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Desarme de autodefensas:

Estrategia de alto riesgo

 

Zacarías Cervantes

 

 

 

Osorio Chong y Astudillo. Juego peligroso. [Foto: Internet]

 

 

 

 

 

El gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el federal de Enrique Peña Nieto, tienen un grave problema en Guerrero. Las autodefensas se les han salido de control y quieren desarmarlas. Por lo menos así lo han sugerido Héctor Astudillo Flores y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero hacerlo traería consecuencias impredecibles.

«No saben los conflictos que se desatarían», les advirtió el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza.

En su visita a Chilpancingo, el 18 de julio, Osorio Chong, advirtió que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan los grupos de autodefensa que se hacen llamar policías ciudadanas o comunitarias. Declaró que el gobierno federal tiene información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.

«Que quede claro: la potestad de la seguridad está en manos de los gobiernos municipales, estatal y federal; nada permite, bajo ninguna razón, que se pueda armar la sociedad, porque entonces estaríamos en la anarquía a la que algunos quisieran que llegáramos. De ninguna manera lo vamos a permitir», advirtió el encargado de la política interna del país.

Aunque aseguró que el gobierno está dialogando con estos grupos. «Por supuesto que también se está actuando conforme a derecho y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho en algunas comunidades y en algunos municipios en días recientes», dijo a cuatro días de que el Ejército y la Policía Estatal habían presumido que ya tenían el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera la autollamada policía comunitaria del grupo Por la Paz y Justicia.

Y luego anunció que el gobierno federal va a seguir adelante con estas acciones. «Porque además, sí creemos y tenemos información de que por parte de algunos grupos de la delincuencia se está azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales. Y eso tampoco lo vamos a permitir», advirtió.

A un lado de Osorio Chong, que ese día improvisó una conferencia de prensa en la cancha de la colonia Capellanía, de Chilpancingo, donde encabezó una reunión, estaba el gobernador Astudillo Flores, quien escuchó y asintió complacido las declaraciones del alto funcionario federal.

El gobernador había venido declarando que los grupos de autodefensa o policías ciudadanas que no están amparadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, están fuera de la ley, con lo que insinuó que deben ser desarmadas.

El martes 25, el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, declaró que

el gobierno del estado cuenta con un diagnóstico de las autodefensas y policías ciudadanas o comunitarias que actúan al margen de la citada ley, y se propone recuperar con la participación de los tres órdenes de gobierno, la seguridad en las zonas donde actúan.

Sin embargo, nueve días después, (el 27 de julio), el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, con más conocimiento de causa de lo que implicaría un desarme de los grupos civiles armados advirtió: «Quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso yo que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían».

Entrevistado en las instalaciones de la 35 Zona Militar, el alto mando militar declaró que, en efecto, tienen indicaciones de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas, pero que están privilegiando el diálogo y los acuerdos con estos grupos.

El general reconoció que se han dado (con los grupos de autodefensa) ciertas fricciones, pero dijo: «Estamos trabajando en ello, tanto las autoridades municipales, que son las que deben de actuar primero, las autoridades estatales y nosotros».

Citó el caso de Tlaltempanapa, en donde hubo el compromiso de que el Ejército y la Policía Estatal se harían cargo de la seguridad, pero el grupo civil armado sigue controlando el pueblo.

Al respecto aclaró: «La verdad es que hay un compromiso con las autoridades de los tres niveles de gobierno, de coordinarnos, no sólo con ellos, sino con todas las autoridades», con lo que admitió que en este caso está de por medio primero la negociación y no el uso de la fuerza para desarmar a los integrantes del grupo por la Paz y la Justicia.

En efecto, unos son los deseos de algunas autoridades, como el gobernador y el secretario de Gobernación, de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego a esos grupos, y otra es la realidad y las consecuencias que implicaría.

El mismo caso de Tlaltempanapa lo demuestra. Allí, los pobladores rescataron a cuatro detenidos por el Ejército y la Policía Estatal, acusados por el asesinato de un indígena de Quietzalcoatlán y las lesiones a otro.

Los cuatro implicados en esos hechos, habían sido detenidos por efectivos del Ejército mexicano en esa comunidad durante una operación en la que también participaron policías estatales.

