O P I N I ó N

«En horas»

Por: José María Hernández Navarrete
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El sábado 30 de septiembre, el fin de semana antepasado, alrededor de las 10:00 de la mañana, el profesor José Villanueva Arce, director de la Unidad Académica Preparatoria No. 2, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue asesinado de un balazo en la frente, minutos después de que dos pistoleros habían tiroteado a dos carniceros del mercado de La Laja, en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.

A lo largo del gobierno de Héctor Astudillo Flores, que el próximo 27 cumplirá dos años, han sido asesinados 25 universitarios presuntamente por el crimen organizado. Durante este tercio de gobierno astudillista la violencia principalmente vinculada al trasiego de las drogas no ha disminuido; por lo contrario, se le ha visto imparable y con presencia en todo el territorio guerrerense; es decir, no ha cumplido con su eslogan de campaña de «orden y paz». En los últimos nueve meses se han contabilizado «mil 725 asesinatos en Guerrero, 69 más que en 2016 y 6.3 en promedio por día» (El Sur, 021017, pág. 10). Y la cuenta sigue incontenible.

El asesinato de Villanueva Arce fue lo que eufemísticamente las autoridades califican de «daño colateral». Se atravesó con su coche en el camino de huida de los sicarios, no tuvo oportunidad de nada, estuvo a expensas de la violencia criminal, en total indefensión. Sin embargo, la Universidad se ha mantenido, prácticamente, en silencio, salvo las solicitudes del Consejo Universitario o las declaraciones del rector Javier Saldaña Almazán, exigiendo la solución a estos actos violentos.

Este silencio de la institución universitaria y de las organizaciones sindicales y estudiantil (ésta es inexistente desde hace ya varios años), tiene su origen en la crisis de 1984 en un principio. Ante las presiones del gobierno federal, por medio de las autoridades hacendarias y educativas fue constriñéndose el concepto de autonomía e imponiéndose nuevos enfoques educativos y contenidos en los planes y programas de estudio.

Un segundo aspecto es que de manera paralela, en los contratos colectivos fueron conculcándose los derechos laborales y se dio preferencia, al margen de los contratos, a programas de productividad y con una exclusiva administración de los mismos por las autoridades. En la actualidad, no queda duda en la comunidad universitaria de que esa «exclusiva administración» se amplió también a los contratos colectivos de los dos sindicatos. Es decir, en palabras llanas y en buen castellano, quien determina el cumplimiento de los derechos laborales es la rectoría sin la participación de la dirigencia sindical.

Un tercer elemento constitutivo e indispensable en la comprensión de la nueva universidad es el fenómeno de cambio generacional y en la ausencia, debido a la caída del Muro de Berlín en 1989, de un discurso alternativo al neoliberalismo. Las ideas revolucionarias y democráticas se fueron extinguiendo al mismo tiempo que se construía el nuevo modelo de universidad, pero el envejecimiento biológico y al mismo tiempo de las ideas que le habían dado un perfil propio y distintivo en el mundo universitario nacional y ante la pereza mental crítica en la totalidad de la clase política, permitieron, entonces, que casi no se tuviera la herramienta teórica y doctrinaria y nada hubiera, entonces, para construir una institución de educación superior, en las nuevas circunstancias socioeconómicas y políticas surgidas a partir del modelo neoliberal de libre mercado o la libre competencia de la oferta y la demanda, distinta al resto de las instituciones de educación superior.

La suma de estos tres elementos constitutivos, expuestos por demás sintéticos, han venido construyendo una universidad que si se compara con la del pasado reciente, la de antes y después de 1984, se observarán cambios sustanciales. La observación no se refiere a la infraestructura física, sino a la composición de la clase política de hoy, totalmente diferente; y a pesar de su pretendida inclusión social, es una institución que no se identifica con las causas y las luchas de la gente de su pueblo.

Un ejemplo, por un lado de la Universidad ha pasado, como si nunca hubiera existido, el caso más grave de violación de los derechos humanos y de desaparición forzada de las últimas cinco décadas en la historia de México. El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene un carácter que involucra a las autoridades más importantes del país, desde la Presidencia de la República, las instituciones de procuración de justicia hasta la presunta participación del Ejército Mexicano. Un caso donde se ha visto la colusión con el crimen organizado e impunidad en la aplicación de la ley. Así como éste, hay muchos casos, entre ellos están los 25 universitarios asesinados. Pasan de largo. Como si la Universidad estuviera dentro de una fortificación, amurallada y, por tanto, aislada y al margen de la vida de los guerrerenses.

El resultado, cuando menos hasta este momento, es que se ha construido una hegemonía con base en la conciliación de intereses grupales o individuales, con lo que se ha construido una conducción autoritaria donde no se permite la presencia de la oposición porque entonces se le condena y descalifica. No hay lugar en la Universidad para ella. También se ha construido «el discurso único» (el pensamiento único), porque tampoco se permite disentir del discurso del poder. Así, la Universidad está en el umbral, si no es que ya inmersa, en el autoritarismo político, donde nada se mueve si no hay el consentimiento del poder.

El ejemplo más reciente se halla en la declaración de la candidata de la planilla opositora a la secretaría general del STAUAG, Guadalupe Hernández de la Cruz, de que «varios hombres “se echaron para atrás” debido a amenazas y amedrentamientos (…) si un trabajador tiene problemas le dice (el secretario general) pasa con el rector, si él te firma, yo te firmo». (El Sur, 071017, pág. 13).

