Costa Grande. Crece la violencia.
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El papel parcial del gobierno en el conflicto entre grupos armados

Zacarías Cervantes

El 4 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó Zihuatanejo, donde al igual que en Petatlán, el 1 de noviembre los pobladores habían vivido episodios de violencia: bloqueos a la carretera Acapulco-Zihuatanejo; autobuses de pasajeros, camiones y vínculos particulares incendiados; desalojo de los manifestantes por parte de las fuerzas federales y estatales, con al menos tres detenidos.

En un afán por hacer que se imponga su gobierno, ese día que el gobernador visitó Zihuatanejo declaró: «No queremos que el Estado sea sometido a ningún grupo delincuencial», y en seguida advirtió que su gobierno «no quiere rispideces ni confrontaciones», pero que «está preparado para cualquier circunstancia con la Policía del Estado y la Fiscalía».

Leído en esos términos suena y se entiende como la advertencia de un gobernante que pretende hacer que se imponga la ley y el estado de derecho. Lo que hay entre líneas, sin embargo, son otras cosas.

En esa parte de la región de la Costa Grande, desde el año pasado se desató una guerra entre dos grupos que se disputan el territorio. Se trata de La Guardia Guerrerense, que dirige Oliver Sánchez Coria (El Ruso), y una célula que se desprendió de este grupo encabezada por Crescenciano Arreola (El Chano), quien se alió con La Familia Michoacana, de Arcelia, que dirige Johny Hurtado Olascoaga (El Mojarro) y su hermano José (La Fresa).

En el contexto de esta guerra, fue el primero de estos grupos el que realizó bloqueos e incendió vehículos de transporte, de carga y particulares el 1 y después el 8 de noviembre en San Jeronimito, municipio de Petatlán, y en Zihuatanejo, lo que derivó en la intervención de las fuerzas federales y estatales, que el 1 de noviembre detuvieron a tres de los integrantes del grupo delictivo que se movilizó.

Cuatro días después el gobernador lanzó su advertencia.

El 12 de noviembre, en un desplegado a plana completa en el periódico Reforma, «ciudadanos» de Petatlán pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, seguridad y protección; asimismo, «autonomía» municipal en materia de seguridad pública.

«Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento cómo vivimos los ciudadanos de Petatlán en el estado de Guerrero, ingobernabilidad, injusticia y violación a los derechos humanos es lo que prevalece en esta zona así como en los pueblos aledaños, al exigir la autonomía municipal de nuestra seguridad pública, la cual ha sido tomada por el crimen organizado», dice el escrito.
Sigue: «El gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo ha violado el artículo 115 constitucional al imponer a sus mandos policiales, quienes a su vez reciben instrucciones de los capos del narcotráfico, Crescenciano Arreola, El Chano Arreola, Hugo Maldonado, alias El H, y Nolberto Maldonado, alias Beto Maldonado, para adueñarse de los territorios municipales y tener el control de Guerrero».
Agrega que «estos probables delincuentes y sus cómplices se hacen pasar como integrantes de la policía comunitaria denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para engañar y delinquir, favorecidos por el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Seguridad Pública, David Portillo, pese a conocer los antecedentes criminales de estos capos, reciben protección por parte de los funcionarios».
«Por tal motivo, le hacemos un llamado como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina, y la Guardia Nacional para que haya seguridad y nos protejan».

El comunicado refiere que «el pasado primero de noviembre, de forma pacífica, salimos a las calles para manifestarnos por las actuaciones arbitrarias de nuestras autoridades, sin embargo recibimos represión por parte de los policías estatales, encabezados por Pedro Castro Muñoz, esto a pesar de la presencia de niños, mujeres y personas adultas argumentando que nosotros somos los delincuentes».

Mientras tanto, el gobierno del estado respondió por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, que ante la «inestabilidad» que prevalecía en Petatlán y a petición del alcalde la Policía de Estado se hace cargo de la seguridad en ese municipio.

Argumentó que el 30 de octubre obtuvo información de que un grupo de personas que obedecen a los intereses de Oliver Sánchez Coria, El Ruso, jefe de la autodenominada Guardia Guerrerense, pagarían entre 500 y mil pesos por cada persona que participara en la marcha y bloqueo para exigir la salida de las autoridades policiales federales y estatales.

