En los próximos días, tal vez semanas, se comenzará a discutir en el Congreso de la Unión la ley de seguridad interior. Para Guerrero tal vez no representaría nada, si no fuera por el pasado de violaciones graves a los derechos humanos cometidos aquí por el Ejército mexicano.
Dicha ley implica reglamentar que el Ejército asuma plenamente funciones policiacas y atender asuntos relacionados con la violencia e inseguridad, aun cuando en los hechos, su presencia en las calles no ha representado la disminución de los índices de violencia.
Sin embargo, para los organismos civiles de derechos humanos, existe una tendencia de los poderes públicos de apoyar la aprobación de esa ley que de facto establecería un régimen de militarización de la seguridad pública y crearía estados de excepción, contraviniendo las recomendaciones y otros estándares internacionales de derechos humanos.
«Desde la sociedad civil hemos expresado nuestra preocupación por la existencia de un marco legal que faculta a las fuerzas armadas a ejercer tareas que le son ajenas y que generan violaciones a los derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, perpetuando así la impunidad», denunció, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Y es que desde los años setenta, Guerrero ha sufrido en carne propia la militarización. El 70 por ciento de los desaparecidos de la época denominada guerra sucia, se cometieron en esta entidad con la participación del Ejército mexicano que, además, jugó un papel central en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Un caso emblemático que ilustra este contexto es el del corridista Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 y cuyo caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió una sentencia contra el Estado mexicano.
En años recientes, la militarización en Guerrero ha continuado. Dos casos son el de las violaciones sexuales cometidas en contra de las indígenas me’phha Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
También se atribuye a elementos del Ejército mexicano la detención y tortura a los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
También en la historia reciente está la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, aun cuando con reiteración el Estado mexicano lo ha negado.
En todos estos casos, la Corte Interamericana analizó el contexto de militarización que existe en Guerrero y declaró la existencia de un contexto de violencia institucional castrense; sobre todo, en los casos de la indígenas me’phaa y el de Radilla Pacheco, casos en los que emitió sentencias en contra del Estado mexicano.
Sin embargo, la presencia del Ejército en las calles pretende legalizarse con el pretexto de la violencia que ejercen los grupos de la delincuencia organizada, a pesar de que se ha demostrado que la presencia militar no ha resuelto el problema, pues no se han revertido los índices de violencia, y, por el contrario, lo que han aumentado son los índices de violaciones a los derechos humanos, sin que ninguno de los casos haya sido investigado.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, opinó al respecto que la experiencia empírica y el trabajo diario de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos «nos muestra que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vulnera los derechos humanos de las personas, pues a menudo cometen abusos contra la población, pero además, es una institución hermética, que se conduce en la opacidad en sus actuaciones y carece de controles civiles para que rinda cuentas».
Agregó: «Vemos necesario que las afectaciones de la iniciativa, sus impactos y estrategias puedan ser discutidos en Guerrero, que ha sufrido los embates de la militarización y sus efectos, y en ese marco dar voz a todas las víctimas».
El defensor de derechos humanos opinó que frente a este riesgo, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales deben abrir el debate sobre la creación de una Ley de seguridad interior, así como los riesgos y consecuencias que ello implica, «enfatizando en la necesidad de contar con una seguridad que ponga en el centro la integridad del ciudadano y que prescinda de las fuerzas armadas».
Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, alertó de que el Congreso y el gobierno quieren aprobar la ley de seguridad Interior para normalizar la presencia militar en la seguridad pública, con lo que darían «un cheque en blanco al Ejército para intervenir hasta en demostraciones pacíficas y para investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a presuntos delincuentes, tareas que deben tener la policía y los ministerios públicos».
Advirtió de que con ello le están entregando todo el poder a una sola autoridad.
Recordó que desde que el presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para pelear la guerra contra las drogas, la violencia en el país se ha generalizado «y vivimos en la impunidad casi absoluta».
Destacó que hay 52 mil elementos desplegados, 213 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos, «y el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere. Estamos sumidos en una crisis de derechos humanos; basta con ver la participación de militares en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa», dijo.
Recordó que el propio secretario de la Defensa ha expresado que el Ejército y la policía no se pueden intercambiar.
«A las fuerzas militares las entrenan para usar la fuerza contra un enemigo armado y vencerlo. La policía está pensada para enfrentar las amenazas a la seguridad con la menor cantidad de fuerza posible y combatir delitos con la cooperación de la población», dijo.
Consideró que México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia, pero que el Estado ha fallado en la capacitación de policías confiables que sirvan para prevenir el crimen «y esta ley posterga la tarea aún más».
En suma, advirtió: «La ley de seguridad es una amenaza para la democracia; y hay que visibilizar las consecuencias atroces que ya ha tenido la estrategia de seguridad».
Para el defensor de derechos humanos, «todavía estamos a tiempo para detener la aprobación de una ley que nos acerca a la realidad de un régimen militar». 