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opinión

La esquina de Xipe

Eduardo Añorve

 

 

 

 

El reconocimiento
constitucional de
afromexicanos,
botín de políticos

 

 

 

 

 

La mejor prueba de que el tan traído y llevado reconocimiento constitucional del pueblo y las comunidades afromexicanas es un botín de políticos de distintos partidos es que su inclusión en la polémica Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero se realizó sin un proceso de consulta previa, libre, directa o indirecta (y legítima), de buena fe, adecuada, informada y consensuada, la cual fue aprobada sin pena por diputados de varios de ellos. En realidad, ese reconocimiento en la Constitución del estado de Guerrero (y posteriormente en la del de Oaxaca) fue una concesión de la derecha en el poder, la cual, a partir del gobierno de Vicente Fox dejó la concepción del mestizaje como ideología, para pasar a la de la multiculturalidad. Así, le correspondió a Zeferino Torreblanca Galindo y a Gabino Cué Montelongo concederles a presuntos luchadores por los derechos de los pueblos y las comunidades afromexicanas de estos estados ese botín, el reconocimiento en las constituciones locales.

Posteriormente, en los últimos cinco años, fundamental e insistentemente, grupos de activistas orgánicos –integrados y obedientes de algún modo al sistema– comenzaron a «luchar» porque ese reconocimiento se diera a escala federal, con el argumento de que estos pueblos y comunidades estaban marginadas, en la pobreza, y, por lo tanto, debían destinarse recursos económicos específicos para su desarrollo. A diferencia de estos movimientos elitistas, de grupos de personas más o menos escueleras y estudiadas, en otras partes del país se dieron movimientos más auténticos, al margen de los gobiernos locales (excluyo de estos a los académicos de universidades del centro del país, como la UNAM, la UAM, la UACM, entre otras, que militan en este movimiento); ello ocurrió y ocurre, por ejemplo, en Ciudad de México, en Veracruz, en Michoacán y en Coahuila.

Precisamente, en esta lucha por «bajar» proyectos, las organizaciones orgánicas de Guerrero y Oaxaca se han ido engrosando en los últimos años, creándose nuevas y acudiendo al manido acto de realizar un encuentro de pueblos negros, afros o como se les antoje llamarse, con esa demanda de reconocimiento constitucional, basada en una falsa interpretación de las condiciones de pobreza de estos pueblos y comunidades. En el caso de Guerrero, los dos últimos subsecretarios de Asuntos Afromexicanos (Bulmaro García y Benigno Gallardo), dependientes de la Secretaría de Asuntos Indígenas (y Comunidades Afromexicanas, según le agregó este gobierno estatal) fueron nombrados al margen de la población que dicen representar, como un acto de gobierno arbitrario, igual a como ocurre en el ámbito de los pueblos originarios o indígenas. Y a pesar de «estar representados» en el gobierno estatal, nuestras comunidades ni se interesan en el tema ni tienen beneficios (excepto algunos individuos y grupos afines a ellos).

Por algunos años, estos grupos empujaron porque el INEGI incluyera a ciertas comunidades en el conteo intercensal que realizan, lo que consiguieron en 2015, con resultados desastrosos, como escribí en su oportunidad. Y ahora viene el censo de 2020, donde se incluirán preguntas para «distinguir» a los afromexicanos del país. Sin embargo, el problema sigue siendo uno: no se ha informado lo suficientemente a la población de la cual se espera una respuesta positiva. Ya se mostró en 2015: los preparativos para afrontar el conteo se hicieron al vapor, sin metodología, sin interesar y sin la participación de la gente, con mala información, etc. Ya veremos cómo se dan las cosas en 2020; pero los resultados de este conteo fue un golpe para las pretensiones de estos grupos orgánicos, pues no se demostró eso de la pobreza y la marginación, pues los pueblos indígenas y originarios aparecen más abajo de los afromexicanos, quienes vamos con la media nacional, aunque cabe aclarar que la Costa Chica es una región de gran marginación a escala nacional, pero que también aquí convivimos ambos dos: indígenas y afromexicanos.