Ante este conjunto de circunstancias y en el marco del acuerdo del Consejo General de Representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, de manifestarse este viernes 6 en demanda del esclarecimiento del asesinato del profesor Villanueva Arce y castigo a los culpables, no es de extrañar el contenido de las declaraciones del ciudadano rector Saldaña Almazán en el sentido de que como «universidad nosotros ya tenemos una estrategia, no dudo que podamos marchar, pero no es ahora, primero ante un estado con tantos problemas primero vamos agotar los canales, las pesquisas, la información que nos están dando y en ese punto habremos de caminar de manera pacífica, no podemos nosotros con una marcha colapsar al estado… que quien quiera que haga una marcha, pero como Universidad se tiene una estrategia y es caminar de manera pacífica» (El Sur, 051017, pág. 14).

Sin embargo, este deslinde de la rectoría no es del todo aceptado por la comunidad universitaria, como lo expresó el delegado sindical de la Preparatoria 2, Manuel Terrazas Bustos, de que el rector rechaza y no asistiría a la marcha se debe a que «piensa de esa manera porque cuenta con seguridad, pero acá estamos llevando la parte más fea y por eso no podemos quedarnos así, tenemos que llevar a cabo el plan de acción que ya está programado… (el rector) anda resguardado, anda en carros blindados, a él no le pasa nada» (El Sur, 061017, pág. 15). No puede negarse el constante crecimiento de la violencia criminal en Acapulco. Tan sólo el viernes 6, fueron ejecutados siete individuos en ese puerto.

Efectivamente, la marcha se realizó con 400 manifestantes, compuesto por estudiantes y profesores universitarios principalmente de la Preparatoria 2, además también hubo agrupaciones del SUTCOBACH, CETEG, SUSPEG y STAUAG. Pero la violencia y en particular las afectaciones mortales en contra de la Universidad, sigue en aumento y extendiéndose (el viernes 6 se confirmó el asesinato de Juan Alberto estudiante de la Preparatoria 26 con sede en Chilapa de Álvarez), por ello era importante que hubiera una respuesta más firme por parte de la institución educativa.

La declaración del rector Saldaña Almazán de que no asistiría y que «la Universidad tiene su propia estrategia», desalentó la participación masiva de los universitarios, todo por «no colapsar» un estado, que como bien es del conocimiento ciudadano está gobernado por una clase política opaca, débil y omisa en procuración de justicia y seguridad pública.

El trabajo del fiscal Xavier Olea Peláez deja mucho que desear. Son innumerables los casos criminales irresueltos, pareciera que ése es precisamente su papel en el puesto que ocupa: el de archivar los casos con la socorridas frases de que «fue asesinado por sicarios» o «seguramente estaba involucrado en el trasiego y en la extorsión», «era miembro de una de las bandas». De esta manera, la Fiscalía ya no actúa y deja que el tiempo se acumule para arribar al olvido y, así, la justicia nunca llegue y se imponga la impunidad como moneda de curso corriente. En el archivero guarda la aprehensión de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y el proceso del ex presidente municipal de San Miguel Totolapan y diputado con licencia, Saúl Beltrán Orozco; como también el caso del asesinato del diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera. Tan sólo por mencionar algunos de los más representativos y no los mil 725 asesinatos acumulados en los últimos nueve meses.

Por eso, cuando el rector Saldaña Almazán le dio tres días de plazo a Olea Peláez «para que nos de una respuesta, porque esos delincuentes que le quitaron la vida a Pepe (José Villanueva Arce, el director de la Preparatoria 2) de manera casuística (no) pueden seguir haciendo males, la Universidad, los más de 90 mil universitarios, le decimos al fiscal que queremos justicia, que queremos una respuesta inmediata para que se esclarezca este crimen que nos duele a todos» (El Sur, 031017, pág. 3), la respuesta que se obtuvo del fiscal Olea Peláez fue parca y con los estereotipos propios de la burocracia. Véase: «Yo no puedo hablar absolutamente de nada de eso, porque en primer lugar estoy impedido por el nuevo sistema y en segundo lugar si yo manifiesto alguna circunstancia de la investigación, entonces pondré en alerta a los responsables de este artero homicidio, como consecuencia, estoy impedido». (El Sur, 061017, pág. 15).

Pero ha sido Saldaña Almazán quien se ha encargado de dar los «adelantos» de las «investigaciones». Primero, el miércoles 4 dijo que en pláticas con el fiscal le informó que «hay cosas muy avanzadas… hay evidencias, hay elementos  para que en estos próximos días, horas, podamos conocer quiénes fueron los responsables de este incalificable crimen», y luego, el jueves 5 dijo que «hay sospechosos» y que los resultados «me satisfacen» porque  ya hay «sospechosos, localizados, ellos (los policías) tienen ubicación, tienen todo». (El Sur, del 05 y 06 de octubre de 2017, págs. 14 y 15)

Con las condiciones de una universidad que se mantiene al margen de la problemática social y la apuesta por la negociación como único camino para poder recuperar el ambiente de paz entre la comunidad universitaria y un gobierno que ha sido incapaz de resolver un problema, efectivamente complejo pero no imposible de solucionar, en el horizonte se ven dos posibilidades: por un lado, dejar que el tiempo entierre todas las esperanzas de familiares y amigos del profesor José Villanueva Arce y de los otros 25 (se agregó al estudiante de Chilapa, asesinado este jueves 5), y la otra, que aparecieran los asesinos «en unas horas», tal vez. ¿Quién sabe? O lo de siempre.

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