Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) que en más de diez años no protestaron contra el gobierno federal ni contra el rector Javier Saldaña Almazán, ahora, en plena pandemia de Covid-19 y en periodo vacacional, se manifestaron en las calles en dos ocasiones, debido a que se les aplicó un descuento del 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sus salarios y prestaciones.

El argumento de la Universidad para aplicar el descuento es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico exigió que los trabajadores universitarios pagaran dicho impuesto, que tenían más de diez años sin pagar.

La primera marcha contra el ISR fue el 27 de julio, debido a que en la segunda quincena de ese mes se comenzó aplicar el descuento. Los primeros en alzar la voz contra el ISR fueron los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG); y de ahí, los del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG). La segunda marcha fue un mes después, el 27 de agosto, en ambas manifestaciones no han estado presentes los dirigentes de los dos sindicatos.

Estatuariamente, la función de un sindicato es cuidar y garantizar la seguridad laboral de sus agremiados, apoyar a los trabajadores que se organicen para exigir mejores condiciones laborales, pero ha sido evidente que estas dos organizaciones gremiales lejos de apoyar las demandas de sus bases, se han plegado a las políticas del rector Javier Saldaña.

Fernando Xochihua San Martín, trabajador universitario y delegado del STAUAG en la Rectoría, ha declarado que el rector Javier Saldaña Almazán debe transparentar la aplicación del ISR a los universitarios, porque, dijo, a muchos ya les aplicaron esta quincena los descuentos, pero no saben en qué prestación.

En la marcha del 27 de agosto, Xochihua San Martín exigió al rector que muestre a los universitario el documento donde según el Sistema Administración Tributario (SAT) le solicitó el pago del ISR.

Además ha manifestado que el rector debe entregar a los trabajadores el recibo emitido por el SAT o el formato del Comprobante Digital Fiscal por Internet (CDFI), que es la factura electrónica que todo trabajador debe tener y, que no les entregaron en el primer descuento del ISR.

La postura de los trabajadores universitarios es que la Rectoría y gobierno del estado deben asumir el compromiso de pagar el ISR y no cargárselo a los trabajadores, como lo hace el resto de los trabajadores en el país.

La respuesta del rector Saldaña y de los dos dirigentes sindicales, Brenda Alcaraz González, del STTAISUAG, y Ofelio Martínez Llanes, del STAUAG, ante la aplicación del ISR fue otorgar cuarenta y ocho millones de pesos para compensar la afectación al salario de los trabajadores.

La versión de Saldaña Almazán es que los cuarenta y ocho millones, recursos que obtuvieron de los ahorros del plan de austeridad institucional así como de la gestión con el gobierno del estado y con la Secretaría de Educación Pública (SEP), serán para noventa días de aguinaldo a los seis mil trabajadores universitarios.

En dos conferencias de prensa virtuales, Saldaña Almazán y los dos dirigentes coinciden que son ellos los que han conseguido recursos para mitigar el golpe que les impactó en el salario de los trabajadores.

Los trabajadores organizados, encabezados por Fernando Xochihua y el abogado Román Ibarra Flores, han manifestado que la postura del rector y de los sindicatos es sobrellevar el conflicto y no resolverlo de fondo.

La demanda central de los trabajadores es promover un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito para que suspenda la retención del ISR en prestaciones. En este punto, varios trabajadores se organizaron y recolectaron firmas.

En un inicio, la postura de los sindicatos fue no firmar porque según ellos el amparo no sería admitido, y a los trabajadores que firmaron les advirtieron que era bajo su responsabilidad legal.

Fueron alrededor de doscientos trabajadores que confiaron en el amparo y procedieron por dicha vía, además de la movilización.

Mientras los trabajadores se organizaban y movilizaban, los integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG se deslindaban de las convocatorias para las marchas, la última, del jueves 27 de agosto.

En una conferencia de prensa, días antes de la marcha, Ana Lidia Lara Juárez, secretaria de Cultura y Extensión Social del STAUAG dijo: «Somos respetuoso; nosotros no fuimos los convocantes; que quede claro compañeros universitarios, el día de ayer comenzó a circular un cartel usando los colores de STAUAG; la marcha fue convocada por otras organizaciones políticas no el sindicato».

Días después de la movilización y del amparo promovido por los trabajadores, Fernando Xochihua informó a los medios de comunicación que el Juzgado Séptimo de Distrito concedió un amparo provisional y ordenó a la administración central de la Uagro, suspender la retención del ISR a veinticinco trabajadores universitarios.