El comunicado menciona que la movilización se hizo y la policía actuó con el desalojo y la detención de tres personas. Asimismo agrega que el 8 de noviembre «el grupo de delincuentes» realizó un segundo evento en el mismo punto de la carretera, quemaron vehículos e incluso bajaron a los conductores y pasajeros de los vehículos «amenazándolos con armas de fuego para presionar a las autoridades a fin de liberar a los tres detenidos».

Entonces la policía detuvo a un hombre quien llevaba un arma y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y se le decretó legal su detención y se le vinculó a proceso, refiere la publicación.

La guerra que se transformó en confrontación pública, a través de señalamientos de ambos lados a través de los medios de comunicación, muestra al Estado, no como la parte que combate a los delincuentes, sino como una de las dos partes confrontadas.

El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró el 13 de noviembre que la delincuencia organizada demuestra cada día «sus fuerzas territoriales» y nuevas formas de  operación, «como es el caso del desplegado» publicado en el diario de circulación nacional Reforma.

«Lo que nosotros tratamos de hacer es responsabilizarnos de los problemas que tenemos  y tener muy claro que estamos en medio de una lucha en donde la delincuencia organizada muestra sus fuerzas territoriales y sus operatividades que creo que son muy claras, como es el caso del desplegado que salió en Reforma, al cual se le da contestación por parte del gobierno», respondió a pregunta de los reporteros.

El problema, sin embargo, son los señalamientos de que las autoridades se colocaron en una posición no neutral para someter a los dos grupos que desde el año pasado están generando la violencia en esa parte de la Costa Grande, sino que actuaron para someter a un grupo frente a la confrontación que tienen con el otro, como ha venido ocurriendo en casi todo el territorio guerrerense.

En Petatlán, a pesar de la presencia de las fuerzas estatales y federales, y de la postura del gobernador de que «la fuerza del estado no puede quedar sometida a ningún grupo delincuencial», la violencia sigue escalando y los ciudadanos han perdido la confianza en sus autoridades porque no ven que sus actuaciones sean para velar por su seguridad, sino para proteger los intereses de los grupos que se disputan el territorio.

Cada vez son mas reiteradas las denuncias de que las corporaciones municipales y estatales están infiltradas y son utilizadas por los grupos delictivos para controlar poblaciones y territorios de donde desplazan a sus adversarios. Muchos de estos casos se han hecho públicos y las autoridades lo saben. No solo es Petatlán, están la Sierra del Filo Mayor, Xaltianguis, el Valle de El Ocotito, Petaquillas, en donde han entrado supuestamente para sofocar los focos rojos de violencia, pero en los hechos, con el tiempo se comprueba que desplazan a unos para reforzar y colocar a otros.

En los operativos se auxilian, incluso, en algunos casos, con la policía ministerial para ejecutar detenciones, se realizan operativos en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, en casos de violencia exacerbada para reforzar las operaciones de seguridad.

Mientras tanto, la mayoría de la gente se sigue sintiendo desprotegida y crece su desconfianza hacia las autoridades insensibles ante el problema de la violencia e inseguridad, pues en varias regiones del estado solo sirven para que los grupos de la delincuencia lleven la delantera y estén a la ofensiva frente a sus opositores.

Xaltianguis. Negligencia del gobierno.
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Xaltianguis: el gobierno dejó crecer la confrontación entre grupos armados

David Espino

Tuvieron que pasar seis años y tres gobernadores para que se intentara resolver el conflicto entre grupos contrarios de autodefensas en Xaltianguis. Seis años, tres gobernadores y una treintena de muertos. Desde la entrada en hombros de Bruno Plácido Valerio y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en 2013, cuando «liberó» a este poblado del municipio de Acapulco de la delincuencia, pasando por la adhesión de un grupo de cien mujeres a la autodefensa meses después, el rompimiento que derivó en la formación de su contra: el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en 2014, hasta la entrada en acción del grupo denominado Los Dumbos en enero de 2019.

