Perla Xóchitl García. Ambición.
[Foto: Redes Sociales]

La diputada Perla Xóchitl y su padre, en campaña por la presidencia de Cuajinicuilapa

Perla Xóchitl García Silva es diputada por el XV distrito, con sede en San Luis Acatlán, el que incluye los municipios de Marquelia, Juchitán, Azoyú, Igualapa, Cuajinicuilapa y aquél. La gente de Cuajinicuilapa la recuerda (porque vino a festejar el tal día de las madres) en estos términos: Vino a emborrachar a las madres de familia.

Claro que también dio regalos y no solo cervezas y comida. Refrigeradores, lavadoras y otros enseres más, regaló.

Perla Xóchitl es maestra de educación primaria, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, y en su perfil oficial se lee, acerca de su experiencia en materia laboral (que allí aparece como Administración pública): «Maestra en varias escuelas de la región de Costa Chica, en donde a falta de titular ella era comisionada».

Además, ostenta los cargos honoríficos: «Miembro de la Asociación Civil Raíces de la Identidad de los Pueblos del Sur, la que busca el reconocimiento del pueblo Afromexicano» y «Miembro de la Asociación Juvenil de Bailes Regionales de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca Nuevas Raíces A. C.»

Probablemente ella no estaba afiliada al Movimiento de Regeneración Nacional cuando fue designada como candidata a la diputación por este distrito, producto de los arreglos entre los grupos a escala estatal.

Antes de su designación, su padre, el exsecretario de Asuntos Afromexicanos del gobierno estatal encabezado por Ángel Heladio Aguirre Rivero, Bulmaro García Zavaleta, pugnaba por ser nominado como candidato a la diputación federal por el distrito octavo, Costa Chica, en el Morena, pero su grupo no consiguió que lo nominaran.

Como un premio de consolación, le ofrecieron la candidatura local, y él la tomó para su hija Perla Xóchitl.

Este político cuileño se encontraba en negociaciones con el candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal, el M. en C. Constantino García Cisneros, quien pretendía reelegirse; sin embargo, lo llamaron del Morena para que no se desbalagara, y regresó, a cambio de la candidatura para su hija.

García Zavaleta y el priista García Cisneros se respetan como familia.

En la elección pasada, Cuajinicuilapa aportó al Morena unos 7400 votos, en el distrito XV: el Morena obtuvo 19 402 votos en la elección, siendo la más alta de los cuatro distritos de la Costa Chica.

Cuajinicuilapa aportó el 38.43% de los votos con que fue electa Perla Xóchitl.

El equipo del candidato a presidente municipal, Óscar Alejandro Marín Mendoza, trabajó por que los ciudadanos del municipio de Cuajinicuilapa votaran en bloque por los cinco candidatos del Morena, aunque tenía claro que muchos de los votantes no cruzarían la boleta de ese partido en el caso de la candidata a diputada local.

En plática con diversos ciudadanos, varios reconocieron que no votaron por ella, porque no tenía trayectoria política, porque es una persona antisocial y porque su padre (quien está detrás de ella), en cargos públicos y como coordinador del módulo de la Unisur en Cuajinicuilapa, ha tenido prácticas corruptas.

Bulmaro García no creía que Marín Mendoza obtuviera el triunfo, sino que vaticinaba una derrota estrepitosa ante su pariente García Cisneros, y procuró que su hija no hiciera campaña junto a aquél, para que no manchara su imagen ni la ligaran con él.

Los actos de campaña en el municipio de Cuajinicuilapa de la candidata Perla Xóchitl no fueron muchos, sino escasos, y su padre y ella se concentraron en buscar la votación de comunidades del municipio de San Luis Acatlán, preferentemente.

Por eso es frecuente escuchar en este municipio que la diputada local no es conocida aquí, y menos porque no ha visitado a las comunidades del mismo, a pesar de que con los votos obtenidos aquí aseguró su triunfo, y este reclamo se suma a los anteriores referidos a los diputados locales: una vez que ganan, no regresan.

