Mónica Figueroa. Versión del mestizaje actual.
[Foto: E. Añorve]

La aspiración es hacia la blanquedad; de lo que se huye es de lo negro: Mónica Figueroa

[Segunda de dos partes]

Eduardo Añorve

En esta segunda parte se continúa con la propuesta teórica para analizar el fenómeno del mestizaje en México de la académica Mónica Figueroa, oriunda de Guadalajara, Jalisco, la que ella califica como reactivado (mestizaje reloaded), cuyo argumento central es una ingeniosa idea: los mexicanos pretenden no ser negros, o serlo lo menos posible, ni tampoco parecerlo, para obtener privilegios, y en torno a esta idea opera el racismo actual –plantea–, en complemento con la tradicional pretensión de blanqueamiento de las personas que caracteriza al mestizaje. Es decir: para parecer blanco, no basta pretenderlo, sino también hay que parecer no negro.

Esta propuesta se refiere fundamentalmente al color de la piel de las gentes –y, por ende, a la apariencia de quienes son racializadas como indígenas y negras, sin que esta estudiosa tome en cuenta sus culturas ni otro tipo de manifestaciones o sus particularidades regionales e idiomáticas en este análisis, tal vez por falta de tiempo– como parte de los mecanismos para mimetizarse o ser o asumirse mestizas: «De un proceso histórico de homogenización, las lógicas del mestizaje pueden pasar sin ningún problema a darle cabida a la diversidad étnica, al reconocimento de los pueblos indígenas y negros y a asumir, con sorpresa, que el color de piel ha marcado las posibilidades de acceso a la población».

En su ponencia El giro hacia el racismo y el anti-racismo, el mestizaje y el anti-racismo negro en México, la doctora Figueroa Moreno define la que ella considera la versión del mestizaje actual, fenómeno que ha estudiado con colegas suyas de Copera: «Éste es una versión más del mestizaje. Junto con Judith Bautista, Émiko Saldívar y Gisela Carlos Fregoso le hemos llamado mestizaje reactivado, mestizaje reloaded. En nuestro trabajo dentro del Colectivo para Eliminar el Racismo en México (Copera), hemos notado cómo dentro de este giro hacia el racismo y el anti-racismo en la región, el mestizaje continúa marcando la pauta de discusión, delimita los criterios desde los cuales es posible abrirnos a nuevas conversaciones y hasta dónde es posible aventurarnos. Tiene una habilidad magistral para cerrar conversaciones y tergiversarnos y, en ese proceso, confundirnos sobre lo que hace el racismo».

Y acude a un ejemplo sobre de cómo este mestizaje reloaded nos confunde: «Un buen ejemplo es el debate por los resultados del Módulo de movilidad social intergeneracional, organizado por el Inegi durante el 2016 y (…) su presentación de resultados fue el 17 (…) el cual establece una correlación entre tonos de color de piel y variables de movilidad social. El debate en la opinión pública, redes y medios sociales y entre académicos, donde se enfatizó el atrevimiento de hacer evidente el sistema de clases racializado y pigmentocrático mexicano, demuestra la ambivalencia entre la familiaridad de hablar del color de piel y la perplejidad de comprender sus consecuencias».

Aunque en su ejemplo no precisó quiénes o cuáles actores sociales de la opinión pública cuestionaron el atrevimiento de hacer evidente el sistema de clases racializado y pigmentocrático mexicano.

La investigadora dijo que es indudable, según estudios hechos en las dos últimas décadas, que la relevancia del color de la piel ha moldeado y regulado las relaciones sociales en México, siendo éste el momento clave para entender el mestizaje, aunque cuestiona que esta crítica sirva para la acción política:

«Lo que las diversas intervenciones y estudios de los últimos veinte años en México demuestran, no es que de repente el color de piel se volvió importante, sino que la relevancia del color de piel para las personas ha estado moldeando y regulando la vida social de tal manera y por tanto tiempo que ahora sólo estamos viendo los resultados acumulativos de una historia social, económica y política. Lo único nuevo es que ahora, y como indicativo de este giro hacia el racismo y el anti-racismo, están dadas las condiciones para poder ponerle atención; sin embargo, notar el color de piel y usarlo como un criterio para el accionar político es complejo en un contexto de mestizaje, debido a la dificultad de limitar su confiabilidad empírica.

