Campesinos de San Juan Totolcintla. Justa inconformidad.
[Foto: Trinchera]

Fertilizante:

Protestas, sin motivaciones políticas: campesinos

Zacarías Cervantes

Joaquín Miranda Villegas, Melquiades García Ríos y Alfredo Estrada Rendón no son políticos ni pertenecen a partido alguno. En las elecciones del 1 de julio de 2018 votaron por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero no militan en ese partido. Son campesinos indígenas de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), un pueblo nahua ubicado en la ribera del río, en la zona del Alto Balsas.

En ese pueblo, hasta el año pasado, trescientos productores de maíz estaban inscritos en el programa de fertilizante gratuito. Este año, solo ciento diecisiete quedaron en el padrón; de ésos, hasta la semana pasada, solo treinta y ocho habían recibido una parte del abono; setenta y nueve estaban en la incertidumbre. Esto justo cuando el gobierno federal anunció que el martes 6 de agosto se cierra el programa.

El caso de los tres nahuas de San Juan Totolcintla confirma que las protestas, los bloqueos a carretera y los saqueos de bodegas no tienen motivaciones políticas ni responden a intereses partidistas, sino que se trata de inconformidades por uno de los mejores y pocos programas apoyados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Guerrero. Un programa que fracasó, o cuando menos no aterrizó bien en las comunidades rurales e indígenas.

Este año a los productores del maíz, no solo les afectó el retraso en la entrega del fertilizante; también los requisitos excesivos que en algunos casos dejaron fuera del padrón a más de la mitad de los productores que antes eran beneficiarios, y, además, la entrega se realizó a cuentagotas en todo Guerrero.

Las consecuencias fueron evidentes y contradicen las declaraciones de funcionarios federales encargados del programa y diputados locales de Morena afines al delegado del gobierno federal en la entidad, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, respecto a que las protestas e inconformidades tienen motivaciones políticas y partidistas y que son encabezadas por dirigentes sociales que esta vez no se beneficiaron del programa como antes.

Es claro que los funcionarios y diputados no saben del tema ni conocen el campo. En cambio, las declaraciones de Joaquín, Melquiades y Alfredo son de gente que vive en medio del surco, en la cima del cerro o en las márgenes del río Balsas. Viven del maíz, que la próxima temporada será escaso.

Joaquín Miranda Villegas describió que en su región empiezan a sembrar regularmente en junio y que el fertilizante lo recibían cuando era entregado por los ayuntamientos en mayo. «Antes de que caiga el agua y se descompongan las brechas para poder trasladarlo sin complicaciones a las comunidades», explica.

Sin embargo, reprochó que este año, a finales de julio todavía no se entregaba a muchos de los campesinos. Tan solo en su pueblo, no lo habían recibido hasta el 31 de julio, setenta y nueve de los ciento diecisiete que quedaron en el padrón. Otros ciento ochenta y tres definitivamente no fueron incluidos.

Joaquín Miranda y Melquiades García no recibieron el fertilizante porque ni siquiera aparecieron en el padrón, mientras que Alfredo Estrada apenas recibió un paquete que le alcanzó para una hectárea, aunque regularmente siembra dos o tres.

Melquiades García explicó que esto se debió al cambio de la normatividad, en los requisitos que les pidieron para comprobar que son productores, pues le exigieron títulos de propiedad de la parcela que siembran. «Pero los que sembramos en Bienes Comunales no tenemos ese documento», aclara.

A los campesinos en esta situación, además de que finalmente no les dieron el insumo, los hicieron gasta mucho. «Nos hicieron dar varias vueltas. Primero nos dijeron que el Ayuntamiento tendría que avalar las constancias a través del síndico; cuando llevamos los documentos, nos dijeron que siempre no, que tenía que ser el Registro Agrario Nacional (RAN), porque es el único facultado que debe conocer las mediciones de los terrenos», explica Melquiades. Al final, quedó fuera del listado de beneficiarios.

