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Dudan periodistas de
las buenas intenciones
de Astudillo

 

Zacarías Cervantes

 

 

 

Periodistas de Guerrero. Reacción. [Foto: José Luis de la Cruz]

 

 

 

 

 

El mediodía del miércoles 24 de mayo, los secretarios del gabinete de seguridad y el de salud del gobierno estatal, se reunieron en Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para tratar un asunto público: las acciones para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

A la reunión, llegaron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Sotelo Rosas, y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Por la cautela con que se desarrolló el cónclave, diríase que se trataría un asunto materia de secreto de Estado. Pero no. Lo que el secretario de Gobierno informó al gobernador Astudillo fueron las medidas y acciones que anunció la Federación el 22 de mayo en la Ciudad de México en una reunión de la Secretaría de Gobernación con los secretarios de gobierno de todos los estados.

El propio gobierno estatal anunció ese día mediante un boletín las suyas.

Se trata, informó el gobierno estatal, de acciones para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a llevarse a cabo a mediano y largo plazo, pues serán bajo las pautas que determine la Secretaría de Gobernación federal en coordinación con la Secretaría General de Gobierno de Guerrero.

Las acciones son: 1) designar a un fiscal especial para la atención a periodistas, 2) crear una unidad de atención a periodistas, 3) enviar una iniciativa de ley al Poder Legislativo para la atención a defensores de derechos humanos y periodistas, 4) capacitación sobre el mecanismo internacional de protección, 5) elaborar un catálogo de periodistas en riesgo y 6) elaborar un mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas.

Las medidas asumidas por los gobiernos federal y estatal se plantearon a raíz el asesinato en Sinaloa del periodista y escritor Javier Valdez, así como por la retención, amenazas y robo por la delincuencia organizada a siete periodistas –uno de ellos de origen Alemán– el 13 de mayo, cuando los reporteros viajaron a Tierra Caliente a cubrir la violencia generada por grupos delincuenciales.

Acostumbrado decidir y aplicar políticas públicas de manera vertical, el gobierno de Héctor Astudillo asumió las medidas en lo oscurito, a espaldas de los beneficiarios de dichas acciones: los periodistas y los defensores de derechos humanos, a quienes no se les consultó y sólo se les informó de ellas mediante un boletín. Antes habían sido consensuadas en la reunión privada ese 24 de mayo.

Dos días después, dirigentes de agrupaciones de periodistas declararon que las medidas anunciadas por el gobierno estatal para la protección de los reporteros no resuelven de fondo el problema de la violencia que ha trastocado a su gremio, y coincidieron en que son acciones unilaterales.

Sergio Ocampo Arista, dirigente de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) y uno de los que fueron privados de su libertad, amenazados y robados en Tierra Caliente, declaró que las acciones anunciadas por el gobierno no resuelven de fondo el problema, y admitió: «Son buenas iniciativas, eso no se puede negar, pero se hacen en un momento de coyuntura por la violencia hacia los comunicadores y eso las deslegitima».

El corresponsal de La Jornada, planteó también que los periodistas no son ciudadanos de excepción «o de primera categoría; somos iguales que todos los ciudadanos», y agregó que lo que pretende el gobierno ahorita es salir del paso al problema a escala nacional, que es el de la violencia contra los periodistas.

Por su parte el dirigente de la delegación 17 del SNRP, Eric Chavelas Hernández, dijo que las acciones son «desde el parecer de ellos (del gobierno)» y que la opinión de los periodistas es que se debería de trabajar en conjunto para determinar qué tipo de medidas se deben establecer».

«Son medidas unilaterales; nunca se consultó a los compañeros (sobre) cuáles son  sus  necesidades en materia de seguridad o de riesgo, como hubiera sido si de verdad quisieran hacer algo bien», recriminó el fotógrafo de El Sur.

Explicó que las medidas cautelares se aplican porque no está funcionando el sistema y no está trabajando bien el gobierno. «En este caso hay agresiones y asesinatos porque no hay seguridad; incluso, algunos compañeros que han sido asesinados han tenido estas medidas cautelares. Por eso sentimos que hay complicidad entre el gobierno y los grupos o delincuentes que han asesinado a los compañeros», dijo.

Para Chavelas Hernández, el gobierno debería de preocuparse por resolver el problema de inseguridad y violencia en general, y no solamente por proteger a un sector.

Por su parte, Luis Flores Lonazkuo, miembro de la dirigencia del Club de Periodistas del Estado de Guerrero,  opinó que si el gobierno del estado tiene realmente el interés de resolver el problema de agresiones a los periodistas tiene que «abrirse» y convocar a los periodistas y escuchar todas las voces.

Además, dijo que los periodistas no deben ser un sector exclusivo. «Somos parte de la sociedad; y la solución del problema de violencia debe ser para todos», opinó y agregó: «Sería bueno que el gobierno del estado se abra a todos los sectores para resolver el problema de la violencia».

Cosideró que eso le sirve más al gobierno, porque con ello construye una nueva relación Estado, prensa y sociedad.

Por otra parte, criticó la forma cómo el gobierno del estado pretende resolver el problema de los siete periodistas que fueron privados de su libertad, amenazados y robados el 13 de mayo cerca del entronque a la carretera hacia Acapetlahuaya, en el sentido de que los está llamando de manera individual para ofrecerles un «apoyo» para reponer el equipo que perdieron, pero no como una reparación del daño.

«Yo creo que más que apoyarlos por los bienes que les robaron, el gobierno debe investigar y profundizar, porque el problema de los asaltos y los robos, no solamente se cometen  en contra de los periodistas, sino contra todos los ciudadanos», dijo y señaló que los delitos siguen ocurriendo porque no se investiga ni se castiga a los responsables.

Insistió en que lo más importante es que se esclarezcan las cosas, «porque lo que sufrimos nosotros, también lo sufren los ciudadanos».

Gobernar sin consultar a los sectores sociales o aplicar políticas públicas que elaboran funcionarios desde la comodidad de sus oficinas, sin preguntar a quienes van dirigidas si son buenas o realmente resolverán los problemas, parece que es la práctica del actual gobierno.

Como las acciones para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la administración de Astudillo Flores, antes, también envió al Congreso local sin una consulta previa, las reformas al artículo 14 de la Constitución Política del estado, con las que se armoniza la seguridad que implementa el Gobierno con el sistema de seguridad y justicia comunitario indígena que aplica la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Igual ocurrió con las reformas a Ley Estatal de Víctimas, en las que supuestamente se abre la participación de los colectivos y familiares de las víctimas.

 

 

 

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