»El color de piel no es sólo un parámetro de diferenciación racializada, socialmente construido, sino que, además, es relativo y contextual: depende de dónde estamos y con quién, si somos más o menos morenos, o más o menos blancos, y esto va cambiando conforme nos vamos moviendo».

El racismo anti-negro, pues, complementa a la aspiración de blanqueamiento, siendo el mestizaje tanto un proyecto político racial –de las élites, aunque esto no queda claro en su discurso–, como una experiencia cotidiana que regula las relaciones sociales, el poder y los privilegios: «Algo muy interesante que surge en esta discusión y que me lleva a abordar el tema del racismo anti-negro es cómo lo que revela el Módulo de movilidad social, al igual que una observación detallada de la vida social y racial en México, es que, mientras la aspiración es hacia la blanquedad, de lo que se huye es de lo negro. El mestizaje en México, desde mi perspectiva, además de un proyecto político y racial de asimilación y blanqueamiento, que ahora se expresa en términos de inclusión, es también una experiencia cotidiana que estructura las relaciones sociales y distribuye el poder y los privilegios en la sociedad contemporánea».

Y enuncia lo que llama su argumento central: «Históricamente –y éste es mi argumento central–, el mestizaje ha requerido elaborar, no sólo un racismo anti-indígena, sino también un minucioso racismo anti-negro, que permita que la lógica de blanqueamiento que supone tenga sentido. Además, en su versión reloaded o reactivada, el mestizaje sacude lo que Émiko Saldívar llama la fragilidad mestiza.

»La fragilidad mestiza se refiere a varias posibilidades, entre ellas podemos ver, por ejemplo, la negación del racismo, la resistencia a hablar del color de la piel, sobre todo del amplio rango de lo moreno, y asumir los privilegios y las ventajas que tiene el ocupar esa posición, tanto de moreno, como de mestizo o blanco-mestizo; el asombro ante el cuestionamiento de su posicionamiento racial en el orden social; y el dolor social y colectivo de asumir su precariedad relativa y contextual.

»Estamos ante la fragilidad mestiza cuando vemos que todo se vale, siempre y cuando no se mueva el status quo; allí, el mestizo se defiende y se impone».

El mestizaje reactivado, entonces, se concreta en las conductas de lo moreno, como sinónimo o complemento de el mestizo, desde donde las personas acceden a privilegios y ventajas. Es decir, todo el espectro, menos lo negro.

Y ejemplifica acerca de esta fragilidad mestiza y el mestizaje reactivado, aunque no precisa cuál es la respuesta de contención que se ha concitado ante la acción política que nombra (y que se presume anti-racista), a pesar de que aprecia que hay una movilización creciente, sin precisar si son relevantes o no en la vida social y política de México. «Un lugar en donde podemos ver esta fragilidad mestiza y la reactivación del mestizaje es precisamente la respuesta de contención a la creciente movilización de organizaciones negras y afrodescendientes en el país, con el reciente logro del reconocimiento constitucional del sujeto afromexicano en el 2019, y la inclusión de la pregunta sobre auto-identificación negra en el Censo nacional 2020».

(Este reconocimiento constitucional del llamado, en el Artículo segundo de la Constitución federal, pueblo afromexicano ocurrió precisamente como parte de las políticas de inclusión y del multiculturalismo adoptadas como políticas de Estado desde el sexenio de Vicente Fox Quezada, y no como producto de movilizaciones ni acciones políticas. Este tipo de logros de los movimientos indígenas y afromexicanos no han involucrado a los sujetos jurídicos a los que se refieren [esos pueblos originarios y afromexicano], como lo mostró el rechazo de la Suprema Corte a las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado de Guerrero en relación a la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que incluye someramente a los pueblos afromexicanos).

En su disertación, la doctora Mónica Figueroa plantea, pues, que hay una reconfiguración de la relación entre el mestizaje y el racismo anti-negro en México:

«Estos elementos dan cuenta de cómo la relación entre mestizaje y racismo anti-negro se están reconfigurando. En esta reconfiguración hay un debate, a veces álgido y confuso, sobre qué es lo negro y cómo debe nombrarse y comprenderse. Por un lado, podríamos argumentar que hay una tendencia optimista (que considera esta movilización) y claros indicios de reconocimiento como pasos contundentes contra el racismo anti-negro.