Comenta que muchos campesinos se entusiasmaron cuando escucharon que a partir de este año, el fertilizante sería gratuito para todos los campesinos. «Pero ahora estamos desilusionados, porque solamente nos hicieron gastar y nos hicieron andar dando vueltas y, finalmente, la mayoría no lo recibió», lamenta.

Los campesinos de su pueblo vinieron a protestar el 10 de julio a la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); incluso, tomaron las oficinas, acompañados por otro grupo de Ahuetlixpa, también del municipio de Mártir de Cuilapan, pero dicen que nomas los engañaron, les aseguraron que las bodegas estaban llenas de fertilizante, que esperaran su turno.

Melquiades mencionó que ahora los funcionarios se quejan de que los campesinos se están metiendo a las bodegas para llevarse el fertilizante, pero asegura que no es culpa del campesino, sino de los funcionarios «que están engañando y no lo están entregando en tiempo y forma».

En respuesta a las declaraciones de funcionarios del ramo y de diputados de Morena, del grupo del delegado Pablo Amílcar Sandoval, de que atrás de las protestas hay intereses políticos, de partidos y de organizaciones, y que no hay crisis en el reparto del fertilizante, dijo: «Cuando dicen los políticos que no hay problema, es porque ellos no conocen, no sienten la necesidad del campesino, viven en la ciudad.

»Aquí platican de otras cosas, pero no saben cómo se siente cuando no se puede conseguir el fertilizante. Más cuando están anunciando que va a ser gratis para todos los campesinos, para los más necesitados, como dicen, primero los pobres, pero a los primeros que están dejando fuera son a ellos, a los pobres».

Y en seguida argumentó: «Pero como quiera que sea, ya sean de cualquier partido, a los campesinos les afecta a todos por igual, no importa de qué partido sean. El campesino vive del campo, su esperanza está en su siembra, porque de ahí va a sostener a su familia, seas del PRI o del PAN».

Con respecto a que todavía es tiempo para abonar las milpas, como ha asegurado el mismo grupo de políticos, Joaquín Miranda Villegas explicó que para los que sembraron a tiempo, en junio, ahorita ya no les sirve.

«Ya se le pasó el tiempo a la milpa. Cuando se pone de este tamaño (trata de mostrar el tamaño con las manos), entonces se le echa su fertilizante, para que se levante bonito; después ya de nada sirve, ya no crece, ya pasó su tiempo. Ahí se queda, ya no da igual o no da nada».

Explica que los que siembran en las llanuras o a orillas del río, en los lugares húmedos, todavía alcanzarán a aprovechar el abono si se los dan en estos días, pero los que sembraron en el cerro y en lugares pedregosos, ya no.

Dice que sus vecinos de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, por eso se desesperaron y fueron a sacar el fertilizante de la bodega, porque todos sembraron en el cerro, y es allí donde necesitan más el fertilizante.

Joaquín Miranda explica que, por ejemplo, él cosecha cada año dos y media toneladas de maíz y que ahora no tiene ni idea de cuánto va a cosechar. «Es triste; será nomás lo que la tierra quiera dar», se queja.

La familia de Joaquín la componen cinco miembros: él su esposa y tres hijos. Viven de la cosecha del maíz, que por lo regular es en noviembre. «Ahora tendré que salir a buscar a otros lados para que vaya habiendo algo para la familia».

Alfredo Estrada Rendón vislumbra que los que más o menos tienen recursos podrán comprar maíz, pero los que no, van a buscar cómo mantener a su familia.

Joaquín dice que en su comunidad están enfrentando reclamos de algunos de los campesinos que no recibieron el fertilizante, porque ellos los motivaron a que ya no salieran a trabajar a otros lugares y que mejor se quedaran a sembraran sus tierras, ya que desde antes de la temporada les prometieron que habría fertilizante gratis para todos.

«Pero ahora nos echan la culpa de que se quedaron y no les dieron abono, y a lo mejor sí tenemos la culpa, porque nosotros también nos creímos. Ya ni modo», se resigna.

