Costa Grande. Éxodo por la violencia.
[Foto:Hercilia Castro]

En 2019 se incrementó la violencia en la Costa Grande

Hercilia Castro

Unos ochenta hombres armados del grupo criminal Guardia Guerrerense, encabezados por Oliver Sánchez Coria, entran a El Mameyal, municipio de Petatlán, el domingo 22 de diciembre a las seis de la mañana. Con amenazas, le dan veinticuatro horas a la gente para abandonar el pueblo.

Entran a la casa de Julián Contreras Gutiérrez, lo sacan a la fuerza, lo golpean. Sus familiares piden clemencia, lloran. Piden que lo suelten. Pero los delincuentes no escuchan. Afuera de su casa, ya golpeado, lo empapan de gasolina y le prenden fuego. Muere calcinado, y su familia no puede más que llorar de impotencia.

El saldo final de ese ataque: un muerto, un herido (Adrián Chávez), un desaparecido (Martín Rentería) y dos niños golpeados (Guadalupe y Patricio Contreras Maciel), uno de ellos, discapacitado. Los niños, fueron sustraídos de su casa por los maleantes y liberados pasado el mediodía, en muy mal estado de salud. Además de una combi de servicio público que fue balaceada.

Cerca de las ocho de la noche, la página Informativo de La Costa reporta que hay un bloqueo a la altura de Juluchuca. No se sabe más.

Para el domingo, más de la mitad del pueblo de El Mameyal ya se había salido. Con doscientas casas habitadas, aquello se convirtió en un pueblo fantasma.

La violencia en esta zona de la Costa Grande fue la constante a lo largo de 2019. En Zihuatanejo, en los últimos tres meses, los asesinatos y balaceras se incrementaron considerablemente; sobre todo, después de los bloqueos del 1 y 2 de noviembre, cuando integrantes de Guardia Guerrerense quemaron autobuses y camionetas tipo urvan, tanto en Petatlán, como en el centro turístico.

El miedo desencadenó una psicosis colectiva, y en Zihuatanejo, durante una semana no hubo transporte público local y se cancelaron corridas de autobuses para Acapulco. Encima, la terminal de pasaje urbano Dos Costas estuvo cerrada durante dos días, en protesta a la inseguridad.

Entre el terror al bloqueo por parte de Guardia Guerrerense, estudiantes de la Universidad Tecnológica (UT) de Petatlán, recibieron amenaza de que los levantarían si sus padres no pagaban cuota. Nada se dijo en medios, todo quedó como rumores.

A pesar de que el alcalde porteño, Jorge Sánchez Allec, señaló que no existen afectaciones por los recurrentes asesinatos y amenazas de la delincuencia, la incidencia de criminalidad no para, al grado de que Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajen a Ixtapa- Zihuatanejo.

La presencia de los grupos delictivos, la falta de obra pública en infraestructura y de apoyo a los turisteros, además de los homicidios y extorsiones, hizo un coctel que aún no puede resolver el alcalde, ni la Federación, a pesar de la entrada de la Guardia Nacional.

Antes de que cumpliera un año el gobierno de Sánchez Allec, el 2 de agosto fue asesinado el director de Reglamentos y Espectáculos, Édgar Alberto Nava López, frente a sus hijas de tres y cinco años, mientras desayunaba frente a la playa Principal. Acababa de clausurar el evento veraniego Paraíso de los Niños.

Conocidos de funcionario, manifestaron que días antes había sido advertido de que parara de poner en orden al ambulantaje, pues se había propuesto regular los puestos informales y liberar las calles de comercio. La advertencia terminó en su muerte.

Una semana antes, el 23 de julio, asesinaron al presidente de Hoteleros Asociados de Zihuatanejo, Luciano Pineda Quiroz. Fue alcanzado por dos hombres armados, que le dispararon a él y a su esposa e hijas. Ellas, quedaron mal heridas.

El 21 de agosto, el comisario ejidal del ejido de Zihuatanejo, Rodolfo Campos Valdovinos, fue asesinado por un pistolero delante de la secretaria y un ejidatario. El asesino disparó toda la carga del arma en la cabeza del comisario. Dos calles se cerraron para llevar a cabo el cortejo fúnebre.

El 22 de mayo se reportó un enfrentamiento en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en la sierra de Zihuatanejo, con una saldo de dos muertos.

El 22 de octubre fue asesinado Diego Sotelo Sánchez, hijo del empresario materialista Francisco Sotelo, quien en algún tiempo fue activista político, además de ser una familia apreciada en el puerto. El asesinato cimbró a los empresarios porteños. Sin embargo, no hubo manifestaciones debido al miedo.

Informes de las autoridades estatales señalan que desde 2016, los desplazamientos forzados de la gente se han incrementado en pueblos de los municipios de: San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Tecpán de Galeana, Coahuayutla, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, José Azueta y Heliodoro Castillo.

