Seguir:
Facebook
Twitter

opinión

 

 

 

 

LA MUERTE
COMO
DESTINO

 

José María Hernández Navarrete

 

 

 

 

 

 

Algo grave sucede en el Grupo de Coordinación Guerrero. Hay signos altamente significativos que denotan en el interior del organismo encargado de la seguridad en el estado división o, mínimamente, descoordinación en la realización de los operativos entre las distintas dependencias que lo componen.

Solo habría que esperar, en caso de una probable división interna en el estatal, que ésta no sea reflejo de algo similar en la coordinación federal en asuntos de seguridad, integrada por las principales secretarías y por el presidente Enrique Peña Nieto. Esta presunta división, que no es una descoordinación como es muy probable afirmarlo de manera superficial y con la intención de esconder un disenso institucional, ha llevado a la muerte a policías federales.

En la madrugada del 19 de junio pasado, un contingente de 40 elementos de la Policía Federal, transportándose en ocho camionetas, fueron emboscados por el grupo criminal Los Tequileros. Iba en busca de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero. El operativo de la Policía Federal pasó por tres puestos de control del Ejército y la Policía Estatal, dos en el puente de San Miguel Totolapan y otro a 500 metros de la entrada a la comunidad de San Antonio La Gavia, lugar donde se había identificado que se encontraría Jacobo de Almonte.

En esta acción, fallecieron tres federales y otros siete resultaron heridos, además de un civil armado también muerto. «Informes oficiales señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana (…) Un registro de la Policía del estado indica que sus elementos vieron a los federales cuando entraban a San Miguel Totolapan y que les marcaron el alto en los puestos de control, pero no se quisieron detener.

«En un boletín, la Policía del Estado informa que desconocía de la misión y no sabía del grupo que estaba entrando a San Miguel, es decir, esta corporación no se coordinó con el Operativo Relámpago que funciona desde hace un mes, pero que no ha reportado resultados» (El Sur, 20-junio-17, pág. 10).

Cuando el grupo federal fue recibido a tiros por Los Tequileros desde diferentes frentes y se percató de la emboscada, pidió apoyo por radio a la Policía Estatal y al Ejército. Este último llegó al lugar de los hechos casi tres horas después de la confrontación. ¿Por qué si el último puesto está a 500 metros de La Gavia y a casi seis kilómetros de San Miguel, llega la ayuda casi tres horas después? Si fue una acción unilateral, sin el conocimiento de los demás, ¿entonces, de qué vale el Grupo de Coordinación Guerrero si no hay corresponsabilidades y decisiones colectivas con participación conjunta? Ninguna. Lo menos, un elefante blanco, ineficaz y meramente un instrumento burocrático, lugar donde se echan «la bolita» unos y otros, donde se desvanecen culpas y sirve de sillón terapéutico.

Pero el hecho anterior, no fue suficiente. La Policía Federal no aprendió la lección de La Gavia en el que perdieron la vida tres de sus compañeros y siete más salieron heridos. Ahora, alrededor de las 9:00 de la noche del 25 de julio, en la población de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, la Policía Federal tuvo un enfrentamiento con civiles armados, con un saldo de un muerto y dos heridos. Cabe señalar que de manera paralela, en Chilpancingo, capital del estado, había una serie de automóviles públicos y particulares incendiados, según, con el propósito de distraer la atención de las autoridades civiles y militares de los hechos en la población serrana.

Así como en La Gavia, en Chichihualco se dieron declaraciones de los policías federales participantes en que desconocían el lugar de la operación, se les había enviado sin guías que los orientaran y hubieran cumplido con las órdenes de sus superiores. En el Caso de La Gavia, los heridos fueron entrevistados por el noticiario En Punto, de Televisa, y declararon que «no se avisó a ninguna de las autoridades federales y estatales que entrarían a la Gavia, “no, a nadie, se les avisa, Desgraciadamente sabemos que hay mucha resistencia de las autoridades locales, pues están un tanto inmiscuidas o metidas con este tipo de bandas… en cuanto estacionaron las camionetas de inmediato fueron atacados, que los agresores estaban apostados en varios lugares en una especie de U, nos tenían a tiro, por así decirlo,… no sé quién les haya avisado… la herida me permite seguir todavía hasta las nueve de la mañana que llegó el Ejército”» (El Sur, 22-junio-17, pág. 4).

En tanto, en Chichihualco, «Los agentes de la Policía Federal que fueron atacados a balazos por civiles armados la noche del martes -25 de julio- en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, en donde murió un uniformado y dos más resultaron heridos, estaban en una operación de seguridad, pero no conocían el lugar y los mandaron solos, revelaron policías de la corporación… los policías no conocían Chichihualco y sólo con el GPS del celular llegaron a la zona para brindar seguridad poco antes del enfrentamiento… lamentablemente nos mandan a lugares que no conocemos y no nos orientan para llegar…» (El Sur, 27-julio-17, pág., 10).

No hay más palabras. Las declaraciones de los propios policías son contundentes, lapidarias. En este aspecto, como bien se entiende, las acciones cuando menos algunas de la Policía Federal son realizadas de forma unilateral y al margen del Grupo de Coordinación Guerrero. No hay confianza de manera manifiesta. Se duda de la confiabilidad de las fuerzas participantes. Si es así, la violencia criminal en el estado de Guerrero continuará por mucho tiempo, es una solución sin una perspectiva positiva en el corto plazo. Porque así como a estos policías, sin coparticipación de otros, a enfrentar un fenómeno con muchos rostros y cuerpo invisible, los enviaron a sacrificar su vida con tal de dar la impresión que desde las instituciones del Estado mexicano se lucha sin cuartel contra el narcotráfico, es todo lo contrario; además, son los beneficiarios y usufructuarios de las grandes e inimaginables ganancias por el tráfico de drogas.

Cuando John Kelly, todavía secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, vino de visita a Guerrero, sobrevoló los campos serranos sembrados de amapola, no para ver el grave peligro en el que se encuentran sus conciudadanos por el apetito a las drogas, sino que vino a observar el gran negocio que se abre para ambos países (léase la clase gobernante) en la cooperación en contra de los carteles mexicanos, porque se apropiarían del monopolio.

Por último, brevemente, otro caso pero con el mismo perfil. Los cinco policías muertos en el robo de casi un millón de pesos en un camino de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja, no estaban evaluados ni capacitados ni estaban registrados en el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que no tienen derecho al seguro de vida, dicen las autoridades estatales. En estas condiciones, sin duda, estos policías, como muchos otros en Guerrero, se encuentran en la misma indefensión, tanto frente a las autoridades civiles como en contra de grupos delincuenciales, porque no hallan el apoyo de nadie y también tienen, entonces, la muerte como destino. ¿A dónde va Guerrero?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M E N T A R I O S