Luis Raúl González Pérez. Contundencia.
[Foto tomada de Internet]

Informe de la CNDH sobre Chilapa contradice versión del gobierno

Zacarías Cervantes

En su reciente Informe especial sobre la situación que en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó lo que con insistencia se ha venido publicando en estas páginas: el ocultamiento de las cifras reales de la violencia por el actual gobierno para aparentar ante la opinión pública que se va resolviendo el problema de criminalidad en la entidad.

Los datos del documento evidencian cifras maquilladas, incremento del índice delictivo, impunidad y omisión en Guerrero desde hace cuando menos dos lustros desde en que la entidad se encuentra inmersa en un clima de violencia e inseguridad, principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala, en donde se registra el mayor número de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de familias, de acuerdo al citado informe.

El organismo refiere que tal situación, así como las causas que la generan, han sido abordadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en distintas épocas y en diferentes foros, implementándose a escalas nacional, estatal y municipal, diversas estrategias para combatirla, pero «cuyos resultados, a la vista de todos, no se han cristalizado de la mejor manera».

En contrapartida, se observa la deficiencia en materia de procuración de justicia, «situación que sin duda alguna se debe, en gran medida, a la desatención que sobre tales temas, han brindado las autoridades de los tres ámbitos de gobierno al estado de Guerrero y al municipio en cuestión», menciona la CNDH.

El informe fue entregado este 31 de octubre en Casa Guerrero al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien de inmediato, al final de la reunión, trató de deslindarse. Declaró a los medios de comunicación que la mayoría de le los delitos a los que se refiere el informe se cometieron antes de su periodo de gobierno. Sin embargo, los datos dicen lo contrario.

La CNDH aborda en su documento la problemática que en materia de seguridad pública impera en específico en el municipio de Chilapa, puesto que, refiere, la información proporcionada por las propias autoridades, evidencia las altas cifras relacionadas con desaparición de personas y homicidios dolosos en esa zona.

Por lo que respecta a las estadísticas oficiales de personas desaparecidas en el estado, el organismo menciona que es dable señalar que en reiteradas ocasiones ha hecho alusión a la diversidad de cifras que proporcionan a la opinión pública las diferentes instancias de gobierno, «lo que pone en evidencia la necesidad, por parte de las autoridades, de compulsar y depurar los datos con que cuenten sobre la materia».

Refiere que, por ejemplo, la Fiscalía General del estado (FGE) informó que al 30 de septiembre de 2018, en el municipio de Chilapa se encontraban en trámite 247 casos de víctimas desaparecidas, de las cuales 78 ya habían sido localizadas, de ellas 67 sin vida y 11 con vida, «sin embargo, después de analizar la información remitida, se advirtió que de las 247 personas reportadas en tal calidad, sólo 211 víctimas desaparecieron en el municipio de Chilapa, iniciándose por ese motivo 178 expedientes ministeriales, los cuales se encontraban en trámite. El resto de los casos ocurrieron en otros municipios; en Zitlala 20; Atlixtac 7; Chilpancingo 4: Ahuacuotzingo 4): y Tixtla 1, lo cual motivó el registro de 26 expedientes ante la Representación Social del fuero común mencionada».

La CNDH agrega que, en resumen, pudo conocer que del cúmulo de la información enviada, en el periodo a estudio la FGE inició 204 expedientes ministeriales, los cuales en su conjunto comprenden 247 casos de personas desaparecidas: Chilapa de Álvarez 211, Zitlala 20, Atlixtac 7, Chilpancingo 4, Ahuacuotzingo 4 y Tixtla 1.

Y luego aclara que según los datos aportados por la propia autoridad a la CNDH, no se ha consignado, judicializado o vinculado a proceso ninguna Averiguación Previa o Carpeta de investigación, «lo que se traduce en que dicha instancia de procuración de justicia no ha logrado ubicar ni dar con los responsables de la desaparición de las víctimas, ni tampoco con el paradero de 169 de ellas (…) lo que sin duda alguna constituye, además de una doble victimización para los familiares de éstas, una violación a sus derechos humanos a la verdad y a la seguridad jurídica».

