Cuajinicuilapa. Falta capacidad de respuesta.
[Foto: E. Añorve]

Los estragos de Narda en Cuajinicuilapa

Eduardo Añorve

En esos días se comentaba entre la gente que este año no llovería en Cuajinicuilapa, y vino la tormenta tropical Narda y sus aguas destrozaron la carretera federal 200 en dos nodos: el río Cortijos y el Santa Catarina: Barajillas y el crucero de El Terrero, a unos trescientos metros de El Cuije, en el municipio de Cuajinicuilapa.

Algún hombre viejo dijo, pasadas estas lluvias, que el agua siempre viene, y una mujer le replicó que no se esperaba que fuera así, de golpe, en una tormenta. (Parece que siempre nos agarra desprevenidos).

El sábado 28 llovió toda la noche: los ríos se hincharon y desbordaron con toda el agua que baja de la zona templada hacia la costa, donde se ubica este municipio.

El día 29 de septiembre, domingo, las corrientes de ambos ríos rompieron en cinco puntos de la carretera: dos, por el río Cortijos; tres, por el Santa Catarina. Los dos ríos desembocan en el mar, en el Océano Pacífico. Se interrumpió el tránsito, se suspendió el servicio de energía eléctrica, el de telefonía y el de internet en muchos lugares.

Barajillas y El Terrero son lugares donde estos ríos suelen romper la carretera desde que se tiene memoria: Dolores, Paulina, Ingrid, Manuel, Narda son nombres ligados a tragedias en esta zona; seguramente eso ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Por fortuna, ahora no hubo personas muertas; sí, animales-ganado arrastrados por las aguas; sí, cultivos destruidos; sí, algunos caminos de terracería destruidos; sí, algunas casas inundadas.

La tarde del día 29, después de las lluvias y los violentos aires, once personas de El Pitahayo y La Petaca se quedaron del otro lado del río Cortijos sin poder regresar a sus casas. Algunos estuvieron encaramados en palos de mango y palmas para sobrevivir, según relataron.

Personal de Protección Civil municipal llegó a la zona a auxiliarlos, pero no tenían modo de cruzar el río e ir por ellos, según dijeron. Filomena Noyola, la comisaria municipal de El Pitahayo, y otras personas se organizaron, consiguieron una panga, cruzaron el río y trajeron de vuelta a quienes se habían quedado del otro lado, con mucho esfuerzo y, por fortuna, sin daños.

Ésa es una de las fortalezas que mostró la gente durante los días de emergencia: la organización. Improvisada, espontánea, pero organización al fin. Y la solidaridad.

El médico Emmanuel Urióstegui, veterano en este tipo de situaciones y experto en socorrismo y protección civil, así lo reconoce: «De las enseñanzas que podemos sacar, y que creo que fue lo más importante, es que se necesita mayor trabajo comunitario para establecer una red de apoyo para actuar en casos de emergencias mayores».

Pero, además, se requiere «la formación de socorristas con mayor nivel de preparación para el rescate», complementa.

Aunque las autoridades municipales actuaron desde la tarde-noche del 28 vigilando las zonas de riesgo de la cabecera municipal y yendo a algunas comunidades de las zonas que suelen quedar inundadas, no tienen recursos ni han podido formar un equipo en la dirección de Protección Civil, el cual responda a las contingencias y emergencias.

La explicación es sencilla: el Ayuntamiento está pagando deudas atrasadas y apenas puede sobrevivir para prestar los servicios más elementales. El lunes 30, la mayor parte del personal a su servicio se presentó en Barajillas, en el primer corte de la carretera, para ver en qué se podía ayudar.

La Cruz Roja de Cuajinicuilapa, en coordinación con el Ayuntamiento, proporcionó comida caliente a las personas locales y a muchos viajeros que se quedaron varados; con ellos también contribuyó el comité de damas voluntarias de Cruz Roja. Por su parte, el personal del DIF entró a algunas comunidades para llevar despensas a los afectados.

El presidente municipal, Alejandro Marín Mendoza, y varios empleados del Ayuntamiento recorrieron las comunidades afectadas para ver qué ayuda se podía proporcionar. El propio gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, estuvo presente en la zona y ordenó la reparación de los tramos de carretera cortados, la que se realizó, en colaboración con los gobiernos federal y municipal.

El mismo día lunes 30 por la tarde se restableció el servicio de energía eléctrica y la carretera federal, bien que ésta de manera provisional, aunque los automóviles, autobuses y camiones, así como personas a pie, pudieron pasar; también se restablecieron otros servicios como la telefonía y el internet.