Y mientras la polémica entre los gobiernos estatal y federal, entre dirigencias de partidos y grupos políticos que ya se encaminan rumbo a las elecciones del 2021 utilizando el programa como bandera, opinando a favor o en contra, según su conveniencia, cientos de campesinos siguen exigiendo la entrega del abono que no les había llegado aún, a tres días de que se cierre el programa.

El sábado 3, unos quinientos indígenas nahuas de Chilapa y Zitlala bloquearon por más de ocho horas la entrada de la cabecera municipal de Chilapa en la carretera Chilpancingo-Tlapa en demanda de que les entregaran el insumo.

Los campesinos de por lo menos cuarenta y cinco comunidades de esos dos municipios de la montaña baja se instalaron en la entrada de Chilapa para exigir el cumplimiento de una minuta firmada el 26 de junio por Jorge Gage, coordinador del programa del gobierno federal.

La protesta la encabezaron regidores del PRD y de Nueva Alianza, de Chilapa y Zitlala, quienes informaron que unos cuatro mil campesinos de los dos municipios quedarían fuera del programa.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señala que la semana pasada, en vísperas de que se cierre el programa, de los diecinueve municipios de la región de la Montaña, cuando menos en quince de ellos los campesinos no había recibido completo el fertilizante.

Y es que a lo largo de la semana las protestas de campesinos se multiplicaron en esa región en demanda del fertilizante. Campesinos de Acatepec, Xalpatláhuac, Tlapa, Atlamajalcingo y Malinaltepec, agrupados en Frente Popular de la Montaña, bloquearon la carretera Chilpancingo-Tlapa.

Este bloque de campesinos esperaba desde hace tres semanas la llegada mínimo de seis tráilers con el sulfato.

Los del Frente Popular de la Montaña protestaban, además, porque doscientos cincuenta personas no aparecen registradas en el padrón y quieren que los reconozcan.

Por separado hubo protestas de campesinos del municipio de Alcozauca en la carretera de Ahuatepec Ejido, en demanda de otros seis tráilers del insumo. Mientras que campesinos de Tenamazapa, municipio de Tlacoapa, exigían otros diez tráiler de abono.

Abel Barrera dice que en esa región, de los quince municipios que aún no recibían el fertilizante o se los habían entregado incompleto, son los de Malinaltepec, Tlapa, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Tlacoapa, Cochoapa y Metlatónoc.

Explica que el temor de los campesinos es que estén dejando pasar el tiempo a propósito, para que la gente ya no presione y, segundo, para que se cierre la ventanilla el 6 de agosto y el gobierno diga que ya no hay fertilizante.

«Como que hay una apuesta a que, más bien, se cierre la ventanilla y digan que ya se agotó el insumo», teme.

Advierte que eso sería un riesgo, porque los productores van a volver a presionar esta semana. «Van a tomar las bodegas y a tomar las carreteras, porque la gente vive solamente del maíz. Y eso es atentar contra su propia sobrevivencia», prevé.

El director de Tlachinollan rechaza las declaraciones de un grupo de diputados de Morena, que en conferencia declararon que las protestas son por motivos políticos y de dirigentes de organizaciones que no se vieron beneficiados con el programa.

«La gente no se mueve por cuestiones de partido, la gente se mueve por el insumo que para ellos representa mejorar su siembra. Si al principio fue algún grupo político o alguna organización, ahorita son los pueblos, los productores», aclara.

Dice que en los cruceros en donde están los bloqueos, se verá que es la gente del campo la que protesta. «Son las señoras las que están allí; ahorita ya no está dando efectos una presión de grupos políticos», asegura.

Critica que los diputados tienen una «visión muy corta» y añade que lo preocupante es que ningún partido está dando la cara en los bloqueos. «Todo lo están arreglando desde el punto mediático, con declaraciones, pero nadie puede decir cuántas toneladas hacen falta, nadie tiene información veraz», analiza.

