a la Federación fijar los términos definitivos en ese cobro.

¿Porque no hubo movilizaciones? Cuestiona el docente y responde,  -como el rector se reeligió en 2017 y el dirigente del STAUAG, Ofelio Martínez, también operó para favorecer sus propios intereses. No los de los trabajadores universitarios-

En la columna de opinión de Mondragón Norato que posteó en sus redes sociales, explica que el tema del ISR sale a relucir por interés político de Javier Saldaña, “el rector se quiere anotar a la competencia por el gobierno estatal en 2021. El cobro del ISR sería una forma de ejercer presión ante la federación por ese motivo. Y dejarse ver como gestor ante AMLO. Vender esa idea también, al interior de la Uagro. En este punto, la Secretaría de la Función Pública y la propia Secretaría de Hacienda están obligadas a informar no solo al patrón, sino a la base trabajadora los términos en que vendrá el cobro del ISR.

Lo que deja ver el maestro en comunicación, es que la aplicación del ISR en la Uagro evidencia la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los dineros por parte del rector Javier Saldaña. La muestra, dice, es que hasta la fecha no ha mostrado públicamente, el documento oficial donde la Secretaría de Hacienda y el SAT le requieren el timbrado de la nómina.

Los trabajadores Universitarios han reaccionado hasta que les comenzó aplicar el descuento y, han convocado una marcha para esta semana. Otro grupo de trabajadores, identificados con la agrupación Insurgencia Universitaria (IU) que encabeza el catedrático Román Ibarra Flores han interpuesto un amparo ante un juez federal para que no les descuenten el ISR.

La versión de Román Ibarra es que a los Universitarios no se aplique el descuento del ISR porque es una “conquista sindical” y la administración central debe buscar la manera, ya sea través de bonos o devolución del ISR, para que ese descuento no los afecte.

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[Imagen tomada internet ]

El habla criolla-africana de la Costa Chica y de México, excluida de La Declaración de Los Pinos (Chapoltepek)

Eduardo Añorve

A mediados del siglo pasado, Gonzalo Aguirre Beltrán dedicó un capítulo de su libro Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro al habla de ascendencia africana en la Costa Chica, particularmente lo que él llama sermo urbanus y sermo rusticus: «La lengua y el corrido».

Ahí, después anotar algunas palabras de procedencia mixteca y africana, «de uso vulgar en Cuijla», enuncia: «El empleo de estos vocablos y de las formas dialectales cuileñas son propias tanto del sermo urbanus como del sermo rusticus; sin embargo, en el habla rural, particularmente en la lengua que usan para su comunicación los habitantes de las pequeñas cuadrillas, las diferencias respecto al español europeo y mexicano son mayores» (El subrayado es nuestro).

También, este estudioso ubica el problema: esta lengua o dialecto o habla está amenazada. «Los continuos contactos que a últimas fechas han venido tolerando los pueblos del municipio, con la penetración de la escuela y el establecimiento de blancos citadinos, está relegando y relegará cada vez más el habla local a simple supervivencia. Cuando menos en aquellos aspectos del cambio idiomático donde las desemejanzas son aparentes», advierte. La escuela, apunta; ese eficaz aparato ideológico del Estado mexicano.

 

El habla criolla-africana en México, en todo el territorio nacional

 

Aunque Aguirre Beltrán ubica esta situación de progresiva desaparición del habla criolla en la Costa Chica, también hace referencia de modo genérico «a otros lugares del país que sufrieron la influencia negra». Así, abre el campo de acción del fenómeno a todo el territorio mexicano, lo que es fácil de entenderse si se toma en cuenta su argumento de que a todos los lugares a donde llegaron los conquistadores y colonizadores europeos fueron acompañados de los africanos que trajeron, primero, como siervos y, después, como esclavos. Y allí se ejerció también su influencia.

Por su parte, en 2006, el estudioso John M. Lipski asegura que «el conjunto de fenómenos lingüísticos, en combinación con su distribución geográfica y étnica, revela una fuerte correlación entre el trasfondo africano y el habla contemporánea. A lo largo de su historia colonial y poscolonial, México ha abrigado comunidades de habla afrohispánicas, al margen de las grandes zonas dialectales de origen euro-mestizo. Debido a las circunstancias sociodemográficas de las poblaciones africanas en siglos anteriores, es probable que el español mexicano esté matizado de rasgos que provienen, si no del contacto directo con lenguas africanas, por lo menos del contacto con africanos que adquirían el español como segunda lengua».

En su estudio El lenguaje afromexicano en el contexto de la lingüística afrohispánica, este investigador plantea: «En general, los rasgos lingüísticos (que describe y analiza) pertenecen al macrodialecto costeño, que incluye no sólo la costa del Caribe, sino también la costa del Pacífico, desde Baja California Sur, pasando por Acapulco, hasta llegar a la Costa Chica de Oaxaca». Además, ubica de manera puntual esa presencia/influencia en «Sonora, Michoacán, Chihuahua y Nuevo México (Estados Unidos) (…) el área de Veracruz, Tabasco y Campeche …Sinaloa». Menciona también a Coahuila, además de Guerrero.