Asimismo, agrega que no se desprendió ningún caso que se hubiere hecho del conocimiento de la autoridad judicial, «por lo tanto no se ha emitido sentencia alguna, lo que implica que los delitos cometidos en tratándose de casos de personas desaparecidas continúen impunes».

De acuerdo a los datos dados a conocer en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), se advirtió que a escala nacional, Guerrero ocupa el lugar nueve en cuanto al número de personas desaparecidas, por debajo de los estados de Tamaulipas (6,131), México (3,918), Jalisco (3,388), Sinaloa (3,042), Nuevo León (2,919), Chihuahua (2,211), Sonora (2,169) y Puebla (2,073).

En cuanto a homicidios dolosos ocurridos en el mismo periodo (del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2018), en el municipio de Chilapa, la base de datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) arroja que se cometieron un total de 483 homicidios dolosos, de los cuales 311 fueron reportados con arma de fuego, 36 con arma blanca, en 136 casos se registró que fueron cometidos «con otro elemento».

Por su parte, la FGE proporcionó a la CNDH «diversa información», de la que se advirtió que en el mismo periodo en ese municipio se cometieron 632 homicidios dolosos, de los cuales 32 acontecieron en el 2011, 26 en el 2012, 35 se registraron en el 2013, 25 en el 2014, 115 casos fueron cometidos en el 2015, 104 ocurrieron en el 2016, en el 2017 se registró el índice más alto de ese delito con 277 casos, mientras que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 se cometieron 18 de esos crímenes.

Las cifras revelan dos situaciones: que la FGE envió información distinta al SESNSP para aparentar que las cifras de la violencia van disminuyendo, y, asimismo, en los datos reales que se dieron a la CNDH comprueban que el número de homicidios aumentó en esta administración de Astudillo Flores.

Incluso, la CNDH resalta: «Como puede advertirse, al comparar la información oficial que sobre homicidios dolosos proporcionó la FGE, así como la obtenida en fuentes hemerográficas sobre el mismo tópico, se aprecia que a partir del año 2015, la incidencia de este delito se incrementó de manera considerable, evidenciando la falta de atención e indolencia de los tres niveles de gobierno en hacer efectivo el derecho humano a la vida e integridad personal de los habitantes del municipio de Chilapa».

Asimismo, destaca que en el estudio denominado Índice estatal de desempeño de las procuraduría y fiscalías 2019, dio a conocer a la opinión pública una cifra negra de delitos no denunciados en el estado de Guerrero del 96.8%, «considerando a esa entidad como aquella con mayor cifra negra de todo el país».

Además, agrega que en dicho estudio se señaló que el 98.2% de los homicidios dolosos quedan impunes, ocupando el tercer lugar a escala nacional «en tan lamentable registro».

Ante tal situación, en su Informe Especial, la CNDH formula setenta y tres propuestas para la atención integral de la problemática, dirigidas al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al gobernador del estado, al Poder Legislativo del estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Se resalta la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones encargadas de brindar seguridad pública, educación, salud y trabajo, cumplan con el deber que tienen de garantizar los mecanismos necesarios a la sociedad, a través de una eficaz coordinación entre los tres niveles de gobierno, a efecto de crear una política sistemática e integral en el diseño y ejecución de estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia, el analfabetismo, las enfermedades y el desempleo.

Familiares de desaparecidos marchan en Chilapa.
[Foto: Yener Santos]

Las buenas intenciones no bastan para Chilapa: CNDH

Eduardo Yener Santos

Chilapa volvió a ser noticia a escala nacional, la semana pasada, por el tema de la violencia y personas desaparecidas. Por un lado, por primera vez en cinco años, colectivos de desaparecidos salieron a las calles de Chilapa para exigir paz, justicia y la presentación con vida de más de doscientas personas desaparecidas. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre Chilapa en el que asegura que los homicidios aumentaron, de treinta y dos en 2011 a doscientos setenta y cinco en 2017.

«Las buenas intenciones no bastan para Chilapa, la gente requiere hechos concretos, justicia para retomar la paz y tranquilidad, así como su vida social y económica», sostuvo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Tanto la manifestación en Chilapa como el informe de la CNDH tuvieron lugar la última semana de octubre. El lunes 28 y martes 29, el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos realizó un foro denominado Rompiendo el muro del miedo.

