Lo primero que entretiene la atención al supervisar –mirar por encima– la "Propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano" de la Secretaría de Gobernación y del INPI, es que el titular de éste aparece en once de las fotografías incluidas allí. Al igual que el presidente de la República.

El Licenciado Adolfo Regino Montes, ¿un rockstar del movimiento inclusionista y multiculturante del gobierno de la llamada cuarta transformación? Incluyeron en ese documento una foto suya por cada cinco de las que allí aparecen.

Otro asunto que hacer notar en esa propuesta es que seguimos en el limbo jurídico, en la incertidumbre legal, en relación a los que se pretende que sean derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, pues se utiliza el término afromexicano, en singular, para referirse a una multiplicidad de –digamos– comunidades, dispersas en el territorio nacional: en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en Ciudad de México, en Coahuila, en Michoacán, en Baja California Norte y Sur, Sonora, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Colima, etc. Y hasta en Chilpancingo.

Es decir, se hace tabla rasa de las diferencias entre los costeños, los jarochos, los mascogos, los chilangos, los cochos, los boshitos, etc., asumiendo que basta el presunto legado sudsahariano (diversísimo y abundante) para uniformarlos. En lo hechos, hay diversidad; incluso, multiculturalismo (por usar una palabra que está de moda y es trasfondo de esta reforma).

Pero lo más grave y grosero, e ilegal, es que esta reforma no ha sido consensuada entre tales pueblos y comunidades, ni siquiera en los llamados pueblos indígenas y originarios, los que sí aparecen como diferenciados.

«La presente publicación tiene como objetivo difundir y promover la propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que es el resultado de un amplio proceso de diálogo y consulta, en el cual han participado activamente los pueblos indígenas y afromexicano del país, en cumplimiento al principio de gobernar obedeciendo el mandato soberano de los pueblos», puede leerse en la presentación del texto.

Pero ello es falso. No hay tal «amplio proceso de diálogo y consulta», como han documentado diversos medios de comunicación y organizaciones sociales en los últimos años; es decir, el proceso de participación de estos pueblos ha sido selectivo y no tiene legitimidad; ahora pretenden investirlo de legalidad a través de esta reforma.

Incluso, dan «datos»: «Como parte de este proceso amplio de diálogo y consulta, se destaca la realización de 54 Foros Regionales de Consulta a lo largo y ancho del territorio nacional, en que participaron 27 064 Autoridades y representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano de nuestro país. De la misma manera, durante la primera parte de la gira “Diálogo con los Pueblos Indígenas y Afromexicano” que llevó a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, del 18 de octubre de 2019 al 21 de marzo de 2020, con un total de 42 Eventos en 19 Entidades Federativas y la presencia de 3 494 Autoridades indígenas de 41 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y representantes de comunidades indígenas migrantes, se recibieron un número aproximado de 5 367 planteamientos, entre los que se incluye el de avanzar en una Reforma Constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano». La redacción es pésima, y es de ellos.

No hubo consulta previa, libre, informada ni culturalmente adecuada. La mera simulación. Y el paternalismo autoritario heredado de siglos de colonialismo perdura en este discurso, suscrito ahora por Regino. Y sus prácticas, claro está.

«El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, modifica sustantivamente el paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger o tutelar; en contraste, se crean las condiciones para que sean sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional».

Nótese: el «reconocimiento» –ese acto externo, esa concesión que ahora el gobierno de la llamada cuarta t hace a estos pueblos– cambiaría esa visión paternalista por una funcional, la que los hará «sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización». como un mero acto de magia, pues aunque se hable de que «se crean las condiciones» para ello, esas condiciones no cambian por decreto; y me refiero a la pobreza, al desempleo, a la mala salud, a la escasa «educación pública» –que, en sí misma, ya es un atentado a los derechos que se reconocen «en el ámbito internacional»–, a la violencia social del narcotráfico, etc.

En realidad, para que estas intenciones discursivas se concreten en que los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas sean sujetos –jurídicos– de su propio desarrollo hace falta una revolución económica, política y social. Y la cuarta t es apenas reformista. Es decir, no bastan las buenas intenciones que la impulsan (si sólo éstas lo fueren).