Pero la diputada García Silva y su padre ya regresaron: su primera aparición pública en esta cabecera municipal fue en mayo para festejar pomposamente a las madres; hay que hacer notar que a su celebración acudieron gruesos grupos de militantes y simpatizantes priistas. Proselitismo político.

Testimonios obtenidos por este reportero aseguran que García Zavaleta ya anda haciendo promesas a líderes locales para que apoyen a su hija en pos de una candidatura a la presidencia por el Morena en Cuajinicuilapa.

Además, la diputada Perla Xóchitl y su padre han tenido actividades de proselitismo soterrado constantemente en el municipio en los últimos días, después de que durante meses apenas se dejaban ver aquí.

Apadrinamientos de deportistas, fiestas populares y hasta reuniones públicas con autoridades locales denotan un intenso activismo y proselitismo en búsqueda de ser nominada.

Incluso, la diputada local ha cambiado hasta su propio lenguaje, el que ha pasado de ser procaz y soez e insultante, para hablar de un modo zalamero y presuntamente civilizado: meses antes; por ejemplo, en redes sociales no tenía empacho en utilizar expresiones como «te faltan güevos», o, incluso, amenazar a sus interlocutores; en los últimos tiempos ha dejado de hacerlo.

Pero su pretensión de ser candidata no solo tiene en contra la presencia de su padre ni su escasa presencia en el municipio, sino que en el Morena no tiene peso ni especificidad política, por lo que es probable en las negociaciones de los grupos tampoco consiga ser nominada.

Sin embargo, están haciendo su luchita, pues su padre sabe bien que, si no es por un lado, es por el otro, ya que se trata de seguir estando en nómina, vivir dentro del presupuesto y mantener los privilegios, «haiga sido como haiga sido»; incluso, a contrapelo de los aires de la llamada cuarta transformación, o contra ellos mismos.

Entre otros datos que anota la diputada Perla Xóchitl en su perfil oficial están sus servicios profesionales en la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) y como delegada regional en Costa Chica del Programa Pedagógico Cubano «Yo Sí Puedo», sendos fraudes, como bien se conoce públicamente.

Ahora, la alianza que Perla Xóchitl ha abonado con el diputado Alfredo Sánchez Esquivel no le ha de redituar dividendos políticos dentro del Morena, porque éste no tiene fuerza suficiente para procurarle una posición que le permita competir por una candidatura; lo peor, es que, en el municipio, la presencia de su padre le resta votos, aunque, paradójicamente, sea él quien le consiga relacionarse con algunos grupos con los que ha tenido ligas, como los priístas.

Los padres de los 43. Cinco años de lucha incansable.
[Foto: Kau Sirenio]

Quinto aniversario de la noche de Iguala:

La marcha del repunte

Kau Sirenio

Un reclamo a todo pulmón recorre el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta penetrar en el corazón de la capital del país. «¡Porque vivos se los llevaron!/ ¡vivos los queremos!», retumba desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo de la Ciudad de México. La histórica consigna alterna con el no menos tradicional conteo del uno al cuarenta y tres recurrente en las marchas que cada 26 de septiembre se llevan a cabo desde hace cinco años.

La marcha por el quinto aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, inundó las principales avenidas y calles de la ciudad la tarde del jueves 26.

A su paso fue recogiendo voces que claman justicia. Se incorporaron a la multitudinaria manifestación artistas y hasta encapuchados que se infiltraron en el contingente de los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Antes de las cuatro de la tarde, miles de manifestantes se arremolinan en el Ángel de la Independencia con sus banderines y carteles alusivos a los normalistas. El mosaico de activistas se pinta de colores, lenguas, ideologías, religiones y culturas. Todos están ahí por una causa común: «Presentación con vida de los 43 normalistas y castigo a los culpables».

La marcha parte rumbo al zócalo de la capital, después de la celebración ecuménica a cargo de: Arturo Carrasco, de la iglesia anglicana de México; el pastor luterano Miguel Solórzano; Julián Cruz Alta, de la iglesia católica, y la pastora Maritza Mazín, de la Ordenación Ecuménica. Los religiosos son parte de la organización Iglesias por la Paz.