Pero ahora ha comenzado otra moda (en este decenio en que los afrodescendientes del mundo están de moda, por mandato de la ONU), la de inaugurar museos de cultura afromexicana. Hace unos días, dos políticas provenientes del PRD –que no de la izquierda, como les gusta presumir– inauguraron un museo en Huehuetán, acto por demás demagógico, aunque propagandístico, claro está. En sus discursos –que vienen de tiempo atrás–, las hermanas Beatriz y Teresa Mojica Morga mostraron ignorancia y oportunismo, demagogia, politiquería, pues.

En el acto de inauguración –al cual se dieron el lujo de llevar a periodistas desde Acapulco–, por ejemplo, según una nota publicada el 22 de julio en El Sur, con la firma de Óscar Ricardo Muñoz Cano, «…otro de los invitados especiales, Beatriz Mojica, líder nacional de Partido de la Revolución Democrática, reiteró la importancia de reconocer a los afrodescendientes “no sólo de Guerrero sino de todo nuestro país; nuestra tercera raíz tiene su nacimiento en estas tierras, en las costas de Guerrero”». ¿Ignorancia?, ¿mala información?, ¿descuido? ¿Qué entenderá esta líder nacional del PRD por «nuestra tercera raíz»?

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Afromexicanos, Benigno Gallardo, le enmendó la plana al INEGI, en su conteo de 2015, y asegura –según nota del reportero amuzgo Misael Damián para La Jornada Guerrero– que fue «un trabajo imperfecto, incompleto e insuficiente, y queremos que le busque un mecanismo adecuado para que en el 2020 nos cuente conforme a nuestro perfil sociodemocrático (sic)». Será interesante conocer cuál es el perfil sociodemográfico de los afromexicanos, el que no supo conocer o reconocer el INEGI. Y, continúa el reportero, «expuso que con el conteo de la dependencia federal les redujo un siete por ciento en el estado de Guerrero, cuando son “aproximadamente cuatrocientos veinte mil guerrerenses, somos el 1.2 por ciento de la población nacional”».

Y, ya de plano, «expuso que a diferencia de otros estados, en Guerrero no tienen dificultades en los programas gubernamentales, “no tenemos dificultades, tenemos apoyos igual que los indígenas, pero lo que nos falta a nosotros como pueblo, tener organizado, reconocernos a nosotros mismos y proponer políticas públicas”, puntualizó». Hasta aquí, la nota de Misael Damián. Vale preguntarse qué entiende o qué nos quiere decir este funcionario-activista o activista-funcionario con eso de que los afromexicanos de Guerrero no tienen dificultades para tener apoyos de los programas gubernamentales; tal vez debería darse un paseo por esos pueblos y municipios que dice representar para que vea cuál es el verdadero perfil sociodemográfico de «sus representados».

Pero ésa es la paradoja: son funcionarios o políticos profesionales quienes ahora se han montado en el «movimiento» por el reconocimiento de los afromexicanos en la constitución federal, haciendo de cuenta que son activistas, como puede desprenderse de las declaraciones de los dos mencionados, Beatriz Mojica y Benigno Gallardo. Los pueblos y comunidades, por su cuenta, permanecen ajenos a estas problemáticas y luchas por cotos de poder. También es paradójico que, siendo los mismos recursos, ahora tengan que partirse en indígenas y afromexicanos; es decir, hay que pelear por ellos, hay que formarse en la ventanilla, hay que tener quien palomee el proyecto, hay que ser cliente de alguno de estos grupos para tener acceso a esos recursos. O líder, que da más dividendos a favor. Y conviene también fundar un museo de la cultura afro, claro está. A fin de cuentas, tanto para indígenas, como para afromexicanos, como para mexicanos (que antes llamaban mestizos), el apotegma sigue funcionando: Vivir fuera del presupuesto es vivir en un error. No importa la causa o la bandera. Bueno, a fin de cuentas los afros están de moda…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M E N T A R I O S