El martes 29 concluyó la actividad con una marcha por calles del centro de Chilapa, donde demandaron justicia y que las autoridades de los tres niveles de gobierno, cumplan con la reparación del daño a las familias, así como la identificación de los cuerpos que permanecen en el Servicio Médico Forense.

Durante la marcha, que salió de la avenida José María Andraca, se lanzó una consigna al estilo de un canto religioso: «Basta ya de guerra, queremos ya la paz, Chilapa no estás sola, te venimos a apoyar».

Desde hace cinco años, en Chilapa terminó el activismo por parte de organizaciones sociales. Del 9 al 14 de mayo de 2015, un grupo de trescientos hombres armados irrumpieron en Chilapa y se apoderaron de la ciudad.

Desde esa fecha, la actividad comercial disminuyó porque los negocios cerraban a las cuatro de la tarde. Tanto los activistas sociales, como los de derechos humanos y de gestión social, prefirieron no hacer más ruido. Se suspendieron las protestas, marchas o movilizaciones, porque se considerada ofensiva a grupos delictivos.

 Y a finales del 2015, en Chilapa se dejaron de vender los periódicos locales y nacionales que venía de Chilpancingo, por presiones del crimen organizado y por el propio gobierno local.

Durante la marcha de desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, confirmó que «primero amenazaron a los voceadores que vendían periódicos mediante aparatos de sonido, y posteriormente impidieron la venta en los puestos establecidos»
Olivares Hernández sostuvo que esa agresión a la prensa en Chilapa, fue con la aprobación u omisión  de las autoridades, porque venía de grupos de facto que le sirven al control interno.

Dos días después de la marcha en Chilapa, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó en la residencia oficial Casa Guerrero un informe sobre la violencia que impera en Chilapa, donde desde junio de 2014 existe una confrontación entre dos grupos delictivos que buscan el control de la zona.

El informe de la CNDH abarca el periodo de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2018, lapso durante el cual el organismo marca que uno de los episodios más graves que vivió Chilapa  fue en mayo de 2015, cuando un grupo de trescientas personas que se identificaron como autodefensas entraron al municipio y tomaron por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, reteniendo a once servidores públicos y durante su instancia desaparecieron a veintidos personas.

González Pérez mencionó que de este hecho existen cuatro órdenes de aprehensión contra cuatro personas como presuntas responsables de los hechos, pero hasta la fecha las órdenes no se han ejecutado.

El informe presentado por la CNDH ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente de Chilapa, Jesús Parra García, y familiares que integran el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, se realizó con testimonios rendidos por habitantes de Chilapa ante visitadores adjuntos de la CNDH.

En el informe se detalla que hay un total de doscientas cuarenta y siete personas desaparecidas en Chilapa, entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018. En ese mismo periodo, setenta y ocho de las personas desaparecidas fueron localizadas por la Fiscalía General del Estado, sesenta y siete sin vida y once con vida.

También se indica que en cuanto a fosas clandestinas y cuerpos exhumados en Chilapa, la CNDH recibió dos respuestas distintas por parte de la Fiscalía de ese periodo, 2011 a 2017, que encontró entre nueve y doce fosas clandestinas con entre treinta y siete y cuarenta y un cadáveres.

En otro apartado del informe, la Comisión dio a conocer acerca de los nulos resultados de los operativos realizados por el Ejército en Chilapa, los cuales fueron implementados con el objetivo de «reducir la violencia».

En el año 2011 se realizaron cinco operativos con ciento treinta y cuatro elementos y solo se aseguraron trece armas largas, tres armas cortas, droga y varias docenas de cohetes y cohetones preparados; ninguna persona fue detenida.

«En 2012 sólo se realizó un operativo en Chilapa, con 22 efectivos y no se detuvo a nadie ni se aseguró nada. En 2013 no se realizó ningún operativo por parte del Ejército, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional a la CNDH», dice le informe.

Para el 2014, año en que se agudizó la violencia en Chilapa,  el Ejército participó en tres operativos con cincuenta y tres militares y solo en uno de ellos, con apoyo de la Policía Estatal, detuvo a una persona por el delito de robo a casa habitación. En 2015 realizaron dos operativos en los que actuaron noventa y cinco soldados, sin que se reportaran detenciones ni aseguramientos de objeto alguno.