En comunidades de la Sierra de Coahuayutla donde operan los grupos criminales Los Cuernudos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mantienen en jaque a la población.

Rafael Martínez Ramírez, alcalde de este municipio que colinda con la región de Tierra Caliente, señala que son Los Cuernudos los que han hecho desmanes en esta zona.

«Secuestran, roban y matan, y las autoridades no hacen nada para frenarlos», aseveró.

 

Vallecitos, despoblado desde hace meses

 

Vallecitos de Zaragoza, una de las comunidades más grandes de Zihuatanejo, antes próspera en su economía, con más de dos mil habitantes, ahora se encuentra abandonada, pues los delincuentes provocaron un éxodo debido a la violencia y marginación.

Los pobladores se resisten a declarar, tienen miedo, pero ya forman parte de las estadísticas de desplazados por el crimen organizado en el municipio de Zihuatanejo.

Para la gente de Vallecitos, la historia es otra. De ser miles, ahora quedan veinticinco pobladores, resistiendo a las amenazas del crimen organizado que disputa el paso, por su cercanía con Coyuca de Catalán, donde la violencia no ha dejado en paz a los serranos.

Aseguran que el problema de inseguridad se hizo más notorio durante el 2016 cuando se dio una incursión masiva de delincuentes, y ahora la comunidad está en disputa entre Guardia Guerrerense, Los Viagras, Los Yexqueros, Los García y La Familia Michoacana. Sin embargo, desde hace más de diez años es secreto a voces que Vallecitos se volvió una comunidad peligrosa. Las autoridades municipales y estatales hicieron caso omiso.

Nada queda de los repiques de la iglesia católica, las capillas, o los cantos en el templo evangélico o en la iglesia de los Testigos de Jehová. Ahora todo son tiendas, escuelas, templos, potreros y casas abandonadas, sin risas de niños ni mujeres, sin hombres trabajando.

En Vallecitos de Zaragoza se constituyó desde 2018 una policía comunitaria para enfrentar a integrantes del grupo delictivo Nueva Sangre Guerrerense y Los Templarios. Sin embargo, ni ésta pudo contra la delincuencia.

El 20 de diciembre, Sánchez Allec, declaró a medios que la gente de Vallecitos comienza a regresar y que ya hay destacamento de la Guardia Nacional, aunque parece que ese poblado jamás volverá a ser lo que era.

 

Turismo en riesgo

 

El turismo ha sufrido también las consecuencias de los bloqueos en Petatlán y de la incursión de una policía comunitaria a El Naranjito, municipio de La Unión. También de allí hubo desplazados luego del arresto, el 7 de septiembre, de setenta supuestos comunitarios, en un operativo de la Policía Estatal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Federal. En el parte informativo se aseguró que iban a enfrentarse contra un grupo delictivo. Los pobladores entraron en pánico y abandonaron el pueblo.

Huyeron sin dinero, sin ropa, sin nada más que lo del pasaje: «Yo estaba en casa de mi hija, cuando llegaron al pueblo a amenazar que iban a quemar las casas; salí solo con lo del pasaje. Agarré a mi chamaca y nos fuimos. No traemos nada», describió un desplazado.

Y es que no fue solo esta detención en la carretera federal rumbo a La Unión, también fueron las amenazas lo que sacó a decenas de personas en esos días.

Además, los bloqueos afectaron los ‘puentes’ vacacionales del 1 y 2 de noviembre. Noviembre, ese mes que los turisteros de Ixtapa y Zihuatanejo que esperan, por ser el mes en que comienza la temporada y que el turismo extranjero comienza a huir del frío canadiense o estadunidense. Pero no fue así, el puente largo del 20 de noviembre, en que llega a las playas el turismo nacional, menguó, aunque la Secretaría de Turismo dijo otra cosa.

Los restaurantes lucieron vacíos debido a que esas dos primeras semanas de noviembre hubo bloqueos por parte de la delincuencia en San Jeronimito, municipio de Petatlán, y bloqueos en el puente de Palos Blancos, también de ese lugar.

Los turistas van y vienen, ya está la temporada vacacional. Pero cerca de la Cancha Solidaridad, dos hombres armados se bajan de una camioneta y disparan a un civil que se encuentra cerca del hotel El Dorado, frente a decenas de turistas y lugareños. Pero la gente no se inmuta, el turista busca salir, y, como dice el taxista: «Ya no se espantan. Dicen los turistas que de donde vienen está peor, que matan hasta quince».

Así cierra el 28 de diciembre, ya nadie se espanta por un muerto más, como si solo fuera una tétrica broma del Día de los Inocentes.