En la lectura del evangelio, el sacerdote Julián Cruz Alta exhorta: «Invitamos a las personas de buen corazón que tenga información sobre el paradero de los jóvenes, para que se acerque a las autoridades y ayuden con la información, para que avancen las investigaciones, porque hay gente mala que no quiere ayudar».

Una vez que termina la celebración por los cinco años de la desaparición de los normalistas, se organiza el contingente. En la delantera, los padres y madres de los 43 desaparecidos, le siguen alumnos de la Normal de Ayotzinapa; luego, vienen los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Al contingente se incorporan estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UI), de la ENAH, del Instituto Nacional Politécnico (IPN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sindicatos de electricistas, telefonistas y organizaciones sociales.

A medida que avanza caudal humano, se repiten las consignas: «¡Ahora!, ¡ahora!/ ¡se hace indispensable!/ ¡presentación con vida y castigo a los culpables!»... «¡De norte a sur!/ ¡de este a oeste!/ ¡ganaremos esta lucha!/ ¡cueste lo que cueste!», arengan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde el grupo de jóvenes de Ayotzinapa brota la sentencia: «¡Porque el color de la sangre jamás se olvida!/ ¡los masacrados serán vengados!/ ¡¿Y quién los vengará?¡/ ¡El pueblo unido y organizado!/ ¡¿Y cómo?!/ ¡Luchando!».

En el grupo de los universitarios, el pase de lista se repite una y otra vez. El estallido de reclamos, demandas y consignas crece por momentos en algunos sectores de la marcha; luego se apaga. Pero antes de que se desvanezca, otro estruendo retumba entre los rascacielos de Reforma y se extiende a lo largo de la marcha.

Así caminan los normalistas y universitarios, unidos en una sola exigencia: justicia, verdad y presentación con vida de los normalistas desparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

 

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En el recorrido del Ángel de la Independencia al zócalo, los padres de los 43 hacen una pausa en el Antimonumento a los 43 (en las tres esquinas de Paseo de la Reforma, Bucareli y Avenida Juárez) para el pase de lista de los normalistas ausentes.

Aquí, denuncian que durante cuatro años el gobierno federal de Enrique Peña Nieto no hizo nada por encontrar a sus hijos. «Lo que sí hizo fue sembrar su verdad histórica», acusa Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza.

«Este gobierno que tenemos ahorita –agrega–, está mostrando disponibilidad, aunque solo han sido palabras y palabras, porque no ha caminado mucho el caso, como nosotros quisiéramos. Pero vamos a seguir en esta lucha, caminando como lo hemos hecho desde hace cinco años de mucho sufrimiento, de tormento. Son cinco años que no quisiera recordar; siento como si fuera el primer día. No sabemos nada de nuestros hijos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos?».

Después del mitin, el contingente reanuda la marcha y los padres de los 43 siguen caminando a paso firme en demanda de justicia y castigo a los responsables de la desaparición forzada de sus hijos, pero además piden que se investiguen y se encarcele a los autores intelectuales de la desaseada «verdad histórica»: quien fuera titular de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam y el de la entonces Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.

Frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, crece el coro de voces acusadoras: «¡Ésos son, ésos son! / ¡los que chingan a la nación!», mientras que jóvenes vestido de negros y encapuchados se arremolinan en la puerta del edificio para garabatear con tinta roja: «26 de septiembre no se olvida» y «Ayotzi vive, la lucha sigue».

Una señora que a duras penas camina con su cartel en mano dice a regañadientes: «Venimos a pedir que nos entreguen nuestros muchachos y no a causar destrozos. Por favor respeten el dolor de los papás».

A su lado surge otra respuesta a bocajarro: «Nuestro dolor no cabe en esta pared. Nuestros jóvenes no caben en esa pinta. Nuestra rabia es muy grande, así que por más que pintemos y gritemos estos muros no caben para decir lo que sentimos».