Agregó que la suspensión provisional derivó de la organización de los trabajadores y que a los que aplicará la suspensión son a los que entraron en un primer paquete de amparos individuales que resolvió un juzgado federal.

Fue aquí donde volvió a aparecer el STAUAG. En conferencia de prensa, los integrantes de dicho sindicato, Isidro Cárdenas Gutiérrez, Apolonio Barragán Márquez, Cándido Cruz Vargas y Ana Lidia Lara Juárez, dijeron que fue el sindicato que promovió los amparos.

Lara Juárez detalló que en total son 155 trabajadores universitarios los que han buscado el amparo de la justicia federal. Los trabajadores organizados con Fernando Xochihua y Román Ibarra consideran que no importa que el sindicato se cuelgue la medalla de los logros ante el amparo, sino que deben exigir al rector la comprobación del pago del ISR ante la Federación, de lo contrario  indican que es una maniobra de Javier Saldaña para conseguir recursos.

Los descuentos

Los descuentos aplican por zonas salariales y antigüedad. A los trabajadores con hasta diez de antigüedad no se les aplica el descuento. A quienes tienen de once a quince años laborando se les descuentan 1212 pesos. A lo de dieciséis a veinte años de antigüedad se les descuenta un aproximado de 1857. Los más afectados son los que tienen de veinticinco a treinta años de antigüedad, que de acuerdo a la zona y sus categorías, tienen un descuento de 3380 hasta 6921.

De acuerdo a la tabla calculadora de los trabajadores, hay alrededor de 1317 empleados con hasta diez años de antigüedad, entre académicos, administrativos, superiores y asistentes. De diez a quince años, existen 1522 trabajadores. Y de veinte a treinta años, existen 1517 trabajadores. El resto, unos 1200 trabajadores, varía entre treinta y uno y cincuenta años de antigüedad.

«Nuestros derechos humanos, por muy universales que sean, por muy aceptados por la comunidad internacional, tienen que desarrollar y ejercer un diálogo intercultural con los derechos de estos pueblos indígenas», plantea Ariza Santamaría.

En esta segunda parte en que Trinchera reseña la conferencia del jurista Rosembert Ariza Santamaría, éste expone la importancia de algunos convenios internacionales y regionales en la materia, suscritos por México, como herramientas que pueden y deben ser utilizadas por los defensores de los derechos humanos, con el objetivo de proteger los de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de América Latina.

Esta disertación es parte de un diplomado en derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos que organiza la CNDH, la Facultad de Filosofía de la UNAM y la Universidad Intercultural de Puebla, así como comisiones y organismos de derechos humanos de algunos estados (la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit y las Comisiones de Derechos Humanos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán).

De algunas herramientas jurídicas para defensa
de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos

Ahora está hablando de temas importantísimos, propios del Convenio 169 y de la Jurisprudencia de la Corte Iberoamericana; «en el caso de ésta, porque es muy importante, no sólo el aporte del Convenio 169, sino los desarrollos que tiene nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuya Jurisprudencia, en el sistema internacional y regional, es el que ha tenido mayores avances en ese paradigma que llamaríamos el paradigma del reconocimiento.

Y particulariza, refiriéndose a nuestra región siendo herramientas: «Tanto los informes de la Comisión Interamericana de Derechos (CID) y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son referencia obligada, en especial en el derecho de consulta previa, libre e informada, que tienen los pueblos indígenas respecto de su territorio, como la sentencia de los Doce clanes Saramaka versus Surinam. En Colombia, el Convenio 169 se aplica a comunidades indígenas y a pueblos negros sin diferenciación alguna, tienen las mismas características».

Y se extiende: «…la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas (DUDPI), la que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, “si lo desean”, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. En el artículo tercero de la Declaración; allí está claramente señalado el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de los pueblos negros y tribales, y ese ejercicio es un ejercicio a tener un gobierno, porque es el ejercicio de autodeterminación político, espiritual, económico, social y cultural, señalado también en el Convenio 169».