El documento es extenso (tiene unas doscientas ochenta páginas). En el apartado 6.5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales (página 169 y sucesivas) se hace reconocimiento de dos tipos de poblaciones afromexicanas: las esclavizadas, cuya presencia data de la época de la conquista y la colonia, y sus descendientes, y las que arribaron por voluntad propia como «parte de movimientos migratorios o como refugiados en épocas posteriores».

Queda claro allí, también, que este movimiento inclusionista y multiculturante es exógeno: «El proceso de Durban del año 2001, realzó la imagen de los afrodescendientes y contribuyó a que se hicieran avances sustanciales en la promoción y protección de sus derechos, como resultado de las medidas concretas adoptadas por los Estados, la ONU, otros órganos internacionales y regionales y la sociedad civil».

Ajá, la imperialista ONU a la cabeza. Y entre nosotros hay algunos paleros que se adjudican este movimiento injerencista a su favor y parte de su «lucha».

«En el caso de México, el pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran, son un sector de la población que ha sido invisibilizado y discriminado… El reconocimiento de la autoadscripción afromexicana o afrodescendiente forma parte de los esfuerzos conjuntos de la ONU en muchos países de la región de América Latina y el Caribe, en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que inició en 2015, que busca revalorizar la cultura, la historia y la integración multicultural y multiétnica de esta colectividad históricamente discriminada».

«…los esfuerzos conjuntos de la ONU». Es decir, la consulta no obedece a una aspiración de esos pueblos en la lucha por su autonomía e independencia, en el uso y usufructo de los recursos naturales que existen en sus territorios, incluida el agua, por ejemplo, sino que responde a los esfuerzos de la ONU y del gobierno mexicano, tal cual ocurre en América Latina y El Caribe. Y no podría ser de otro modo: los poderes de la cuarta transformación llamada son limitados.

A pesar de ello, es aleccionador encontrar sinceridad en este manojo de buenas intenciones gobiernistas: «Recientemente, ha sido aprobada una reforma al artículo 2o. Constitucional para reconocer al pueblo y a las comunidades afromexicanas, agregando un Apartado C. No obstante, se considera importante establecer un catálogo de derechos del que debe gozar este pueblo, pues a pesar que se encuentra en una situación similar a los pueblos indígenas, tiene notas distintivas. Entre otros aspectos, se requiere un concepto de pueblo afromexicano, explicitar la prohibición del racismo y la autoautoadscripción como criterio de identificación individual y colectiva».

E insisten, como con palos de ciego: «…se considera importante establecer un catálogo de derechos del que debe gozar este pueblo…». Van a «establecer» qué derechos tendrán, los que van a conceder. A calcarlos del Convenio 169, entre otros papeles.

El catálogo de derechos incluye (¡qué políticamente correctos, pero qué faltos de realidad!): «Salvaguardar y fortalecer su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial. Además, se propone considerar que el sistema educativo nacional, deberá reconocer y difundir los conocimientos, aportes y contribuciones realizados por dichos pueblos;

»Participar en la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan tradicionalmente o aquellos que se encuentren vinculados a sus modos de vida y su cultura;

»Acceder a servicios de salud y atención médica que tomen en cuenta sus especificidades culturales;

»Ser incluidos en todos los registros públicos, en especial en los censos y encuestas;

»Reconocer y garantizar el derecho de las mujeres afromexicanas a una vida libre de violencia y de todo acto de discriminación y racismo; a las garantías de acceso a la justicia y el respeto a sus derechos humanos; a la participación política y a ser electas en cargos de representación comunitaria y popular en todos los ámbitos y niveles de gobierno; a su participación en los procesos de desarrollo comunitario; a la protección integral de su salud; al acceso a la educación en los distintos ámbitos y niveles; a la posesión, titularidad y aprovechamiento de la tierra, los recursos y bienes naturales; y, en general, a sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales, y

»Se garantice su desarrollo y bienestar como colectividades culturalmente diferenciadas».

Pero se sigue el viejo modelo: equipararlos con los pueblos indígenas, según la metodología de la ONU, calcar o copiar los derechos que se les conceden a estos y «acomodar» su redacción a los afromexicanos. ¡Qué importan sus «notas distintivas»! A fin de cuentas, son pueblos empobrecidos, sometidos, marginados, explotados: «En este sentido, en consonancia con la propuesta realizada para pueblos y personas indígenas, se propone adicionar un párrafo sexto al artículo 1o. Constitucional, para reconocer que los pueblos y personas afromexicanas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a ser protegidos contra el racismo y todo tipo de discriminación».