Familiares de desaparecidos. Panorama adverso.
[Foto: José Luis de la Cruz]

Guerrero: verdaderas zonas de exterminio

Zacarías Cervantes

Guerrero se ha convertido, en opinión de algunos colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, en verdaderas «zonas de exterminio». Los cuerpos humanos son enterrados e incinerados por la delincuencia organizada «en pozos como para barbacoa», para que se dificulte su identificación posterior. Y las autoridades trabajan sin presupuesto, sin personal capacitado y sin equipo para agilizar la identificación de cuerpos y para la búsqueda de los desaparecidos.

Por la carencia de presupuesto, además, el personal no da el tratamiento adecuado a los cadáveres conforme a la normatividad. A veces los trasladan hasta en camionetas de la Policía Ministerial; no se realiza la cadena de custodia correspondiente, y no a todos se les practica el estudio del ADN. Representantes de algunos colectivos aseguran, asimismo, que no es verdad que existe una base de datos como han asegurado las autoridades.

Por estas circunstancias algunos de los cuerpos siguen yendo a parar a las fosas comunes.

Trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo admiten que en estas instalaciones los cadáveres se siguen acumulando en cantidades que fluctúan entre setecientos y ochocientos, de acuerdo a las «rachas» de violencia, pero, sobre todo, por el retraso en la práctica de los estudios del ADN y la identificación por parte de los familiares de las víctimas.

Consultados por Trinchera, algunos de los empleados matizan, sin embargo, el problema de la escasez de recursos. Aseguran que a diferencia de hace año y medio cuando no funcionaban ni siquiera dos de las tres cámara frigoríficas y no había material sanitario para la limpieza de las instalaciones, actualmente las condiciones han mejorado «un poquito».

Sin embargo, uno de ellos revela que en julio pasado realizaron un paro laboral y se negaron a realizar los levantamientos de cuerpos en protesta porque tenían más de dos meses sin que la Secretaría de Salud les pagara sus viáticos. Además, demandaron garantías de seguridad durante los traslados.

Recuerda que el 28 de julio, durante un evento de violencia en Tixtla, el cuerpo de una de las víctimas fue levantado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladado a bordo de una patrulla de la policía municipal de ese municipio, violando con ello los protocolos y la cadena de custodia que debe cumplirse en el traslado de los cuerpos.

La norma establece un tratamiento digno y adecuado a las víctimas, reconoció el empleado de la dependencia.

A su vez, la presidenta del colectivo Buscando Cuerpos, Margarita López Pérez, quien encabezó una jornada de búsqueda del 7 al 13 de diciembre pasado en algunos sitios de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), alerta que el problema de los desaparecidos y la lenta identificación de cuerpos depositados en los semefos ya es una olla de presión y que si no se empieza a cumplir con la identificación y la entrega de los cadáveres a sus familiares el problema va a reventar.

Advirte que la gente que busca a sus familiares ya está cansada de esperar y empieza a perder el miedo, lo que podría derivar en un problema social.

López Pérez opina que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debería proporcionar lo indispensable al estado para que los empleados realicen en condiciones su trabajo, en este caso que cuenten con los reactivos para las pruebas de ADN y agilizar la identificación de los cuerpos que se acumulan en los semefos.

Dice que desconoce si las condiciones de las instalaciones y la escasez de materiales han mejorado, porque recuerda que hace año y medio entró a las de Chilpancingo y encontró los cuerpos en bolsas. «Y desde una cuadra antes se percibía la fetidez. Entraba usted al Semefo y patinaba uno por la sangre que escurría de las bolsas», describe.

Pero aclara que sabe que hace un año ya estaban funcionando las cámaras de refrigeración, que son necesarias porque los cuerpos que se encuentran en estado avanzado de descomposición no deben estar mezclados con los cadáveres frescos ni en bolsas, porque se violan los protocolos de conservación.

Sin embargo, añade que sigue haciendo falta personal suficiente y capacitado. «Yo creo que lo principal, para hacer las entregas de los cuerpos que están en los semefos es que tengan personal y reactivos para empezar a hacer los análisis de ADN y se empiece a hacer de una vez por todas la base de datos», sugiere.

Reclama que en casi todos los estados no hay presupuesto para comprar los reactivos, ni para contratar personal que haga la chamba que actualmente están haciendo los familiares de los desaparecidos.

Agrega que a escala federal, aun cuando ya está conformada la CNB y tiene más recursos incluso que el subsecretario Encinas, carece de personal, pues solo tiene cuareta y tres personas, incluida la comisionada, que resultan insuficientes para todo el país.

Además, señala que aún no existe la base de datos de ADN que se prometió desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, primero porque no se ponían de acuerdo quién iba a manejar esa base de datos, si Gobernación o la PGR, «y en el jaloneo los que salieron perdiendo fueron los familiares de las víctimas».