Denuncia que, por ejemplo, el coordinador del programa, Jorge Gage, sigue despachando desde la ciudad de México. «Aquí hay un operador que se llama Arnulfo, que desde una computadora está reprogramando los tráilers; y a todo mundo le miente. Y así, obviamente, que no se va a convencer al campesino, más, si no le está llegando ni siquiera lo de un paquete para una hectárea», expresa.

Desde su punto de vista, el problema es que hay un «descoordinación notable», pues asegura que en Guerrero solamente se puede hablar con ese encargado que es el que realiza la programación de los trailers.

Juan José Castro. Desconocimiento del campo.
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Del campo a la política

David Espino

Ni siquiera el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero sabe a ciencia cierta qué se cultiva en el estado. Cuando se le pregunta al respecto, Juan José Castro Justo, un viejo político sobreviviente de las caídas y ascensos del PRI en el estado, voltea a ver a sus colaboradores que lo rodean durante la entrevista. Uno de ellos, José Román Salazar, subsecretario de Agricultura, levanta la mirada y dice que saliendo del despacho, él proporcionará los datos.

Castro Justo tiene varios apuntes en su escritorio; y a cada pregunta duda y regresa a ver a sus subalternos o manda a llamar a otros. En cambio, el tema del fertilizante, ligado al cultivo de maíz, parece conocerlo muy bien. Dice que el año pasado se distribuyeron 203 000 toneladas, y en 2017, 210 000 para un padrón de 328 613 productores que siembran el grano en 454 000 hectáreas en las siete regiones del estado. No dice bien a bien por qué la diferencia de 7000 toneladas de 2017 a 2018, aunque infiere que algunas veces tiene que ver con la temporada de lluvias que predispone a barbechar la tierra.

Las aguas, como se le llama al temporal de lluvias en la jerga campesina, siempre son un elemento de abundancia o escasez en el campo. En el caso del maíz es vital. Si no llueve lo suficiente la milpa no crece, o se seca; si llueve demasiado, se pudre. Algo que dan por hecho los campesinos de Guerrero. Eso sí, nunca como ahora se había hablado del fertilizante como factor para esa fluctuación; incluso, como un tema de gobernabilidad, según las declaraciones del funcionario a la prensa en una conferencia el viernes 26 de julio.

Castro Justo salió a responder a los diputados de Morena cuando las protestas de los agricultores por la tardanza en la entrega del abono se extendieron en las siete regiones. Los campesinos cerraron carreteras federales, tomaron bodegas para sustraerlo o pararon los tráileres que lo transportaba. En medio de todo esto, los morenistas reclamaron al gobierno del priista Héctor Astudillo Flores haber politizado el problema con desplegados a plana completa en medios impresos alertando sobre las consecuencias ante la falta del insumo. El secretario dijo que las protestas eran un asunto grave que afectaba la gober-nabilidad del estado y no reconocerlo sería algo fuera de la realidad.

 

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Arturo García Jiménez, coordinador de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (Rasa), tiene otra información. «Gente del PRI operó en muchos de los casos para que las protestas contra el atraso en la entrega del fertilizante fueran subiendo de tono; para llegar a los disturbios, incluso, como en los casos de las tomas de bodegas y robos de tráileres», dice desde Atoyac, Costa Grande de Guerrero, donde tiene su sede.

–¿Cómo asegurar algo así?

–Mira, el campesino, el que es campesino de verdad, siembra siempre, busca el modo, no está pensando en estirar la mano para que el gobierno le pase el fertilizante. Él lo consigue. Pide prestado (dinero) o pide el abono y luego lo devuelve. Lo siembra porque si no, no come, nada menos.

Arturo García es cafeticultor y conoce la región y a los productores desde hace muchos años, por eso dice que para él, a quien se afectó con el atraso del programa fue, en todo caso, a la clientela política del PRI, Antorcha Campesina, entre ellos.