A partir este aspecto se puede elaborar una crítica al sistema tradicional de los derechos humanos, además de proponer la vigencia de otros derechos humanos, no occidentales: «…uno de ellos… es que los convenios internacionales tienen sabor eurocéntrico, cierto matiz eurocéntrico, y tengo que señalarle esta crítica al Convenio 169, y propuse, para la reflexión, si no necesitamos un diálogo intercultural entre los derechos humanos del sistema internacional de derechos humanos y la construcción propia de los derechos humanos, derechos de los seres vivos, derechos vitales, que han construido nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos afrodescendientes en América Latina, porque, muy seguramente, en su cosmovisión, ancestralidad y pensamiento, epistemologías propias, han desarrollado otras perspectivas que tienen que entrar en diálogo para dejar de hacer ese ejercicio colonial… al imponerles la perspectiva jurídico-universal, una caracterización, jerarquización de derechos en materia de derechos humanos también».

Y argumenta sobre la dificultad que resulta para los juristas tradicionales occidentales asomarse y entender conceptos como los derechos colectivos de los pueblos: La Declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 14 de junio de 2016, en su sección segunda, «el artículo quinto dice: “Plena vigencia de los derechos humanos. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional de los derechos humanos”. Es decir, los pueblos indígenas y los afrodescendientes sí tienen derechos. Artículo sexto… y éste es un tema fundamental, porque la mayoría de los juristas, positivistas jurídicos, tienen una formación profundamente eurocéntrica de derechos individuales y les cuesta mucho trabajo entender los derechos colectivos, sin dejar de recordarles que el sistema internacional y universal de derechos humanos, tanto el universal, como el regional, le reconoce a los pueblos indígenas sus derechos colectivos y sus derechos individuales.

»El artículo sexto habla de que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicas, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales…

Enfila, también, su crítica a este sistema jurista tradicional, contra las iglesias y, particularmente, contra la católica: «Voy a repetir un pedazo porque… como nosotros tenemos sistemas monistas y monoteístas católicos, este aspecto hay que subrayarlo, porque la iglesia católica ha jugado, juega, sigue jugando… esta iglesia y otras iglesias siguen jugando un papel de intromisión en la cultura y espiritualidad de nuestros pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo nuestro continente y toda nuestra región, y [a los pueblos] no se les respeta su ejercicio a la autodeterminación religiosa; por lo tanto, cualquier iglesia (católica, protestante, evangélica) o cualquier multinacional de la fe que pretenda entrar a los territorios indígenas a salvar almas requiere consulta previa, libre e informada, en virtud al respeto a la integridad cultural que estos pueblos indígenas merecen. Entonces, subrayo: “…a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas”».

Ahora evalúa y pondera las acciones de la Corte de su país en materia de los derechos humanos de estos pueblos: «La Corte Constitucional colombiana hizo un desarrollo jurisprudencial muy interesante en materia del sujeto colectivo de derechos, y ese reconocimiento del sujeto colectivo de derechos en el ejercicio de ponderación ha sido fundamental para que, precisamente, nosotros tengamos una robusta, sólida, jurisprudencia multicultural en materia de derechos de pueblos indígenas y de pueblos negros, ron, palenqueros, raizales, en Colombia, que, me parece, es una fuente muy importante para cualquier jurista que quiera trabajar en esta materia».

Otra herramienta del corpus jurídico de los derechos humanos es la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, plantea, y ahonda en la defensa de la dignidad de las personas todas, citando este documento: «…el racismo, la discriminación racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mundo bajo formas siempre renovadas, tanto por el mantenimiento de disposiciones legislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a los principios de los derechos humanos, como por la permanencia de estructuras políticas y sociales y de relaciones y actitudes caracterizadas por la injusticia y el desprecio a la persona humana y que engendran la exclusión, la humillación y la explotación, o la asimilación forzada de los miembros de los grupos desfavorecidos».

De ahí, pasa al análisis y la reflexión, al compromiso que los defensores de los derechos humanos deben contraer con esta causa, y el uso de una visión multiculturalista de una realidad que también lo es: «El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son amenazas y agresiones claras contra la libertad y la dignidad del ser humano; por esta razón, la lucha contra esos males devastadores de la humanidad es una prioridad para toda la comunidad internacional y para todos los que nos asumimos como defensores y defensoras de derechos humanos. Ésta debe ser fomentada en todos los habitantes de toda la región, de todo el continente, de todo el planeta, ya que el respeto, la tolerancia y el multiculturalismo son valores fundamentales que deben conducirnos a un mundo en el que la dignidad y el respeto de la diversidad existente dentro de la familia humana realmente se logre materializar»; ello basándose en la Declaración y el Programa de Acción de Durban, de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de 2001, herramienta importante para los defensores de derechos humanos.

