Mónica Moreno. Visión realista.
[Foto: E. Añorve]

El reconocimiento no va a asegurar la justicia racial: Mónica Figueroa

[Primera de dos partes]

Eduardo Añorve

Este año, el congreso LASA 2020 (de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, por sus siglas en inglés: Latin American Studies Association) se realizó con la confluencia en la red internética de los ponentes y participantes, a través de sus computadoras; allí, en el panel Genealogías, abordajes y debates del racismo en México, la doctora Mónica Figueroa Moreno expuso su disertación El giro hacia el racismo y el anti-racismo, el mestizaje y el anti-racismo negro en México, el viernes 15 de mayo.

El congreso se realizaría en Guadalajara, del 13 al 16 de mayo, con la presencia física de todos los participantes; sin embargo, por la crisis sanitaria actual, se hizo a distancia, a través de la red de internet.

Este panel tuvo «como propósito presentar los distintos abordajes y trayectorias a través de las que se debaten actualmente las diversas expresiones del racismo en México, tema que hasta hace muy poco era considerado tabú en la esfera pública y en la academia. Las preguntas se enfocarán en las distintas genealogías y abordajes para estudiar el racismo en México; el tipo de debates en las que se insertan; y los principales desafíos y contribuciones sobre estudios sobre el racismo para entender las modificaciones del Estado y estrategias anti-racistas».

Al ser presentada ante los espectadores, de Mónica Moreno Figueroa se dijo «que es una mujer negro mestiza mexicana, académica activista, profesora de Sociología e investigadora de la Universidad de Cambridge… Desde el 2010 co-dirige el Colectivo Para Eliminar el Racismo en México, Copera, que se dedica a hacer del racismo algo público y parte del debate público».

A Moreno Figueroa la acompañaron en el mismo panel Olivia J. Gail, Xóchitl Leyva, Mara Viveros-Vigoya, Yasnaya Elena Aguilar, Alicia Castellanos Guerrero y Mariana Mora Bayo.

En principio, la doctora Mónica saludó a sus compañeras y planteó que a pesar de existir confusión sobre el fenómeno del racismo, éste era un tema que a partir de ahora sería esencial (cuando menos en el mundillo académico):

«Gracias por estar aquí en estas circunstancias tan inusuales. Estoy muy emocionada de participar en uno de los primeros congresos virtuales y, pues les quiero agradecer a Mary y a Mariana por convocarnos a este panel. Para mí es un honor estar en esta mesa con Yasnaya, con Olivia, con Alicia y, sobre todo porque estamos aquí para hablar sobre un tema vital, en general, para nuestra Améfrica Ladina y, particularmente, para México. Y aunque en muchos espacios y experiencias hay confusión sobre lo que es el racismo, qué es lo que hace en la vida social y para qué nos sirve abordarlo, este panel indica ya otro nivel de discusión, ¿no? Es un tema que ya llegó para quedarse».

Posteriormente planteó su tesis: el racismo en México ha girado: del proyecto de mestizaje (tradicional, se presupone, aunque no lo precisó), ahora se está frente a ese mismo proyecto, pero reactivado, y en él, las politícas identitarias se acomodan de modo perfecto, en un viraje de lo mestizo a lo negro o indígena: «Pensando en las genealogías, abordajes y debates sobre el racismo en México, lo que les quiero presentar hoy es, en resumen, que hay un giro hacia el racismo y el anti-racismo en México; esto ha ejercido la atracción por las políticas identitarias, las cuales parecen acomodarse perfecto a un proyecto racial, el del mestizaje, que por mucho tiempo funcionó explícitamente con un discurso homogeneizador, y ahora, en su versión contemporánea, la hemos llamado mestizaje reactivado (o reloaded), alienta, aparentemente, de forma contradictoria, el que la gente se separe del sujeto mestizo y se auto-identifique como negra o como indígena».

Para Moreno Figueroa, los conceptos legales que se utilizan para nombrar a las poblaciones que estudia en este caso no son válidos; por ejemplo, evita hablar de afromexicanos, para utilizar el concepto sajón negro, para referirse a aquellos.