»Sin embargo, por otro lado, vemos fuertes reacciones defensivas y de rechazo ante el inevitable resurgimiento de los temas de la raza, el cuerpo y el color de la piel. Estos temas son esenciales en la discusión sobre la experiencia de un grupo social que, históricamente, ha estado codificado precisamente en clave física y visible: los y las negras».

(Los afrodescendientes o negros independentistas fueron los precursores de esta tendencia de blanqueamiento y asimilación al fundar, teóricamente, un país, ya no de miembros de castas (basado en la idea de raza), sino de mexicanos, término éste que durante siglos se ha utilizado y funcionado de igual modo que el de mestizos, o bien como intercambiables. Ellos serían, siguiendo a la doctora Mónica Figueroa, los primeros anti racistas mexicanos).

Luego, arriba una de las lógicas del racismo en nuestro país: «Esta tensión entre apertura y rechazo, entre oportunidad multicultural y reacción mestiza, nos habla de la fuerza y éxito del proyecto de mestizaje, y nos pone de frente a una de las lógicas del racismo en México: la confusión».

Esta lógica del racismo es explicada por esta estudiosa:

«En el caso mexicano y su racismo anti-negro, la confusión se manifiesta en por lo menos cinco rasgos o fuerzas distractoras: la atracción de lo cultural, como signo de autenticidad identitaria, que es, a su vez, una extensión de la ideología mestiza; la recreación o reproducción de modelos emancipatorios que responden a proyectos raciales distintos; la fuerza del debate por la terminología y el derecho a auto-identificarse y a auto-nombrarse; la ambivalencia frente al concepto de raza y la dificultad frente al uso y comprensión del cuerpo y el color de la piel; y, la disociación entre lo identitario, como unidad coherente de afirmación individual y colectiva, y la desigualdad social, como fenómeno estructural racializado.

»Todas estas distracciones, que no puedo explicar a detalle por el tiempo que tengo, pero nos regresan a las preguntas sobre qué es el racismo y, en este caso, qué lo puede caracterizar como anti-negro».

Refiere, ahora, la efectividad del mestizaje, a través de algunas ideas enarboladas con los movimientos indígenas y afromexicanos (negros), que constituyen distracciones de la lucha anti-racista, las que lindan con la ignorancia. «La fuerza, éxito y efectividad del mestizaje en México ha sido tal que, aun en este momento de apertura multicultural, reacciona y resiste al emergente posicionamiento de la población negra. Por un lado, está la muy establecida creencia de que lo indígena, como unidad, y lo español, como otra unidad, son las piedras angulares de la historia y formación nacional. Por otro, está la idea de que sólo son los tres grupos (indígenas, africanos y españoles, igualmente cada uno como unidad) los que están en la base de la formación nacional y que, por lo tanto, hay que rescatar la tercera raíz africana, la cual ha sido negada y excluida, y necesita ser visibilizada», explica.

El mestizaje reloaded representa, entonces, la intención colectiva de ir hacia lo más blanco:

«Dada, entonces, la lógica del mestizaje y el deseo de las personas esclavizadas por alejarse del estereotipo inferiorizado y la experiencia de desventaja como persona negra, no es de extrañarnos que la tentación de movernos hacia la blanquedad y alejarnos de lo negro sea una intención colectiva profunda, desarrollada a través del tiempo, que marca la lógica del mestizaje y que alienta el futuro de la mezcla racial hacia lo más blanco.

»Aquí, entonces, mi argumento es que, independientemente de los observable en el cuerpo de las personas (es decir, si se ven o no negras o afrodescendientes, si tienen o no el cabello rizado, si tienen o no la nariz más o menos ancha, o la piel más o menos oscura, si tienen o no una herencia cultural denominada negra), lo que parece ser una característica permanente y necesaria para el proyecto racial del mestizaje es una aversión continua a la idea lo negro, la negridad, y un desfavorecimiento persistente a la población racializada como negra».

Al final, esta experta de la Universidad de Cambridge centra su análisis sobre el racismo en la variable más evidente, el color de las personas racializadas, entre los que incluye a los indígenas y negros; es decir, a los no blancos, los no mestizos, sobre quienes se ceba.