La fisura en la UPOEG se dio ocho meses después de que Bruno Plácido Valerio y una docena de sus hombres entraron echando bala para sacar a una célula del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) que asolaba a la población, según contaron en el poblado. Esa escisión ha costado al menos treinta vidas de ambos bandos. El enfrentamiento en San Juan del Reparo, Tierra Colorada, en marzo de 2015 donde murieron cinco milicianos; el enfrentamiento en Xolapa, un pueblo de Xaltianguis, que dejó dieciséis muertos en junio de 2015, un día antes de las elecciones locales de Guerrero; la refriega en Tlayolapa, Tierra Colorada, en octubre de 2016, donde murieron siete integrantes de la UPOEG. Aunque lo mismo se cuentan asesinatos individuales: el de Miguel Ángel Jiménez Blanco, comandante y fundador de la UPOEG en Xaltianguis en agosto de 2015, por ejemplo. O el de Julio Alarcón Astudillo, comandante del FUSDEG en Petaquillas, asesinado en octubre de 2016, por otro ejemplo.

El liderazgo de Bruno era incuestionable… dentro de sus filas. Aquel que osaba cuestionar sus métodos era catalogado de inmediato por éste y por sus allegados como un ingrato, un estrecho de miras que no alcanzaba a ver la dimensión justa del movimiento. Acaso por su origen indígena y su arraigo asambleísta –Bruno y su hermano Cirino fueron fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995–, el jefe de las autollamadas Policías Ciudadanas siempre aludió a los pueblos en la conformación de la UPOEG como autodefensa armada que, poco después, dio origen al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) al amparo de la Ley 701.

«Estábamos cansados de los delincuentes, estábamos cansados de vivir de rodillas y nos negamos a seguir haciéndolo. Después de que surgimos aquel 5 de enero de 2013 en Ayutla de los Libres y nos constituimos como Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana nos dimos cuenta que la delincuencia organizada dejaría de serlo cuando la gente se organizara en su contra», dijo Bruno a este reportero para Aunque perdamos la vida (Grijalbo, 2016).

–Tengo miedo –llegó a decir a pregunta de por medio–, pero no me voy a morir de puro miedo.

Este discurso le abrió a Bruno cercas y trancas en cabeceras municipales, pueblos y rancherías. Así entró a Tierra Colorada, primero, en marzo de 2013, donde llegó para detener al jefe de la policía preventiva municipal, Óscar Ulises Valle, al que acusó de narcotraficante, y a la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, de ser la jefa de una célula de Los Rojos predominante en la zona. La postura de los hombres de la UPOEG fue de frontal confrontación contra la autoridad municipal, pero nunca se atrevieron a ir más lejos.

No tanto como Nestora Salgado García en Olinalá, que detuvo al síndico Armando Patrón en medio de la trama de un doble homicidio de ganaderos acusados de abigeato, que le costó casi tres años de cárcel. Bruno fue, es –siempre ha sido–, más calculador. Lo más que hizo con la alcaldesa fue pararla junto con su comitiva en un retén de revisión y catearla. No él, sus milicianos. De todos modos la acción indignó a la presidenta municipal y denunció a los hombres de Bruno por faltarle a un autoridad constituida por todas las de la ley; aunque la cosa no llegó más que a un «diálogo de conciliación» a instancias del Congreso local para distender las relaciones entre la autodefensa y el ayuntamiento.

Un par de meses después del incidente, en Xaltianguis, los hombres de Bruno reirían al recordar la reacción de Gutiérrez Paz y hasta elogiarían, no sin cierta lascivia, la figura esbelta de la señora, a quien apodaron La Potranca. Eran los tiempos en que Bruno gozaba de todos sus fueros. El entonces gobernador Ángel Aguirre ya lo había recibido en Casa Guerrero; el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya lo había recibido en Bucareli. Y Bruno se sabía con la influencia necesaria para maniobrar; nunca, eso sí, se atrevería a detener a autoridad alguna y criticó como imprudente la acción que llevó a la cárcel a Nestora.