El mestizaje, ahora, ya no pretende la mimetización o aspiración de blanqueamiento de modo directo, sino a través de un sesgo: la aversión a lo negro, y ello es tan relevante, que se convierte en el eje que ordena, incluso, la identidad nacional (aunque tampoco aclara a qué se refiere con este concepto), lo que se traduce en «un desfavorecimiento» hacia esa población, la negra: «Un ejemplo para demostrar las maneras que el mestizaje se reactiva explorando la relevancia del color de la piel y su relación con la operación del racismo anti-negro. El racismo anti-negro o la negridad… y éste es mi argumento central… es la pieza clave que mantiene al mestizaje como proyecto racial mexicano en operación y, por ende, la estabilidad de la identidad nacional. Es más, una característica permanente y necesaria para el proyecto de mestizaje es una aversión contínua a la negridad o lo negro, como idea, y un desfavorecimiento de la población racializada como negra».

Por ello, razona, nadie quiere ser negro, además de que se excluye a esa población del imaginario nacional. «Esto quiere decir que en el imaginario del ser mexicano se hacen la idea de que: uno, no hay personas mexicanas negras; y, dos, hay que distanciarse de lo que representa lo negro. Así, la aparente negación y exclusión de la población negra del imaginario nacional es una estrategia necesaria para el mantenimiento mismo de la identidad nacional», complementa.

Así, inicia a proporcionar su experiencia de trabajo de campo en esta materia y hace un recuento de la creciente atención existente en la academia en algunas instancias públicas por los temas del racismo y el antiracismo:

«En mi trabajo de investigación, particularmente en el proyecto Lapora, que desarrollé junto con Peter Wade y un gran equipo de investigadores que aquí les presento, trabajamos en Brasil, Ecuador, Colombia y México y hemos podido constatar que, debido a la atracción de la movilización social y la ola del multiculturalismo, hay una innegable y creciente atención, tanto al fenómeno del racismo, como a las acciones antiracistas en la región.

»Esto lo podemos observar desde la reunión de la ONU en Durban, en el 2001, en el activismo de las Ong, en los casos legales icónicos, el conteo étnico-racial en los censos nacionales y las legislaciones y programas de política pública. Y, además, en los diferentes proyectos académicos comparativos que se han desarrollado en la región en los últimos años. No me da tiempo y explicar todos, pero aquí los tienen [y presenta en pantalla sus imágenes virtuales, y las de libros, folletos, carteles], y es un gran conjunto de trabajo que hemos ido desarrollando un equipo… un grupo muy variado y amplio de académicos en la región».

Vuelve, después, esta académica, al punto central de su argumentación, el uso de las políticas de identidad como una trampa, en países como Estados Unidos y Sudáfrica, donde existe segregación de manera evidente y su difusión y adopción en otros países:

«Este giro, entonces, hacia la atención al racismo y el anti-racismo trae consigo varios puntos de tensión. Aquí, me quiero centrar en la trampa de las políticas de identidad o de la búsqueda de lo identitario. Las políticas de identidad, entendidas como la organización en torno a identidades específicas, ha sido una tendencia particular en países donde el proyecto racial está dominado por la segregación, como los Estados Unidos o Sudáfrica, y donde los grupos étnico-raciales y sus identidades están supuestamente bien definidos. Estas políticas de identidad son atractivas, en parte, debido a los grupos globales de información y al diálogo entre los movimientos anti-racistas.

»Por ejemplo, es imposible negar la fuerza de la experiencia del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos; sus imágenes y estrategias han sido ampliamente compartidas a nivel trasnacional en países como los de Améfrica Ladina, con proyectos raciales asimilacionistas que, tradicionalmente, han tratado de homogeneizar a sus poblaciones. Las políticas de identidad también son atractivas, pero tienen un peso y un proceso diferentes».

En el sitio de internet de LASA se explica que: La expresión Améfrica Ladina, acuñada por la intelectual afro-brasilera Lelia González, busca visibilizar explícitamente la presencia de estas poblaciones y las poblaciones mestizas en el proyecto social de Nuestra América, y reivindicar esta ancestría plural de la que fuimos desposeídos.