Recuerda que después se supo que la iba a manejar Plataforma México, pero que no se ha conformado nada. «No es posible que con los miles de desaparecidos que ha habido en los tres últimos sexenios no haya todavía una base de datos de ADN. Nos han venido engañando desde hace años, que ya existe o quizás ya la empezaron, pero no está actualizada», reprocha.

También dice que hace falta personal capacitado. «En las búsquedas no queremos a personas que solo vayan a tomarse la foto, queremos que agarren un pico y una pala como lo hacemos nosotras, las madres, y que levanten las piedras, que sepan de búsqueda».

Critica que mientras hacen falta recursos, material y personal capacitado, el problema de los desaparecidos en Guerrero va en aumento. «Son muchísimas más las maneras que la delincuencia está utilizando para desaparecer a nuestros familiares. Haga de cuenta que ahora hacen una barbacoa: abren un pozo no tan profundo, cortan a las personas en pedazos, las meten y encima les queman lo que encuentran para que aquello se vea que tiene más tiempo» describe.

En esas circunstancias, dice que los perros rastreadores no pueden identificar los sitios donde hay cuerpos. «El hecho de que esté un cuerpo a más de un metro de profundidad aún cuando varillemos, el perro no va a percibir el aroma», lamenta.

Explica que en otros casos la delincuencia está utilizando maquinaria pesada para sepultar a profundidad a sus víctimas o las entierra en las paredes de las barrancas, «donde jamás se imagina uno que hay cuerpos sepultados. Sin embargo, ya los empezamos a encontrar».

La activista agrega que es importante que este trabajo que hacen los familiares para encontrar a sus desaparecidos no sea en vano y que las autoridades deben autorizar recursos para la compra de reactivos y contratar más personal para agilizar la identificación de los cuerpos.

Añade que si las autoridades de Guerrero ya cuentan con un panteón ministerial, «ahora deberían apostarle a contratar más gente, tener más reactivos para que empiece a fluir la entrega de los cuerpos».

Explica que por falta de personal capacitado a veces no se cumple con la cadena de custodia lo que dificulta después la identificación de los cuerpos.

Cita que en una jornada de búsqueda en el municipio de Isidoro Montes de Oca (La Unión) el año pasado, pidió el cambio de una Ministerio Público, porque al momento de que encontraban un cuerpo, en lugar de hacer la cadena de custodia y dejarlo resguardado para después mandar por él, le daba parte al Ministerio Público del Fuero Común y era éste el que hacía el levantamiento y se llevaba el cuerpo. «Así dejamos muchos cuerpos, y ahora no sé qué fue de su paradero», deplora.

Se queja de que son los familiares los que le dicen al personal cómo hacer su chamba. «Y lo peor es que ya se están acostumbrando a que nosotros les digamos», recrimina.

Mientras tanto, dice que el problema se agrava y que se han encontrado zonas de verdadero «exterminio», como la que recientemente visitaron en Chichihualco y Zumpango.

«Era una zona donde caminabas y encontrabas fragmentos de cuerpos regados, el problema es que se confundían con las piedras calizas, y a los peritos les da flojera andar recuperando indicios pequeños, ellos quieren que los llevemos a fosas donde están los cuerpos completos, donde hay variedad de cadáveres y solo les digamos aquí están», explica.

Reprocha que ningún gobernador va a reconocer que todos los días hay ejecutados y que a diario se abren fosas, para no realizar la búsqueda.

Pero asegura que el problema de los desaparecidos ya es una olla de presión, y que va a reventar si no se empiezan a entregar los cuerpos depositados en los Semefo. «La gente ya está cansada de esperar y si tú te fijas ya está perdiendo el miedo», advierte.

La activista agrega que es mentira que para el gobierno federal el problema de los desaparecidos sea una prioridad, como lo declaró en su informe el subsecretario de Gobernación Población y Migración, Alejandro Encinas. Se queja de que únicamente les está dando atención a los colectivos y organismos fifís, mientras que a otros «los dejan con la bendición de Dios».

La presidenta del Colectivo Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, admite que por la falta de recursos y de personal no a todos los cuerpos les están realizando los estudios del ADN. «El argumento es que no tienen familia que los reclame, que no hay denuncia, y de ahí se basan para mandarlos a la fosa común», denuncia.

En esas condiciones, la abogada del Centro Morelos y del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, Teodomira Rosales Sierra, asegura que a los familiares de los desaparecidos, que son los que hacen la búsqueda, se les dificulta más la identificación de sus familiares, a pesar de que es obligación del gobierno no solo realizar la búsqueda, sino tener la base de datos en regla.

Reprocha que en general no se respeta la cadena de custodia. «Y si no hay cadena de custodia, no hay nada», remata.