La marcha avanza hacia el zócalo de la capital, ahora sin los muros de policías federales y de policías de la Ciudad de México que siempre esperan a los manifestantes en el Eje Central para cerrarles el paso.

Los hombres y mujeres de negro siguen pintarrajeando y rompiendo vidrios. La Avenida Juárez semeja un campo de batalla, aunque el único combate fue contra los edificios y la Librería Gandhi, que le tocó una bomba molotov.

 

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Con los carteles de las imágenes de sus hijos en mano, los padres de los 43 entran a la plancha del zócalo y suben al templete ubicado frente al Palacio Nacional. Hasta allí les llega el grito solidario de la multitud: «¡No están solos / no están solos!».

«Ni perdón ni olvido/ ni perdón ni olvido», advierte Joaquina García, madre del normalista Martín Getsemaní Sánchez García, como preámbulo del agradecimiento: «Nosotros los padres de familias les agradecemos que nos sigan acompañado a pesar de que ya son cinco años de la desaparición de nuestros hijos. Para nosotros como madres es un sufrimiento que llevamos aquí adentro; y no podemos dejar esta lucha, porque es una lucha por amor a nuestros hijos».

«Sabemos muy bien que el (ex)presidente Enrique Peña Nieto es el responsable de todo lo que pasó, y nuestra exigencia en estos cinco años es que nos digan dónde están nuestros hijos. No vamos a descansar, no vamos a parar, porque hasta ahora hemos recorrido montañas, pueblos y ciudades en busca de nuestros hijos. Y no descansaremos hasta que los responsables de la “verdad histórica” paguen su culpa por jugar con nuestro dolor», señaló.

Emiliano Navarrete, padre del normalista desparecido José Ángel Navarrete, también agradece: «Les damos gracias a las organizaciones sociales, colectivos y todas las personas que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Compañeros hoy se cumplen cinco años de la desaparición forzada de la que fueron víctimas nuestros jóvenes por elementos del Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, que solo dejó destrozos en nuestro pueblo».

Y culmina: «Durante cinco años, no ha sido fácil la lucha, compañeros; hemos llegado hasta el día de hoy firmes, sin que el gobierno pudiera enterrarlos, como lo quiso hacer con nuestros hijos. Toda esta lucha se la debemos a ustedes, compañeros; al pueblo que nunca nos ha dejado solos».

Eliseo Villar con Ángel Aguirre. Vínculos.
[Imagen tomada de YouTube]

Las dudosas revelaciones de Eliseo Villar sobre los 43

Eduardo Yener Santos

Desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, Eliseo Villar Castillo, excoordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de San Luis Acatlán, ha hecho tres llamadas al exterior para decir: «Sé dónde están los 43».

Preso bajo la acusación de secuestrar a cuatro personas, Eliseo llamó por teléfono a diferentes espacios noticiosos de Chilpancingo un día antes del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, para revelar que tres reos que también están en ese penal, fueron testigos de la desaparición de los estudiantes. «Dos lo hicieron directamente, y uno, de oficio carpintero, estuvo esa noche en el lugar de los hechos», sostiene.

Villar Castillo afirma que los 43 normalistas de Ayotzinapa, «se encuentran en un municipio de la Sierra» de Guerrero y que los reos que le proporcionaron la información están decididos a declarar ante las autoridades correspondientes, incluso a ir al lugar donde supuestamente se encuentran los 43.

El exlíder comunitario ha destacado que esa información ya la tiene el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, así como el director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de esta organización encargado del caso de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.

«Se la mandamos a Alejandro Encinas, pero hizo caso omiso e ignoró esa información. Sé que es un asunto delicado y peligroso; y apenas en junio me contacté con Abel Barrera, de Tlachinollan y me vino a ver; y el 15 de junio nos trasladaron al penal federal femenil de Cuernavaca, Morelos, junto con uno de los compañeros presos, estando presentes el licenciado Encinas; junto con un trabajador de él de nombre Neftalí y Aarón Pistache».