Con esos fueros entró a Xaltianguis en junio de 2013, organizó al pueblo en asamblea, la misma con la que se elegía al comisario y se conformó una autodefensa bajo las siglas de la UPOEG y con el membrete de Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Bruno entró en hombros a Xaltianguis. Era su salvador. Un mesías. No todos, desde luego, lo vieron con buenos ojos. Plácido Macedo Adame fue uno de ellos. Fue el mismo que criticó un acto oficial en el que estuvo Ángel Aguirre y el alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, el 30 de julio de 2013, donde ambos no llevaron más que ofrecimientos y cientos de despensas.

Una vez que la UPOEG entró a Xalianguis, su crecimiento y expansión parecían inevitables, imparables. Ya había surgido en Ayutla el 5 de enero de 2013; en Tecoanapa, cinco días después. En Tierra Colorada, en marzo de ese mismo año, y en julio, en Xaltianguis, quizá el poblado más importante por su cercanía con Acapulco; y no solo eso, sino por ser parte del municipio de Acapulco. Más tarde, en enero de 2014, entró al valle de El Ocotito y ese mismo mes, a Mazatlán. La UPOEG, con Bruno al frente, ya estaba en el municipio, cuya cabecera, Chilpancingo, es la capital del estado. De Petaquillas se encargaría un año después el FUSDEG, en febrero de 2015.

La cosa es que en menos de un año, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero estaba en cuarenta y siete poblados de la zona rural de Acapulco –conformada sobre todo por el núcleo agrario de Xaltianguis–, todo el municipio de Tierra Colorada y ocho pueblos que integran el Valle de Chilpancingo, desde El Ocotito hasta Mazatlán. Cincuenta y cinco en total. Los mismos cincuenta y cinco poblados que en diciembre de 2014 perdieron en una votación a mano alzada llevada a cabo la noche del 28 en aquella cabecera municipal.

La fractura inició en Xaltianguis. Fue en una asamblea efectuada en febrero de 2014 cuando se eligiera al nuevo comisario. La asamblea votó a mano alzada y el que fue electo pertenecía al grupo que no simpatizaba con Bruno, encabezado por Plácido Macedo. Una vez pérdida la comisaría, sobre lo cual los miembros de la UPOEG no terminaban de reaccionar, Plácido Macedo aprovechó la ventaja y pidió que de una vez se definiera si la autodefensa seguiría siendo comandada por los hombres leales a Bruno. La gente también votó por deslindarse de ellos. Los de la UPOEG se salieron de la asamblea y alegaron que ésta había sido manipulada y que no entregarían la comandancia.

Lo que vino en los meses siguientes fueron retos, amenazas y conatos de enfrentamientos entre ambos grupos, hasta que el FUSDEG se hizo de la comandancia y echaron a Bruno Plácido, como él echó a los delincuentes poco más de un año antes. Era julio de 2014, el verano apenas entraba, y Bruno había ido a Las Marías, comunidad del núcleo agrario de Xaltianguis, a apadrinar una generación de estudiantes de primaria, cuando de regreso, un reten de gente del FUSDEG ya lo esperaba en la afueras del pueblo para detenerlo. En su camionera Denali solo iba Zarco, su chofer. Bruno se había regresado en otro coche con las mujeres de la autodefensa y cruzó el retén sin problema. Cuando detuvieron la camioneta blindada en la que pensaron viajaba el dirigente se dieron cuenta que éste se les había ido y le mandaron un mensaje con Zarco para que no regresa o de lo contrario lo detendrían.

Desde luego que Bruno midió el peso de aquellas palabras y midió el riesgo verdadero que representaba regresar y confrontar a sus retadores. No regresó. E hizo bien. Poco después uno de sus hombres fuertes, Miguel Ángel Jiménez Blanco, fue asesinado a mansalva mientras conducía un taxi colectivo en el que trabajaba en el tramo Xaltianguis-Acapulco, por la carretera federal 95, en agosto de 2015.

De las amenazas y conatos entre UPOEG y FUSDEG, llegó el enfrentamiento armado y las docenas de muertos. Primero en San Juan del Reparo, Tierra Colorada –cuyo liderazgo armado recae en Maximino Alejo–, en marzo de 2015, donde murieron cinco hombres del FUSDEG. Luego en Xolapa, del núcleo agrario de Xaltianguis, Acapulco, en julio de ese mismo año, donde murieron a balazos deiciséis milicianos de ambos grupos y hubo una docena más de heridos. Y la última en Tlayolapa, también Tierra Colorada, donde se contaron siete muertos de la UPOEG.