A diferencia de cuando Ingrid y Manuel hicieron destrozos similares, aunque no tan graves, esta vez el gobernador del estado y el presidente municipal se activaron rápidamente y estuvieron presentes desde el mismo día del desastre. En aquella ocasión, tanto Ángel Heladio Aguirre Rivero como Yrineo Loya Flores se encontraban de fiesta, celebrando de manera privada las fiestas patrias, en tanto se inundaban varias comunidades.

«Afortunadamente el siniestro no fue de grandes proporciones, y creo que fue determinante el apoyo de Protección Civil federal para la rápida reincorporación de la población a sus actividades cotidianas», evalúa Emmanuel Urióstegui.

Aunque discreta, la participación del gobierno federal fue determinante para restablecer las comunicaciones: SCT, CFE, PC, Policía Federal, Guardia Nacional.

El martes 1 de octubre, el gobernador del estado regresó al municipio, cargado de despensas y servicios, como atención médica, aparatos ortopédicos, aunque con una gran comitiva, por lo que su presencia de una media hora en Barajillas pareció más un acto de proselitismo político que otra cosa.

Cuajinicuilapa fue uno de los municipios de la Costa Chica que se incluyó en la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación federal, los cuales serán apoyados con recursos del Fondo para la Atención de las Emergencias (Fonden); el otro, Igualapa.

El gobierno municipal, por su parte, se apresuró a hacer un censo preliminar de ciudadanos y agricultores y ganaderos afectados, toda vez que se suelen solicitar de manera pronta y expedita.

El día 4 de octubre, viernes, el delegado encargado de la aplicación de los programas federales en Guerrero, Amílcar Sandoval, visitó El Terrero, acompañado de diputados locales de la Costa Chica, y fueron recibidos por ediles del Cabildo de Cuajinicuilapa y ciudadanos de comunidades del municipio que resultaron afectadas.

Ante el delegado estatal, Marín Mendoza y varios ciudadanos expusieron los daños que se sufrieron en el municipio y en, el caso de éstos, en sus localidades, y pidieron el apoyo del gobierno federal, porque se perdieron ganado y cultivos y hay carencia de alimentos, sin modo de recuperar lo perdido.

Sabino Arellanes, un ciudadano de Comaltepec, le expuso a Amílcar Sandoval, y a los presentes, que en el proceso de reconstrucción debían tomar en cuenta también la experiencia de la gente de la zona. «No queremos que hagan más alto el bordo, porque, como quiera, el río lo volverá a romper, tarde o temprano. Queremos que se busquen los lugares por donde siempre pasa el agua y allí se hagan puentes, para dejarla pasar, no para contenerla», recomendó.

Allí, también la comisaria de El Pitahayo pidió, entre otras cosas, que se les dote de una lancha a motor.

Amílcar Sandoval, por su parte, dijo que la emergencia pasó y se atendió, que es tiempo de la reconstrucción, por lo que pidió a las autoridades municipales y a los ciudadanos que se organicen, encabezados por aquellas, para realizar los padrones de los daños habidos, de manera honesta y sin falsificar la información, para no incurrir en desvío de recursos como se estilaba en los gobiernos anteriores, para que se puedan aplicar correctamente los programas de apoyo a los productores y ciudadanos afectados.

Les informó que se tienen diez días hábiles, a partir del próximo lunes 7 de octubre, para que se completen esos padrones y puedan incluirse y ser cubiertos de acuerdo a las reglas del Fondo Nacional de Desastres, del seguro de desastres y otros programas de reconstrucción.

Aunque ante los daños por Narda hubo una respuesta pronta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, no se aplicaron debidamente los protocolos establecidos para estas emergencias; por fortuna, los daños no fueron graves.

La gente de Cruz Roja Cuajinicuilapa ha estado diciendo desde hace años que hace falta la profesionalización del personal de Protección Civil en los municipios, y han estado haciendo esfuerzos para empujar hacia una coordinación regional que actúe en estos casos, lo cual se va perfilando paulatinamente. Una de las condiciones que limita estos procesos es el corto tiempo de los gobiernos municipales; la otra, su falta de recursos.

En el caso de la Cruz Roja, están analizando la posibilidad de tener una infraestructura propia para dar una mejor respuesta ante estas contingencias: estufas, tanques de gas, equipo de cocina y vajilla, por ejemplo.