Y puntualiza el caso de los afrodescendientes (a quienes ha llamado antes negros), cuya situación discriminada los impele a procurar la mezcla racial: «En otras palabras: la aparente negación y exclusión de los afrodescendientes del imaginario nacional es una estrategia necesaria para el mantenimiento mismo de la identidad nacional, es esta versión continua y el desfavorecimiento persistente al que podemos llamar el racismo anti-negro. El racismo requiere de ciertas garantías para funcionar, ciertos presupuestos. En el caso del mestizaje, como un proyecto racial que se sostiene a partir de la estructuración racializada y racista de la sociedad, sus garantías se basan en asumir que la mezcla racial elimina el énfasis o importancia en las ideas de raza y en el cuerpo, al mismo tiempo que mantiene lo negro como el punto de referencia límite para la regulación de la mezcla misma».

Y concluye: «Es decir, el mestizaje requiere un cierto arbitraje que asegure que el límite de lo negro sea muy evidente para todos y así se protege esa frontera para no cruzarla, garantizando que la tendencia de la mezcla continue su camino hacia el blanqueamiento. Ese árbitro es el racismo anti-negro».

Beatriz Vélez y Héctor Astudillo. Ofensiva oportunista.
[Foto tomada de internet]

Tratamiento deficiente de la pandemia:

Acusaciones mutuas entre el estado y la Federación

David Espino

Con más de un millar de contagios y casi dos centenares de muertes por Covid-19 en Guerrero, con 79% de las camas ocupadas –en este tema, el estado ocupa el primer lugar nacional, arriba de la Ciudad de México–, los insumos y materiales médicos para hacerle frente a la contingencia empiezan a escasear, ante el reclamo constante de médicos y enfermeras de al menos seis de los ocho hospitales reconvertidos a centros de atención Covid.

Pero la escalada de la pandemia parece quedar en segundo término, cubierta por la nube de polvo generada por la discusión entre priistas y morenistas sobre la entrega o no de recursos federales para atender la emergencia sanitaria, sobre el envío o no de insumos médicos, como lo asegura el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, pero que en Guerrero niega insistente el ala priista del gobierno del estado.

Mientras se aclara si llegan o si se entregan a cuentagotas los insumos en los centros de atención para seguir los protocolos de cuidados a los enfermos, en el sector salud ya van 269 contagios y 10 decesos de médicos, enfermeras y paramédicos (cinco del ISSSTE) por falta de protección de alta gama, de acuerdo con el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, y con la secretaria general de la sección 36 del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), la priista Beatriz Vélez Núñez. «Los que está mandando la Secretaría de Salud federal es una miseria y, además, no sirve», dice la dirigente, vía telefónica.

De la Peña ya había dicho algo parecido en una conferencia por redes sociales. El jueves 14 de mayo dijo que de cada cien insumos médicos que se estaban entregando en el sector Salud del estado, apenas cinco eran aportados por la Federación. Tres días después, el delegado del gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros respondió que lo que él sabía era que el gobierno federal había adelantado dos ministraciones para la compra de insumos de protección.

La dirigente sindical dice que solo en el hospital general de El Quemado, Acapulco –uno de los dos reconvertidos de este municipio, de los ocho existentes en Guerrero–, hay cuarenta y cuatro casos de médicos y enfermeras contagiados, aunque no precisa dónde están ocurriendo los demás contagios. Se sabe, por información periodística, que hay en Taxco, en Iguala, en Ometepec, en Coyuca de Catalán. Del hospital de El Quemado, el médico Antonio Canaximac Rosales advirtió desde el mes pasado que la reconversión de los hospitales era incompleta y con muchas irregularidades y omisiones de los protocolos dictados por la Federación. Y a principios de mayo hubo alertas de enfermeras sobre un brote de contagios entre los trabajadores sin que se estuviera tomando ninguna medida para frenarlo.

 

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La secretaria de la Comisión de Salud del Congreso local, la diputada morenista Nilsan Hilario Mendoza, propuso en sesión on line el 13 de mayo exhortar al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que aclare en qué se han gastado los fondos enviados por la Federación para atender la contingencia por la pandemia, cercanos a los veinticinco mil millones de pesos, además de los cuatro mil quinientos millones de pesos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En su intervención, dijo que solo de presupuesto este año se le destinó a la Secretaría de Salud estatal 6790 887 000 pesos que, en efecto, están consignados en el decreto del presupuesto de egresos 2020 del gobierno estatal.