Julia de la Cruz. Convicción de lucha.
[Foto: Kau Sirenio]

Coalición de Immokalee, conquista histórica

Kau Sirenio

Catorce años después, en una silla giratoria negra, Julia de la Cruz reconstruye la historia que inició en 2005, cuando decidió dejar atrás los caminos polvorientos de su pueblo de la Costa Chica de Guerrero para iniciarse como jornalera agrícola en los surcos de Florida.

Por entonces no había carretera ni servicios básicos en ese pueblo, cuyo nombre se reserva por seguridad, aunque el acento de ella lo identifica.

Desde antes de que Julia naciera, Guerrero estaba sumido en pobreza extrema y la violencia institucional en contra de las comunidades indígenas de la Costa Chica. Y lejos de solucionarse, estas calamidades se incrementaban día a día, a tal grado de que la probabilidad de vida era mínima.

Fue por eso que los hermanos de la jornalera empezaron a pizcar jitomate en los campos agrícolas de Sinaloa, desde que tenían ocho y diez años.

En entrevista con Trinchera, en las oficinas de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, Julia reconstruye: «Llegué aquí hace trece años; era muy joven. Me hubiera gustado quedarme en México, pero no había condiciones. Nomás de escuchar a mi mamá cuando me contaba la experiencia que vivió en Sinaloa me parte el corazón», suelta con nostalgia.

Entre los recuerdos que la jornalera fue hilando frente al reportero destaca su incorporación a la Coalición de Trabajadores de Immokalee, espacio donde aprendió a defenderse de los acosos sexuales en los surcos, pero, sobre todo, «la conciencia», como ella define su aprendizaje.

La guerrerense, que ahora combina el activismo con la pizca de hortalizas, no trabaja sola en el sur de Florida. En el camino hizo amistad con el zacatecano Gerardo Reyes Chávez, quien salió de su comunidad con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pero el destino lo encaminó hacia el activismo por los derechos humanos.

Julia y Gerardo tienen una lucha en común en Immokalee: acabar con la explotación laboral en los campos agrícolas de Florida. Para lograrlo se unieron a la Coalición para sepultar a lo que ellos denominan «esclavitud moderna».

«Cuando llegué aquí pensé que iba a ganar buenos dólares, pero no fue así; las cosas no son como te lo cuentan en México. La verdad, aquí conocí a jornaleros que trabajaban condición de esclavitud. En 1997 intervino el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para que el caso llegara a la corte federal y el departamento de justicia. Los rancheros fueron procesados y encarcelados», recuerda Reyes Chávez.

El jornalero dice que los rancheros tuvieron a jornaleros trabajando bajo amenazas de muerte, maltrato e intimidación, y que las personas que llegaban reclutadas desde su lugar de origen eran los que sufrían los peores maltratos.

El jornalero recapitula su llegada a Florida: «Conocí, por medio de la Coalición, historias de trabajadores que pagaban renta a los rancheros, que además les cobraban cinco dólares para bañarse. Desde que llegué me involucré de lleno en la organización. En Immokalee llevo dieciocho años trabajando en diferentes cultivos: tomate, naranja y sandia»

De la lucha de los jornaleros de Immokalee Gerardo es el más experimentado en el activismo. Desde que se involucró a la Coalición recorrió con sus compañeros gran parte de los Estados Unidos y juntos boicotearon a corporaciones de comida rápida para conseguir que estas empresas firmaran convenio de código de conducta que permitiera acabar con maltratos, violación y acoso sexual en los surcos.

Después de cuatro años de boicot lograron que el corporativo Taco Bell firmara el convenio, lo que llevó que los demás corporativos firmaran en cascada sin oponer resistencia. «Esto fue gracias a los universitarios y congregaciones de la fe».

 

 

***

 

Gerardo empezó narrando los que pasó cuando sus compañeros se opusieron al patrón agresor: «El mensaje que le enviamos a todos, fue muy claro y preciso: que no queríamos más a patrones violentos ni a contratistas abusivos. Esto ayudó a frenar un poco la violencia aquí en Immokalee, pero sigue ocurriendo en otros lugares donde los jornaleros no estaban organizados».

Con estos antecedentes, los trabajadores se organizadores en 1995 para demandar salario justo, porque una compañía pagaba la cubeta entre 40 y 45 centavos y el salario mínimo apenas llegaba a 4.75. Un claro insulto para los trabajadores. Dice que había compañías no pagaban ni siquiera el sueldo mínimo. Esto provocó que los jornaleros organizaran la primera huelga de una semana. Tres mil trabajadores dejaron los surcos para protestar en contra de los abusos y el aumento de pago por cubeta.

Los obreros agrícolas aglutinados en el naciente Coalición de Trabajadores de Immokalee intentaron sentar a los rancheros a la mesa de trabajo para exponer sus demandas que consistían en: pago justo por cubeta, eliminar los abusos y las situaciones de violencia y trabajos forzados, pero los rancheros no llegaron.