En El Terrero, una ciudadana comentó en voz baja, en medio de la reunión con el delegado federal, que la reparación de los cortes de carretera, por ser provisional, podría ser insuficiente en caso de otra tormenta en los días venideros, porque la temporada de lluvias no termina.

En El Quizá, un ciudadano aseguraba que quienes perdieron su animales-ganado era por flojos y desidiosos. «Eso ya lo sabe uno. Si está lloviendo toda la noche, al otro día uno tiene que madrugar temprano a su encierro para sacar sus animales a lo alto, porque si no lo hace, el agua se los lleva. Por eso yo digo que los que perdieron fue por desprevenidos. Todos los años es lo mismo, y uno ya lo sabe», recriminó.

En El Cuije, una mujer comentaba que allí ellos no habían tenido daños por las correntadas de agua, porque viven en la parte alta. Uno de los conocimientos añejos de los indígenas de la zona que los criollos o afrodescendientes se niegan a poner en práctica es ése: mejor vivir en lo alto, con todos los esfuerzos cotidianos que ello representa, y no vivir en el plan o a orilla de arroyo o río, porque a veces el río viene y se lleva todo.

Eliseo Villar. Dudas.
[Foto: Cuartoscuro / Internet]

Los enigmas del caso Eliseo Villar

Zacarías Cervantes

De camino hacia a la celda de castigo, en la zona conocida como El Cerecito, en el penal de Chilpancingo, el excoordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) Eliseo Villar Castillo recibe una andanada de amenazas de Toño, el comandante de custodios.

«Ya bájale de güevos, ya no te quieren escuchar en los medios (de comunicación); tú sabes bien a dónde se llevan a ésos que se pasan de verga, y a dónde aparecen muertos», le recalca.

Rondan las once de la mañana del martes 1 de octubre cuando confinan e incomunican a Villar Castillo en El Cerecito, de donde no saldrá hasta las ocho y media de la noche, en represalia por sus declaraciones relacionadas con el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala desde la noche del 26 de septiembre del 2014.

El castigo contra Villar Castillo no paró ahí. También saquearon su celda, lo torturaron sicológicamente y colocaron videocámaras en su celda para mantenerlo vigilado, denuncia él mismo vía telefónica.

Una semana antes, Villar Castillo había declarado que desde el 15 de junio entregó un expediente con la información del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como del autobús en el que los trasladaron, al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.

Aseguró que la información la entregó también a los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en una mesa de trabajo que tuvieron en un Cereso federal de Cuernavaca, Morelos.

«Ahí le pido al presidente de la República que intervenga, para ir por los muchachos; pero ya son más de tres meses que se entregó esta información y no hay respuesta», recriminó el excoordinador de la CRAC.

Villar Castillo explicó cómo obtuvo esa información. Recordó que  al llegar al Cereso de Chilpancingo, hizo amistad con tres presos y.Y ellos le dieron la información del paradero de los normalistas, debido a que –según le confesaron– participaron directamente cuando ‘levantaron’ a los estudiantes, e.

Refirió: «Yo fui (en el 2014) a la búsqueda de los muchachos una semana en Iguala y entonces me conocieron, y cuando llegaron aquí al Cereso empezamos a platicar, y ellos me dijeron del paradero de los muchachos, y del autobús en que fueron trasladados».

Aseguró que los tres reclusos tienen en mapas, y por vía satélite en su computadora, la ubicación exacta del lugar donde se encuentran los normalistas desaparecidos.

«Incluso el 18 de julio pasado, nos sacaron a otra mesa de trabajo en el mismo Cereso federal de Cuernavaca, donde corroboramos los datos del lugar, que está bien ubicado», sostuvo Villar.

Sin embargo, lamentó que a tres meses de que entregaron la información, aún no los hayan querido llevar a ese lugar en donde presumen están los normalistas, a pesar de que ya entregaron los mapas. «Es mi preocupación, porque ya dimos los datos, no sé qué está pasando», reprochó Eliseo.

Explicó que el pasado18 de septiembre, lo llevaron a declarar al Ministerio Público Federal. «Pero a la mera hora se suspendió, dijeron que en dos o tres días vendrían por nosotros, lo que no ha ocurrido», dijo.

Precisó que dos mesas de trabajo las tuvieron con el subsecretario Encinas Rodríguez, con el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachionollan, Abel Barrera, y con el abogado de esta organización Vidulfo Rosales, y la última sólo con personal de Encinas Rodríguez.

En tales mesas, complemnetó, uno de los acuerdos fue que su testimonio lo presentarían como una línea de investigación del caso, pero dijo que ya no regresaron por él.