Ese día también decomisaron cerca de 20 motocicletas y unos cinco vehículos que utilizaban los miembros de la autodenominada policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia.

Sin embargo, al día siguiente, unas 80 personas, entre ellas, mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos llegaron al auditorio municipal de Zitlala, la cabecera municipal, y no sólo les arrebataron a los militares y policías a los cuatro detenidos, sino que también se llevaron las motocicletas y los vehículos que habían decomisado el día anterior.

Antes, habían acordado que el Ejército mexicano y las corporaciones estatales se harían cargo de las funciones de seguridad en la zona; además, que personal del Ejército mexicano establecería dos puestos de control en la entrada principal y salida de la población, desde donde coordinaría operaciones de vigilancia y reconocimiento; asimismo, que la población y policía comunitaria no se «entrometerá» en las actividades de patrullaje y reconocimiento del Ejército y las corporaciones policiacas.

También acordaron que cualquier persona que fuera sorprendida portando arma sería desarmada y detenida, y, además, Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de los comunitarios, se comprometió a entregar a los cuatro presuntos responsables del asesinato de Benigno Marabel Tlatempa y de las lesiones a Salomón Lara Tlatempa, indígenas de la comunidad de Quetzalcoatlán, atacados la tarde del miércoles 26 a la salida de Zitlala.

En este caso, también unos fueron los acuerdos y otra la realidad. El presidente del Colectivo Siempre Vivos, de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido acusando al grupo de supuestos comunitarios de pertenecer al grupo criminal de Los Ardillos, aseguró que los civiles armados siguen asumiendo el control en esa comunidad.

Las posturas del gobernador y el secretario de Gobernación también fueron rebatidas por la coordinadora de Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Ruth Delgado Bahena, quien les respondió que si el Estado garantizara la seguridad no existirían las autodefensas o grupos de policías comunitarias o ciudadanas, pero que, lamentablemente, la inseguridad es creciente y que es necesaria la presencia de estos grupos.

Mientras tanto, el promotor de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, que recientemente surgió en Zihuatanejo, Artemio Sánchez Sánchez dijo: «A lo mejor el secretario (Miguel Ángel Osorio Chong) tiene razón, pero él vive en México, y aquí, de este lado, son nuestras familias las que están en peligro».

Agregó que el problema aquí, es que no hay seguridad. «Por eso donde quiera se está defendiendo la gente; por eso yo creo que no hay otra solución; ya no se puede andar de otra forma, y es mejor que nos reconozca el gobierno para andar bien, porque si no, de todos modos vamos a andar así: armados», advirtió.

El campesino retó: «Yo pienso que aquí vamos a seguir, mientras Dios nos preste vida, porque si no, esa gente se va a seguir metiendo». Y recordó que antes de que se conformaran como policía rural, muchas veces pidieron el apoyo de los gobiernos federal y estatal y nunca se los dieron.

A su vez, la coordinación general de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se manifestó abierta al diálogo, pero advirtió que también está preparada «para todo», con tal de defender su derecho a la seguridad y vivir en paz. «Cosa que usted no sabe garantizarnos», reprochó al gobernador Héctor Astudillo Flores.

La agrupación respondió mediante un pronunciamiento al gobernador, quien había dicho que la UPOEG está fuera de la ley porque usa armas reservadas al Ejército y actúa fuera de territorios indígenas.

La agrupación retó: «Intente desarmarnos, pero también deje sobre su escritorio la renuncia como gobernador. Porque no crea que los pueblos lo vamos a permitir fácilmente y usted es el único responsable directo de todo lo que pase».

El texto fue distribuido al Facebook, y dos días después el promotor estatal de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se deslindó de ese comunicado. Pero ya era demasiado tarde: había alcanzado por lo menos cinco mil visitas.

El problema es que los gobiernos federal y estatal, cuando les convino, dejaron crecer a los grupos de autodefensa, policías ciudadanas y comunitarias que no están bajo el amparo de la Ley 701. Hubo omisión en algunos lugares, incapacidad en otros, y, en algunos más, incluso, complicidad.

Hoy es demasiado tarde. Quienes los solaparon quisieran que hubiera una acción más contundente de las fuerzas armadas, pero, como dijo el general Jiménez Mendoza, «no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero, no saben los conflictos que se desatarían»..

 

 

 

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