En el 2016 el número de operativos aumentó a noventa, pero solo se logró la detención de cuatro personas, por el delito de portar una granada, cinco armas de fuego, cinco cargadores, treinta cigarrillos de mariguana, y para eso participaron 2532 soldados.

En 2017 se realizaron 84 operativos, en los que se desplegaron 2058 efectivos, y los resultados fueron la detención de 14 personas, así como el aseguramiento de diversas armas y 2 vehículos con reporte de robo.

Finalmente, según la CNDH, la Sedena informó que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron 217 operativos y se ha logrado la detención de 28 personas, además se localizaron 5 personas lesionadas, 15 sin vida y bolsas negras con restos humanos.

Ante este panorama, la CNDH indicó que el Informe sobre Chilapa será enviado al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía del Estado, al Congreso local y demás dependencias para su atención y actuación en Chilapa.

«Las buenas intenciones no bastan para Chilapa, la gente requiere hechos concretos, justicia para retomar la paz y tranquilidad, así como su vida social y económica», sostuvo González Pérez.

En el evento de la presentación del Informe, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que la CNDH llama a la reflexión porque está sustentado de manera jurídica-social, y de él no esconde ni se huye.

En el acto, Astudillo Flores llamó al alcalde de Chilapa, Jesús Parra, a que tome en cuenta el Informe, «pues debe servir para redireccionar tus acciones, porque Chilapa es un municipio que recibe mucho recurso, incluso más que Chilpancingo».

Migrantes en Springdale. Lucha.
[Foto: Kau Sirenio]

Explotación laboral en el noroeste de Arkansas

Kau Sirenio

La ciudad de Springdale está en el valle del Noroeste de Arkansas, una zona industrial de comida perecedera. Sus habitantes llegaron de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Aquí es Centroamérica, donde los olores y sabores permanecen intactos: tamales oaxaqueños, mole poblano, carne asada o carne en su jugo traída de Jalisco; deliciosas pupusas de El Salvador. Los migrantes de esta ciudad viven su cultura como si estuvieran en su país.

Las calles cobran vida cuando terminan los turnos en las polleras El Tyson, Georges, Simon’s y Cargert. Por lo regular es un caos entre los jornaleros que entran a rolar turnos. Hay tres turnos de unos trescientos trabajadores cada uno. Primero el de las siete de la mañana, luego el de las tres de la tarde y por último el de las once de la noche. Así es todos los días para los trabajadores de estas empresas trasnacionales, que se entregan en cuerpo y alma al trabajo, aunque al cabo de unos años terminen como deshechos humanos.

Las casas de Springdale son de madera, con techos puntiagudos de tejas de chapopote. Muchas, lucen enormes chimeneas, algunas con banderas del ejército confederado. Las calles y avenidas tienen nombre de los fundadores de las empresas trasnacionales como Walmart St. y Tyson Ave.

Hacia el norte, entre Springdale y Bentonville, se aprecian tiendas mexicanas que venden desde piñatas hasta tortillas de maíz, en competencia las sucursales de bodega Aurrera, que también venden productos latinos.

En el tramo de la carretera 49 que atraviesa las ciudades de Fayetteville, Springdale, Rogers y Bentonville, hay restaurantes mexicanos y pequeñas tiendas y servicios con letreros en español. Los primeros que llegaron a la zona son los migrantes salvadoreños que migraron después de la guerra civil en su país. Desde que asentaron aquí, empezaron a trabajar en las polleras, en condiciones de esclavitud, por el bajo salario que reciben.

El salario que aquí reciben los trabajadores migrantes no alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destaza de pollos.

Algunos de los que hablaron para Trinchera tienen los brazos lesionados, a oytros les dio derrame cerebral. Alegan que son consecuencias de las condiciones del trabajo.

Carlos Zúñiga trabajó diez años en la pollería El Tyson, donde quedó inválido a causa de un derrame cerebral que sufrió. «Nos ponían a trabajar al ritmo del reloj… no nos permitían siquiera ir al baño. Muchos de mis compañeros usaban pañales desechables para no hacerse en la banda».