«Los muchachos desparecidos están en el estado de Guerrero, pero por seguridad no puedo hacer público el lugar. Pero Alejandro Encinas ya tiene todos los datos de nosotros. Solo le pedimos que se manejara la información con mucha discreción, pero ahora ya no nos contestan los teléfonos, tampoco no nos quieren llevar a ese lugar, para que nos desengañemos todos. No se trata de chantajear, se trata de una realidad», sostuvo.

Añadió: «Yo ya le dije a los otros tres presos, que si están mintiendo, están de por medio nuestras cuatro cabezas. Aquí están presos por otros casos, no por la desaparición de los estudiantes».

Derivado de la negligencia para atender su denuncia, Villar Castillo acusó el 25 de septiembre a Tlachinollan de pretender «empañar» y ocultar el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Dijo que luego de que dos días antes había hecho público que contaba con información del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y que ésta ya la había entregado al subsecretario Encinas Rodríguez y a Tlachinollan, fue a visitarlo el abogado Vidulfo Rosales Sierra para pedirle que esa información no la divulgue en los medios de comunicación, «porque es un riesgo muy grande tanto para ustedes como para nosotros».

Villar Castillo insistió en que la información que tiene «es real», y que no puede haber duda del testimonio de los tres presos que participaron directamente en la detención y desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del 2014. «No están inventando; son gente que está inconformes porque ya les asesinaron a mucha de su familia y a sus compañeros que participaron, a la mayoría ya les dieron piso».

Dijo que por eso están interesados en que se aclare el caso. «Es algo verídico, no estamos mintiendo», insistió.

Demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene a las autoridades competentes y se dé solución a este problema, y pidió protección para él y para los tres presos que tienen la información, «porque quienes están involucrados son gente que tiene muchos recursos y son capaces de mandar acabar con nosotros, así como lo han hecho con otras familias».

Pero Eliseo Villar se ha reservado información del lugar exacto donde, según ellos, fueron sepultados los normalistas, aunque ha insistido que esa información ya fue entregada al subsecretario Alejandro Encinas, a Abel Barrera y a Vidulfo Rosales.

Su argumento es que no quieren hacer público el lugar donde se encuentran para no poner en riesgo la zona, «porque todo es posible, puede que le mañaneen al lugar y vayan por los cuerpos».

Denunció que durante la visita que le hizo el abogado Rosales Sierra en el penal, el 24 de septiembre, le dijo que iba en representación de Alejandro Encinas y de Abel Barrera. «Vino en un plan muy enojado, y durante quince minutos discutimos fuertemente».

Dijo que Rosales Sierra le reclamó que haya sacado a la luz pública esa información, y él argumentó que lo hizo porque a tres meses de que les entregó la información no han hecho nada.

Según Eliseo dicha información se las entregó desde el 24 de agosto, pero que no la tomaron en cuenta en el plan de búsqueda.

Según Eliseo, Vidulfo le propuso «acomodar» sus testimonios. «Tienen que decir que unos amigos les platicaron, y que a esos amigos les platicaron otros amigos dónde están los estudiantes, pero que a aquellos ya los mataron, de tal manera que ya no se encuentren culpables, porque es un riesgo muy grande tanto para ustedes como para nosotros», dijo que le indicó el abogado.

Y él contestó: «No ‘manches’, amigo, cómo piensas hacer eso, de eso estoy cansado, y del sistema que tenemos, porque puro sembrando falsedades, mientras los causantes del delito ahí andan tranquilos, por eso sigue la matanza de nuestra gente y, sin embargo, a los inocentes nos culpan de delitos que otros hacen y acá estamos encerrados».

Dijo que Rosales Sierra le argumentó que no pueden ir al lugar donde señalan que están los estudiantes porque se trata de un lugar tomado por la delincuencia organizada de diferentes organizaciones y es muy difícil ir.

Eliseo dijo que le dio la impresión que Vidulto y Tlachinollan, lejos de que defiendan el caso, que estén interesados en que se esclarezca y se aplique la justician, están queriendo empañar todo el proceso.

Una semana después vinieron las represalias.

A las once de la mañana del martes 1 de octubre, custodios del penal trasladaron a Villar Castillo a una celda de castigo en la zona conocida como El Ceresito, de la que lo sacaron hasta las ocho y media de la noche.