La iniciativa fue rechazada por las bancadas contrarias a Morena.

En cualquier caso, conforme avanza la pandemia entre la población y cada vez hay más municipios con contagios –para el domingo 24, cuarenta y siete de los ochenta y un municipios, equivalentes a 58%, tenían positivos, y el resto, salvo once, están cercados por el virus–, los insumos se acaban y se acaban los medicamentos. En el hospital Adolfo Prieto de Taxco, otro de los reconvertidos a centros Covid, hubo un momento en que los médicos tuvieron que improvisar caretas con botellas de plástico de refresco. La inconformidad subió a tal grado entre los trabajadores que fue necesario enviar una comisión de la Secretaría de Salud para verificar qué estaba ocurriendo. Lo que hallaron fue que el director tenía los insumos en su oficina, pero no los repartía, de acuerdo con un médico taxqueño que pidió el anonimato.

Lo que este médico ve es que las autoridades sanitarias del estado están ocultando decesos, o que no los están registrando como Covid. «Se quieren lavar las manos y culpar a otros».

Esto pasó en el hospital de Taxco –dice al reportero–, donde se ocultaron casos, se robaron insumos, mintieron a la población y, sobre todo, a los trabajadores.

Cita un ejemplo: «El martes (19 de mayo) murió una señora en la calle. Estaba al pendiente de un familiar internado por Covid. Se quedó afuera del hospital dormida, y en la madrugada otros visitantes dijeron que la doña estaba fría. Se le había atendido en urgencias por un malestar que presentó y ya. A las cuatro de la mañana la descubrieron sin vida.

–¿Murió por Covid?

–No se le hicieron pruebas.

En el hospital de Ometepec, dice la misma Beatriz Vélez, no hay equipo de Rayos X para tomar las placas a los enfermos y descartar o no daños en los pulmones; tampoco tienen ni un solo respirador para los casos graves en lo que se tiene que intubar. El de Ometepec, en la Costa de Chica del estado, colindante con Oaxaca, es otro de los hospitales que tendrían que estar reconvertidos a centros de atención Covid desde mediados de mayo. Y en Iguala, donde tienen 27% de camas ocupadas (cuarto lugar en incidencia en el estado), médicos y enfermeras han denunciado que no se está entregando el material que se les informa por oficio, entre ellos, los cubrebocas N-95. Lo mismo en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

 

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–¿Cuál es la cantidad de insumos que se le ha enviado al estado? –se le pregunta al diputado Antonio Helguera, también integrante de la Comisión de Salud en el Congreso local.

–No sabemos. No hay modo de saberlo porque en el gobierno de Guerrero no hay transparencia –dice.

Helguera recuerda que desde marzo se le exhortó al gobierno del estado que dotara de material a los hospitales y no se hizo; eso él mismo pudo constatarlo en un recorrido por los hospitales del estado.

Transparencia Mexicana coincide: Guerrero está entre los estados del país con mayor opacidad en cuanto a la adquisición de insumos médicos para la enfrentar la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19. Lo que sí ha publicado, dice la misma fuente, son los fondos destinados a la contingencia sanitaria. En su pagina web, la organización precisa que Guerrero cuenta con doscientos sesenta millones de pesos, según lo ha publicado en su sitio oficial, de los cuales, doscientos millones serían para enfrentar la emergencia y el resto, sesenta millones, se destinarían a la recuperación económica.

Tojil, una organización especializada en temas de impunidad, dice por su parte, que sorprende cómo solo uno de los treinta y tres órganos de vigilancia y fiscalización (de los poderes Legislativos) en los estados esté auditando el uso de los recursos públicos destinados a la pandemia, siendo que es su función. Dice que veinticuatro de los órganos fiscalizadores suspendieron o modificaron sus actividades con relación a la inspección de los recursos públicos, y catorce están por completo sin actividades. Transparencia Mexicana añade que solo cinco gobiernos estatales iniciaron la difusión de sus adquisiciones. En conjunto, los cinco estados, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, han adquirido bienes y servicios por un monto de 4 mil 951 millones 016 mil 331 pesos. Los treinta y un estados destinarían a la emergencia sanitaria un monto total de 663 mil 372 millones 249 mil 860 pesos.