En 2002, los jornaleros avícolas migrantes fundaron el Centro de Trabajadores del Noroeste de Arkansas (CTNA), que ayuda con asesoría legal a los trabajadores que quedaron inválidos en las polleras. Alrededor de sesenta trabajadores acuden a este lugar a recibir talleres sobre derechos laborales; y organizan reuniones y protestas cuando la asamblea lo acuerda, para exigir mejores tratos, cese al acoso sexual contra las mujeres y despido injustificado.

La directora del CTNA, Magaly Licolli, dice que se incorporó la organización porque vio que los migrantes trabajaban en condiciones inhumanas, y sostiene que a los jornaleros iban a la clínica comunitaria dónde ella trabaja a pedir medicamentos o atención médica.

De esa relación, la activista conoció historias desgarradoras que le contaban los trabajadores.

«En esta clínica escuché a los pacientes que venían más bien a desahogarse. “¿A usted, cuánto les pagan?”, les preguntaba. Y la respuesta era: “Pues fíjese que no sé”. Entonces les pedía su talón de cheque, y seguían con lo mismo: “Pero es que no me lo dan, y si me lo daban no venía”. Lo cierto es que no sabían cuánto ganaban. Es increíble. ¿Cómo vas a trabajar si no sabes cuánto ganas? ¿Si no sabes cuánto te están pagando por hora?

Hace diez años, en Noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras era de la época feudal. Los trabajadores no sabían ni siquiera cuánto ganaban y tampoco se atrevían denunciarlo por el temor de ser detenidos y deportados.

A Magaly le contaban todo. Su privilegio es su lengua materna: el español, que le permitió vincularse con los jornaleros al grado de que le hablaran de lo que pasaba en las polleras, pero además se ganó la confianza de ellos.

 

Historias

 

Después de vivir treinta años en Los Ángeles, California, Ana Alfaro llegó a Springdale, Arkansas, para emplearse en la pollera George’s. Mientras trabajaba allí, adquirió artritis reumatoide.

Con voz suave pero contundente, la señora Alfaro explica cómo fue que se quedó inválida de por vida. «Mis manos no sirven ni para comer; perdí la movilidad de mis brazos en la pollera Georges. Ahora estoy en tratamiento porque tengo problema de mis ojos, de mis manos, de rodillas, además de diabetes, presión alta».

Alfaro cruzó la frontera a finales de 1978, después de trabajar dos años como enfermera en Huajimic, su comunidad enclavada en la sierra de Nayarit, porque su cuñado le pidió que acompañara a su hermana a Tijuana. «Tenía mi trabajo, pero quería conocer Los Ángeles, porque me contaron que el salario era mucho mayor al que tenía en mi pueblo».

En 2006, llegó a Springdale y se estableció en las procesadoras de pollo y pavo. «Es el trabajo que hay para nosotras las mujeres, porque es el trabajo que hay en esta ciudad. Lo que duele es que a los empresarios les cuesta (más) trabajo perder una patita de pollo que la vida de los trabajadores».

Alfaro trabajó en Georges cuatro años, primero en el departamento de empaque, después tres meses en la cocina y finalmente en el departamento de lavado de tinas.

«Estando en el departamento de lavado de tinas, empecé a tener problemas con las manos, porque me dio artritis reumatoide. Mis manos no me respondían, todo se me caía. Me quejé en la oficina, pero nadie me hizo caso. Adquirí esta enfermedad porque trabajaba en área caliente, pero cuando llegaban los camiones con la carga congelada, nos quitaban de donde estamos para ponernos en los refrigeradores a acomodar las cargas».

Agrega: «Así estuve trabajando. A veces no podía mover mis brazos, pero tenía que trabajar, hasta que un día mi esposo me llevó al seguro social, para que revisaran mis manos. Cuando vieron que no podía ni agarrar un vaso, ordenaron que se me hiciera un estudio con sus doctores del seguro. Fue así que me dieron el deshabilite (invalidez). Estas compañías de pollos nos pueden ver caer, pero nos les importa; sin embargo, le dan más importancia al pollo que al humano».

Después de que el seguro de la compañía Georges le diera la invalidez laboral, tramitó su jubilación. Fue entonces que supo que su pensión sería de seiscientos noventa dólares mensuales por treinta años de trabajo, cantidad que gasta en servicios como: la renta, agua, luz y alimentación y gastos médicos.

