Nepotismo histórico

En la lista de nombramientos de cargos jurisdiccionales entregados en años anteriores a familiares de magistrados, consejeros y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hay varios casos emblemáticos. Por ejemplo se encuentran los de Leslie Ávila Adame, como proyectista del Juzgado Tercero de lo familiar del Distrito Judicial de Tavares, y el de Marlon Fernando Ávila Adame, como actuario del Juzgado Quinto de lo familiar del Distrito Judicial de Tavares. Ellos son hijos del magistrado Rafael Sadot Ávila Polanco.

Mientras tanto, el secretario general de Acuerdos Juan Sánchez Lucas, metió a sus hijos Juan Sánchez Alonso y Victoria Sánchez Alonso como empleados en los Juzgados de Control y Enjuiciamiento Penal en Chilpancingo y Acapulco, respectivamente. Ahora también pretende meter de juez a su sobrina María Teresa Sánchez Romero.

Antes, había metido a trabajar al Poder Judicial al esposo de ésta, Luis Jesús Hernández.

A su vez, el magistrado Víctor Alejandro Arellano Justo intervino para que entrara a trabajar al TSJ su amiga Evelina Ramírez Venegas.

Por su parte, el recién nombrado consejero de la Judicatura Alberto Montes Salmerón ya metió a trabajar al Tribunal a su hija Carolina Montes.

El magistrado de la Segunda Sala Penal de Acapulco, Edmundo Román Pinzón, metió a su hija Michelle Román Serrano y a su sobrino político Jaime Serrano Ayala.

El Magistrado de la Segunda Sala Penal, Manuel Ramírez Guerrero, metió a su hijo Manuel Ramírez Arzeta, igualmente a su nuera Arisaí Olea.

También el magistrado en retiro Raúl Calvo Sánchez designó, antes de salir del Poder Judicial, como subdelegado administrativo a su hijo Guillermo Calvo Montalvo.

Perla Maldonado Rodríguez aseguró que a Guillermo le crearon esa plaza porque no existía en el organigrama del Poder Judicial.

 

[Zacarías Cervantes]

Alberto López Celis. Continuidad de las malas prácticas.
[Foto: Trinchera]

Poder Judicial:

Nepotismo, corrupción y conflictos de interés

Zacarías Cervantes

Cinco trabajadores jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que constituyeron el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero y que venían encabezando el movimiento contra la corrupción, el nepotismo y exigiendo respeto a la carrera judicial fueron despedidos desde el año 2015 desde el 2017.

Se trata de quien era el secretario general de esa recién constituida agrupación sindical del TSJ, Adalberto Valenzo Martínez; la secretaria de Finanzas, Ivana Castro Carmona; la de Conflictos, Xóchitl Jiménez Pita; la de Seguridad Social, Natividad Reyna Justo, y la secretaria general adjunta, Perla Maldonado.

Desde el 2017, los cinco promueven un juicio en contra del Tribunal por su despido injustificado, juicio que deberá resolver el mismo Tribunal, convertido de esta forma en juez y parte.

El caso de los cinco ex dirigentes sindicales encarna la corrupción, la inmoralidad y la impunidad de un tribunal que se ensañó contra los líderes que al intentar abrir la Caja de Pandora, incomodaron a lo que sarcásticamente se conoce como «la familia feliz» y hoy sufren las consecuencias.

El juicio mediante el cual buscan ser reinstalados ya lleva tres años y apenas está en la etapa de apertura de pruebas, por los obstáculos a los que se están enfrentando los trabajadores despedidos.

Por ejemplo, a finales de noviembre pasado fueron citados para una audiencia en la que se desahogaría la declaración de parte a cargo de los extrabajadores, pero ésta no se realizó porque no acudieron dos de los miembros de la comisión sustanciadora, uno de ellos, el magistrado Vicente Rodríguez Martínez, a pesar de que se encontraba en su oficina ubicada a un lado de donde se realizaría la audiencia.

Al interior del TSJ, la comisión sustanciadora hace las veces de tribunal laboral para resolver los casos laborales de los trabajadores.