En la reunión que según Eliseo Villar se desarrolló en el penal federal femenil de Cuernavaca, al funcionario federal se le dio «la información y se les dio la ubicación de dónde se encuentran los muchachos, y para el 18 de julio, nos trasladan nuevamente al mismo lugar, en donde se presentaron algunos mapas, y en una computadora portátil ya se tenía ubicado el lugar vía satelital. Es cuestión de que ellos se decidan y vayamos al lugar».

Con esa información, Villar Castillo asegura que los 43 normalistas fueron asesinados, están muertos, fueron sepultados y un camión en el que, según él, fueron llevados, está escondido en la Sierra de Guerrero.

En una de las tres llamadas que ha hecho Eliseo Villar de la cárcel a reporteros de Chilpancingo dijo: «Ellos (los tres supuestos participantes de los hechos de Iguala) me reconocieron porque cuando yo estaba al frente de la Policía Comunitaria acudí a la ciudad de Iguala para ayudar en la búsqueda de los estudiantes; estos amigos me ubicaron allí; de hecho, me dijeron que nos infiltraron para saber todo lo que andábamos haciendo. Allí me conocieron. Y al encontrarnos en este penal, pues empezamos a cuentearnos acá y pues me confesaron los detalles».

El exlíder de la CRAC- PC ha rechazado que con esa información él y los tres informantes, pretendan reducir sus penas carcelarias: «Ni siquiera hemos hablado de eso. Aunque cuando acudimos con Encinas, nos dijo que habría beneficios, compensación, y que nos ayudarían para salir libres; pero eso fue un ofrecimiento que hicieron, pero nosotros no les pedimos nada».

No obstante, Eliseo Villa ha dicho que ha enviado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitándole ocho peticiones, entre ellas: protección personal para él y para sus fuentes, protección para los padres de los normalistas, presentación del fiscal de Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, presentación de un agente del Ministerio Público Federal, operativos de seguridad en el lugar donde están enterrados los normalistas, seguridad especial para los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Juchitán y Azoyú; y seguridad para todas las organizaciones sociales que lo respaldan.

 

Las dudas

 

La versión de Elíseo Villar Castillo genera dudas, primero, por venir de él, una persona que no fue congruente con la CRAC-PC. Sus propios compañeros de la comunitaria lo acusaron de convertirse en un fiel servidor del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando se suscitaron los hechos de Iguala, y ambos dividieron a esa agrupación comunitaria.

Villar Castillo se convirtió en líder de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC del año 2012 al 2015. Ángel Aguirre llegó a la gubernatura el 1 de abril de 2011 y pidió licencia al cargo el 26 de octubre de 2014.

En mayo de 2013, durante una visita que el entonces gobernador Aguirre Rivero hizo a San Luis Acatlán, elogió a Eliseo Villar en un evento, lo llamó su aliado y le recordó que durante su campaña, Eliseo le regaló un becerro para la barbacoa.

Del año 2011 al 2014, Eliseo Villar fue acusado por algunos integrantes de la CRAC-PC, entre ellos Gonzalo Molina, Nestora Salgado y Vicente Aguilar, de ser aliado de Ángel Aguirre para dividir a la policía comunitaria, corromperla y que el proyecto de la CRAC-PC no avanzará más.

Otro dato que pone en duda la versión de Eliseo Villar es la supuesta reunión que se dio en el penal federal femenil de Cuernavaca. Él, que está preso en el Cereso de Chilpancingo desde diciembre del 2014, asegura que fue sacado del penal de esta ciudad en tres ocasiones para reunirse en Morelos con Alejandro Encinas y con el abogado Vidulfo Rosales.

El gobierno de Guerrero ha informado que no existe registro de la salida de Eliseo del penal, «que nunca se autorizó orden de traslado de Eliseo Villar» y que ningún juez solicitó sacar a un preso de Chilpancingo para llevarlo a un penal de Morelos.

Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, en una entrevista con Grupo Radio Fórmula, afirmó que el gobierno estatal no cuenta con ningún registro de orden de traslado de Eliseo Villar Castillo al penal de Morelos.

«No se ha expedido ninguna orden de traslado, sea por mandato de autoridad judicial, por motivos de seguridad, en calidad de tránsito, por motivos de salud o, bien, por alguna diligencia», señaló Álvarez Heredia

El vocero explicó al periodista, Ciro Gómez Leyva que desconoce cómo es que Eliseo Villar fue trasladado de la cárcel de Chilpancingo al penal de Morelos para rendir su declaración sobre el caso Ayotzinapa.

El funcionario aseguró que autoridades de la Secretaría de Gobernación tampoco autorizaron ninguna orden de traslado a favor de Eliseo.

El abogado Vidulfo ha declarado que Eliseo Villar dio esa información hace unos dos meses, mientras que el recluso asegura que fue hace tres meses.

Otra duda que genera la postura de Eliseo es que su versión la da justo cuando Alejandro Encinas y el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dieron a conocer que el exprocurador Jesús Murillo Karam será citado a comparecer por el caso Ayotzinapa y que también serán citados el exgobernador Ángel Aguirre y quien fuera titular de la entonces Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco.  

 

Las acusaciones

 

A Eliseo Villar lo detuvieron en diciembre de 2014 en Acapulco y de inmediato trasladaron a la entonces delegación de la Procuraduría General de la República, donde rindió su declaración. Fue acusado de secuestro, daños y lesiones, entre otras imputaciones sustentadas en treinta averiguaciones previas, una por el homicidio del director de Seguridad Pública de Tlacoachistlahuaca, Miguel Gutiérrez Carbajal.

A diferencia de otros líderes de la CRAC-PC que fueron encarcelados, como Arturo Campos, Nestora Salgado y Gonzalo Molina, que fueron defendidos y asesorados jurídicamente por Tlachinollan, Eliseo Villar buscó acompañamiento con otras agrupaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC).

Pese a que Eliseo afirma que no busca nada a cambio con la información que él sabe de los 43, acepta que pide protección para su familia, debido a que en julio de este año, integrantes de la CNPA denunciaron que familiares de Villar Castillo, entre ellos su hijo, fueron atacados a balazos por hombres armados cuando viajaban en un taxi en el municipio de Copala.

La acusación más destacada que Villar Castillo hizo desde el penal fue contra Vidulfo Rosales, de quien dijo que fue avistarlo a la cárcel la semana del 23 al 27 de septiembre, para callarlo.

 «Vino en un plan muy enojado y nos dijimos las cosas, hasta de que pudiéramos morir... tuvimos unos quince minutos de dialogo... repruebo las actitudes que hace la organización que él (Vidulfo) representa, porque lejos de que defienda el caso de los muchachos (los normalistas desaparecidos), que esté interesando por que se esclarezca y se aplique la justicia, está queriendo empañar todo el proceso. Lo digo así porque su reclamo fue por qué saque a la luz pública la información. Le comenté que tres meses la información ya en manos de ellos y no pueden hacer nada, ya teniendo esa información ellos, el 24 de agosto trazan cuarenta y tres días de búsqueda y no toman en cuenta esa información (la suya)» dijo Eliseo vía telefónica

Y continuó: «Me dijo (Vidulfo): "Ya tenemos agendandas las actividades para cuarenta y tres días y no podemos parar nada más por tu capricho". Y luego me dijo: "Si quieres nos ponemos de acuerdo y convenimos para que te trasladen a ti y a los muchachos, porque no queremos que se pudran en la cárcel; por eso tenemos que acomodar todas las declaraciones"».

Su testimonio continuo: «Le dije: "Cómo vas hacer, según tú, esas declaraciones". Y me dijo: "Ellos tienen que decir que unos amigos les platicaron y que a esos amigos les platicaron a otros sobre dónde están los muchachos, pero que a esos amigos ya los mataron, de tal manera que ya no se encuentren culpables. De toda la información real no hay que darla, porque es un riesgo muy grande tanto para ustedes y para nosotros". Le dije muy acelerado: "No 'manches', amigo, ¿cómo piensas hacer eso? Yo de eso estoy cansando, del sistema que tenemos, defendiendo a los delincuentes y siguen matando a nuestra gente"».