Para tener un poco más de dinero, Ana se dedica a arreglar ropa. «Hago bastillas, pongo cierres, botones; a veces paso a recoger lo que regalan las iglesias; como no tengo carro y no hay quién me lleve, tengo que usar el autobús. Tenía carro, pero lo vendí porque mis deudas estaban al tope».

Marta Patricia Hernández Díaz recuerda que una tarde, mientras trabajaba en la banda destazadora de pollos en la pollera El Tyson, de los pasillos se escuchaban los gritos y las carcajadas de los jornaleros que esperaban terminar el segundo turno del día. Ese día, Marta tenía pensado comer pozole rojo con sus hijos, pero una fuga de amoniaco, que apagó de golpe el alboroto de sus compañeros, arruinó sus planes.

«Ese día estábamos trabajando en el empaque; de repente, escuché los gritos de mis compañeros. Primero estaba echando relajo entre ellos y se reían, pero uno gritó más fuerte para avisar que había fuga de amoniaco. El olor inundó todos los pasillos, no podíamos respirar. Unos empezaron a desmayarse; entonces, nos sacaron al patio; ahí nos tuvieron buen rato, hasta que nos revisaron. Mis recuerdos son muy opacos porque el amoniaco nos ahogó a todos».

Agrega: «Lo único que recuerdo de ese día es que el supervisor del área murió a causa de la fuga de amoniaco… en el patio vi a muchos compañeros intoxicados; incluso, yo sigo con esas secuelas. Desde ese accidente me sigue doliendo el pecho, porque afectó el sistema respiratorio. No recuerdo con precisión cuántos éramos, pero calculo que había unos ochenta compañeros. Lo que sí sé es que más de la mitad de los trabajadores que estábamos de turno ese día, nos intoxicamos».

Prosigue: «Cuando llegaron las ambulancias nos prohibieron acercarnos a los paramédicos. El personal de seguridad impidió la entrada de los médicos, con el argumento de que todo estaba bien. Ellos se fueron y nosotros nos quedamos tirados ahí. Todo lo que te cuento pasó en la pollería El Tyson. Los trabajadores no denuncian porque tienen miedo por su estatus legal. Los únicos que sabemos lo que pasó ese día, somos los sobrevivientes, porque no hubo registro periodístico».

Con treinta y siete años de residencia en Estados Unidos, Marta Patricia salió de su natal Morelia, Michoacán, cuando apenas tenía diecisiete años, pero con tres años de matrimonio. Antes de salir de México estudió hasta sexto grado de primaria.

Salió de su trabajo como jornalera agrícola en Valle Central de California, donde aprendió a piscar fresas, y cuando terminaba la temporada, se iba con su familia al corte de rábanos, cebollas. En ese andar aprendió el ciclo agrícola. «Las hortalizas empiezan en enero y termina en julio, de ahí regresábamos a la fresa, así era mi vida allá. Lo único pesado de ahí es la pisca de fresa», explica.

«Supe de Arkansas después de platicar con una señora. Esa plática me llevó a indagar más sobre las polleras, así que me animé venir a Springdale; desde que llegué aquí empecé a trabajar en la pollera El Tyson», recuerda.

«Empecé trabajando en el departamento de carne molida –recrea–; yo echaba carne molida en un recipiente grandote; de ahí, una bomba de aire aventaba la carne al molino, mientras que los demás empacaban y estaqueaban. Así era todos los días».

El horario de trabajo de Marta en El Tyson era de dos de la tarde a once de la noche. Ahí combinó las áreas de carne precocida y fría. Todo marchaba bien hasta que se lastimó de la rodilla por hacer mucha fuerza cuando se veía obligada a empujar pesadas cajas de pollo.

Dice que desde que empezó con el dolor en rodilla fue al doctor quien de inmediato ordenó que la operaran. Sin embargo, esto le trajo problemas, cuando la compañía se rehusó pagar la curación al hospital.