 

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Quitarle el control del fertilizante a los estados y a los ayuntamientos, esgrimiendo corrupción en la compra, y asumirlo como propio por el gobierno federal, terminó por llevar un asunto agrícola al terreno político, en efecto. Un terreno tan poroso que admite cualquier juicio de valor, como ingobernabilidad, ya lo dijo Castro Justo, o crisis alimentaria, que, en entrevista, lo pone en la mesa el secretario general de los industriales de la masa y la tortilla en el estado –una organización ligada al PRI–, Abdón Hernández Olvera.

En cualquier caso, Guerrero no es el estado maicero que en la coyuntura de la entrega del fertilizante se quiere presentar. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Guerrero tuvo una producción en 2017 –las cifras más recientes dadas a conocer en 2018– de 1 357 557 toneladas de maíz, que lo pone en sexto lugar nacional en el sector. Puede parecer mucho, solo que en cinco años, de 2012 a 2017, tuvo un crecimiento de apenas 4.1% en volumen de producción, según la misma fuente; es decir, cosechó escasas 53 424 toneladas más.

La desproporción se aprecia mejor cuando se le pone ante Sinaloa, primer productor nacional de maíz, con una cosecha de 6 167 096 toneladas en 2017 y cuyo crecimiento en el periodo 2012-2017, fue de 69.1%, al pasar de 3 646 875 toneladas a los 6 000 000 registrados aquel año. Y la tendencia de Guerrero va a la baja. Datos preliminares del primer semestre de 2019, de acuerdo con el SIAP, indican una producción de apenas 114 090 toneladas de maíz, frente a 5 292 168 toneladas cosechadas en el estado del norte en estos mismos primeros seis meses.

Por eso es que es de Sinaloa y no de Guerrero de donde los tortilleros del estado se abastecen de su principal insumo: el maíz. Aunque Abdón Hernández diga lo contrario y hasta secunde el dato ofrecido también por el Ejecutivo de Héctor Astudillo. En entrevista dice que se cultivan 1 300 000 toneladas de maíz al año, un dato no del todo cierto si se atiende la tendencia del SIAP. Dice también que para abastecerse su industria necesita 400 000 toneladas anuales, de las que 250 000 compran en Guerrero y el resto, 150 000 toneladas, lo traen de Sinaloa.

Pareciera que Abdón hace la ecuación a la inversa, acaso para que se sostenga la alerta de crisis alimentaria que pronostica por culpa de la entrega del fertilizante a destiempo. Un terreno que el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural no quiere pisar. Cuando se le pregunta a Castro Justo cómo va a impactar el problema en la producción de maíz, dice que primero se tiene que esperar a que concluya el programa de entrega del fertilizante, previsto para este 6 de agosto, y luego se tendrá que ver cómo se comporta el temporal.

Abdón, en cambio, dice eso y más. Dice que su gremio constituye una industria que mueve dos mil novecientos millones de pesos anuales en el estado, muchos de los cuales, según sus cuentas, se quedan en Guerrero en la compra del maíz y detona la economía regional de miles de familias.

–Si en este ciclo agrícola no hay suficiente grano –dice–, tendremos que comprarlo en otro lado (en Sinaloa, por ejemplo, lo que de por sí ya hacen) y ese dinero saldrá de la entidad. Incluso pudiéramos comprarlo a un precio mayor y eso encarecería el kilo de la tortilla, lo que pesaría en las mesas de las familias guerrerenses. Por eso es que se trata de un tema de subsistencia.

–¿Tanto así?

–El maíz es el principal cultivo en Guerrero y uno de los ejes más importantes de la economía –insiste.

 

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Rigoberto Acosta González, presidente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), que fuera secretario de Desarrollo Rural entre 2014 y 2015 –el mismo puesto que ocupa Castro Justo–, no está del todo seguro de lo que dice Abdón. «Lo que mueve la economía de la región es la goma de opio». El tema de la amapola, de donde se extrae la goma, no viene a cuento solo por que sí. Es conocido también que el fertilizante entregado por el gobierno del estado y los ayuntamientos durante los últimos veinticinco años ha sido usado para la siembra de enervantes –dice–, ya sea porque el campesino lo vende al productor de amapola para tener unos pesos extras o porque el amapolero lo recibe porque figura en el padrón de beneficiarios.