Mientras los jornaleros luchaban codo a codo en Immokalee, la Corte Federal atrae el primer caso por esclavitud en 1997. La sorpresa para los activistas fue mayor, porque no era un solo caso. Había nueve más en la Corte. De estos nueve casos, aún hay procesados, por cargos de esclavitud moderna bajo los términos que usa el gobierno estadounidense.

Mientras avanzaban por la vía legal en la Corte, en Immokalee seis trabajadores se declararon en huelga de hambre por treinta días a finales de 1997 y principio de 1998. La demanda central era: instalación de mesa de diálogo con los dueños de las industrias agrícolas. Hasta que un mediano ranchero preguntó a los empresarios más grande, ¿por qué no se sentaba a dialogar con los trabajadores?. Les dijo: «Mira, ellos están en huelga de hambre, llevan casi treinta días, unos han ido al hospital, ¿por qué es tan difícil sentarte con ellos? No tienes por qué estar de acuerdo, ni firmar nada, pero al menos escucharlos. ¿Por qué es tan difícil escucharlos?». Las preguntas del ranchero no tuvieron respuesta.

Salvo uno que se atrevió a contestar: «Nadie tiene que decirme cómo manejar mi rancho».

Gerardo Reyes sonrié cuando señala: «Algunos compañeros venían de México, Guatemala, Haití, como jornaleros a estos campos agrícolas, pero tenían experiencia de lucha en sus países de origen; esto ayudó de mucho, porque había experiencia con organizaciones sociales y distintas formas lucha, así que no iniciamos de cero».

Cuando los rancheros vieron que los trabajadores agrícolas iban en serio con la conformación del movimiento de jornaleros, intentaron contener a los migrantes con ofertas salariales. De hecho, una compañía decidió subir el sueldo, pero el ofrecimiento era irrisorio, apenas fue de diez centavos.

Reyes Chávez toma la palabra: «En 2000, intentamos de nuevo sentarnos a platicar con los rancheros, pero fue imposible. Así que organizamos una marcha de doscientas treinta y cuatro millas, llegamos a la Estatua de la Libertad, en New York, para darle la bienvenida a los inmigrantes. Nosotros hicimos nuestra propia versión a la Estatua de la Libertad: una mujer morena que lleva, en vez de una antorcha, carga una cubeta de tomates, y en lugar del libro, llevaba la cartilla de derechos humanos. Esa estatua está en una exhibición permanente que se llama La nación que construimos juntos».

La primera ciudad que visitaron los jornaleros fue Orlando, Florida. Allí, se les unió la asociación de frutas y vegetales; ellos estaban allá y no solo representando a los tomates, sino a la industria agrícola en general. «Ahí hicimos un mitin, en frente de la sede de gobierno local, nadie nos recibió el silencio fue brutal. No hubo comunicación», recuerda.Mientras avanzaba la protesta hacia Nueva York, los integrantes de la coalición estudiaban otros escenarios y nuevas estrategias de lucha. En los debates al interior de la organización también se discutían otros mecanismos, que no solo incluyera a los rancheros, sino que también a los consumidores.

«Empezamos a analizar a los grandes compradores de tomate; ellos hacían presión sobre los rancheros, los corporativos usaban su poder de compra para demandar precio bajo. Ahí nos dimos cuenta que había una conexión directa entre Taco Bell y una compañía de tomates muy grande de Immokalee, así que decidimos empezar allí», explica.

En el trayecto, se le sumaban a la Coalición, universitarios que ayudaban a organizar y repartir volantes, además de representantes de las iglesias que ofrecían acompañamiento. «Estamos con ustedes –ofrecían los clérigos–, si la gente sabe que nuestra iglesia participa en el boicot, los feligreses se van a organizar a nivel congregacional».

La coordinadora del concejo de comida justa, Patricia Cipollitti, dice que los jornaleros agrícolas logaron aglutinar en torno de su lucha a dos sectores. «Son estudiantes de universidades, high school, comunidades de fe; es decir, denominaciones a nivel nacional, congregaciones; también están centros de trabajadores, centros comunitarios y otras organizaciones de base que trabajan en justicia racial para las mujeres. Ahora suman a ciento diecisiete mil personas que están apoyando. Son más de cien organizaciones que acompañan a los trabajadores».

El plan de lucha estaba puesto, faltaba fuerza para que los engranajes rodaran hacia el objetivo, Taco Bell. Así que los universitarios y las iglesias empezaron a cartearse con el corporativo establecido en California. Al principio no hubo respuestas, pero después contestaron a algunas de las misivas con una respuesta tibia: «Lamentamos las condiciones de abuso, es muy triste escuchar las condiciones que se narran, pero no podemos ayudar a que esto se resuelva, no nos corresponde».