«El juicio comenzó en el 2017, y es hora de que apenas está en el desahogo de pruebas» denunció entonces Perla Maldonado.

Criticó que la ley burocrática obliga indebidamente a los trabajadores del TSJ a liquidar sus asuntos laborales ante el mismo Poder Judicial, que es el que los corre.

En los hechos, los ex dirigentes sindicales siguen pagando las consecuencias de haber osado denunciar públicamente lo que hay dentro del Tribunal: corrupción, nepotismo e inmoralidad.

«Nos cesaron para dejar sin cabeza al sindicato y se quitaran de encima a quienes estaban siendo la voz de los trabajadores y no estuvieran poniéndoles freno a sus excesos que han estado cometiendo», señaló Maldonado en referencia a los magistrados que promovieron su despido.

Los dirigentes sindicales fueron despedidos a pesar de que los mismos magistrados les habían autorizado una licencia para que participaran en la integración de la organización sindical.
Los despedidos eran cuatro proyectistas y una secretaria de acuerdos a quienes les habían otorgado licencias para que se encargaran de lleno a su cargo sindical. «Y ellos mismos (los magistrados) no solo nos revocaron la licencia, sino que nos cesaron para dejarnos fuera del Tribunal», refirió Maldonado.
Agregó que desconoce por qué se dio el cambio de actitud de los magistrados. «Nomás, un día amaneció y dijeron: dejamos sin efecto esto y hay que correr a estos cinco», denunció.
Sin embargo, precisó que el acuerdo lo tomaron todos los magistrados que integran el pleno del TSJ, «porque los exhibimos en sus actos de nepotismo. Ésa fue su forma de cobrárnosla».
A pesar de que fueron despedidos cuando todavía estaba el anterior presidente del Tribunal, Robepierre Robles Hurtado, el actual presidente, Alberto López Celis, también tiene metidas las manos. «Porque es el que está entorpeciendo el proceso, pues él es el que preside el Tribunal y obviamente nada sucede en el Tribunal si él no lo ordena», refirió la ex secretaria general adjunta.
La comisión sustanciadora, que conoce de su asunto laboral, depende del propio Tribunal y por ende quien está al frente es Alberto López Celis.
Perla insistió que por la intervención del presidente López Celis, el asunto no camina y se quejó que les han señalado fechas para las audiencias en las que los magistrados posteriormente declaran inhábiles los días para que se suspendan.
En los tres años que lleva el juicio apenas se ha desahogado una sola prueba y en noviembre se desahogaría la segunda, pero no se realizó porque si no están los cinco integrantes no es válido lo que se resuelve.
En noviembre, los que faltaron fueron el magistrado Vicente Rodríguez Martínez, que representa al TSJ, a pesar de que su oficina está a un lado del edificio donde se encuentra la comisión sustanciadora y se encontraba allí. «No fue con el pretexto de que tenía sesión a las once, cuando es de todos sabido que hay magistrados que no van a las sesiones y después nomás firman. Bien pudo ir a nuestra audiencia», se quejó entonces Maldonado Rodríguez.

En insistió: «No fue, simplemente porque no quiso o porque recibió línea para que no fuera».

El otro integrante de la comisión que no asistió fue un tercero ajeno al Tribunal, pero que tampoco acudió a propósito, para evitar que se desarrollara la audiencia, según la exlíder.
«Esto es a todas luces planeado por ellos, porque quieren alargar el juicio lo más posible. Ya estamos cansados de que se sigan cometiendo los atropellos en nuestra contra y que los que integran la comisión sustanciadora se presten para ello», denunció.
A los dirigentes despedidos no les queda más que esperar los tiempos que los magistrados dispongan o promover un amparo. «Porque ya es más que evidente que lo hacen a propósito», señalan.

Mientras tanto, la corrupción y el nepotismo en el TSJ siguen.

Actualmente trabajadores del TSJ y abogados esperan el desahogo de dos amparos: el 554/2019 en contra de la designación de jueces de ejecución y el 524/2019 mediante el que impugnan la designación de jueces de control.