«Eso es innegable. ¿O cómo pudiera evitarse?», zanja Acosta cuando se le pregunta al respecto.

Entonces hace cuentas. «Estamos hablando de veintiséis mil hectáreas en la sierra de Guerrero cultivadas de amapola y que reconoce el Ejército. Siendo moderados pongamos que por cada hectárea se cultivan setecientos cincuenta gramos de goma; mínimo, ya digo, ni el kilo siquiera; aun así, la suma nos dice que salen 19 500 toneladas al año, solo en la sierra. Esta cantidad se tiene que multiplicar por cinco: 97 500 toneladas anuales». Se da un tiempo para explicar que esa operación debe hacerse porque cada kilo se corta y se mezcla con otras sustancias en los laboratorios, de tal modo que termina multiplicándose por cinco, y luego multiplicarlo por el costo actual.

Dice que él no sabe, o que no sabe a ciencia cierta, pues. Quien sí lo sabe, y bien, es Arturo López Torres, excomisario de Filo de Caballos y desplazado en Chilpancingo tras la violencia entre grupos antagónicos de la sierra. Entrevistado en una casa de alguna colonia de la periferia de la ciudad, Arturo –impulsor de la legalización del cultivo de amapola– dice que ante la caída del fentanilo, sustancia usada como base para la heroína, por diversas causas –entre ellas, por la alta mortalidad de consumido-res en Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, aclara cuando se le pide la fuente–, el precio de la amapola se está recuperando y ahora está entre diez mil y doce mil pesos el kilo. Por lo demás, solo hay que seguir multiplicando.

 

***

 

Sobre el asunto, Juan José Castro Justo no quiere ni oír hablar.

–No tenemos registros de nada que tenga que ver con cultivos ilícitos –zanja cuando se le pregunta durante la entrevista.

–¿Ni siquiera de manera transversal con otras instancias, como la Sedena?

–Ni siquiera de esa manera –insiste.

Tampoco es que la Sagadegro tenga registros de nada. De los doce diferentes productos que se cosechan en Guerrero, aparte del maíz, toman nota de un informe del SIAP, que se puede consultar en línea, y que un subalterno del subsecretario de Agricultura, José Román Salazar, proporciona en un cu-bículo minúsculo de la dependencia. El hombrecillo con cara de ratón atiende el pedido de su jefe, saca unas hojas impresas (el informe Atlas Agroalimentario 2012-2018 del SIAP) y empieza a decirlos, ordenados de forma alfabética:

Agave mezcal, segundo lugar nacional con una producción de un 1 115 400 litros anuales; aguacate, sexto lugar nacional con 23 586 toneladas cultivadas al año; café, quinto lugar, con 41 482 toneladas; coco, primer lugar con 187 963 toneladas de copra producidas; guayaba, sexto lugar con 2759 toneladas anuales; jamaica, primer lugar con 5200 toneladas; jitomate, vigésimo tercer lugar con 23 830 toneladas; limón, cuarto lugar con 74 275 toneladas anuales; mamey, segundo lugar nacional con 2698 toneladas producidas al año; mango, primer lugar con 375 327 toneladas; plátano, séptimo lugar con 79 575 toneladas al año; y miel, décimo lugar con 2100 toneladas anuales.

–¿Y ganado? ¿Cuál es la superficie destinada en Guerrero? –se le preguntó a Castro Justo momentos antes de salir de su oficina.

Sus subalternos: subsecretarios, directores, hasta gente de comunicación social, se le arremolinaron y no terminaron de ponerse de acuerdo. Alguien dijo: 2.5 millones de hectáreas. «No, sería demasiado», respondió Castro, y otros lo secundaron. Y no, sí son 2.5 millones de hectáreas las destinadas a la ganadería en Guerrero, según los datos que terminaron por corroborarse en el despacho del funcionario. Así que de las 6.4 millones de hectáreas que se extienden a lo largo y ancho del estado, en 2.5 millones pastan becerros, vacas y caballos, y solo 454 000 se barbechan para cultivar maíz.