Y ejemplifica cómo en la región se aplica esa visión y esa práctica multiculturalistas: «En el caso colombiano, existen 108 pueblos indígenas… nuestra sistema jurídico ha reconocido 108 sistemas jurídicos de derecho propio, ha reconocido… por el ejercicio de las comunidades… que ellas son sujetos plenos de todos los derechos, tanto de los establecidos en el Convenio 169, como la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, como los de la Declaración Americana, en términos de una interpretación amplia de los derechos».

Dice que de ello se deriva un conflicto que debe ser resuelto: «En ese sentido, siempre existirá una tensión en materia interpretativa de los derechos universales que nosotros tenemos y los derechos particulares que estos pueblos indígenas y estas comunidades negras tienen; lo cual significa que tenemos que avanzar a una mirada intercultural, porque nuestros derechos humanos, por muy universales que sean, por muy aceptados por la comunidad internacional, tienen que desarrollar y ejercer un diálogo intercultural con los derechos de estos pueblos indígenas».

Ese diálogo intercultural entre sistemas jurídicos se puede observar en la Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Constitucional Plurinominal de Bolivia, asegura; y se refiere al test del buen vivir, herramienta utilizada por éste para, «desde la racionalizada jurídica, implementar ese diálogo con la cosmovisión indígena, y logra poner a hacer ese diálogo para materializar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrodescendientes de América Latina».

Rosembert Araiza propone ir más allá de los relativismos presuntamente implícitos en estos diálogos, de la universalidad y la particularidad de los derechos humanos: «Yo creo que tenemos que ir más allá, porque tenemos que proponernos un ejercicio de estudio que nos permita avanzar hacia una teoría crítica de los derechos humanos, un poco en la perspectiva de Elio Gallardo y de otros autores que han trabajado, y que nos invitan, precisamente, desde el pensamiento decolonial, a replantearnos la teoría de los derechos humanos en materia de que sólo los derechos humanos son sujetos de derechos. Y con eso quiero concluir: La Corte Constitucional de Colombia le ha reconocido derechos al río Atrato como sujeto de derechos humanos y le ha reconocido a la Amazonia colombiana, la ha reconocido como sujeto de derecho. Que esto está en sintonía con lo que ha hecho la Corte Constitucional ecuatoriana cuando reconoce los derechos de la naturaleza».

Y concluye con un reto para los estudios de estas cuestiones jurídicas relativas a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: «Creo que ahí tenemos unos grandes desafíos los que estudiamos los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, porque también tenemos la posibilidad de avanzar, no sólo en la protección de estos derechos, sino avanzar, precisamente, en el estudio intercultural que nos ofrecen estas nuevas perspectivas».

Después, respondió algunas preguntas de algunos de los cuatrocientos espectadores virtuales, dado que este diplomado se transmite por redes sociales, vía Internet, y recomendó un libro, donde puede leerse: « La naturaleza convencional del discurso de los derechos humanos reside no sólo en una cierta promiscuidad cómplice entre su proclamación abstracta y la resignación ante sus violaciones sistemáticas, sino, sobre todo, en la trivialización del sufrimiento humano que conllevan esas violaciones. Esta trivialización proviene en buena medida del discurso normalizado (en sentido foucaultiano) de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con un fuerte componente estadístico que reduce al anonimato de los números el horror de la degradación humana y del sufrimiento injusto. Se neutraliza de este modo la presencia desestabilizadora del sufrimiento como base sobre la cual sería posible fundar una razón militante y una voluntad radical de lucha contra un estado de cosas que produce de manera sistemática el sufrimiento injusto. Por su insistencia en la narrativa concreta del sufrimiento de las víctimas y de su lucha contra los opresores, las teologías políticas progresistas pueden contribuir a convertir el sufrimiento injusto en una presencia intolerable que deshumaniza tanto a los víctimas como a los opresores, así como a quienes, no sintiéndose víctimas ni opresores, ven en el sufrimiento injusto un problema que no les atañe».

Es el libro Si Dios fuese activista de los derechos humanos, de Boaventura dos Santos. Ambos teóricos caminan por una senda común: concretar un sistema de derechos humanos alternativo al tradicional, acorde con la cosmovisión y las prácticas, necesidades y conocimientos, religiosidad y cultura, territorios y tierras, de los pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes de América Latina, y del mundo.