La doctora Moreno también aborda el papel del reconocimiento jurídico-formal que muchas organizaciones sociales han emprendido, como ocurrió recientemente en nuestro país, y advierte sobre sus riesgos, aunque engloba en estas luchas, no sólo a esos grupos, sino a todas las poblaciones indígenas y negras:

«Dentro de este giro hacia el racismo y el anti-racismo, junto con el multiculturalismo posterior a los años noventa, un aspecto importante ha sido la lucha por el reconocimento. Las poblaciones indígenas y negras han luchado mucho por ser vistas y validadas como tales, como una manera de resistir al mestizaje y sus fuertes lógicas históricas de asimilación, de blanqueamiento y de homogenización. La atracción por las políticas de identidad, en los contextos de mestizaje, parece tener sentido e, incluso, reforzarse; así pues, un desafío al mestizaje como proyecto racista, sería mejorar una política de identidad, que ponga a la diversidad en primer plano. Pero hay una tensión importante aquí: por una parte, es innegable que las personas racializadas negativamente… Y aquí hago un paréntesis para enfatizar que todas las personas somos racializadas; algunos, para recibir privilegios; y otros, para ser inferiorizados.

»Entonces, es innegable que las personas racializadas negativamente, como aquellas que son parte de los pueblos indígenas y negros, hemos sufrido muchas formas de violencia, hemos sido excluidas social, económica y políticamente; hemos sido despojadas de un sentido pleno de humanidad. Para muchos, son los procesos de reconocimiento los que nos permiten, como personas marginalizadas, recuperarla, divulgar y mostrar la rabia. Por otra parte, al avanzar hacia el reconocimiento de la identidad… si bien podría reivindicarse como un esencialismo estratégico y como un paso importante para tener un lugar de orgullo y reivindicación, se corre el riesgo de desviar la lucha contra el racismo hacia un enfoque que sólo se centre en los efectos que conciernen a grupos de identidades particulares, se presume que el derecho al reconocimiento identitario va a resolver los problemas de la desigualdad, y uno no es igual al otro.

»Eso ya lo hemos visto con muchas experiencias a nivel global y nacional, que el reconocimiento no va a asegurar la justicia racial. Se corre el riesgo de prestar demasiada atención a la construcción de una visibilidad coherente, lo que nos distrae de la operación del racismo».

Y acude a la experiencia de una escritora afroestadunidense para apuntalar su aseveración y una advertencia sobre una de las funciones del racismo: «Toni Morrison dijo que una de las funciones más importantes del racismo es la distracción, que hace que las personas se expliquen continuamente a los demás, en lugar de centrarse en su trabajo y en su derecho a una buena vida. Esta contradicción está en el centro de la atracción por las políticas de identidad en el contexto latinoamericano, y no se puede resolver fácilmente. Tenemos que estar atentos a su funcionamiento, dentro del trabajo anti-racista».

La búsqueda de lo identitario, pues, propone Moreno Figueroa, muestra un modo de operar perverso del mestizaje. «La atracción hacia lo identitario nos enseña, así, la manera perversa en que funciona el mestizaje. De un proceso histórico de homogenización, las lógicas del mestizaje pueden pasar sin ningún problema a darle cabida a la diversidad étnica, al reconocimento de los pueblos indígenas y negros y a asumir, con sorpresa, que el color de piel ha marcado las posibilidades de acceso a la población. Éste es una versión más del mestizaje. Junto con Judith Bautista, Émiko Saldívar y Gisela Carlos Fregoso le hemos llamado mestizaje reactivado, mestizaje reloaded», expone.

Militares en las calles. Temor de ONG.
[Foto: José Luis de la Cruz]

El Ejército doblegó al Presidente

Zacarías Cervantes

En plena verticalización de los casos confirmados de contagio de Covid-19 y los decesos por la misma epidemia, dos noticias malas más prendieron los focos rojos en Guerrero al comienzo de la semana pasada.

El lunes 11 se dio a conocer un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que proyectó diez millones de pobres más al finalizar el año, derivado de la emergencia sanitaria. Ese mismo día se informó de la firma del decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador faculta a las fuerzas armadas dedicarse a las tareas de seguridad pública hasta el 2024.

Ambos temas impactan directamente en Guerrero.