Con esos amparos pretenden combatir el nepotismo que otra vez pretende beneficiar solo a hijos y familiares de magistrados, consejeros de la judicatura y de funcionarios del Poder Judicial en la asignación de veinte plazas para jueces.

Las veinte plazas fueron concursadas mediante convocatoria el 8 de enero del año pasado, de las cuales, a pesar de que no se han desahogado los amparos, ya fueron asignadas tres en Acapulco.

Servidores públicos del Poder Judicial consultados denunciaron que la mayoría de los cargos jurisdiccionales del TSJ se siguen entregando solamente entre los familiares de los magistrados, consejeros, jueces y funcionarios, violando la carrera judicial e incurriendo en casos «emblemáticos» de nepotismo, además de la opacidad con que se asignan los nombramientos.

Por su parte, el abogado Francisco Castillo Galarza, quien presentó y da seguimiento a los dos amparos que se resuelven en el Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, consideró que el problema de nepotismo en el Poder Judicial no es de ahora, y que si se hiciera una revisión exhaustiva de todos los nombramientos de los cargos jurisdiccionales, «se llegaría a la conclusión de que por lo menos la mitad de éstos fueron entregados a familiares de los magistrados».

El litigante dice que para sustentar la relación de parentesco que tienen trece de un total de veinte beneficiarios de las plazas con magistrados, consejeros y funcionarios del Poder Judicial, entregó copias de las actas de nacimiento de quienes aspiran a esas plazas.

La convocatoria para seleccionar a los veinte jueces se publicó el 8 de enero de 2019, y el proceso de selección concluyó el 20 de marzo con la asignación de trece de las veinte plazas que fueron concursadas. Sin embargo, de las trece solamente se han entregado tres, a pesar de que existe un juicio abierto como consecuencia de los dos amparos interpuestos.

El amparo de inconformidad contra la designación de los jueces de ejecución número 554/2019, se encuentra ya en la etapa final para dictar sentencia, según el abogado Castillo Galarza.

Sin embargo, en el caso del expediente 524 en contra de la designación de jueces de control el proceso se mantiene en suspenso debido a que se concedió el derecho de audiencia a los que resultaron «vencedores» en el proceso de selección y éstos promovieron una queja «por deficiencias en el procedimiento» del juicio que se sigue en contra de sus nombramientos.

El abogado Castillo Galarza explica que los amparos se promovieron porque el proceso de selección no fue debidamente transparente y que la comisión dictaminadora determinó la lista de vencedores «dando preferencia a familiares, esposas e hijos de funcionarios o magistrados».

Asegura que la relación de parentesco entre los beneficiados y los funcionarios del TSJE se acreditó con documentos, y que obran en el expediente las actas de nacimiento.

De todos los casos, cita uno que consideró emblemático. Es el de María Teresa Sánchez, hija de Reginaldo Sánchez Lucas, hermano de Juan Sánchez Lucas, secretario general de acuerdos del TSJ.

En el expediente se establece que María Teresa, designada como juez de ejecución, lleva dos años siete meses laborando en el Poder Judicial, cuando el requisito para aspirar al cargo es de tres años.

Asimismo, «no cuenta con categoría ni cargo que haya desempeñado con anterioridad y tampoco se acredita su experiencia», se argumentó en el amparo.

En su expediente se señala que su último cargo fue de «encargada de causas», pero según el abogado Castillo ese cargo no existe en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado y que se lo inventaron para que pudiera obtener la plaza.

«El Consejo de la Judicatura pretendió justificar la anomalía en diversas actas y acuerdos adecuándolos a su mejor manera de actuar, para pretender justificar lo injustificable, lo que inhibe la transparencia y objetividad de dicho proceso de selección», denuncia.

Asegura que entre los otros seleccionados hay hijos de magistrados y consejeros y que por eso «será interesante saber cómo va a resolver el juez federal, esperamos que resuelva conforme a derecho, y no solamente eche a bajo la convocatoria, sino todos el proceso de selección».

Otros casos son los de Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado en retiro Raúl Calvo Sánchez, y el de Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís.