Después de varios intentos por sensibilizar al dueño de la cadena de comida rápida, los jornaleros deciden boicotear a Taco Bell, no sin antes de plantear preguntas claves. «Ustedes dicen que no tienen nada que ver con todos estos abusos, pero ustedes se están llevando todo el tomate que nosotros producimos en situaciones de abusos violentos, respóndenos esta pregunta: ¿puede Taco Bell garantizar que no vendió tomate piscado por un esclavo dentro de la industria de Florida, el día de ayer?»

Gerardo recuerda: «La respuesta fue un silencio, no podían responder. No estamos diciendo que ellos esclavicen a las personas directamente, pero sí estamos diciendo que ellos tienen responsabilidad de eliminar las condiciones de esclavitud de estas personas. Porque ellos se benefician con la producción que los trabajadores sufren en condiciones de violencia extrema».

Añade: «Decidimos iniciar el boicot en contra de Taco Bell. La gente decía que estábamos locos, porque era una de las comunidades más pobres, y retando a una de las fuerzas más grandes del país; Taco Bell pertenecía a la cadena Yum Brands, que no solo es el dueño de Taco Bell, sino también de Pizza Hot y KFC. Era el conglomerado de comida rápida».

»Para concientizar a la población, los integrantes de la Coalición organizamos giras hasta la sede de John Barns, haciendo mitin en cada establecimiento de Taco Bell, para explicar a los comensales lo que sucedía en los surcos de Immokalee.

»Nos organizábamos con la comunidad para hablar en público, de cómo exponer nuestra demanda, porque no somos oradores. Así que nos entrenamos en educación popular, conforme avanzábamos con la lucha también tejíamos relaciones y discursos», recapitula Gerardo.

Agrega: «Después los compañeros aprendieron a exponer las causas que nos llevaron a movilizarnos en diferentes partes del país. Por otra parte, sentíamos el cobijo de los aliados que nos esperaban en el camino con comida y agua. Antes de estas alianzas solo había un pequeño grupo de personas que se unieron a nosotros. Al boicot se sumaron más de trescientos universidades y high school».

El boicot duró cuatros años, periodo en el que casi todas las universidades participantes sacaron de sus instalaciones sucursales de Taco Bell. La primera declaración de los universitarios durante la campaña fue: «No consumir productos de Taco Bell, que ignora la esclavitud en Immokalee».

La Coalición de Trabajadores de Immokalee logró que Taco Belle firmara el código de conducta en 2005. «Después de conseguir la firma con ellos, nos fuimos contra Mc Donald’s. Esta campaña duró dos años. Antes de empezar con el boicot le dimos oportunidades para dialogar, pero no se acercaron. Todavía les dimos diez días de prórroga para firmar el convenio entre las dos partes, como no querían, entonces procedimos con el boicot».

Un día antes del anuncio del boicot, Mc Donald’s dio paso atrás a su negativa y llamó a la Coalición. «Nos llamaron para decir que querían llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Así que tuvimos que cambiar en menos de veinticuatro horas la protesta que teníamos programada, pero sí nos concentramos en un mitin en las calles frente al consorcio para celebrar el triunfo», celebra Gerardo.

Con la firma de dos cadenas de comida rápida más importante de Estados Unidos los jornaleros de Immokalee anunciaron boicot contra Burger King, pero este corporativo buscó a la Coalición para firmar el convenio. Lo mismo pasó con Subway y Wal-Mart. «Ellos vinieron a la mesa de diálogo para sumarse a los acuerdos que otras cadenas ya habían firmados», dice.

 

***

 

«Llevamos cinco años en campaña contra Wendy’s, porque ellos no compran tomates de Florida o que está dentro del programa de comida justa. Como coalición le dijimos que deben comprometerse con el contrato código de conducta y se comprometan legalmente con el programa, la respuesta fue lavarse las manos e ir a comprar a México», dice Patricia Cipollitti.

La activista cuestiona la conducta de Wendy’s. «Dejaron de comprar tomates de Florida, para irse a comprar en México, donde las condiciones laborales son peores. En vez de apoyar que mejoren las condiciones laborales de los jornaleros mexicanos, decidieron aprovecharse de la pobreza y explotación de los trabajadores. En respuesta a esta conducta lanzamos el boicot nacional», explica.

En protesta por la actitud que asumió la cadena de comida rápida Wendy’s, el concejo del programa de comida justa se moviliza en las principales ciudades de Estados Unidos.

«Estamos movilizados en contra de Wendy’s, vamos a sus juntas de accionistas, en la sede central en Nueva York, fuera de las oficinas de la mesa directiva donde estuvimos en ayuno, hasta que vengan a firmar el código de conducta con los trabajadores y consumidores. Con esta alianza sabemos que tarde o temprano vendrán a la mesa, porque eso ha sido el patrón de las otras corporaciones», se envalentona Cipollitti.