Los resultados del estudio del Coneval arrojaron, por ejemplo, que la entidad cuenta con un alto empleo informal y que, por tanto, es de las más vulnerables junto con Oaxaca, y que necesita de ayuda emergente debido a que por lo menos el 79.3% de su población activa está en el sector desprotegido ante la emergencia sanitaria y la desaceleración económica.

Según el Consejo, la economía local también se verá afectada por el cierre de la actividad turística, de la que depende más de un tercio del PIB estatal, y, asimismo, alerta que el 27.2% de los guerrerenses no tiene agua entubada, mientras que solo el 5.7% la recibe a diario.

Un día antes de que se dieron a conocer las consecuencias económicas de la pandemia, de las cuales Guerrero será uno de los estados más afectados, junto con Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública, a partir del mismo martes 12 de mayo y hasta el 27 de marzo de 2024; es decir, casi hasta el final de su sexenio.

De acuerdo al decreto que firmó el lunes 11 de mayo, el Ejército y la Armada deberán realizar las tareas de seguridad de «manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional».

El citado acuerdo explica: «Si bien el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un periodo de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo».

Agrega que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, «por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado».

Sin embargo, para algunos defensores la medida prende luces de alerta en estados como Guerrero con una larga historia de violaciones graves de derechos humanos perpetradas por el Ejército que, por aparte, no ha sido efectivo en el combate al crimen organizado y no ha reducido los índices de inseguridad pública en casi cuatro décadas.

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, deplora: «Desgraciadamente vemos que eso que ya había sido un intento muchas veces por los gobiernos anteriores, hoy se viene a concretar con alguien en quien se había depositado la confianza y con quien se tenía la certeza de que las cosas iban a ser diferentes».

Dijo que tal pareciera que lo que se está pretendiendo con ese acuerdo es volver a sacar de manera oficial a las calles al Ejército y a la Marina, como una medida de contención hacia el movimiento social que se prevé que pudiera desarrollarse cuando se dé una manifestación más fuerte por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia en estados como Guerrero con una tradición de insurgencia y lucha social.

«Todos sabemos que se incrementó el desempleo, todos sabemos que estamos ante una recesión económica, aunque algunos lo quieran negar. Muchos empleos no se van a recuperar; los campesinos no van a tener los apoyos suficientes para poder sobrevivir; los jornaleros agrícolas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivencia. Entonces, algunos analistas están previendo que va a haber mucha inconformidad social y movilización reivindicativa del respecto a los derechos humanos, y es sospechoso que justo en este momento se haya sacado ese acuerdo», explica.

Olivares opina que la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad trae aparejada las violaciones graves a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de domicilios, torturas, desapariciones, violaciones sexuales a mujeres. «Todo eso es lo que estaríamos mirando ante esta situación», lamenta.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la labor del Ejército mexicano no ha dado resultados en el combate a la violencia en casi cuatro décadas en Guerrero, y que, por el contrario, con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública implica graves riesgos a los derechos humanos en estados como Guerrero.

«Es complicado que ahora con este acuerdo se quiera restablecer el orden imponiendo la fuerza y dándole mayores facultades al Ejército con las que se violenta la Constitución», establece el defensor de derechos humanos.

En entrevista con Trinchera, Barrera Hernández opina que en la «endeble democracia» y con instituciones que no están fortalecidas en cuanto a procuración y administración de justicia, el Ejército en las tareas de seguridad no ayuda para el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo para la protección de los derechos humanos.

Agrega que la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en Guerrero, es un asunto que ha sido cuestionado a lo largo de varios años por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, organismos de la ONU y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). Sobre todo porque dice que no ha dado resultados para disminuir la criminalidad y, por el contrario, se ha visto involucrado en graves violaciones a los derechos humanos.

Añade que ahora que se formaliza su actuación con el decreto del Presidente para garantizar la seguridad, «se está dando cancha abierta al Ejército», lo cual califica como una «postura regresiva» al darle facultades que son propias de las policías.

«Entendemos que en estas tareas de prevención van a poder instalar operativos, retenes, revisiones a las personas y una serie de acciones que van a poner en entredicho los derechos fundamentales de la población», critica.