Héctor Astudillo y el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Antonio Ramos Arguello.
[Foto: Internet]

A la alza, la violencia que Astudillo asegura disminuyó

Zacarías Cervantes

Contra la percepción que tiene la gente con respecto a la violencia en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió la semana pasada en que la cifra de asesinatos ha disminuido, a pesar de los crímenes de alto impacto, de acuerdo a las estadísticas de la incidencia delictiva difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En efecto, las cifras del SESNSP han ido a la baja desde el mes de enero pasado. Sin embargo, unos son los datos que reporta el gobierno estatal a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras son las cifras reales de los delitos que se cometen. Por eso la opinión del gobernador Astudillo Flores no coincide con la percepción que tiene la gente de la violencia que, en los hechos sigue a la alza.

Por eso, a diferencia de los datos del SESNSP, que se sustentan en el reporte mensual de la FGE, el organismo Semáforo Delictivo, mantiene a Guerrero en los primeros lugares a escala nacional en materia de violencia.

En su reporte del mes de agosto, ubica a Guerrero en el tercer lugar en homicidios, el quinto lugar en secuestros, el décimo segundo en extorsión y vigésimo segundo en robo de automóvil.

En cuanto a las cifras de homicidios, de enero a agosto se cometieron 1079, y el mes de julio ocupó la cifra más alta con 155. En el mes de agosto se cometieron 135, y el municipio con más homicidios este mes fue Acapulco con 61, le sigue Zihuatanejo con 10.

Los delitos de secuestro fueron 37 de enero a agosto. El mes en el que se cometieron más plagios fue enero con 8, mientras que en agosto se cometieron 5; en Tixtla, Taxco, Acapulco, Pilcaya y Pungarabato.

Con respecto a los delitos de extorsión se cometieron 173 de enero a agosto. En este último mes fueron 21 extorsiones y el mes en el que más delitos de este tipo se cometieron fue mayo con 29, mientras que el municipio en el que más extorsiones se denunciaron fue Acapulco con 12.

Los delitos de narcomenudeo fueron 418 y el mes en el que más se cometieron fue agosto con 83 casos, en tanto que el municipio con más casos reportados fue Acapulco con 66.

En cuanto al robo a vehículos, se cometieron 2267 de enero a agosto y el mes en el que más de estos delitos se cometieron fue julio con 316 y el municipio con más incidencia en agosto fue Acapulco con 175 y le sigue Chilpancingo con 37.

Sin embargo, los datos fueron solamente de los casos denunciados ante las agencias del ministerio público, muchas más no se denuncian por las víctimas por desconfianza a las autoridades o por temor a los victimarios.

Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en Guerrero existe la cifra negra de delitos no denunciados o no investigados más alta del país, con un 98% contra el 93.2% nacional.

De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019 del INEGI, difundidas la semana pasada, las causas principales por las que las víctimas de los delitos no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.

El martes de la semana pasada, el INEGI publicó en su página web la Envipe de este año que mide la victimización en 2018 a la población adulta en el país, y particularmente en treinta y cuatro ciudades, entre ellas Acapulco.

De acuerdo a sus datos en Guerrero se cometieron 1 029 540 delitos el año pasado con una tasa por cada 100 000 habitantes de 43 051, menor a la tasa de 45 006 de 2017.

Reportó que la extorsión es el delito más frecuente al representar el 42.9% del total y tuvo una tasa de 18 478, mayor al 2017 con 16 503. En el país se cometieron 33 000 000 de delitos con una tasa de 37 807, menor a los 39 369 del año pasado.