Otros dos casos emblemáticos son los de Francisco Michelle Espinoza Larios y Luis Carbajal, hijo y sobrino del exconsejero de la Judicatura Francisco Espinoza Grado, quien recientemente perdió un juicio ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Acapulco, luego de que pretendía permanecer otros tres años en el cargo de consejero.

Además, la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) integró el 11 de febrero de 2015 a este ahora exconsejero la averiguación previa DGCAP/0012/2016 por ejercicio indebido del servicio público, falsedad ante la autoridad, falsificación o alteración así como uso indebido de documentos en agravio de la sociedad y de Agustín Lara Muñiz, debido a que presentó un nombramiento apócrifo por cinco años como consejero de la Judicatura.

Ahora, pretende dejar como jueces a su hijo Espinoza Larios, así como a su sobrino Luís Carvajal.

También se benefició con una de estas plazas a Flaviano Alfaro Fierros, sobrino del magistrado en retiro Eulalio Alfaro Castro.

El abogado Castillo acusa que para beneficiar a su parentela, previo al proceso de selección, los magistrados modificaron la ley «al vapor y a su antojo». Explica que antes estaba establecido como requisito diez años de carrera judicial para ser magistrados o jueces, «y ahora se sacaron de la manga una modificación que establece como requisito solamente tres años».

Explica que en el fondo no impugnan el hecho de que hayan sido seleccionados familiares de magistrados, consejeros y funcionarios, «porque también tienen derecho a aspirar, siempre y cuando se cumplan las designaciones con oportunidad», y aclara que piden que se dé marcha atrás al proceso por la falta de transparencia y porque no fue avalado por una comisión externa.

Un proyectista de la Sala Familiar, que lleva ocho años laborando para el TSJ y que concursó para la plaza de juez de ejecución, se queja de que en el proceso de selección quedó de manifiesto que fue otra vez el nepotismo lo que prevaleció y no la capacidad ni la carrera judicial de los que aspiraron.

Por eso no cualquier trabajador aspira a la carrera judicial, «puesto que los cargos se los están acaparando ellos mismos», denuncia en referencia a los magistrados, consejeros y funcionarios del TSJ.

Norma Otilia. Precampaña.
[Foto: Yener Santos]

Sin respeto por los tiempos electorales

Eduardo Yener Santos

Políticos que pretenden obtener un cargo de representación popular en la siguiente elección, se promocionan abiertamente a pesar de que los tiempos oficiales electorales todavía no comienzan. Los órganos electorales, como el Instituto Nacional Electoral  (INE), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) permanecen indiferentes a estas campañas anticipadas.

De acuerdo al calendario del IPEC, el proceso electoral de 2021, para renovar la gubernatura, las ochenta y una presidencias municipales y el congreso local arranca oficialmente a mediados de septiembre de este año, pero políticos como el exalcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, el senador de Morena Félix Salgado Macedonio y el ex dirigente estatal del PRD Carlos Reyes Torres, entre otros, ya llevan a cabo actos de proselitismo.

Estos tres políticos que, como es del dominio público, aspiran a gobernar Guerrero, promocionan su imagen pública en espectaculares, fotografías en medios impresos y digitales, videos en redes sociales, eventos públicos con gente ‘acarreada’, declaraciones constantes en la prensa, desde hace más de tres meses sin que ninguna autoridad los reconvenga.

El consejero presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, ha venido declarando en medios que se envió un exhorto a los partidos políticos para que se abstengan de anticipar campañas, pero al parecer la advertencia de poco ha servido, dado que los actores políticos siguen como si nada sus actividades de promoción.

En declaraciones a la prensa, el consejero presidente del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo ha precisado: «No hay una sola queja en contra de algún partido político que esté adelantándose en la precampaña con miras a la renovación del poder ejecutivo».

Para él, las acciones al interior de cada partido forman parte de las actividades ordinarias para que dirigentes tengan comunicación y cercanía con la sociedad.

