La tarde del 18 de junio, Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, médicos del hospital básico de Petatlán, solicitaron permiso para salir de sus labores una hora antes. Al día siguiente se trasladarían a Chilpancingo a realizar trámites en la Secretaría de Salud para la regularización de sus plazas.
Marvin también solicitó prestado, como lo hacía los fines de semana que salía, el vehículo Seat tipo Ibiza, modelo 2013, color gris plateado, a su tía Antonia Hernández Albinez, hermana de su padre Rigoberto Hernández Alvinez, para que se trasladaran en él a Chilpancingo.
Antonia fue la última que vio a Marvin la mañana del 19 de junio, fecha desde la cual los dos médicos, un licenciado en turismo y un administrador de empresa se encuentran desaparecidos.
El siguiente es un relato contado desde la perspectiva de los familiares de Marvin, el joven médico de 30 años de edad, en el que narran las primeras horas de angustia que vivieron, la violación a su derecho al debido proceso, la negativa de las autoridades a la presentación de una denuncia, los trámites burocráticos, el ir y venir de un lado para otro.
En suma, la insensibilidad de las autoridades, que, a casi un mes después, se sigue traduciendo en omisión, negligencia, simulación e impunidad.
El médico salió de su casa del puerto de Acapulco el 19 de junio a las 8:30 de la mañana. Vestía pantalón formal negro, guayabera blanca cuello mao y zapatos mocasines negros. Como accesorios aparte, llevaba una mochila negra que contenía sus documentos personales; credenciales del INE, Curp, cartilla de servicio militar, licencia de conducir, certificados originales de primaria, secundaria, preparatoria, título y cédula profesional de médico cirujano, expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tablet marca Samsung color negro, cartera color café con tarjetas de crédito Santander y de débito de Banorte.
Salió a las 8:30 porque pasaría primero a dejar al gimnasio a su tía Antonia Hernández, después recogería al médico Raymundo Tepeque Cuevas en la Costera, a la altura de Galerías Acapulco para de allí partir a Chilpancingo.
Los familiares del médico desconocen cuánto tiempo estuvieron éstos en el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. Saben que de allí irían a tramitar su carta de antecedentes no penales a la Fiscalía General del Estado (FGE) y también acudirían a las oficinas del Sindicato de Salud para tramitar su sindicalización.
El 20 de junio, cuando los padres de Marvin, Rigoberto Hernández Alvinez y Celia Ortega Solórzano, confirmaron que no llegó a dormir a su casa y tampoco a la de su tía Antonia, comenzaron a buscarlo: preguntaron a sus amigos y con insistencia llamaron a su celular, pero siempre escuchaban el “fuera de servicio”.
Después, ya más angustiados, comenzaron a buscarlo en los hospitales y en el Semefo de Acapulco; también a través de llamadas telefónicas preguntaron a sus amigos de Chilpancingo, a quienes les pidieron que colaboraran buscando en los hospitales y el Semefo de la capital.
El Semefo de Acapulco se encuentra cerca de la Fiscalía regional, por lo que acudieron a esas oficinas a presentar una denuncia de hechos. Eran ya cerca de las 4:00 de la tarde del 20 de junio.
Pero el titular de la mesa les dijo que tendrían que esperar 72 horas y que, además, no era de su competencia, porque el domicilio de Marvin Hernández está en la colonia Miguel Alemán y les sugirió que acudieran a la Agencia del Ministerio Publico de la Avenida Ejido y Calle 5, colonia Bella Vista.
Así lo hicieron, pero en la otra Agencia, a la que acudieron como a las 6:00 de la tarde, les volvieron a pedir que esperaran las 72 horas.
Decepcionados, los padres y la tía de Marvin se retiraron a su domicilio ubicado en Aguas Blancas 133, colonia Miguel Alemán, en donde como a las 8:30 de la noche recibieron una llamada telefónica de Elizabeth Mejía Salgado, hermana de Julio Cesar Mejía Salgado, trabajador de la jurisdicción sanitaria 7 también desaparecido.