Una paradoja, porque en ganadería Guerrero no ocupa ningún lugar destacado a escala nacional, según el SIAP. Eso sí, primer lugar en producción de copra, jamaica y mango; segundo, en mezcal y mamey –cultivado la mayor parte en la Montaña–; y sexto, en siembra de maíz, cuya producción pudiera estar en riesgo este año –de acuerdo con la discusión general de los últimos dos meses en Guerrero–, porque los encargados del gobierno federal de distribuir el fertilizante a 328 000 productores no midieron los tiempos y tardaron más de lo previsto en entregarlo.

 

***

 

–Es un falso debate –dice el excomisario de Filo de Caballo Arturo López Torres desde su autoexilio.

«Guerrero nunca ha sido maicero ni nunca la gente acá ha vivido del maíz», concluye el también ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo. «¿Tú crees que en mi pueblo la gente dejará de sembrar amapola por sembrar maíz? Un kilo de maíz tiene un precio de cinco pesos; un kilo de goma, por más barato que esté vale cinco mil pesos. El maíz es para la tortilla, siempre ha sido así. Para mantener a los hijos, a la mujer, a la casa, se necesitan ingresos de verdad, y ésos solo se pueden obtener por medio de la amapola», plantea.

–¿Es uno de los motivos que ha generado el éxodo en la sierra, que no hay condiciones para seguir sembrando la flor?

–Uno de los motivos; la gente se quedó sin su actividad principal que era su modo de vida. Ya no tenía cómo hacerlo. Y al no tener esos ingresos, ¿de qué va a vivir allá?

–Desde la oficialidad se dijo que en la sierra se estaba regresando al cultivo de maíz ante la caída de los precios de la goma y la inseguridad…

–Tampoco. Ya te digo, la gente cambia de cultivo, claro, pero no al maíz, sino a la mariguana que sigue teniendo precio.

–El secretario de la Sagadegro, Juan José Castro Justo, dice que él, ni por asomo, sabe algo de eso.

–Juan José Castro Justo nunca ha subido a la sierra. El gobierno sabe que la economía de aquella zona se sostiene por medio de la goma y lo ha dejado ser porque no ha sido capaz de generar ninguna alternativa diferente.

Ted Lewis. Preocupación.
[Foto: Kau Sirenio]

Discurso de odio, peligro para los migrantes: Ted Lewis

Kau Sirenio / San Francisco, Cal.

El 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció redadas para detener a más de dos mil personas que están en su país en condición de migrantes indocumentados. A pesar de la estridencia del mandatario, el operativo solo reportó treinta y cinco detenciones en todo el territorio estadounidense, solo 1.75% de la meta anunciada, pero alertó a defensores de los derechos de migrantes, por las graves consecuencias que acarrean los ataques del discurso del republicano contra esta población.

El activista Ted Lewis advierte: «El lenguaje extremista de Donald Trump nos va a llevar a masacres y genocidios en Estados Unidos, si no detenemos esta política fascista. Desde que él decidió atacar a los migrantes indocumentados lo vimos con preocupación, porque políticamente es muy poderoso. Y lo sabemos porque no es la primera vez que esto pasa en la historia universal. Hemos visto que el miedo del otro motiva un movimiento de la derecha de rechazo y finalmente llega al terrorismo, equiparado con Hitler, Mussolini y otros abiertos fascistas».

Director de Global Exchange –organización no gubernamental ubicada en San Francisco, una de las ciudades santuario para migrantes desde la década de los ochenta–, Lewis descarta que pueda haber una redada masiva, pero advierte que el anuncio de Trump generó miedo y confusión en un país que depende en buena medida de las personas que llegaron de fuera, ya sea con documentos o sin ellos.