 

El habla criolla-africana o macrodialecto costeño, desconocidos en su propia patria

 

Y realiza el siguiente diagnóstico, Lipski: «Hoy en día muchos mexicanos desconocen por completo el patrimonio lingüístico y cultural africano en su país, y ningún tratado de dialectología mexicana reconoce una presencia africana en la formación de las zonas dialectales. Las huellas afromexicanas han sido casi completamente borradas del escenario nacional por los acontecimientos políticos y demográficas que se combinaron para crear la nación mexicana moderna; quedan remanentes detectables sólo en algunas comunidades aisladas, pero es probable que una indagación más profunda revele un aporte afro aun a nivel de los principales dialectales regionales».

Es obvio que también los funcionarios públicos y activistas que pugnan porque ninguna lengua desaparezca (sobre todo las llamadas indígenas) tampoco conocen o se percatan de la existencia del habla criolla-africana, ni de su situación de lengua o habla o macrodialecto en riesgo de desaparición.

 

La Declaración de Los Pinos (Chapoltepek)

 

El miércoles 16 de julio, se reunieron virtualmente funcionarios de la Secretaría de Cultura, de Relaciones Exteriores, de la Unesco y otros dirigentes de organizaciones sociales para presentar públicamente la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) - Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas.

Los discursos allí vertidos confluyen también en el habla criolla-africana de México, aunque la excluyen, o la ignoran.

Eduardo Jaramillo, director general para la Organización de las Naciones Unidas, de Relaciones Exteriores, expuso: «Como un activo promotor de los derechos indígenas, México comparte la importancia de las lenguas indígenas como un sistema de transmisión de culturas y tradiciones y, como tal, celebra la adopción de esta declaración, que representa un paso fundamental hacia la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas, teniendo en cuenta las condiciones y realidades históricas, económicas, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como su vitalidad y el estado de las lenguas.

»Las lenguas originarias no son únicamente símbolo de identidad y pertenencia de un grupo social, sino que también son vehículos de valores éticos, conocimientos, historia, cultura, biodiversidad, desarrollo, entre otros. Consideramos que el reconocimiento a escala mundial de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas nos acercan a la revitalización y difusión de las mismas, tanto en su forma oral, como escrita.

»En ese sentido, el gobierno de México se congratula de ser parte de este esfuerzo para promover el reconocimiento del valor que las lenguas indígenas aportan al legado para la humanidad, por su papel y la relevancia de la diversidad lingüística y el multilingüismo en la filosofía, el patrimonio, la producción de conocimiento, la comprensión de las relaciones humanas y del mundo natural y en la construcción de paz, buen gobierno, desarrollo sostenible cohesión social y, en fin, en la construcción de convivencia pacífica al interior de nuestras sociedades».

Por su parte, Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México expuso: «Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional».

Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, diagnosticó: «…la pérdida de lenguas lleva consigo la pérdida de conocimientos, saberes y prácticas desarrolladas durante milenios por los pueblos que interactúan con la naturaleza, con la madre tierra, de la que, justamente, son sus guardianes.

»…están en proceso de reemplazo por idiomas no indígenas, por diversas razones: porque se interrumpió la transmisión intergeneracional, por la pérdida de espacios en la familia, en la comunidad, por el escaso uso en los ámbitos públicos, en las instituciones del Estado, incluso en las escuelas y, principalmente, por la persistencia de la discriminación y el racismo».

En el documento se lee: «Centralidad de los pueblos indígenas - “Nada para nosotros sin nosotros”, según el principio de la libre determinación; el derecho a utilizar, desarrollar, revitalizar y transmitir a las generaciones futuras, de forma oral y escrita, lenguas que reflejen las ideas y los valores de los pueblos indígenas, sus identidades y sistemas de conocimiento y culturas tradicionales; la igual de trato de las lenguas indígenas con respecto a otras lenguas; y la participación efectiva e inclusiva de los pueblos indígenas en la consulta, la planificación y la ejecución de procesos basados en su derecho al consentimiento libre, previo e informado desde el comienzo de toda iniciativa de desarrollo, así como el reconocimiento de las barreras y los problemas específicos que encuentran las mujeres indígenas, cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social mejoran y fortalecen las comunidades en que viven».

La anfitriona del acto, Alejandra Fraustro disertó: «Al liberarse de la opresión, los pueblos indígenas podrán comenzar a recuperar lo perdido, a hablar su lengua sin miedo, a portar su cultura sin temor a la discriminación, a participar en la vida pública con sus usos y tiempos. Aquellas comunidades que se marginaron en las últimas décadas son las que mayor riqueza cultural tienen, que son las comunidades indígenas. Ahí radica el poder de la cultura», al son del grito de guerra: …ni una lengua menos, ni un hablante menos

Pero los afromexicanos no aparecieron en todo esos discursos… excepto para referirse a que forman parte de la nueva realidad multicultural que atiende el Estado mexicano. «El sistema de Naciones Unidas en México le da importancia al tema intercultural; de hecho, el Marco de cooperación para el desarrollo sostenible, lo que llamamos el Unda, que dictará nuestro quehacer para el periodo 2020-2025, contempla el enfoque de interculturalidad, que reconoce la diversidad, el combate a la discriminación y favorece la inclusión, la integración y la equidad en el acceso de oportunidades y los resultados de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, la población afromexicana y las personas migrantes y refugiadas», en boca del trilingüe Antonio Molpeceres.

Fuera de ahí, esa presencia fue inexistente. Más la del habla criolla-africana, o macrolenguaje costeño, el cual incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, utiliza como su habla cotidiana, quien, incluso, vino a Cuajinicuilapa a reconocerse como afromexicano.

Allí también dijo Myrna Cunningham: …por la persistencia de la discriminación y el racismo.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2020

#1018

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