Les dijo que acudiera Antonia Hernández a la Agencia Central Especializada en robo y recuperación de vehículos, para que levantara la denuncia por robo del vehículo en el que se trasladaron los profesionistas.
Acudieron a las 9:00 de la noche. Antonia acreditó la propiedad del vehículo presentando la carta-factura, credencial del INE y levantó la denuncia correspondiente por el robo del automóvil.
Pero al solicitarle al titular del Ministerio Público copia de la denuncia, le respondió que no tenían hojas y la citó el 21 de junio. Le dijo a ella y a los padres del médico que estuvieran antes de las ocho de la mañana para que entregaran copias a la Policía Ministerial, a la Policía Federal y a la Policía Preventiva Municipal.
Puntuales, el 21 de junio acudieron a la Agencia, y después de recibir las copias de la denuncia por el robo del vehículo, al momento de que pretendían entregarla a la Policía Federal, Antonia recibió una llamada de un tal Gerardo López Ontiveros, quien le dijo que el automóvil de su propiedad había sido encontrado y remitido a la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Renacimiento.
Una vez en esa agencia, el titular en turno les dijo que deberían entregar copia de la averiguación previa a la Policía Ministerial de esa adscripción y después regresar con él para que les diera a conocer el parte de la Policía Estatal y la consignación del vehículo, así como informarles de los objetos y documentos personales que encontraron en la unidad.
De Antonia les mostraron la tarjeta de circulación y las llaves del carro; de Marvin, los originales de su credencial de elector, la cartilla del servicio militar, la Curp, la cédula profesional, un fólder con documentos que no fueron incorporados en el parte de la Policía Estatal, como certificados originales de primaria, secundaria, preparatoria, acta de nacimiento, el título profesional de estudios de médico cirujano expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y documentos de los diferentes lugares donde ha laborado en la Secretaría de Salud.
De Osvaldo Ortega Saucedo les entregaron un sobre amarillo con su acta de nacimiento y certificado de licenciatura de la UAG y dos celulares que quedaron en la patrulla donde se transportaba el personal de la Policía Estatal Acreditable.
El trámite se hizo a través del titular de la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Renacimiento Josué Cadena Nava, a quien le pidieron copia del oficio de quien puso a disposición el vehículo y presentar la denuncia por la desaparición de Marvin, pero les dijo que “ya terminaba su turno” y que lo tramitaran con la titular que lo relevaría, una tal Wendi, pero ésta les dijo que no podía entregarles el documento ni recibir la denuncia porque se le había acumulado el trabajo y que tenía que salir a realizar unas diligencias.
Les informó que el vehículo había sido encontrado en el kilómetro 40, cerca de Xolapa, y que realizaran la denuncia en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Al llegar a Tierra Colorada no encontraron a nadie del personal en la Agencia del Ministerio Público, a pesar de que eran las 12:00 del día, ese 21 de junio.
Allí encontraron a María Guadalupe Reséndiz Abarca, esposa del médico Raymundo Tepeque Cuevas, quien les dijo que junto con el padre de José Enrique Ortega Martínez, otro de los desaparecidos, habían conversado con Juan Dante Manzo, un vecino de Tierra Colorada en cuyo domicilio estuvieron los jóvenes desaparecidos la tarde del 19 de junio.
Juan Dante les dijo que ese día estuvieron un rato, que se tomaron unas tres o cuatro cervezas, y le ayudaron a ordenar un local donde iba a celebrar un evento de cumpleaños de su hermana, pero que como a las 8:00 de la noche se fueron rumbo a Acapulco.
Los familiares de los cuatro profesionistas desaparecidos solicitaron información a la policía comunitaria de Tierra Colorada, “pero se mostraron muy herméticos”, dice el testimonio de uno de los familiares.
Para tener mejores resultados los familiares se dividieron en dos grupos. Uno se trasladó a Xaltianguis, donde habló con el grupo de policías comunitarios de ese lugar, “quienes no nos permitieron el acceso donde tenían a cuatro personas detenidas; el otro grupo dialogó con los policías comunitarios de Tierra Colorada, “quienes mantuvieron su hermetismo”.