Muertes producto de un encono alimentado por la rivalidad de dos grupos que entre sus argumentos está «la defensa de su territorio». En el primer caso, San Juan del Reparo, la UPOEG dijo que habían acudido en auxilio de un poblador que había sido retenido por el FUSDEG; en el segundo caso, Xolapa, hasta ahora con el mayor número de muertes, dieciséis, se dio por el control de la zona ya de por sí perdido por la UPOEG y en cuyo centro estuvo la intención de detener a Bruno Plácido un año antes.

El tercer caso fue el de Tlayolapa, en Tierra Colorada, en 2016, donde murieron siete milicianos de la autodefensa de la UPOEG. En este caso, el comandante del FUSDEG en El Ocotito y por tanto en todo el Valle de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo, dijo que supieron que Bruno «junto con su gente de la sierra intentaría arrebatarles el territorio que han sumado a su proyecto, y es por eso que fortalecieron sus bases de vigilancia en al menos ocho puntos de sus comunidades desde Petaquillas hasta Xaltianguis». (Radio Alborada/Tixtla/octubre/2016).

El FUSDEG también acusó a la UPOEG de montar el secuestro de uno de sus miembros, Facundo Castro Jiménez, para justificar la incursión armada y así recuperar el territorio. «El detenido confesó que la intención era afectar al FUSDEG para justificar la entrada de la UPOEG al municipio, y en consecuencia se vino lo de Tlayolapa, el enfrentamiento a balazos donde hubo muertos», declaró el comandante Maximino Alejo. (El Sur/09/11/16)

Entonces la confrontación ya era abierta, y el gobierno solo se limitó a mirar. Las autodefensas –que surgieron con una amplia base social desde mayo de 2012 en Huamuxtitlán, Montaña de Guerrero–, redujeron su estrategia a la protección a toda costa de «su territorio» emulando aquello que dijeron combatir. FUSDEG y UPOEG guardaron sus distancias y, como aquellos que dijeron combatir, ni uno ni otro se metía a territorio ajeno. Entre estas distancias hubo tiempo hasta de que el FUSDEG perdiera fuerza y fuero en los pueblos y se formara otra agrupación: algo llamado Nueva Policía Comunitaria Independiente de Petaquillas. Fue una suerte de armisticio entre autodefensas… hasta que llegaron Los Dumbos y su SSX (Sistema de Seguridad de Xaltianguis).

«De Los Dumbos nunca se tuvo conocimiento claro», dice una desplazada de Xaltianguis. «Se pensó que eran los mismos que en 2013 Bruno y la UPOEG echó del pueblo pero no. Aquellos eran de La Maña, estaba probado, extorsionaban y amenazaban a la gente. Daniel Adame –el dirigente más sobresaliente de Los Dumbos– fue simpatizante y hasta gente de la OPOEG en este pueblo, no cercano a Bruno pero sí cercano a la gente de él».

Los Dumbos brincaron del anonimato a las notas periodísticas cuando en enero de 2019 la UPOEG halló y confiscó más de 14 mil litro de gasolina. Ocurrió cuando el gobierno federal emprendía lo que llamó la lucha contra el huachicoleo o robo de combustible. Entonces se conoció que esta gasolina era de Daniel Adame, un profesores de primaria sin ejercer y más conocido como empresario gasolinero en Xaltianguis. Adame formó un grupo, lo armó, y fue a recuperar Xaltianguis otra vez bajo el control de la UPOEG.

Fueron 10 meses de enfrentamientos. La UPOEG salió, volvió a recuperar terreno y hasta que en abril Los Dumbos llegaron reforzados y se quedaron. Carros bomba, enfrentamientos, amenazas hasta que la gente de la UPOEG fue sacada de manera definitiva. Adame decía que la UPOEG extorsionaba e intimidaba a la gente si es que no querían colaborar con ellos. Hay fotos donde se muestra a la gente de Los Dumbos con rifles de asalto defendiendo la comandancia. Era el centro de operaciones de aquella autodefensa que mantuviera el control de este territorio por eso, conseguirlo, significaba tener Xaltianguis. Y así fue.