 

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Una médico del hospital general Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, Acapulco, otro de los reconvertidos a Covid del estado, dice que será difícil que ningún hospital llegué al 100% de reconversión, no solo por la infraestructura hospitalaria deficiente, sino por la falta de médicos especializados y la falta de protocolos. En el hospital donde labora, dice en entrevista telefónica, se acabó el medicamento. «Teníamos tres intubados, pero solo había medicamento para una paciente, y a esa paciente se le suministró porque era recomendada», revela a condición de que se guarde su identidad.

Fuentes de otros centros Covid dicen que los medicamentos que están escaseando son los inyectables Ceftriaxona, Colistimetaro, Midazolan, Paracetamol, Vancomicina, y Vecuronio, que sirve como coadyuvante de anestesia general para facilitar la intubación. También Prazocina, y Salbutamol en aerosol, un broncodilatador para el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas.

Es fácil adivinar por qué los médicos y enfermeras tienen temor de hablar. La sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud está controlado desde hace trece años por el mismo grupo, encabezado por Beatriz Vélez Núñez.

Cuando se le pregunta a la dirigente por las inconformidades y por qué hace falta tanto material de protección y médico en los hospitales Covid no duda en ponerle nombre al responsable: Andrés Manuel López Obrador. Y cuándo se le insiste respecto a qué hacen las autoridades locales, el gobernador Héctor Astudillo, que en estos casos es autoridad sanitaria, tampoco duda en decir que «no para de trabajar» y que hasta con recursos propios está tratando de paliar como puede la contingencia.

–¿Y el presupuesto de Salud, oiga, son más de seis mil millones de pesos?

–No llega. El Insabi en una cochinada.

Sea como fuere, las incidencias suben de manera exponencial y en Acapulco –como el de Taxco– hay dos ejemplos en el que posibles enfermos de Covid agonizaron en las calles. Uno es el caso de un homeless que en la noche del sábado 16 de mayo fue llevado de urgencia por paramédicos de Protección Civil al hospital Covid de El Quemado, con complicaciones respiratorias, luego de un reporte de que en el Malecón de la ciudad un hombre estaba muy enfermo de tos y fiebre. Un par de horas después murió, de acuerdo con el director de Protección Civil municipal, Cuauhtémoc Gayosso.

El otro, ocurrido el mediodía del miércoles 20, fue un hombre que murió tras salir de una consulta médica privada en la calle Hidalgo, del centro de Acapulco. Policías ministeriales y turísticos pidieron al Semefo activar el protocolo Covid para levantar el cuerpo de quien habría muerto de un infarto. El Semefo no llegó a tiempo; en cambio, una funeraria lo recogió, a instancias de la familia, que dijo a las autoridades que estaba enfermo de diabetes. El médico que lo atendió no informó qué síntomas llevaba cuando llegó a su consultorio, ni tampoco fue considerado como un deceso por coronavirus. De todos modos, por la tarde, trabajadores de los Servicios Públicos Municipales sanitizaron el área donde cayó el hombre y lavaron la calle y la acera.

Ayuda de políticos. Lucro.
[Foto: Yener Santos]

Políticos se promocionan a expensas de la pandemia

Eduardo Yener Santos

Tuvieron que pasar sesenta días de la pandemia Covid 19 para que los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) se dieran cuenta que la clase política y servidores públicos de la entidad se aprovechan de la tragedia y utilizan recursos públicos para realizar actos de promoción personalizada en plena fase 3 del coronavirus, a fin de sacar ventaja en el próximo proceso electoral 2021.

Sesenta días después de que diputados de Morena y del PRD, así como la dirigencia estatal del PRI se han dedicado a regalar insumos médicos, despensas y comida a sectores vulnerables, los consejeros electorales exhortaron a los servidores públicos a no violar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 134 establece: «evitar utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos, así como de ajustarse a la obligación irrestricta de que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social».

Pero a los diputados pareciera no importarles, porque continúan haciendo todo lo contario a la ley y tampoco acatan el llamado de quedarse en casa.