En una sesión pública del Consejo de la Fepade en Guerrero, el titular de este órgano, Roberto Rodríguez Saldaña, declaró que en ese año se dio entrada a cuatro denuncias referentes a figuras públicas y partidos políticos que han venido ofreciendo dádivas con miras en las elecciones del 2021.

En la sesión, celebrada el 11 de octubre del 2019, se mencionó al ex diputado local perredista, Carlos Reyes Torres, de ser uno de los principales actores políticos que abiertamente en sus reuniones con militantes ha manifestado su intención de convertirse en el próximo gobernador de Guerrero.

El también ex presidente municipal de La Unión comenzó a realizar recorridos en diversas regiones del estado desde agosto de 2019, para dar a conocer su plataforma política, bajo el lema «Guerrero necesita un plan».

Otro que también realiza recorridos es el exalcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, quien según él renunció a Movimiento Ciudadano y ha manifestado abiertamente su interés de buscar la candidatura a la gubernatura a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual no es miembro, pero insiste que buscará ser el candidato de unidad.

Walton Aburto es uno de los aspirantes con mayor número de seguidores en redes sociales. Su página oficial de Facebook tienen 76 107 likes y 74 973 usuarios siguen la plataforma, mientras que Félix Salgado se coloca en 21 308 likes y 23 146 siguen su página. 

Otro que también se ha apuntado para la gubernatura es el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, quien este fin de semana anunció que buscará ser candidato a gobernador  por Morena.

Su interés lo reveló este sábado en Acapulco tras participar en un encuentro estatal por la unidad en Morena: «Todos están intentando posicionarse. Es el tiempo de buscar los posicionamientos y por supuesto, yo creo que es el momento en que se abra el abanico más amplio de las precandidaturas para que llegado el momento quien sea nominada o nominado, todos cerremos filas y construyamos una gran unidad para ganar la gubernatura de Guerrero, la mayoría del Congreso y las diputaciones federales y los municipios. Sí, yo estoy interesado en participar en el proceso», reconoció el ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Para la presidencia municipal de Chilpancingo también hay adelantados. Uno de los más visibles es el regidor de Obras Públicas, Jesús Salgado, del PRD, quien se pasea por colonias de la capital y constantemente postea imágenes en sus redes sociales y aparece en trasmisiones vía Facebook simplemente para dar los buenos días. En algunas imágenes aparece entregando dadivas, como cubetas, cobijas, o inaugurando obras publicas ejecutadas con recursos públicos.

Con tal de adquirir notoriedad, aprovecha cualquier oportunidad para tener presencia. En septiembre del año pasado, el regidor perredista Jesús Salgado criticó, vía Facebook, al presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber mencionado a Vicente Guerrero Saldaña durante la arenga de la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Al edil le llovieron críticas y lo señalaron de ignorante.

Norma Otilia Hernández Martínez, diputada local de Morena del distrito 01, es otra adelantada que desde hace más de un año se dedica a visitar colonias populares en Chilpancingo, reparte dadivas, brinda brigada médicas y sus redes sociales son activas con sus mensajes de buenos deseos.

Jesús Salgado y Norma Otilia, no han declarado abiertamente el próximo cargo que buscan, pero su cercanía con el alcalde Antonio Gaspar Beltrán evidencia en que intentaran ser los sucesores. 

En Guerrero, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEEG) es letra muerta. Los aspirantes a candidaturas han iniciado a operar rumbo a los comicios de, 2021.

De acuerdo al artículo 160 de la LIPEEG, referente a los procesos internos de selección, «se entenderá por precampaña electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y publicitarias reguladas por esta ley y llevadas a cabo de manera previa al registro de candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el propósito de promoverse al interior de sus respectivos institutos políticos y obtener de su correspondiente partido político la nominación como candidato a un cargo de elección popular».

Asimismo, la LIPEEG define como actos de precampaña a reuniones con militantes y simpatizantes, asambleas, debates, marchas, concentraciones y caravanas así como visitas domiciliarias. Pero mientras ninguna autoridad frena dichas acciones, los partidos y actores políticos andan campaña a galope.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 13 al 19 de enero de 2020

#0992

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