Y no ocurrió nada. La foto de un periódico local muestra a unos hombres con AK-47 en lo alto en aparente defensa de otro ataque. Fue una foto de emergencia del fotoperiodista Carlos Carbajal que tuvo la principal en el diario en el que trabaja. Los Dumbos se hicieron del pueblo e impusieron sus reglas y su ley siempre con el temor de que en cualquier momento Bruno y sus hombres regresaran por lo perdido, como ya lo habían hecho. Hubo conatos de violencia, escarceos, detenciones entre bandos rivales que cada quien llamó secuestros. La gente comenzó a organizarse, bloquear la carretera federal 95 y rechazar a ambos bandos que asolaban la zona.

Fueron los bloqueos a la vías federales las que prendieron las alarmas. Unas en contra otras en favor. La vía federal 95 es arteria principal –después de la autopista del Sol– para llegar a Acapulco y a Zihuatanejo, dos de los centros turísticos más importantes de Guerrero. Y entonces el gobierno entendió que se afectaría más que la vida cotidiana de los pueblos –que al fin y al cabo ya esta familiarizada con la violencia–, que se afectaría el flujo turístico hacia estos dos destinos y el puente por la Revolución que ya estaba cerca, y la llamada «derrama económica» que dejan los visitantes.

Fue que en Xaltianguis se optó por la entrada de la Guardia Nacional, y por la detención de los principales dirigentes de Los Dumbos, entre ellos, Daniel Adame que mejor optó por huir. Se dijo que el gobierno entró a pacificar. Fueron seis años, tres gobernadores –Ángel Aguirre Rivero que los incentivó, Rogelio Ortega Martínez que no hizo más que recoger los pesados que éste dejó, y Héctor Astudillo Flores que se ha caracterizado por sólo ver, ver de lejos– y decenas de muertos y no se prendían las alarmas.

Montaña Baja. Hartazgo social.
[Foto: Yener Santos]

Chilapa, atrapada desde hace años en la espiral de violencia

Eduardo Yener Santos

Al menos seis grupos de autodefensa y dos organizaciones delictivas, Los Rojos y Los Ardillos, operan en los territorios de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala, donde existe una brutal disputa por el control de la zona que parece no tener fin.

Desde finales del año 2011 a la fecha, la imparable ola de violencia en esta triada ha dejado más de seiscientos homicidios dolosos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último informe sobre Chilapa, entre ellos políticos, funcionarios municipales; también se han exhibido los presuntos nexos de autoridades y de la clase política con la delincuencia.

En este contexto, se han realizado dos procesos electorales, el local de 2015 y el federal de 2018; en ambos han matado a candidatos y dirigentes políticos. El 1 de mayo de 2015 fue asesinado el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, y el 14 de octubre de 2017 fue asesinado el exdirigente del PRD en Guerrero y luchador social Ranferi Hernández Acevedo.

Seguidos de estos crímenes, se suman los de las aspirantes a la candidatura de la diputación local de distrito 25, Dulce Rebaja, del PRI, y Antonia Jaimes, del PRD, quienes fueron brutalmente asesinadas en el proceso electoral 2018, mientras que en marzo de 2015 fue asesinada la aspirante del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo Aidé Nava González.

También en estos dos procesos electorales surgieron grupos de autodefensa o guardias comunitarias, algunos señalados públicamente de ser brazo armado del narco. Reportes oficiales, indican que la violencia en Chilapa comenzó entre los años 2011 y 2012, pero se elevó afínales del 2013.

En noviembre de 2012, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la desaparecida PGR, detuvieron a Vicente Jiménez Aranda, por sus presuntos nexos con el narco. Jiménez Aranda fue detenido cuando fungía como oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa de la administración 2012-2015 encabezada por el priista Fráncico Javier García González.

Jiménez Aranda, de quien a la fecha se desconoce su situación jurídica, fue acusado de servir de enlace con un grupo delincuencial que operaba en la cabecera de Chilapa, de acuerdo a un expediente de la causa penal 198/2013 del Juzgado Cuarto en Material Penal de primera instancia con sede en Chilpancingo.