Durante su confinamiento, los custodios entraron a la celda que comparte Eliseo con su compañera, la también excoordinadora de la CRAC Adelaida Hernández Nava, y la hija de ambos, de tres años, de donde les tiraron todas sus cosas en presencia del director del penal, Hugo Mejía Patricio, y del abogado Isaías Juárez Martínez, así como de un capitán jefe de seguridad de los penales en el estado.

Durante la revisión, se llevaron la documentación e información de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que Eliseo había recabado de los presos que saben del caso.

Además, se llevaron una agenda con los números de todas las personas con las que tiene contacto desde el interior del penal. Dice que todos esos números fueron bloqueados y que ahora no puede hacer llamadas desde el teléfono público, «porque marca uno y de inmediato se suspende la llamada. Así que me dejaron incomunicado».

Asegura que también se llevaron una chamarra con doble fondo en la que tenía guardados diez mil pesos para comprar un cinturón bordado en plata que le encargaron y para el que estaba ahorrando, porque el cinturón cuesta doce mil pesos.

Un día después, el 2 de octubre por la mañana, personal del penal colocó dos cámaras de video vigilancia frente a la puerta de su celda conyugal. Asegura que a partir de ese día es el único lugar que cuenta con cámara, pues el resto de las cámaras están instaladas en los espacios de uso común.

Villar Castillo afirma que le dijeron que todo fue por «órdenes superiores» y que lo llevaron a la celda de castigo para brindarle protección, pero, revira, «yo en ningún momento he pedido protección aquí en el estado. Estoy pidiendo protección y seguridad, pero en una casa de arraigo o de seguridad federal, fuera de Guerrero».

Y responzabiliza al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno –debido a que, asegura, ocultan información de la situación que está viviendo al interior del penal– de lo que le pase a él, a su compañera Adelaida Hernández y a su hija de tres años, así como a los otros tres presos que están aportando información del caso Ayotzinapa.

En el caso concreto de Ramón Navarrete Magdaleno, lo responsabiliza debido a que éste aseguró en su boletín que constató que Villar Castillo «recibe un trato digno y con estricto respeto a los derechos humanos».

También responsabiliza a Alejandro Encinas, «porque él es el que tiene toda la información y está claro que él mismo vendió esa información, y por eso estoy sufriendo represalias, porque solo él tiene la información. Entonces, me temo que ya hubo fuga de información, y por eso ahora vienen contra mí».

Frente a la situación que está viviendo, demanda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tome cartas en el asunto, porque ya van dos semanas que hizo público el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. «Y todo sigue igual, ni siquiera una visita de derechos humanos, del fiscal del caso; tampoco nos han apoyado con seguridad. No sé a qué le juegan. Es un caso de mucho riesgo, de mucho peligro. Y me arriesgué a hacerlo, a pesar de que sabía que hay fuga de información y ya estoy sufriendo represalias y amenazas», se quejó.

También pide la intervención de López Obrador para que le permitan dar una conferencia de prensa de manera directa desde el penal, «porque es muy necesario que los ciudadanos de México y el mundo se enteren de todo lo que está pasando con respecto al caso Ayotzinapa».

Propone que si las autoridades que llevan el caso Ayotzinapa, creen que están mintiendo, que vayan por ellos al reclusorio para que acudan al lugar donde aseguran están los normalistas desaparecidos, para buscarlos.

Y reprocha: «El gobierno federal ha estado insistiendo en que se aclare el caso, y yo me confié y entregué información; ahora Encinas sabe desde junio, pero no hace nada por avanzar».

En cambio, dice, están atendiendo otras llamadas anónimas. «Y yo que estoy informando directamente y dando información real no se me ha hecho caso», reporcha.

Para Villar Castillo es el gobierno del estado el que está interesado en que no se revele la información que tienen, porque dice que la información que tienen «va encaminada hacia algunos funcionarios del gobierno estatal», y que el subsecretario Encinas está enterado de eso.

«El interés del gobierno del estado es que no se sepa la verdad. Sienten pasos en la azotea. Está clarísimo que es el gobierno del estado el que está atrás de todo esto», denuncia.

Reforma al artículo 31. Riesgo.
[Foto: CS Congreso]

Se legaliza en Guerrero la legítima defensa

Eduardo Yener Santos

En Guerrero, lesionar o matar a un agresor ya no será delito. Diputados del Congreso local avalaron la legítima defensa dentro del hogar o del trabajo. Ahora una persona ya no será  juzgada por asesinar o lesionar a otra persona que ingrese su casa o negocio y haya hecho daño a la familia o su patrimonio.

