Diálogo y autodefensa

José María Hernández Navarrete

En el estado de Guerrero, el diálogo con las organizaciones de civiles armadas denominadas como autodefensas, no es nuevo. Incluso, ha sido motivo de discrepancias y disensos que a veces han llegado a la descalificación mutua entre los actores.

En días recientes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo del conocimiento público que el gobierno federal se hallaba en pláticas con las autodefensas en algunos estados de la República, Guerrero y Michoacán, entre otros. Ante este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó de inmediato esta acción de su gabinete de seguridad, tanto así que la secretaria también se desistió y expresó que el diálogo se cancelaba.

Las repercusiones en Guerrero no se hicieron esperar. El gobernador Héctor Astudillo Flores y el gabinete de seguridad inmediatamente se alineaban a la posición del presidente. Sin embargo, pocos días después, Astudillo Flores corrige y expresa que se busquen todas las formas posibles para lograr la paz en Guerrero y el país.

El estado de Guerrero se ha distinguido, en México y el mundo, como una entidad con un alto grado de violencia e inseguridad pública, y ha sido objeto de alertas del gobierno norteamericano para que sus connacionales no visiten territorio guerrerense, desde luego, con los costos económicos que esto significa para el turismo, principalmente, la ciudad y puerto de Acapulco.

Las autodefensas, sin que lleguen a confundirse con las policías comunitarias que están bajo el cobijo de la Ley 701 y cuya composición social es inminentemente indígena, son organizaciones que surgen como una respuesta a la violencia y al accionar de los grupos delincuenciales en sus comunidades y/ o región geográfica.

A las autodefensas se les cuestiona que sean estructuras de civiles armados infiltradas por bandas criminales, lo que las hace desconfiables ante la justeza de sus acciones en contra de criminales, pero que están sesgadas de antemano. Además, son organizaciones que obtienen con cierta facilidad armamento de grueso calibre y alto poder de fuego, lo que las hace sospechosas ante los ojos del gobierno.

Sin embargo, la oposición del gobierno a este tipo de organizaciones niega, de por sí –y más si es la respuesta de los ciudadanos a la violencia criminal y al incumplimiento del principal deber del Estado de dar seguridad a la población–, el derecho ciudadano de defenderse ante el peligro de perder la vida o la posesión de su patrimonio. Es un derecho ciudadano inalienable, que le es propio o personal, e irrenunciable, porque es un derecho, por demás, constitucional.

En estos términos, los opositores al diálogo con las autodefensas reivindican como una obligación exclusiva del Estado, pero no plantean ninguna opción viable para combatir la violencia criminal en la entidad guerrerense. Sólo se remiten a expresar que, ante la infiltración criminal en las autodefensas, se «dialogaría, entonces, con organizaciones criminales y no con ciudadanos civiles armados.

Si se busca la pacificación de Guerrero, no se encontraría nunca. De los años 2006 al 2012, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, no dio los resultados deseados ni aun con el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad. Por lo contrario, el gobierno de Caderón Hinojosa «dialogó» con grandes capos del crimen para combatir a sus adversarios. Con el apoyo oficial y con información privilegiada, ubicaban al capo enemigo para eliminarlo. Pero la paz nunca llegó. El resultado tan solo en los dos sexenios fue nefasto para México, porque se mencionan más de ciento ochenta mil muertos y más de cuarenta mil desaparecidos.

Afortunadamente, en Guerrero hubo una corrección del gobernador Astudillo Flores, en el sentido de que se busquen y valoren en la Secretaría de Gobernación todas las vías para la paz. Mientras que su secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, continúa con su posición ortodoxa a pesar de que a diario los muertos están a la orden de las fuerzas policiacas y de la Fiscalía General, sin que se pueda impedir el paso de la muerte. En efecto, con la muerte de El Teniente y aprehensión de El Carrete, jefe de Los Rojos, Chilpancingo vivió cierta paz chica durante unos días. No hubo asesinatos, pero en las últimas dos semanas renacieron los enfrentamientos a la luz del día entre grupos delincuenciales contrarios.

Pero el diálogo y los posibles acuerdos que hubiera no serán, de ningún modo, fáciles o sencillos, el camino está lleno de embrollos, enredos y complejidades. Por ejemplo, las autodefensas no van aceptar así como así el desarme, porque lo condicionarán. Primero, pedirán se dé la seguridad en su región; segundo, no haya órdenes de aprehensión para ninguno de sus miembros; tercero, se adjudican el derecho de conservar sus armas y no entregarlas, por tanto, a las autoridades; cuarto, estarían dispuestos a colaborar con la Guardia Nacional en el proceso de la pacificación en Guerrero.