Días después de la detención del funcionario municipal, hombres armados asesinaron al entonces regidor del PT Cleto Mendoza Vargas, luego de que se lo llevaron de su domicilio en la comunidad de Ayahualulco el 30 de diciembre del 2013.

Con la desaparición de este regidor del PT, escaló y se visualizó más la violencia en Chilapa y sus alrededores, así como el surgimiento de grupos de autodefensas y la disputa brutal entre Los Rojos y Los Ardillos.

En los primeros tres meses de 2014, en Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera se comenzó a rumorar de la existencia de grupos armados por las carreteras que conectan a estos tres municipios.

Fue en marzo de ese año cuando el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández,  habló públicamente sobre lo que pasaba en Chilapa, luego de ser interceptado y atracado por un grupo armado en la carretera Chilapa-Tlapa.

Durante una entrevista en Chilpancingo, el activista sostuvo que las autoridades de los tres niveles tenían conocimiento de la existencia de una banda delincuencial que operaba impunemente en Chilapa.

La denuncia de Abel Barrera vino luego de que un grupo armado le robó una camioneta donde viajaba con un abogado, y lo despojaron de dinero en efectivo, teléfonos móviles y equipo de cómputo.

Entre los días 7, 8 y 9 de julio de 2014, en Chilapa se registraron una serie de balaceras entre civiles armados y con la policía estatal; de estos hechos, se reportaron catorce personas asesinadas en cuarenta y ocho horas.

Reportes oficiales refieren que por esos tres días de hechos violentos, fueron abatidos seis presuntos pistoleros; también murió un taxista y un policía estatal del grupo de Fuerzas Especiales, además de cuatro heridos de la policías estatal.

Con esos tres días de balaceras por las calles céntricas de Chilapa daba el comienzo de la disputas por la plaza –que conecta la Montaña con la región Centro–, entre sicarios de Los Rojos y Los Ardillos.

Dos meses después, en agosto de 2014, cuatro choferes de la ruta Chilapa-Ayahualulco fueron privados de su libertad por un grupo armado, hecho que motivó la primera aparición de un grupo de autodefensa en esa región.

El 3 de agosto de 2014, pobladores de Ayahualulco se armaron e instalaron retenes en entradas y salidas de la comunidad para protegerse. En esa ocasión, el grupo de autodefensa, que no tuvo nombre oficial, era encabezado por el entonces comisario, Eufemio Barrios Rodríguez.

De aquel agosto y hasta la fecha, en Ayahualulco continúan estos retenes y rondines de los pobladores de un horario de cinco de la mañana a ocho de la noche. Otra medida que tomó la comunidad es instalar un tianguis de artesanías durante los días sábados, luego de que varios artesanos denunciaron que cuando acudían al tianguis dominical de Chilapa, eran asaltados o no encontraban transporte para regresar.

El 1 de septiembre de 2014, ciudadanos de cinco pueblos indígenas de Chilapa, dos de José Joaquín de Herrera y de la cabecera municipal de Zitlala anunciaron la integración de su Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (PC-PF) del Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); con ello nació la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla.

Durante la asamblea regional en Rincón de Chautla, los pobladores denunciaron el asalto y asesinado de seis campesinos en el camino que conduce a Tlachimaltepec. Este crimen nunca fue  denunciando ante el MP porque aseguraron: «Si llegan atrapar a los delincuentes, ellos salen libres bajo fianza y luego van contra los que denunciaron».

Entre los meses de julio y agosto de 2014, en las redes sociales Facebook y YouTube comenzaron a circular videos en los que se exhibían supuestos sicarios de Los Rojos, y éstos acusaban los nexos que tenía el entonces alcalde de Chilapa, Francisco Javier García González, con el narco.

Uno de los videos que más circuló fue el de un hombre identificado como Filiberto Meneses, quien se asumía como ‘halcón’ de Los Rojos. En el video titulado El Manotas Alcon de Zenen alias “El Chaparro Jefe de la Plaza de Chilapa de Álvarez Guerrero, Meneses acusó al director de mantenimiento vehicular de Chilapa, Fortunato Nava Díaz, de ser el enlace entre el alcalde y el jefe de Los Rojos.