En la sesión del Congreso del jueves 3 de octubre, los legisladores locales aprobaron por unanimidad reformar el artículo 31 del Código Penal del estado, con lo que se permite que sí una persona se encuentra en riesgo de perder su vida, la de su familia, su comunidad o su patrimonio por un intruso, pueda defenderse atacando o matando al agresor.

La propuesta conocida como exclusión del delito, vino del diputado priista Omar Jalil Flores Majul, quien sostuvo que en Guerrero la legítima defensa estaba sujetada a criterio de un juez, pero con la reforma aprobada se define que se aplicará al hecho de causar daño, lesión o privación de la vida, salvo una prueba contraria en contra de quien ingrese sin derecho a un hogar o negocio e intente hacer daño a una familia, comunidad afectiva, entre otros grupos de familiares.

En la reforma también se establece que si los agresores son menores de dieciocho años, se evitará lesionar al agresor y solo se ejercerá la defensa necesaria, o de lo contrario será considerado un exceso en la legítima defensa de parte del dueño de la casa o del negocio.  

Durante la aprobación de la propuesta de exclusión del delito, el diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel pidió una adición para que la legítima defensa se extienda a ejidos, bienes comunales, ejidales, así como en pequeña propiedad en zonas rurales de Guerrero.

La adición, sostuvo el diputado, es para que todo ciudadano pueda ejercer su derecho a la defensa de su familia o patrimonio, y no queden a la deriva en caso de que enfrenten riesgo de sufrir alguna agresión así como tampoco sean víctimas de enfrentar una sanción por no ser considerados en la ley.

 

Las demandas

 

La aprobación de la legítima defensa en Guerrero se da justo en el contexto en que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) viene demandando a los gobiernos federal y estatal y los legisladores que unan fuerzas y se garantice mayor seguridad en los negocios, indicando que la extorsión es el delito que sufren a diario.

Apenas el julio de este año, se denunció el cierre de al menos veinte tortillerías en colonias de la zona conurbada del municipio de Acapulco, ante amenazas de cobro de cuota y quema de los negocios por parte de grupos delictivos.

En ese mismo mes, el 23 de julio en Chilpancingo fue secuestrado el empresario y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Jorge Ochoa Parra, por desconocidos que se lo llevaron de su negocio de artículos para mascotas, ubicado en el número 25 de la avenida Benito Juárez, en el centro de la capital.

Un día después de que se reportó el secuestro, el empresario fue hallado muerto y envuelto en una lona sobre el bulevar Vicente Guerrero. También el 24 de julio, el presidente de la Organización de Hoteleros Asociados de Zihuatanejo, Luciano Pineda Quiroz, fue asesinado a balazos en el centro de ese municipio de la Costa Grande de Guerrero.

Los asesinatos y la extorsión a los empresarios se registran también en un contexto en que Guerrero, operan ciento veinte empresas de seguridad privada de manera irregular, que no le exigen a su personal exámenes de control y confianza.

Lo anterior lo ha denunciado la Asociación de Empresa de Seguridad Privada General Vicente Guerrero (Aespgvg), agrupación que contempla noventa y seis empresas de seguridad privada, todas las cuales, afirman, están reglamentadas.

 

Las reacciones

 

A pesar de que la reforma al artículo 31 del Código Penal del estado que establece como legal al legítima defensa y que fue aprobada en medio de la violencia que se vive en Guerrero derivada de grupos del crimen organizado y del narcotráfico que buscan el control de territorios, donde casi todos los días hay asesinatos, el gobernador Héctor Astudillo consideró como drástica la medida que tomaron los legisladores e indicó que «sin duda hay que ver todo el procedimiento y lo que viene después».

Al día siguiente de la aprobación de la legitima defensa, en breves declaraciones a reporteros de Chilpancingo, Héctor Astudillo consideró que el asesinato «es algo drástico» y que no estaría de acuerdo en transitar por esa ruta. Señaló que siempre hay expresiones y posiciones, «por lo que hay que ver qué vendrá después».

Cuando se le preguntó si considera que con esa reforma ocasionará un incremento en la compra de armas, Astudillo Flores respondió que ya hay muchas. «Estados Unidos vende muchas armas y se pasan muchas armas; eso es parte del problema».

Quien también ya fijó postura en este tema es el obispo Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y dijo estar de acuerdo con que haya armas en las viviendas, pero matizo diciendo que «las armas no deben ser para asesinar, sino para inhibir a los delincuentes».

