Los lamentables hechos de hace un año en la ciudad de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 del pasado septiembre, es un grave conflicto del gobierno de Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que, hasta hoy, siguen sin encontrarse.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República repitieron lo que ha sido una práctica común, constante y consuetudinaria de crear condiciones laberínticas con el propósito de no resolver el problema y dejarlo, por tanto, al olvido y cansancio de los deudos por el desaliento y la desesperanza, la consecuencia de no ser oídos por las autoridades responsables.

La intervención de la Procuraduría federal para atraer el caso e iniciar las averiguaciones se hizo hasta los primeros días de octubre, tiempo más que suficiente para la evasión de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición. Cuando se le preguntó, días después, al presidente Peña Nieto sobre el caso, declaró que la responsabilidad recaía en el gobierno local, incluso manifestó mal humor, molestia y enojo.

Actualmente hay 115 detenidos y encarcelados, con el expresidente José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, policías de los municipios de Iguala y Cocula y sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Desde el inicio de las investigaciones de la PGR, al mando de Jesús Murillo Karam, tuvo las claras intenciones de reducir el problema de seis muertos, 25 heridos y los 43 desparecidos, a un conflicto meramente entre el grupo del crimen organizado, las autoridades municipales y los estudiantes. Es decir, la finalidad fue ubicar el problema en el ámbito local. Un simple hecho delictivo del orden común.

Sin embargo, los hechos sucedieron a menos de tres minutos de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y de la base de la Policía Federal. Es imposible que el Ejército como la Federal no tuvieran conocimiento y más cuando la Federación ha venido impulsando el mando único de la policía y también cuando ha sido costumbre y aceptada la superioridad de las Fuerzas Armadas.

Sin duda, por otra parte, la comunicación fue guardando el protocolo correspondiente: del pelotón que recorrió las calles en esa noche al comandante del Batallón y de éste a la 35 Zona Militar y de ahí a las oficinas de Defensa Nacional en la ciudad de México y a la Secretaría de Gobernación. Y en el mismo sentido, al gobernador Ángel Aguirre. Por información no habría problema, salvo que la inteligencia nacional no estuviera desde hace tiempo sin hacer la tarea, cuestión no creíble en un Estado organizado y complejo como el mexicano.

Por eso, es incomprensible la conducta del gobierno y, en particular, de Gobernación al negarse a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigue la probable participación, entrevistando a soldados, oficiales y jefes, del 27 Batallón de Infantería, bajo el falaz argumento de que como no se le señala ni se indica la presencia física del Ejército en el expediente de la investigación hecha por la PGR, no tiene, por tanto, por qué ser investigado. Cuando se intuye, dados los resultados conocidos como la “verdad histórica”, la investigación fue hecha a modo. La intención desde el principio fue reducir los hechos a un asunto estrictamente local, sin ninguna intervención federal.

En los próximos días de la presente semana, el gobierno federal deberá declarar si acepta o no la solicitud del CIDH de ampliar la presencia del GIEI en México hasta agotar las líneas de investigación y que la PGR no las exploró, tan siquiera, como es el delito de desaparición forzada, que dada su naturaleza es un delito con la clara intervención de funcionarios o instituciones del aparato del Estado, además de ser un delito imprescriptible y no desaparece hasta encontrar, en este caso, a los estudiantes desaparecidos, hasta hoy, inexplicablemente y lo que se conoce es razonablemente insuficiente e insatisfactorio para los padres de los normalistas.

En este sentido, el GIEI debería haber informado este domingo 6, que la desaparición forzada de los 43 normalistas y la probable participación de elementos del Ejército están, hipotéticamente, relacionadas, y propondrían la investigación a otros espacios geográficos de Guerrero porque existe la presunción de encontrarlos con vida. Según se prevé, el gobierno de Peña Nieto está a la espera de este informe para adoptar la decisión de ampliar o no la permanencia del GIEI en el país.

A pesar de la expiación de Peña Nieto –durante su intervención con motivo de su tercer informe de gobierno en el patio central del Palacio Nacional ante la clase política y empresarial, este 2 de septiembre–, los hechos de Iguala han estigmatizado a su gobierno. Los padres y familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos y la sociedad mexicana exigen la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, exigen justicia. Un Estado que no garantiza la seguridad y la propiedad de sus ciudadanos se niega a sí mismo, y más cuando se ha configurado un régimen caracterizado por la corrupción y la impunidad, como los ejes centrales de su acción política.

El presidente Peña Nieto cierra los ojos, cual avestruz en peligro, pero las voces de los padres de los normalistas las escuchará todos los días, durante toda su vida. Así sea.

 

 

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