Más allá de esos derechos en letra muerta, aparece ahora el dilema que no han podido resolver: los afromexicanos de esa reforma propuesta, ¿son un pueblo o son pueblos; es decir: distintos, diversos, diferentes?

Esa incertidumbre, producto de ignorancia, se reproduce cuando se pretende definir ese sujeto jurídico: «De igual manera, se propone adicionar un párrafo segundo al apartado C del artículo 2o. Constitucional para establecer un concepto de pueblos y comunidades afromexicanas, señalando que son aquellas que descienden de poblaciones africanas, que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas».

Y los anclan históricamente: «desde la época colonial». ¿Y los recién llegados, los que se integraron al país como «parte de movimientos migratorios o como refugiados en épocas posteriores»? ¡Los desaparecieron en un parpadeo! Lo otro: que tienen «aspiraciones comunes». Y éstos, ¿quiénes son? ¿Y cuáles, sus comunes aspiraciones?

También, el ser sujetos de derecho púbico: «Asimismo, se propone adicionar un párrafo tercero a dicho apartado, para establecer que los pueblos y las comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho público».

Se proponen, además, medidas para que todo ello funcione, aunque, más que intenciones, son meras declaraciones tomadas de los modelos de la ONU (véase el Convenio 169 de la OIT): «Con la finalidad de establecer las obligaciones estatales correlativas a los derechos enunciados, se propone la adición de un párrafo quinto a dicho apartado C, para disponer que la Federación, las entidades federativas y los municipios tendrán la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, con el propósito de eliminar la discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de las que son objeto.

»Asimismo, se plantea instituir en un párrafo sexto que, en coordinación con dichos pueblos y comunidades, se deberán establecer las instancias y se determinarán las políticas públicas especializadas para su atención, a las que se deberán otorgar recursos financieros suficientes».

Ahí está el detalle: «…en coordinación con dichos pueblos y comunidades». Buen chiste. Si ni siquiera los consultaron: ¿a dónde, entonces, aquello de coordinarse con ellos, como si fueran entidades iguales? Se dedicaron solamente a calcar lo escrito en otras normativas, como se ve.

Y siguen: «En la parte final de dicho apartado, se propone adicionar un párrafo séptimo que establezca que la ley reglamentaria establecerá las normas y mecanismos que aseguren el respeto y la implementación de los derechos de los pueblos y las comunidades afromexicanas reconocidos en la Constitución».

También: «Por otra parte, se propone adicionar un párrafo cuarto al apartado A del artículo 26 Constitucional para establecer que el Estado garantizará la participación plena y efectiva de los pueblos y las comunidades afromexicanas en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mediante mecanismos adecuados y pertinentes en todos los aspectos. Los resultados de estos mecanismos, validados por dichos pueblos, deberán ser respetados por las instancias competentes». Meros pedos de boca, pues.

Además, falta que los diputados y senadores metan cuchillo y cuchara a esta propuesta e impongan sus sabios criterios, por cierto, y sólo falta que firmen sin ver, como ya han hecho antes. Pero la metodología aquí propuesta (que se repite y se repite y se repite, como en otros países) es un acto de magia simpatética; es decir, pareciera que basta con enunciar tales «soluciones» para que la realidad se transforme, de acuerdo a los deseos del gobierno federal… siguiendo las órdenes y los mandatos de los tales organismos internacionales que propugnan por el palabrístico imperio de los derechos humanos: La causa –el buen discurso alivianador– producirá un efecto similar –una buena vida, y maravillosa, de los pueblos y comunidades–.

Y hablando de la «buena» vida que se merecen estos pueblos y comunidades, y que esta reforma les acercará a la mesa de sus casas, se anota: «De igual manera, se propone modificar la fracción XX del párrafo décimo del artículo 27 Constitucional, para establecer que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, intercultural y sostenible, a través de políticas de fomento a la producción nacional y la soberanía alimentaria que garanticen a la población afromexicana (¡¿del campo y la ciudad?!), el desarrollo y protección de prácticas agroecológicas, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, los recursos agroalimentarios, conocimientos tradicionales, patrimonio biocultural y el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, culturalmente pertinentes, libres del uso de sustancias peligrosas, organismos genéticamente modificados y productos químicos tóxicos».

¡Meras declaraciones, catálogo de buenas intenciones, copiados de otros textos!