Ella reclamó por el hecho de que pagaran los servicios médicos, por lo que la empresa tomó represalias en su contra. «Me ponían a trabajar en la congeladora o en la línea; a cada rato me movían de ahí. Me sentí muy mal. Recuerdo que un jueves, el supervisor me gritó al oído, me dijo “Marta, no lo hagas así, hazlo movido”. No supe que contestarle, me enojé tanto que mi cuerpo se paralizó, ya no pude caminar de tanto coraje», refiere.

La gerencia no solo hostigó a Marta por su reclamo, sino que puso en duda su palabra cuando fue hospitalizada por un derrame cerebral a causa de acoso laboral. «Tuvieron el descaro de no creer que estaba enferma, mandaron un detective a vigilarme para comprobar si era cierto que estaba enferma. Duré un mes y una semana en rehabilitación en el hospital. Tengo pruebas de cómo me insultaban, cómo me agredían. No me quedó de otra que grabarlos cuando me humillaban. Demandé, pero el abogado me dijo que no se pudo ganar el caso, como hizo perdedizos los documentos, ya no pude retomar mi caso», añade.

La mayoría de los jornaleros han vivido en carne propia el abuso. Por su estatus migratorio, Marta tiene que sobrevivir con cuatrocientos dólares al mes «Con cuatrocientos dólares no sobrevives en esta ciudad, menos si tienes hijos. Soy residente legal, pero no soy ciudadana. Antes cobraba de pensión quinientos cincuenta, pero con el gobierno de Trump me quitaron ciento cincuenta dólares. Ahora solo recibo cuatrocientos dólares ¿Qué voy hacer con este dinero?», se queja.

Dice: «Tenemos que pagar casi mil dólares al mes para la casa donde vivimos, porque la estamos comprando. Mi esposo y una hija sacan adelante los gastos.»

Con la entrada en vigor de la ley de amnistía de Ronald Reagan en 1986, Marta consiguió residencia, pero no la ciudadanía. Ella dice que no fue un regalo, sino que gracias a la lucha que dio al lado de César Chávez. «Recuerdo cuando el supervisor de la compañía donde trabajábamos, Manuel Herrera, me dijo que arreglara mis papeles porque entró la ley amnistía. Es lo bueno que me dejó el campo», reconoce.

«Mi esposo y yo anduvimos en las protestas que organizaba César Chávez. En ese entonces, en California había muchos abusos, por eso nos unimos al movimiento. Llevábamos cartelones, playeras. César Chávez siempre nos pedía estar unidos y con la cabeza en alto, que todo iba a estar mejor. Antes del boicot como plan para formar el sindicato, los rancheros nos pagaban lo que querían. Después de la lucha nos pagaron lo justo», rememora.

 

***

 

El estado de Arkansas formó parte de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. Las calles de estas ciudades llevan nombres de los supremacistas blancos como Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O nombres de los fundadores de la pollería Tyson y Wal-Mart: John W. Tyson y Sam Walton.

La universidad de Arkansas cuenta con el departamento de ciencia avícola, auspiciado por la pollería El Tyson. Con una población de 69 797 habitantes, Springdale es la ciudad favorita para los migrantes mexicanos y centroamericanos. Tiene panteones para cada población: al sureste se ubica el cementerio de los negros o esclavos, un terreno con piedras puntiagudas que sirven de lápida, o una cruz mal elaborada. Una barda de azulejos divide este panteón con la de los blancos, donde las tumbas se marcan con cruces de mármol y mausoleos. Al noroeste de este panteón hay otro cementerio exclusivo para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

Magali Licolli describe la condición de los trabajadores de esta región: «Empecé a ver lo jodido que está la situación de los trabajadores. Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Y me decían: “Es que me corrieron porque me accidenté y ahora no tengo trabajo”. Lo peor de todo es que no tenían ninguna prestación. Estos jornaleros trabajaron más de quince años en la misma compañía, pero los desplazaron como si fueran desechos», revive con un nudo en la garganta.

«Pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras es condenarse a ser despedido. Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas», denuncia.

En el Noroeste de Arkansas, la política migratoria es estandarizada con la ley federal de migración en esta región. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que es muy común que policías locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

La relación de la policía local con el ICE, permitió detener a seiscientos ochenta trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi, el 8 de agosto. La mayoría de los detenidos son latinos.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 4 al 10 de noviembre de 2019

#0986

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