OPINIóN
El arribo de Héctor Astudillo al poder es visto con recelo y aun con temor por la disidencia magisterial y algunas organizaciones sociales agrupadas mayoritariamente en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
En este contexto el gobernador electo tendrá el doble desafío de, por un lado, combatir los grandes males que aquejan a las y los guerrerenses y, por el otro, convencer con hechos concretos de que esos augurios son sólo eso: creencias sin sustento científico.
Pero no las tiene todas consigo: Héctor se sacó, como se dice en términos coloquiales, la rifa del tigre. Ahora tendrá que lidiar con la fiera.
Y esa fiera tiene varios nombres: corrupción, violencia criminal, exclusión, desigualdad, pobreza extrema y olvido.
Así pues, en verdad que no las tiene todas consigo.
En principio, como ya lo dijimos en la entrega anterior, Astudillo deberá integrar un gabinete con personas comprometidas con la verdad y la justicia, lo que muchas veces se traduce en una ruta en la que podría quedar finalmente entre la espada y la pared, pero con un respaldo popular mayoritario.
La alianza de Astudillo debe ser con la comunidad, no con los grupos políticos -y, por extensión, con las bandas criminales que se ocultan tras éstos-.
La integración del gabinete es la primera gran decisión política en la que, si se rige por el precepto fundamental de cumplirle a los guerrerenses, deberá elegir a los mejores perfiles para cumplir con su responsabilidad histórica.
Si opta por cumplir con acuerdos turbios impuestos por los grupos políticos, estará dando la razón a quienes ven en su arribo la preeminencia de los peores vicios del PRI. Es por ello que la decisión de hacer a un lado esas condiciones impuestas por los grupos políticos que lo apoyaron durante la campaña, es la que inevitablemente marcará la gestión y rumbo de su gobierno.
Para el efecto, Astudillo y su grupo de asesores deberá revisar cuidadosamente las propuestas para cada cartera de su gabinete, desde las más importantes como la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría de Finanzas, hasta las que parezcan menos relevantes.
En el supuesto de que habrá de tomar una decisión salomónica, el mandatario tendrá que enfrentar entonces la principal, la más sentida demanda de las y los guerrerenses: la justicia.
Hablamos de justicia para los agravios que ha sufrido la población de Guerrero por parte de las corporaciones de seguridad, tanto como de los agravios en materia de justicia social, como la exclusión y el olvido, todos ellos de carácter histórico.
Entonces tendrá que comenzar por el principio: extender una mano de concordia y diálogo a los segmentos de la sociedad que han sido vulnerados por la violencia, lo que tendrá que traducirse en diferentes decisiones en las que no tenga cabida la simulación.
Para comenzar, deberá revisar profunda y cuidadosamente las sensibles áreas de procuración y administración de la justicia, donde las cosas han marchado de una manera bastante negligente, como si ambas esferas de la cosa pública fueran mundos distintos del mundo en que vive la angustiada población de Guerrero.
En interacción con el Congreso local, donde definitivamente cuenta con el respaldo de una mayoría priista, deberá tomar decisiones para sanear por completo las tan cuestionadas áreas de procuración como de aplicación de la justicia.
Con el respaldo del Congreso, en la Fiscalía general del Estado (FGE) deberá proceder a depurar la Policía Ministerial, a disolverla si es preciso, con el objetivo de sanear por completo ese nido de ratas en que se ha convertido la corporación.
Ahí, Astudillo tendrá que hacer los cambios que sean necesarios, incluso si se trata de remover al titular. Se trata de aplicar una renovación profunda que permita generar condiciones apropiadas para la procuración de justicia en beneficio de la población.
Lo mismo procede con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que constituyen una ofensiva élite con facultades y sueldos exorbitantes que agravian a un pueblo de pobres, como lo es el de Guerrero. En el TSJ se impone, de entrada, una auditoría para determinar y corregir la forma en que se reparten el presupuesto los magistrados de esa institución, tan cerca del dinero y tan lejos de la comunidad a la que dicen servir.
Esto implicará impulsar cambios, profundos también, en las leyes orgánicas que dan vida a esas instituciones que por muchos años han sido intocadas a pesar de las múltiples denuncias de contaminación por parte del crimen organizado.
Esas modificaciones profundas deberán incluir también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que se debe dotar de facultades para sancionar a los servidores públicos que, carentes de toda ética, gustan de violar los derechos humanos. La ley contra la tortura, que de siempre ha promovido esa comisión, deberá entrar en el ámbito del Código Penal del Estado de Guerrero, para sancionar efectivamente a quienes incurran en ese supuesto.
Sobra decir que Astudillo deberá instaurar los mecanismos que sean necesarios para incidir en el caso de los 43 desaparecidos de Iguala, el caso emblemático de violación de derechos humanos que puso al descubierto la terrible dinámica de secuestros, extorsiones, asesinatos y desapariciones en que desde hace años subsiste la población.
Estas son sólo algunas de las decisiones que deberá afrontar Héctor Astudillo si de verdad pretende dar cuerpo a una gestión acorde con los intereses populares.
El pueblo de Guerrero no sólo lo necesita, también lo merece.
De otra manera, pues… 