Y, ahora, le demagogia política, el señuelo de la democracia representativa para «solucionar» los conflictos de poder la vida comunitaria, para, a partir de ahora, formar parte del corrupto sistema de partidos políticos: «En el artículo 35 Constitucional, se propone modificar la fracción II, para establecer que los pueblos y las comunidades afromexicanas podrán postular y solicitar el registro de candidaturas independientes de personas pertenecientes a dichos pueblos y comunidades. En el mismo sentido, se propone modificar la fracción IV del párrafo tercero del artículo 41 Constitucional, para garantizar que los pueblos y comunidades afromexicanas puedan postular candidaturas independientes pertenecientes a dichos pueblos y comunidades, garantizando la participación de las mujeres».

Y, de nuevo, ya equiparados con los tales pueblos indígenas de este país y de cualquier continente, se asienta lo ya asentado en documentaciones elaboradas en la ONU, principalmente, que tienen poco que ver con nosotros: «Asimismo, se propone adicionar una fracción VII al párrafo tercero de dicho artículo 41 Constitucional, para reconocer los principios, normas, instituciones y mecanismos democráticos de los pueblos, municipios y comunidades afromexicanas para la elección de sus autoridades y representantes, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad».

«…los principios, normas, instituciones y mecanismos democráticos de los pueblos, municipios y comunidades afromexicanas para la elección de sus autoridades y representantes…». ¿Democráticos? ¿Qué entenderán por «democrático» estos sujetos propositivos y reformistas?

Pero, insisten, los tales pueblos y comunidades deber ser parte de las instituciones por mero decreto, por mera reforma constitucional, como un acto de ilusión para resarcir las injusticias cometidas pretéritamente contra ellos: «Además, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 50 Constitucional, para garantizar la representación política del pueblo afromexicano en las dos Cámaras del Congreso general, de conformidad con la composición multiétnica y pluricultural de la Nación y atendiendo a sus propios principios y procedimientos. Para lo cual se establece que la ley reglamentaria correspondiente determinará los mecanismos para hacer efectivo este derecho».

¡Y no podía faltar ese ente contrahecho y antinatura que llaman «consulta»: «De igual manera, se propone adicionar las fracciones XXXI y XXXII al artículo 73 Constitucional para establecer las facultades del Congreso de la Unión para expedir la legislación sobre derechos del pueblo afromexicano; así como para realizar procesos de consulta libre, previa e informada, y culturalmente apropiada a los pueblos y las comunidades afromexicanas, antes de adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean susceptibles de afectarles». Y para muestra de ello, del derecho a la «consulta libre, previa, informa y culturalmente adecuada» que le conceden a estos pueblos está esta propuesta, que apenas la conocen los funcionarios que la emiten. El círculo vicioso funciona en beneficio del poder.

Concluye esta justificación del gobierno federal, a través del INPI, con dos párrafos que dicen lo que tantas veces antes se ha dicho, pero que existen en una meta-realidad cotidiana, un mero acto de prestidigitación y magia que pretende ligar tales buenos deseos con la abyecta y miserable realidad en que vive la mayoría de las personas que ahora se engloban en ese ente absurdo, el pueblo afromexicano; o –todavía no se ponen de acuerdo ellos mismos en cómo nombrarlo– pueblos y comunidades afromexicanas. De todos modos, en esa entelequia que llaman derechos humanos, la realidad, lo cotidiano, es lo que menos importa.

«Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, se propone adicionar una fracción XX al artículo 89 Constitucional, para establecer la facultad y obligación del Presidente de la República de respetar y garantizar la implementación de los derechos de los pueblos y las comunidades afromexicanas reconocidos en la Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales.

»Finalmente, se propone modificar el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 Constitucional, para establecer que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, tratándose de pueblos y comunidades afromexicanas, además de los principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, se observarán los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación».

A final, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que abren y cierran el documento, y en las que el que pretenden nuevo sujeto de derecho colectivo ha desaparecido, o no aparece: «…daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial, a los pueblos indígenas de México». ¿Y los afromexicanos? ¡Pinches negros, parece que nadie los ve, aunque se tropiecen con ellos hasta en sus genes!

Pero, eso, al Regino ¿qué le importa? Es «su» propuesta, no de en balde aparece y aparece en las páginas de «su» propuesta. Eso de ser rockstar del indigenismo le aupa privilegios.