Interpreta que al señalarse que las fuerzas armadas podrán realizar acciones para el restablecimiento del orden, «quiere decir que pueden hacer operativos antimotines o reprimir una protesta», pues asegura que no se establecen los criterios respecto a cómo el Ejército va a restablecer el orden.

También critica el hecho de que sea el mismo Ejército el que vaya a investigar a sus propios elementos si cometen alguna violación a los derechos humanos. «El órgano de supervisión va a ser el mismo Ejército. El Ejército se va a investigará a sí mismo», cuestiona.

Califica como grave que las fuerzas armadas no vayan a rendir cuentas a una autoridad civil. «Yo creo que en ese sentido es grave, porque se le da todas las facultades para que realicen sus operativos», juzga.

«Eso es grave porque en Guerrero hemos tenido que acudir a instancias internacionales para hacer valer el derecho de las víctimas y aplicar los estándares y principios internacionales de protección a los derechos humanos», observa.

Cita los casos del desaparecido Rosendo Radilla, las violaciones a Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la tortura a los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Y recuerda que en todos los casos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por elementos del Ejército.

Insiste que independientemente de que su presencia en Guerrero no ha servido para reducir los índices de criminalidad desde hace aproximadamente cuatro décadas, hoy se le otorga «un manto de impunidad al darle las facultades a los órganos internos para que sean los que investiguen a sus propios elementos, y volvemos al mismo círculo de protección».

Opina que también se teme que por el uso de la fuerza excesiva vaya a haber de nuevo un patrón de criminalización y de represión hacia los movimientos y a los luchadores sociales. «Con esa acción conspirativa que tiene la autoridad castrense que mira a todo el que protesta como alguien que está atentando contra el orden establecido», señala.

En estas circunstancias, sin el ánimo de ser pesimistas, los tiempos que se avecinan para Guerrero no son nada prometedores en materia de salud, económica y social.

Zona rural de Acapulco. Lejos del avance tencnológico.
[Foto: Carlos Alberto Carbajal]

Acapulco: la inviabilidad de tomar clases en casa

Kau Sirenio

La pandemia de Covid-19 evidenció que el municipio de Acapulco, conocido en el mundo como el Paraíso del Pacífico, no cuenta con infraestructura digital para que los estudiantes de la zona rural puedan recibir clases en su domicilio. Los niños del municipio que alberga la principal economía de Guerrero, no solo enfrentan rezago en tecnología, sino también desempleo y la violencia generada por el crimen organizado.

El caso más emblemático es la Zona Escolar 044 de educación primaria, que atiende a dos regiones, una urbana y otra rural. Las familias del área rural se dedican a la vendimia de comida, la pesca, al campo o al transporte público. Los pocos que terminan una carrera universitaria emigran al norte del país: Ensenada, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

El profesor Julio Hernández Aldama, militante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dice que esta zona, a la que él pertenece, tiene serio problema porque los niños no tienen acceso a equipos electrónicos que les permitan realizar sus estudios desde la casa.

«La burocracia ha aumentado; ahora solo se llenan formularios y encuestas que no reflejan nada en la educación. Impera la desorganización en la estructura de la SEP. Jefes de sector, supervisores y directores interpretan a su manera y hacen lo que está a su alcance solo para cumplir la orden del secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui», expone Julio César.

«Fíjate, un grupo de dieciocho alumnos, en promedio seis padres de familia estuvieron en comunicación vía WhatsApp los primeros días; en estos días, los padres de familia dicen que están haciendo trabajo que los maestros les mandan. Mientras que dos o tres padres de familias enviaron la tarea a través de fotografía y video», explica el profesor.

Agrega: «En la escuela primaria Emiliano Zapata, que se encuentra en la colonia 10 de Abril, donde trabajo desde hace siete años, para mí es absurdo pedirle a los alumnos que entreguen evidencia como fotografía o vídeos, así como lo piden las autoridades educativas. Porque tenemos alumnos que ni siquiera recibieron el paquete de libros de texto gratuitos al inicio del ciclo escolar».

Desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales, el 20 de marzo, por la pandemia, los padres de familia ya no enviaron a sus hijos a la escuela. Mientras esto ocurría, los maestros frente a grupo realizaron reuniones por grupo para informar de las medidas que se tomarían con los alumnos y sus actividades.