El entonces presidente municipal de Chilapa Francisco Javier González, allegado del actual senador del PRI Manuel Añorve Baños, siempre negó tales acusaciones, y en su defensa acusó a los medios de comunicación de querer dañar su imagen política.

A pesar de que siempre pidió ser investigado por tales acusaciones y por su omisión en la violencia de Chilapa, Javier González continúa apareciendo en los eventos públicos del senador Añorve Baños.

La mañana del 27 de noviembre de 2014, once cuerpos decapitados y semiquemados fueron encontrados en las inmediaciones del crucero que conduce al poblado de Ayahualulco, ubicado sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa.

A inicios del año 2015, en febrero para ser exactos, se registró un enfrentamiento a balazos en la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, protagonizado por presuntos policías comunitarios. La refriega dejó cinco personas muertas.

Este enfrentamiento provocó la primera ruptura al interior de la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla, y con ello surgió una nueva policía comunitaria de la CRAC-PC, la cual fue y es actualmente encabezada por habitantes de San Jerónimo Palantla y como aliados quedaron los pueblos Ahuehuitej y Xochitempa.

Meses después, se dio un nuevo rompimiento en la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla. Pobladores de la comunidad de Ahuixtla, encabezados por Margarito González Nava, decidieron separarse de la organización de Rincón de Chautla y formar su propia Casa de Justicia. Apoyados por pobladores de Papaxtla, Cantera Rosa y Tepozonalco, se instalaron en esta última comunidad, a fin de no enfrentarse a ningún grupo delictivo más que salvaguardar su integridad.

El grupo de autodefensa más cuestionable apareció la tarde del 9 de mayo de 2015, ocho días después del asesinato del candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz. Un grupo de trescientas de personas armadas irrumpieron en la cabecera municipal, y se presentaron como policías comunitarios, tomaron la comandancia de la policía municipal y desarmaron a elementos de la Gendarmería Nacional.

La demanda de este grupo, que días después se presentó como Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia, era detener al jefe de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, a quien acusaban de asesinar y extorsionar a los pobladores de comunidades de la parte sur de Chilapa.

Durante los cuatro días que estos civiles armados mantuvieron la «seguridad» de Chilapa, desaparecieron más de treinta personas, de quienes, hasta la fecha, se desconoce su paradero, y se catearon varias viviendas tanto en la cabecera como en comunidades aledañas.

Este grupo se retiró de Chilapa el 14 de mayo del 2015, pero regresó un año después, en mayo de 2016, ahora en Zitlala, donde irrumpió en la cabecera municipal y allí se mantuvo dos días bajo el argumento de que buscaban a una mujer que, según ellos, fue desaparecida por el grupo delictivo al servicio de Los Rojos.

José Apolonio Villanueva Jiménez, quien se asumió como dirigente de este grupo armado, autodenominado Comunitarios por la Paz y la Justicia, ha reconocido que su organización  avanzó en la comunidad Tlaltempanapa, Zitlala. Este grupo armado ha sido señalado por familiares de personas desaparecidas de ser el brazo armado de  Los Ardillos.

Además de todas estas agrupaciones armadas, en Chilapa también se encuentra el Ejército mexicano, que ahora se hace llamar Guardia Nacional, así como la policía estatal y la policía ministerial. Y la violencia continua.

Apenas esta semana, dos personas fueron asesinadas. El martes 12 de noviembre, un transportista identificado como La Cebra fue asesinado en la calle Municipio Libre, de la colonia Centro, de Chilapa. Su familia recogió el cuerpo y la policía no reportó el crimen.

Ese mismo día, pero a las nueve de la noche, una doctora fue asesinada a balazos en la Calle 13 Norte, de la ciudad. De acuerdo a la Policía, la doctora identificada como Raquel F., de unos treinta y siete años de edad caminaba por dicha calle del barrio de la Villa, cuando dos hombres que se transportaban en moto la interceptaron, discutieron y le dispararon cinco veces.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 18 al 24 de noviembre de 2019

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