Después acudieron a Xolapa. Allí, un grupo de policías comunitarios, comandantes, coordinadores y representantes, mantenían una asamblea con el comisario y los habitantes a quienes les solicitaron apoyo para la localización de sus familiares, “inclusive nos solidarizábamos con ellos por el enfrentamiento ocurrido el 6 de junio” (cuando fallecieron 16 elementos).
Los familiares regresaron el 22 de junio a la Agencia Especializada en Robo y Recuperación de Vehículos, para ampliar su declaración por el robo del carro de Antonia Hernández, y fue hasta entonces que el titular del Ministerio Público accedió a que presentaran la denuncia por la desaparición de los profesionistas.
En seguida fueron citados a las 7:30 de la noche en la Fiscalía Regional de Acapulco, a una reunión con el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, a quien le pidieron que reforzara el operativo de búsqueda y le manifestaron su disposición para aportar cualquier detalle que le sirviera a la Fiscalía.
El 23 de junio se trasladaron a la ciudad de México y solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación del caso.
Al día siguiente, el 24 de junio, la FGE les pidió que asistieran al Semefo de Chilpancingo, donde les mostraron cuatro cuerpos encontrados en una camioneta entre los pueblos de Jaleaca y Santa Bárbara, pero comprobaron que no corresponden a sus familiares que buscan.
Lo que vino después fueron reuniones con el gobernador, Rogelio Ortega, con el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, y con el mismo fiscal. El segundo insistía en que los cadáveres hallados cerca de Santa Bárbara son sus familiares, y ellos en que no son; y le han pedido que intensifiquen la búsqueda.
En una de estas reuniones, el 27 de junio, el fiscal Godínez les entregó un informe que, en opinión de los familiares “no reúne elementales normas de formalidad”. Les dijo, a través del fiscal para delitos graves, Fernando Monreal, que habían encontrado credenciales de Marvin Hernández Ortega y José Osvaldo Ortega Saucedo en la bolsa que contenía un cuerpo y otras en un taxi de los colectivos amarillo.
Rápido desmintieron la farsa, porque la credencial del INE, la Curp, cartilla militar, licencia de manejo y la Cedula profesional de Marvin Hernández ya formaban parte de la averiguación previa abierta en la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Renacimiento. Incluso el fiscal se negó a devolvérselas porque les dijo que los documentos y el automóvil deberían permanecer en su poder porque son sujetos de investigación en el expediente. Allí mismo le dijeron al fiscal que con esa información “falsa y tendenciosa” pretendía dar carpetazo al caso de los desaparecidos.
A casi un mes de la desaparición de los jóvenes, la FGE presentaba un expediente incompleto: no contenía los informes de los estudios del perfil genético, los resultados del ADN y no se habían asentado una serie de actuaciones propuestas por los familiares.
En conclusión, los familiares se quejan de que desde el inicio, cuando comenzaron la búsqueda y pretendieron presentar la denuncia por la desaparición de los profesionistas, fueron sujetos de violación a su derecho a un debido proceso, al negarse las diferentes agencias del Ministerio Publico a integrar la averiguación por la desaparición de sus familiares.
Las autoridades se han negado, también, a integrar en un solo expediente todas las indagatorias y proporcionarles copias certificadas y simples del expediente.
Otra de las conclusiones de los familiares es que “hay la intención de justificar la información contradictoria sobre el hallazgo de las credenciales de elector de Marvin Hernández Ortega y José Osvaldo Ortega Saucedo”.
Otra de sus observaciones es que la escena donde se identificó el automóvil, no se apegó a los protocolos correspondientes, pues hubo la alteración “con la intención de adecuarla a sus intereses”.
Asimismo, se quejan de que los familiares de los desaparecidos no han sido informados de los operativos realizados por la Fiscalía, como por ejemplo, si han entrevistado a personal de la policía comunitaria, los interrogatorios, recorridos, inspecciones de lugares, detenciones, líneas de investigación. En una palabra, para los familiares no existen evidencias de que se haya realizado una investigación profesional, oportuna y eficiente. 