En lo que padres de familias, alumnos y maestro esperaban el regreso a clases, la SEP anunció que partir del 20 de abril, al terminar el periodo vacacional, se reanudarían las actividades escolares a través del programa Aprende en Casa. «El anuncio provocó una oleada de incertidumbre acerca de las nuevas formas de realizar el trabajo docente. La SEP y su aparato burocrático quedaron expuestos», dice Julio César.

A pregunta del reportero, contesta: «Los niños no cuentan con un celular, ni pensar en internet. Hay otros que no tienen ni para comer, porque sus padres se quedaron sin trabajo por la contingencia que vino a cerrar casi todos los negocios de los que dependían».

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró el 29 de abril que el programa Aprende en Casa tuvo un resultado exitoso, al contar con tres millones de alumnos de preescolar a bachillerato.

El profesor Julio César lo desmiente: «Las cifras están manipuladas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mintió, porque siempre han sido cómplice en el manejo de las cifras, que fue recabado a la par de la Secretaría de Educación Guerrero. Sería muy interesante que muestren en que se basó esta modalidad a distancia con el Plan y programa de estudio para tener esos resultados».

Desde hace quince años, el municipio de Acapulco vive bajo fuego entre grupos rivales que se enfrentan por el control de la zona. Lo que era «lo más bello de Acapulco», dijera El Divo de Juárez, ahora está abandonado y militarizado. Con la pandemia del Covid 19 se recrudeció el desempleo y aumentó en un espiral la migración.

Si bien es cierto que ya no se habla de violencia en la Costera Miguel Alemán, porque los militares tomaron el control en esta franja turística, en las colonias aledañas y comunidades rurales de Acapulco aún campea la violencia, y los servicios básicos no aparecen en estos lugares.

«Los que menos tienen serán excluidos, la brecha de la desigualdad económica aísla por partida doble… sin acceso a la educación y sin empleos –por el cierre de los negocios en el puerto, que se alimenta del turismo– quedaron cientos de niños y sus familias en la localidad», destaca Hernández Aldama.

Originario de San Luis Acatlán, el profesor habla de lo complicado que ha sido tener comunicación con los padres de familia. «Comunicarnos con padres de familia ha sido muy difícil, porque solo la mitad del grupo tiene celular; otros comentan que no tienen WhatsApp, que en cuanto tengan dinero le pondrán saldo… Padres de familia que no saben leer… otra madre de familia me dice, vía telefónica, que no puede hablar muy bien el español y que por eso no puede ayudarle a su hijo con las tareas», desmenuza.

La colonia 10 de Abril fue fundada en los años noventa por el luchador social Raymundo Velázquez Flores, asesinado el 7 de agosto de 2013, cuando regresaba de Iguala, Guerrero. Los primeros pobladores de este asentamiento fueron la familias provenientes de Tlapa; la mayoría habla su lengua materna, el me’phaa (tlapaneco) o el tu’un savi (mixteco).

Las niñas y niños venden artesanías o frutas en la zona turística para ayudar a sus padres con ingresos extra. Aquí los estudiantes asisten de manera irregular a las clases; en estos días no tienen comunicación alguna con sus maestros.

«En la zona escolar tenemos a la escuela Nicolás Salinas Sotelo, que cuenta con el programa Niños en Alegría, que consiste en dotar con treinta tabletas a la primaria. Ofrece talleres a maestros y alumnos de manera periódica desde el inicio del actual ciclo escolar y funciona con internet que provee la escuela. En el escenario actual estos dispositivos han sido prácticamente inservibles, funcionan con el sistema que le instala el mismo Programa, no se les pueden ingresar aplicaciones como Facebook o WatsApp; los alumnos no cuentan con internet, y en caso de sufrir el equipo un daño o extravío es cancelado Niños en Alegría de la escuela», explica Julio César.

Añade:«A pesar de ello, el Programa ha ofrecido apoyo para llevar las clases de manera virtual; sin embargo, el escenario se repite: niños sin celular, sin internet; con equipos sin capacidad para las aplicaciones, sin datos; y no se pudo acompañar a los alumnos mediante el gestor de clases y los docentes».