Por esa condición, señala, sería imposible una expulsión masiva de los trabajadores. Lo que buscan los dueños del dinero, agrega, es un sistema que por un lado reprima al migrante, pero deje una «ventanita» para que entren a trabajar.

«Se genera incertidumbre laboral y un salario por debajo del mínimo, porque los trabajadores indocumentados no demandan mejores condiciones laborales. Lo que estamos viendo es que Trump quiere dos cosas: migrantes para trabajar, pero que trabajen con miedo».

Las oficinas de Global Exchange se alojan en el tercer piso del edificio histórico de La Misión, conocido también como la catedral de los derechos de los trabajadores. A la entrada, se aprecian murales que simbolizan las distintas luchas de los trabajadores en San Francisco.

–¿Qué pasaría si se diera una deportación masiva en California?

–El 1 de mayo de 2006, hubo una manifestación masiva, cientos de miles de trabajadores indocumentados en California salieron a las calles a protestar. Ese día fue un caos, se cerró el estado por completo. Creo que ese presagio aún no llega. Pero no es necesario que llegue para detener esta política de exterminio.

Lewis dice que esa huelga de 2006 demostró cómo los migrantes indocumentados sostienen la economía de California: «Se presume que nueve de cada diez trabajadores que laboran en los campos agrícolas son indocumentados, mientras que en servicios secundarios –hoteles y restaurantes–, siete de cada diez tienen el mismo estatus migratorio. Este análisis llevó a los congresistas de California a legislar para declarar a California como estado santuario».

Lewis y Global Exchange no sólo se enfocan en trabajadores migrantes, sino que también impulsan campañas de solidaridad con los trabajadores del mundo, sobre todo para aquellos migrantes que han sido desplazados de sus lugares de origen, por la violencia estructural que genera el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales con los países en desarrollo.

El activista explica que su organización busca conectar también a los trabajadores con los consumidores de la mercancía que se produce en condiciones deplorables.

«En importante que los consumidores conozcan el proceso de manufactureo con el fin de que se unan al boicot en contra de las distintas empresas que esclavizan a los jornaleros, cocineros, meseros, obreros, pero que, además, usan la mano barata de los niños y mujeres», plantea.

Ted cita como ejemplo el caso de la huelga en contra de la uva que impulsó César Chávez en los años ochenta, experiencia que se tendría que replicar para detener la esclavitud moderna.

«Es necesario explicar a los consumidores de zapatos Nike cómo se fabrican en Asia, empleando a niños en la manufactura de los tenis; a pesar de la edad, todos los días están en contacto con químicos altamente tóxicos», expone.

Para los trabajadores mexicanos indocumentados, el principal desafío es reforzar el movimiento promigrante, además de cuidar que no se modifiquen los códigos de conductas de policías locales hacia ellos.

«A diferencia de otras organizaciones, Global Exchange trata de atender el problema desde la raíz. Porque el desplazamiento forzado es producto de la economía global. Más allá de la frontera, es necesario voltear a ver cómo el Tratado de Libre Comercio afecta a los trabajadores en los distintos países. Para nosotros fue muy obvio que el TLC y los siguientes tratados con Centroamérica tuvieron el efecto neto de desalojar a la gente en sus países de origen y ponerlos en condiciones vulnerables», afirma.

Ted Lewis, abierto promotor de la campaña del senador Bernie Sanders en 2015, cuestiona la política migratoria de la Casa Blanca y recuerda que la postura hostil no inició con el actual presidente. «Desde el mediado de 1995 empezó la construcción del muro en la región de San Diego, por ser la ruta más utilizada por los migrantes; con esto subió el número de muertos en sus intentos por cruzar a Estados Unidos. Lo cierto es que la política global lo que ha hecho es ignorar los efectos de la política económica transnacional para cerrar fronteras. Esto no es nuevo», remata.

Remington 12

DE la década de 1920

Del 5 al 11 de agosto de 2019

#975

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