«Creo que el derecho más grande es la vida, y siempre he estado en contra de la pena de muerte, pero viendo este problema de violencia a nivel nacional, aquí nosotros en Guerrero viendo que 2018 y los primeros meses del 19 han sido lo más violentos, por lo menos estoy de acuerdo en que sí haya armas en las casas para de alguna mera disuadir a todos esos delincuentes»

En entrevista, Rangel Mendoza sostuvo que lo mejor sería que no existieran armas o leyes como la legalización del homicidio en legítima defensa, aprobada el jueves 3 en Guerrero, pero dijo estar de acuerdo porque, «¿cómo se defiende un ciudadano ordinario ante el clima de inseguridad?».

E insistió en que tener un arma de fuego en casa, debe ser para inhibir no para asesinar. «Como decían los judíos, interpretan ese mandamiento que dice no matarás; ellos decían no mates dándole muerte, no los golpees tanto… estoy de acuerdo, para inhibir esos malhechores».

La Barra de Acapulco Colegio de Abogados,  a través de su presidente, Jorge Vela Carbajal, también se manifestó a favor de la propuesta de legítima defensa. De acuerdo a una nota informativa que publicó el periódico El Sur en su edición del sábado 5 de octubre, Vela Carbajal apuntó que la reforma aprobada será una garantía de poder acreditar que las lesiones o asesinato de personas ajenas en un domicilio particular se cometen en defensa propia. Esta reforma va encaminada a cuando ocurre dentro del domicilio, esta es otra forma de contribuir para disminuir la incidencia delictiva en el estado».

Gonzalo Molina. De la cárcel a la Montaña.
[Foto: Kau Sirenio]

Gonzalo Molina:

El Estado destruyó lo que construimos con la policía comunitaria

Primera de dos partes

Kau Sirenio

Ataviado de una chamarra y lentes oscuros llegó a  la plática en un restaurante al sur de la Ciudad de México. A pesar de viajar mas de seis horas, Gonzalo Molina se ve repuesto, entusiasta.

«La vida en la montaña te cura el alma y te desestreza de todo; eso sí: no podemos negar que hay una destrucción sistemática en el territorio de las comunidades. Hay saqueo, militarización y pobreza extrema», empieza la plática.

El promotor de la policía comunitaria y fundador de la Casa de Justicia Mi patria es primero en el barrio de El Fortín, Tixtla, y la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, vino de la montaña donde se refugió después de tres intentos de secuestro en la capital del país, para platicar con Trinchera sobre los trabajos que realiza en la región y denunciar al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y al séquito que lo acompañan

«En este país no hay justicia para el pueblo, porque si así fuera, los políticos que se aliaron con el narcotráfico, hoy estarían en la cárcel», sostiene.

Gonzalo ha sobrevivido al acoso militar, policiaco, judicial y propagandístico. En su intento de construir justicia comunitaria tuvo que cargar  a cuestas las hostilidades de los tres niveles de gobierno. Satanizado por la clase política y desconocido por la casa de justicia de San Luis Acatlán  –además, la derecha lo acusa de rebelde, y una parte de la izquierda lo señala de contrarrevolucionario–, el activista, ahora exiliado de su comunidad por la delincuencia organizada, conserva la calma.

«Tixtla estaba asediada por la delincuencia antes de que emergiéramos como policías comunitarios para defendernos del crimen bien organizado, digo crimen bien organizado, estaban protegidos desde el palacio de gobierno del estado. Ahí, entendimos que el gobierno no era la solución, sino que es parte del problema», explica.

Dice que al gobierno le pesó mucho que los pueblos se hayan organizado y acompañado a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en contra de la reforma educativa, por lo que tuvo que diseñar todo un aparato para aniquilar al movimiento. «Pero ni aun así pudieron», asegura y agrega: «Los que veníamos de comunidades con presencia de la policía comunitaria, nos encarcelaron en prisiones de máxima seguridad, pensando que podíamos levantarnos en armas».

Gonzalo suelta una carcajada y comenta medio en broma: «Bueno, hay de presos políticos a presos comunes. Lo comento porque hay compañeros que están buscando excarcelar a un preso común que es el principal responsable de que yo haya sido detenido, para que pudieran destruir la casa de justicia Mi patria es primero de El Fortín, Tixtla, y me refiero a Elíseo Villar Castillo».