«Los encargados de garantizar una educación de calidad, hoy han delegado la responsabilidad en los padres de familia, sin antes dotarlos de los servicios públicos necesarios para una vida digna. Padres de familia que tienen que atender de uno a tres hijos en diferentes niveles de la educación básica con tareas, buscar ingresos económicos y enviar evidencias a los docentes», recapitula.

Las carencias en esta colonia es visible. Le falta todo. Antes de que fuera asesinado, Raymundo Velázquez venía gestionando servicios básicos, como agua potable, drenaje, energía eléctrica y servicio médico.

«Esta colonia la vamos a convertir en una comunidad de paisanos de la montaña. Aquí voy a poner en práctica lo que aprendí en Ayotzi», dijo Raymundo en una entrevista cinco días antes de que lo asesinaran.

«Los compañeros dicen que es muy complicado contactar a los padres de familia, y cumplir con los requerimientos de las autoridades educativas. Familias sin televisión, o quienes cuentan con ella no sintonizan, el equipo, los canales; la radio poco o nada la sintonizan», retoma el profesor.

Julio César dice que a pesar de la campaña nacional de sana distancia que implementó la Secretaría de Salud y el «Quédate en casa», los directivos citan a su personal para que asistan a la escuela a entregar documentos o a reuniones.

«El 6 de mayo circuló en la Región de Acapulco una encuesta dirigida a los padres de familia y maestros. La SEG le pidió a los directivos que levantaran la encuesta. Las preguntas fueron: si estaban o no de acuerdo en iniciar las clases el 1 de junio. Hay un trasfondo político en esta encuesta».
«Es imprescindible que el magisterio y los sectores sociales impulsen una agenda común, que centre las demandas en beneficio de las familias para tener una educación digna, pero al mismo tiempo se tendrá que discutir en las bases del magisterio democrático la ruta que debe adoptar la CETEG» plantea.

Robo de fertilizante. Amenaza seria.
[Foto: Yener Santos]

Programa del fertilizante:

Mismo errores del año del año pasado... y la mano del narco

Eduardo Yener Santos

Este año, el programa de fertilizante en Guerrero arrancó otra vez con retraso y con un padrón de beneficiarios incierto, pero en esta ocasión no hubo protestas de campesinos para exigir la entrega a tiempo, como el año pasado, el primero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tocó distribuir el abono. Lo que sí ocurrió ahora es que hombres armados robaron alrededor de sesenta toneladas de abono.

El reparto del fertilizante gratuito en Guerrero arrancó de manera oficial este domingo 17, en Chilpancingo, con un acto en la bodega de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encabezado por el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y el coordinador estatal de Segalmex, José Isabel Oláis.

La inauguración del programa del fertilizante para los trece municipios de la Zona Centro del estado, tuvo lugar diez después de la conferencia de prensa que ofreció Sandoval Ballesteros en la capital, el 7 de mayo, cuando anunció que el viernes 8 de mayo se comenzaría la entrega a municipios de La Montaña.

En el acto, el gobierno federal informó que ya hay ochenta mil toneladas de fertilizante en las cien bodegas con que se cuenta en Guerrero para tal efecto. 

Sandoval Ballesteros asegura que el programa de fertilizante ha comenzado en Guerrero, pero el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales de Guerrero (CCECG), los campesinos y productores de la entidad aún no han recibido el insumo.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó el martes 12 que en los municipios de Alpoyeca y Huamuxtitlán solo hubo ensayos de preparación para entregar el fertilizante.

Abel Barrera mencionó que han dialogado con integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, que en 2019 llevaron a cabo protestas en demanda del fertilizante, y les han informado que no hay evidencia en municipios de la Montaña de que campesinos hayan recibido el abono.

El director de centro de derechos humanos consideró que por la epidemia del Covid-19 el gobierno federal tenga planeado que el reparto del fertilizante no sea de manera masiva, pero tampoco se tiene un registro de que en dicha zona hayan dado banderazo formal del programa.

Aseguró que los campesinos de la Montaña aún desconocen el proceso de entrega del fertilizante. Lo único que les han informado es que serán los Servidores de la Nación y Segalmex quienes serán los responsables del reparto.

 

La Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales de Guerrero informó que hay un retraso en la entrega del fertilizante a productores de la entidad.