Asimismo, el robo o asalto en la calle o transporte público representó el 28.5% del total. En tanto que la tasa de víctimas por cada 100 000 habitantes de Guerrero pasó de 30 445 en 2017 a 25 030. A escala nacional también disminuyó de 29 746 a 28 269. Acapulco tiene una tasa de víctimas de 27.8 y de delitos de 50.2.

El INEGI considera que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito, como gastos en medidas preventivas, pérdidas económicas y daños en la salud, en hogares de Guerrero es de 8408.6 millones de pesos.

La suma de todos los estados es de 286.3 mil millones de pesos; es decir, el 1.54 por ciento del PIB de México.

La Envipe indica que en Guerrero se denunció el 4.1% de los delitos cometidos en 2018 –en 2017 fue el 4.9–, de los cuales el Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en 49.2% de los casos mientras que el año pasado fue el 65.2%, lo que indica que del total de delitos se inició carpeta en dos por ciento de los casos, cifra menor al 3.2% del año pasado.

Según los datos del Instituto, la cifra negra de Guerrero es de 98%, la más alta en el país y superior al 96.8% de 2017, mientras que el promedio nacional es de 93.2%, el mismo que el año antepasado.

El estudio indica que entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos en Guerrero destacan la pérdida de tiempo con 26.6% y la desconfianza en la autoridad con 17.6%, en tanto que a escala nacional representan el 31.7 y 17.4, respectivamente.

Refiere que el 52.6% de la población en el estado considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja hoy a la entidad, le sigue la pobreza con 47.2% y luego el desempleo con 39.5%.

Asimismo, el 43% considera que vivir en su colonia o localidad es inseguro, el 56.2% no permitió que sus hijos menores de edad salieran y el 50.7% dejó de salir de noche.

El INEGI reporta que el 90.35 opinó que la Marina le inspira mucha o algo de confianza y el Ejército, 85.4%, cifras similares al promedio del país con 90% y 87.1%, respectivamente.

Otros datos de la institución refieren que el 68.9% de los guerrerenses señalaron que los jueces son corruptos, 68.4% en el país, y el 66.8% tuvo la misma opinión sobre los policías de tránsito, 76.6% en México.

A eso obedecen las cifras alegres del gobierno del estado, que no coinciden con la realidad que se vive y lo que perciben los ciudadanos.

Las autoridades por todos los medios pretenden esconder las cifras reales. La semana pasada el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, se quejó en Radio Universidad que «son los medios de comunicación los que hacen que la sociedad perciba que hay un alto índice de delitos, porque hay un tema de homicidio y corren todos los compañeritos de los medios de comunicación a cubrirlo», dijo.

Sin embargo reprochó que cuando hay eventos de inauguración de obras, eventos de marchas por la paz que no se cubren. «Entonces, claro que no es noticia y la percepción ciudadana sigue siendo un factor que nos pesa», reprochó.

Opinó que no es con más policías como se va a resolver el problema de la violencia y la inseguridad, ni con más armas en la calle.

Informó que en el ayuntamiento tienen cinco programas para prevenir el delito: Centros de Integración Familiar, que opera en las escuelas públicas; Me Muevo, Convivo y Aprendo, Transformando Nuestro Entorno, Chilpancingo, Ciudad de Valores y Familias que Trascienden.

Sin embargo, más allá de las declaraciones, los discursos y las posturas mediáticas, es evidente que las autoridades estatales y municipales están rebasadas, y en los últimos meses le han apostado a la Guardia Nacional como la nueva panacea de la Cuarta Transformación, el problema que a sus elementos los han mandado a la guerra sin fusile, y el gobierno federal le ha cargado a los gobiernos estatal y municipal la responsabilidad de brindarles hospedaje, comida y todos los gastos relacionados con sus operativos.

Con estas precariedades y el desconocimiento de la zona donde los envían, los nuevos guardianes no podrán cumplir con su nueva misión; por el contrario, de nueva cuenta se verán tentados a trabajar con quienes pagan mejor.

En este contexto, en el terreno de los hechos una cosa es el discurso y otra es la realidad.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019

#0981

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