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Por: Kau Sirenio

La invisibilidad de violaciones
a derechos humanos genera
impunidad: Olivares

Manuel Olivares. El dedo en la llaga. [Foto: Internet]
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La «invisibilidad» de las graves violaciones a los derechos humanos genera impunidad y abusos de poder, asegura el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández. Por ello, demanda a los organismos civiles de derechos humanos prestar más atención y vigilar a los servidores público para construir la armonía social.

«Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad», explica.

Y agrega: «En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Pero esto no ocurre».

Pero la respuesta de la fiscalía estatal no convence a nadie. Lejos de sancionar los casos más visibles en Chilapa, se lavan las manos en materia de seguridad; del gobierno federal ni se diga. La semana pasada, ambos gobiernos se vieron renuentes a aceptar su responsabilidad ante la crisis humanitaria en Chilapa. 

Entrevistado por Trinchera en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Olivares habla de las graves violaciones a los derechos humanos que la Misión de Observación documentó en Chilapa los días 19 y 20 de septiembre. «Hay preocupación en Chilapa: no hay garantías de tránsito, seguridad; los tres niveles de gobierno no han hecho nada para resolver el problema de inseguridad; a pesar de que hay militares y policía estatal se recrudece violencia y los más afectados de todo esto es la población civil».

Incluso, señala que el 28 de septiembre, después de la visita de la Misión a Chilapa fueron asesinados los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes. Y pone el dedo en la llaga: «Resulta grave el hecho de que los hermanos asesinados con armas punzocortantes y de fuego de alto calibre, más porque esto haya ocurrido en un sitio público frecuentado por jóvenes de Chilapa, como son las canchas deportivas. Esto es mensaje amenazante para la población; pero además, muestra la inacción del Estado en este municipio y en Guerrero».

La violencia que azota la montaña baja, en especial los municipios de Zitlala y Chilapa, obligó a los transportistas a no circular en la carretera de Chilapa-Chilpancingo, con lo que gran parte de la región de La Montaña quedó incomunicada.

A eso se refiere Olivares cuando habla de la violación a los derechos al libre tránsito. «La suspensión indefinida del transporte público entre Chilpancingo y Chilapa afectó a diversas comunidades aledañas a esta última ciudad. Es absolutamente inaceptable que esta suspensión tenga su origen en la proliferación de la ola de violencia, quemando las unidades de transportes y despojando a pasajeros sus pertenencias», explica.

En los últimos meses, en la ruta de Chilpancingo a Tlapa se dieron varios hechos violentos: hombres armados atacaron a transportistas de Tixtla y Chilapa, además de asesinatos en supuestos asaltos, de los cuales  el gobierno estatal no ha informado el avance de las investigaciones, ni siquiera ha intentado generar las condiciones para que la población civil pueda circular sin ser agredida.

Manuel Olivares dice que sumando todos los agravios ocurridos en Chilapa, está la difusión de amenazas en redes sociales advirtiendo a los transportistas de otras rutas que lleven pasaje a Chilpancingo, que dejaran de hacerlo para no sufrir con las consecuencias. «Lo que vemos es la configuración de una ausencia de Estado de Derecho», dice.

Olivares Hernández repsasa los hechos más visibles: «Al inicio de 2017, la violencia rebasó las cifras de homicidios, comparado con años pasados: en 10 meses se cometieron más de 200 homicidios dolosos, de los cuales, todos en total impunidad. Además, la cantidad de «desplazamiento forzado» se incrementó. Esto se refleja en las casas vacías de Chilapa, así como de las comunidades donde el miedo y el terror son infundidos por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades municipales y estatales. Por eso urge visibilizar la inacción de gobierno ante la violencia».

Ante esta situación, el Centro Regional de Defensa Morelos, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad enviaron un comunicado el jueves 5, en el que señalan que la ineptitud de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado deja la responsabilidad de seguridad en manos de las policías municipales, manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales.

«El Gobierno Federal tiene el deber de cumplir con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado, a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa. Por su parte a la Fiscalía General del Estado le corresponde investigar los delitos, detener a los presuntos responsables para consignarlos ante el Poder Judicial. Porque si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetua la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría son campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza», expone.

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