Arturo García Jiménez, uno de los dirigentes de la CCECG aseguró que en ningún municipio de Guerrero se ha entregado el fertilizante. «El abono llegó desde el pasado mes de abril a las bodegas, y no entendemos por qué no se ha entregado a los campesinos productores».

Dijo que en todos lados se están haciendo simulacros. «Por ejemplo, querían hacerlo en el municipio San Jerónimo, en la Costa Grande de Guerrero, que es el último municipio que siembra», especificó.

El dirigente apuntó que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que ya se estaba distribuyendo, se empezaron a hacer los simulacros de Segalmex.

El dirigente social con influencia en la Costa Grande, dijo que en los simulacros que hace Segalmex se entrega fertilizante a diez o quince productores, pero en la práctica no lo entregan como debe ser.

García Jiménez insistió en que el fertilizante debe entregarse ya a los campesinos de Guerrero, «aun con los listados inflados del padrón que tiene la Sader del año pasado;  porque habrá problemas en el campo. Ya se retrasó la entrega del fertilizante; porque debió haberse distribuido desde el mes de abril cuando llegó. Y se ha retrasado un mes. Vemos que se están repitiendo los mismos vicios del año pasado», concluyó.

En la conferencia del 7 de mayo, Pablo Amilcar no especificó el padrón de beneficiarios. Dijo que se tiene un padrón prevalidado de alrededor de doscientos mil campesinos, y serán los ayuntamientos que emitan el dictamen correspondiente.

Apuntó que para este año se espera repartir cerca de ciento treinta y dos mil toneladas de fertilizante para los campesinos, cifra similar a la del año pasado, porque justificó que en Guerrero no se ha superado la siembra de más de cuatrocientas cincuenta mil hectáreas de maíz.

Dos días después, el sábado 9 de mayo, hombres armados robaron un tráiler que transportaba treinta toneladas de fertilizante en la carretera federal Pungarabato-Coyuca de Catalán, en la  Tierra Caliente.

Se informó que tras el robo se desplegó un operativo de la Guardia Nacional y  la Policía estatal y veinticuatro horas después se recuperó el insumo. Según el reporte de la policía, al no poder llevarse el tráiler, los ladrones le poncharon ocho llantas y le cortaron las mangueras.

El jueves 14, el delegado federal emitió un comunicado en el que informó que hombres armados se robaron 35 toneladas de fertilizante en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).

El delegado explicó que el tráiler cargado de fertilizante provenía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con destino a Ayutla, pero al cruzar por Tierra Colorada fue interceptado por hombres armados, quienes sustrajeron treinta y cinco toneladas de fertilizante y causaron daños al vehículo, el cual fue recuperado.

En el acto de este domingo, Sandoval Ballesteros dijo: «Hemos solicitado a la Guardia Nacional que nos apoyen con la vigilancia en traslado de fertilizante. Esto fue fortuito, porque se han hecho muchos viajes para llevarlo a las bodegas».

El funcionario federal dijo que el año pasado la entrega del fertilizante se prolongó porque en varios lugares hubo bloqueos, aun así se sembraron 478 000 hectáreas, que es un máximo histórico en los programas de fertilizante en la entidad.

Insistió que el gobierno federal busca evitar que sean intermediarios, como las organizaciones sociales, los que se beneficien del programa, y aseguró que para este 2020, existen más de 216 000 campesinos prevalidados, y en los próximos días los Servidores de la Nación continuaran enlistando a los campesinos que todavía falta.

En 2019, en zonas como la Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica, Centro y Zona Norte se registraron protestas de organizaciones sociales y productores que demandaban la entrega inmediata del fertilizante.

En la región Montaña, ciudadanos de Acatepec, Zapotitlan Tablas, Tlacoapa, Atlixtac y Olinalá mantuvieron un bloqueo en la carretera  Tlapa-Chilapa y hacia Puebla durante cuarenta y cinco días.

Además, fueron retenidos varios funcionarios, como el delegado regional Julio Lázaro Bazán, presidentes municipales como el de San Luis Acatlán, así como Servidores de la Nación, para demandar el fertilizante.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 18 al 24 de mayo de 2020

#1009

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