Cuando el doctor José Manuel Mireles Valverde, michoacano exautodefensa, visitó Chilpancingo a la presentación de su libro Todos somos autodefensas, expresó que en esa noche esperaba platicar con organizaciones de autodefensa de Guerrero. Era la señal de pláticas con estas estructuras. En estas circunstancias, las autodefensas existentes son en realidad muy pocas: las aglutinadas en el Frente Único de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), con sede en el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que trabaja en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y en las dos costas: Grande y Chica; y otras más pequeñas.

El diálogo es una opción poco experimentada, y en este proceso por la paz, como en todo, habrá obstáculos que se opongan a los intereses superiores de la Nación.


La llamada Nueva Escuela Mexicana: ¿Una simple y nueva narrativa para la educación pública?

Humberto Santos Bautista

Heredamos unas ruinas y un mal proyecto, y no quisimos hacer ceremonia alguna cuando se colocó la primera piedra, porque sólo la última piedra es orgullo de los fuertes y sólo sobre ella levantaremos cantos. Hemos trabajado procurando responder en cada detalle a la transformación moral que se ha operado en la República apartándonos del pasado inmediato y pensando en el destino propicio para poder levantar un edificio símbolo, como éste que veis ahora de proporciones nobles; sólido y claro como l
José Vasconcelos Discurso inaugural del edificio de la Secretaría de Educación Pública (julio 9, 1922)

En el modelo capitalista instrumentado por las administraciones gubernamentales de los últimos treinta años –en el llamado periodo Neoliberal–, se ha desarrollado de manera casi complementaria, una teoría educativa alineada a las corrientes de la filosofía neopositivista sobre la ciencia, lo cual ha propiciado la imposición de una tecnología educativa sustentada en las tesis psicológicas neoconductistas, que hoy todavía tienen una gran incidencia en las escuelas mexicanas. Todas ellas ha sido, a la vez, compatibles con el modelo de desarrollo que el Estado capitalista mexicano ha privilegiado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988.1994). La pretensión de revertir los costos que han dejado la instrumentación de las políticas neoliberales en el corto o mediano plazo, es algo todavía impensable. Esto no se logra por decreto ni con una simple declaración; tendrá que sustentarse, sobre todo, en un cambio cultural. La visión tecnocrática y de corte pragmático del neoliberalismo que el actual régimen pretende sustituir por una visión asistencial sobre los grandes problemas nacionales, no permite ser optimista, si se considera que los contextos nacional e internacional solo presagian un incierto y helado porvenir. ¿Cómo se está pensando armonizar un proyecto de gobierno que pretende un cambio de régimen, en un marco donde el mercado sigue siendo el gran ordenador de la vida social y cultural, y donde es imposible predecir para periodos largos los cambios tecnológicos y las variables económicas básicas que intervienen en los cálculos, como: Producto Interno Bruto (PIB), estructura de dicho producto, composición de capital, etc.? Y si a ello se agregan los problemas emergentes como la violencia, la inseguridad, los desplazamientos de grandes núcleos de población, el deterioro ambiental, los movimientos migratorios y el crecimiento demográfico desordenado, que casi siempre dificulta calcular con precisión la cantidad de bienes y servicios que habrán de demandar: salud, educación, etc. En este sentido, casi siempre los bienes y servicios registran un déficit en relación a los que demanda la población. Si bien es cierto que crecimiento no equivale a desarrollo, también es cierto que si la situación económica es adversa, es mucho más complicado realizar las acciones que se contemplan en un proyecto político de largo aliento. Es en este contexto que adquiere singular relevancia la política educativa, porque el gobierno actual derogó la reforma del régimen que le precedió y en su lugar ha instalado lo que ha denominado la Nueva Escuela Mexicana, la cual formalmente declara que pondrá en el centro de aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. De acuerdo con la modificaciones al artículo tercero constitucional, la Nueva Escuela Mexicana tendrá las siguientes características que le darán un identidad propia: será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva y, en lugar de una educación de calidad, ahora será de excelencia, además de intercultural. Será pues una escuela llena de adjetivos y con posibilidades dudosas de alcanzar las metas que se propone, como por ejemplo, «…no dejar a nadie atrás ni afuera del máximo logro de aprendizajes; vivir la honestidad, generosidad, empatía, colaboración, libertad y confianza en los planteles escolares. Fortalecer la educación cívica; Fortalecer la convivencia familiar para que padres y madres participen activa y positivamente en la formación integral de los estudiantes; promover el arte y la actividad física como herramientas potentes para el desarrollo emocional, físico e intelectual de los estudiantes; e impulsar la educación plurilingüe e intercultural».