El lenguaje de Patricia es incluyente. Así como habla de las trabajadoras de Immokalee, también lo hace de los hombres de la coalición. «Han desarrollado un movimiento social en el resto del mundo y de los lugares de origen de los trabajadores. Porque ellas y ellos ven que el problema de desequilibrio se arregla desde la raíz del que lo genera.

La activista dice que el logro de la Coalición tienen que ver con la estructura de su comité. «Hay un comité central que lo integran personas activas y de membresía de la coalición que está formada por jornaleros que asistan al menos a dos juntas o a dos protestas. Acá no cuenta la persona que aporte dinero, sino que participe; esto lo hace distinto a los sindicato tradicionales. Aquí es valiosa la conciencia, porque es lo que da el cambio».

Dice además que a la alianza de comida justa se compone de staff que están asentados en Immokalee. Le siguen dos comités directivos: Comité estudiantil, compuesto por universitarios de diferentes universidades del país, quienes deciden la estrategia de difusión en las universidades; y el comité de comunidades de fe que lo integran representantes de comunidades, católicas, judías y protestantes.

 

***

 

–Hablabas de tus hermanos, ¿dónde están? –intento arrancar la primera respuesta a Julia.

–Oh, sí. Están con mi mamá en México. Mi hermano y mi hermana no estudiaron porque empezaron a trabajar cuando él tenía nueve años y la niña siete.

Entre la nostalgia, Julia completa la historia familiar: «En vez de ir a la escuela se iban a los campos agrícolas a pizcar jitomate. Le dije a mi mamá que mis hermanos tenían que estudiar, porque en los campos no tienen futuro. Ella me contestó que no le alcanzaba el dinero, porque todo cuesta. La pequeña sí estudió, pero el niño ya no lo hizo, cambió el gustó por la escuela.

–¿Cómo llegaste a Immokalee? –lanzo otra pregunta.

–Llegué primero a California; allá trabajé tres semanas. Me fue bien, luego conseguí trabajo en una florería entonces pagaban 7.5 dólares la hora. Lo que no gustó fue que no había horario de entrada eso me desanimó.

En Los Ángeles, Julia hacía arreglos florales que se venden en Wal-Mart. Cuando llegó a esta ciudad, estaban las festividades del llamado Día del Amor y la Amistad, por lo que no se acopló al ritmo de trabajo y tuvo que renunciar de ahí para viajar a los campos agrícolas de Florida.

«Después de trabajar en la florería, me vine a Florida. Llegué al área de San Agustín; me gustó porque estaba la cosecha de repollo, brócoli y otras hortalizas; después que se acabó la temporada me fui a Michigan a trabajar a otro rancho en el corte de tomate, pepinillo, melón, chile, calabazas. Ahí conocía una señora de Michoacán, nos hicimos amigas y después me invitó venir a Immokalee», sonríe al contar su aventura.

–¿Usted sufrió algún acoso sexual? –aprieto a la activista.

–Todas las mujeres que llegan solas a los campos agrícolas son objeto de acoso, porque todos los hombres hacen, para ellos ya es costumbre acosar a las mujeres. Cuando llegué aún no se echaba andar el programa de comida justa de la Coalición, eso nos ponían en peligro.

Julia acusa: «Los acosadores son los mismos jornaleros, surqueros, supervisores y jefes que aprovechan su autoridad para acosar a las muchachas, más si están bonitas. Lo hacen porque nadie se lo impide».

Con un largo silencio la jornalera acepta que fue víctima de violencia de género. «No es fácil decirlo, por eso mejor reservo esa experiencia», se escabulle.

Suspira profundo y después retoma la plática: «Con el programa de comida justa, ahora tenemos monitores, investigadores y una línea telefónica de denuncia las veiticuatro ahora que está a cargo una tercera persona que monitoria e investiga los casos. Ahora estamos libres de acoso. Ni el jefe ni nadie nos puede acosar, porque saben que hay consecuencias para ellos si lo hacen».

Aparte de trabajar con las jornaleras, Julia dedica su tiempo para atender la tienda comunitaria de la Coalición; además, conduce un programa bilingüe en Radio Conciencia, propiedad de los jornaleros, espacio dónde todos los días ponen desde chilenas de la costa de Guerrero y Oaxaca, hasta música en lenguas indígenas de México y Guatemala.

«No tengo un programa especial, solamente dejo la música que se escucha por allá en la costa de Guerrero y Oaxaca, y escuchamos más la chilena y música en tu’un savi (mixteco), pero también pasamos producción radiofónica sobre los derechos humanos».

Remington 12

De la década de 1920.

Del 6 al 12 de enero de 2020

#0991

informacion

01 03
V e r
m á s
Menos