Originario de Matalapa, Tixtla, descendiente nahua, al mes de nacido sus padres lo llevaron a vivir a El Fortín, barrió que transformó de basurero a centro escolar. «Como tixtlecos descendientes de Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano y muchos otros héroes más de la Independencia y de la Revolución mexicana, no podíamos quedarnos callados, y más cuando sabemos que somos semillas que sembraron muchos luchadores sociales, tierra de conciencia y libertad, no podíamos vivir secuestrados por el crimen. Pero cuando decidimos defendernos, el Estado nos encarceló con todo su aparato».

 

Intento de secuestro

 

Mientras ojea la carta para ordenar su comida, Gonzalo se sale de la historia de persecución para encerrarse en el mismo circuito que lo orilló a desplazarse hacia la montaña. En la plática Molina González relata lo que pasó el día de su desaparición. «Viajé a la Ciudad de México para pedir medidas cautelares, para mi integridad física y de mi familiares, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, porque desde que salí del reclusorio de Chilpancingo recibí varias llamadas en las que me amenazaban de muerte. Por eso fue fui a la ciudad. Pero me sentí más vulnerable», reconoce.

El primer intento de secuestro ocurrió en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de que participó, junto con el general José Francisco Gallardo Ramírez y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras, el lunes  25 de marzo.

En este hecho, los propios universitarios lograron romper el cerco que civiles armados habían montado para raptar al promotor de la policía comunitaria. «Los universitarios se percataron cuando varios carros que nos seguían nos cerraron el paso; como pudieron lograron sacarme de ahí y me llevaron de regreso a la facultad. Allí esperamos varias horas, para que organizaran el cordón de seguridad. De ahí me llevaron al hotel para descansar, porque al día siguiente tenía que estar en la marcha con los papás de los 43 normalistas que siguen buscando a sus hijos», narra.

Gonzalo no se inmuta por el ruido del restaurante ni por las miradas furtivas que algunos comensales le lanzan cuando alza la voz.

«Después de lo que pasó en la UNAM, acompañé a los papás de los normalistas a la marcha de cuatro años y siete meses de la desaparición forzada de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras caminaba con el contingente me amenazó la señora Yazmín, alias La Norteña, conocida militar e integrante del grupo delictivo de Los Viagras y quien opera en el territorio de Tierra Colorada y El Ocotito», recuerda.

Agrega: «Vi que una persona estaba tomándome fotografías durante la marcha, y cuando entré a un edificio para entrar al baño, me siguió, hasta que los compañeros acudieron a mi rescate y lograron retener a la persona porque no pudo justificar por qué me seguía y su intención de ingresar al edificio donde me encontraba. Todos pensamos que la amenaza había terminado. Pero no. Al llegar a la casa donde me iba a quedar, nos dimos cuenta que otra persona nos estaba grabado con su celular».

Gonzalo dice que después de evaluar las medidas de seguridad optaron por buscar otro refugio:

–Decidimos con los compañeros cercanos, cambiar de casa para disminuir riesgos. Así que pedimos un Uber para desplazarnos; pero cuando llegamos a la nueva casa tuve cierta desconfianza, porque no nos abrían. Así que le pedí al conductor que apagara la aplicación y que nos dejara en la estación del Metro. Mis acompañantes y yo hicimos lo mismo: apagamos el celular y tomamos otra ruta. No nos comunicamos con los compañeros hasta no tener la certeza que estábamos fuera de peligro.

–¿Qué pasó después? ? ¿Cómo lograron salir de la ciudad de México? –quiero saber. 

–Después de ahí conseguí un nuevo celular con el cual avisé a mis familiares en Guerrero, para decirle que estábamos bien; luego busque contacto con los muchachos de Ayotzinapa; con la ayuda de ellos me fui a la Montaña.

«Mis compañeros de lucha se preocuparon porque perdimos comunicación, pero fue lo mejor que hice, porque gracias a eso logramos romper el cerco que nos habían montado para secuestrarme. Pero también creció mi desconfianza hacia las instituciones del Estado. Según fui a pedir seguridad y lo que encontré fue una cacería. Esto significa que no nos perdonan que logramos tumbar todos los cargos que integraron en mi contra para tenerme confinado en la prisión de por vida. Ese es su coraje», concluye.

Aparte de hablar de su confinamiento, primero en la prisión federal de mediana seguridad de Oaxaca, Gonzalo explica cómo logró su libertad. «Demostré mi inocencia, gracias al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). De las diez causas penales que el sistema corrupto de justicia de México integró en mi contra, logré tumbar una por una, hasta que no les quedó de otra que reconocer mi inocencia», resalta.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 7 al 13 de octubre de 2019

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