No hay mucha claridad con relación a cómo se pretenden alcanzar los fines de la NEM con la misma estructura burocrático-administrativa en las escuelas y con los mismos programas, porque no se han presentado los que tendrían que utilizarse para innovar las escuelas. Por otra parte, la NEM como proyecto oficial, no se apoya en hipótesis confiables, con relación a los problemas que se viven en las escuelas y que son los que no solo no permiten alcanzar la calidad educativa, sino que al menos puedan ofrecer el servicio educativo a todos los que lo demanden.

Sin embargo, hay una especie de indiferencia al proyecto de reforma educativa del gobierno actual, pues no ha levantado la expectativa que se esperaba, sea para apoyarla o para cuestionarla. Los docentes, más bien parecen escépticos, porque, no obstante haber recibido su semana de capacitación sobre la NEM con los mismos métodos de antaño, es decir, «en cascada», no le encuentran lo novedoso, porque carecen de información detallada sobre los nuevos programas, los libros de texto, etc., que perciben que siguen siendo los mismos, y eso, más bien, pareciera confirmar la tradición de casi un siglo de educación pública: la política educativa es sexenal y los cambios a la misma están determinados más por criterios políticos de los gobiernos en turno, que por aquellos de carácter estrictamente pedagógicos.

Las reformas educativas, quizá con algunas rarísimas excepciones, no han generado realmente algún beneficio a los educadores ni a educandos. La política educativa en los distintos sexenios, no ha registrado cambios sustanciales, sino, por el contrario, lo que se ha venido observando es que en cada reforma educativa, se agudiza más la exacerbación de las diferencias regionales en la calidad y cobertura de los servicios educativos, y de manera adicional, los cambios en la política educativa, parecieran concentrar más sus esfuerzos en conservar una especie de subcultura pedagógica de concebir la docencia como una simple chamba y no como lo que, en esencia, debiera de ser: un compromiso ético y una gran responsabilidad inteletual y moral.

Desde esta perspectiva y considerando las particularidades de nuestro sistema educativo, hace falta ver si la reforma de la reforma que está impulsado la administración actual, va a mejorar sustancialmente los aprendizajes en la escuela pública, porque de no hacerlo, seguiremos condenados a permanecer en el rezago educativo, con los mismos índices de ausentismo, deserción y abandono de la escuela de maestros y alumnos, y de que las comunidades más pobres sigan recibiendo una educación mediocre y de baja calidad y, con ello, a seguir marginados y a no tener posibilidades de trascender la pobreza. La reforma actual debiera movernos a la reflexión profunda sobre una cuestión central: ¿Qué hacemos con la escuela pública y con los enormes rezagos educativos que tenemos, sobre todo, en estados como Guerrero? Si se empieza por hacer una autocrítica profunda para corregir nuestras deficiencias, quizás estemos a tiempo de luchar de manera organizada para reorientar los cambios que en materia educativa demandan las comunidades pobres y marginadas. Si los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes no acceden a una educación de calidad en las escuelas públicas, ¿con qué argumentos la SEP, la SEG, el SNTE, la CNTE –la CETEG en Guerrero– van a seguir justificando las terribles insuficiencias académicas con las que egresan nuestros alumnos en las escuelas? ¿Cómo se le va a explicar «al pueblo» que existe en términos reales un desperdicio de recursos humanos, puesto que hay escuelas en las que el promedio anual de asistencia de alumnos por maestro es entre ocho y diez (hay datos oficiales, incluso en escuelas ubicadas en centros urbanos), y aun así no hay una atención esmerada que permita mejorar los aprendizajes? ¿Y los docentes que dicen estar adscritos a las escuelas, pero que privilegian su militancia en algún partido político y eso los lleva a que se ausenten de las aulas escolares y abandonen casi totalmente el trabajo docente porque priorizan sus actividades políticas, utilizando, incluso, a los padres de familia y hasta a los niños como clientela política para promover sus ambiciones personales?

Alguna vez el desaparecido presidente chileno Salvador Allende señaló, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en México, que «La Revolución no pasa por las Universidades», en clara alusión a que no precisamente la educación antecede a los cambios revolucionarios. En otro contexto, el gran educador brasileño Paulo Freire sostiene que si bien la educación no conduce necesariamente a la revolución, sí, en cambio, toda revolución es educativa, en tanto que conlleva a un cambio duradero no solo en el terreno intelectual, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Es decir, los cambios verdaderos que promueve la educación solo son culturales o no tienen ninguna relevancia, excepto para escolarizarse, que no es lo mismo que educarse.

Las precisiones anotadas nos hacen estar convencidos de que la estructuración de una alternativa pedagógica solo puede ser elaborada por los maestros mismos y desde las escuelas, porque solo de esta forma tendrá raíces propias y partirá de una profunda convicción de que los decentes tienen la imperiosa necesidad de recuperar la escuela para hacerla suya y que eso solo será posible cuando recuperen la palabra y el poder de decisión.

Remington 12

De la década de 1920.

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