El 16 de marzo, la Secretaría de Salud de Guerrero confirmó el segundo caso de Covid-19 en el estado, además de siete casos sospechosos de contagio. Cuatro días después, el 20 de marzo, las autoridades estatales decretaron un receso al ciclo escolar, con lo que 1 142 875 alumnos y más de 63 169 maestros y personal de apoyo, dejaron de asistir a los planteles. El regreso a clases se fijó para el 20 de abril.

Es decir, con esta primera medida para contrarrestar los efectos de la pandemia, se adelantaron once días las vacaciones de Semana Santa, pero el regreso sí se estableció para cuando lo marcaba el calendario escolar: el 20 de abril.

Algunas oficinas de gobierno también suspendieron labores; incluso, el Congreso de Guerrero restringió el acceso a su sede desde el 17 de marzo y los diputados determinaron no sesionar en el recinto legislativo.

Los días que siguieron, la semana del 20 al 24 de abril, políticos como los senadores, Manuel Añorve Baños, del PRI, y Félix Salgado Macedonio, de Morena, comenzaron declarar acerca del Covid-19.

A través de sus redes sociales, Añorve Baños cuestionó, a finales de abril, a la Secretaría de Salud federal al acusarla de no realizar las pruebas rápidas para detectar el coronavirus. «No es posible que la Secretaría de Salud federal no nos esté dando una respuesta de por qué no hay pruebas rápidas», reclamó el excandidato a gobernador.

Para el 8 de mayo, el mismo senador priista declaró a medios nacionales que el Senado citaría a comparecer al sub secretario de salud Hugo López-Gatell, a quien señaló de estar causando confusión a la población sobre el tema del Covid, y lo acusó de encubrir el número de contagios y  fallecidos por la enfermedad.

Ninguna de las dos declaraciones del priista tuvieron eco en el gobierno federal ni mucho menos en otros políticos que apoyaran su propuesta.

El senador de Morena Félix Salgado Macedonio publicó un video y una fotografía, a finales de marzo, donde muestra que se encontraba de vacaciones en Acapulco, a pesar del coronavirus.

Días antes, López-Gatell había recomendado que todos los mexicanos tomaran medidas drásticas contra el coronavirus y se quedaran en casa; además, anunció el inicio de la medida de la sana distancia. Y subrayó que la cuarentena no fuera tomada como vacaciones.

En ese contexto, Félix Salgado dijo, en su video, que la secretaría de salud federal es la única responsable de emitir las medidas y por lo tanto llamó a la población a no temer miedo ni psicosis por el Covid. Incluso, días antes en Acapulco, Salgado Macedio dijo que los diputados del PAN eran flojos, hipócritas y cobardes contra el Covid,  por no querer acudir a sesionar al Senado.

Después de estos dos integrantes de la cámara alta, en Guerrero varios diputados locales emprendieran sus campañas oportunistas en medio de la pandemia, ya sea con declaraciones o con acciones públicas.

La diputada local de Morena por el distrito 03 de Acapulco, Yoloczin Domínguez Serna, ha desobedecido el llamado a quedarse en casa. Con frecuencia, publica en sus redes sociales imágenes en las que aparece repartiendo víveres y material médico en colonias de la periferia del puerto.

La legisladora morenista dice ser parte de la comitiva que compaña al  gobernador Héctor Astudillo Flores y al delegado Pablo Amilcar Sandoval a centros hospitalarios que atienden pacientes de Covid.

En las publicaciones en redes, las fotografías donde aparece la representante popular van marcadas con un logotipo de su nombre; incluso, asegura visitar municipios que no corresponden a su distrito, como Chilapa, donde apunta que visitó el hospital reconvertido para Covid y será atendido por la Sedena.

Otro diputado que promueve su imagen política en medio de la tragedia es el diputado local de Morena Zeferino Gómez Valdovinos, quien ha instalado más de cinco comedores comunitarios en el puerto para que la gente acuda a comer o a traer comida, pese a que las autoridades de salud prohíben la aglomeración de ciudadanos.

En cada uno de los comedores que ha instalado, el diputado acapulqueño también ha colocado espectaculares con su cara y con la recomendación de «Quédate en casa».

Los diputados locales de Morena Moisés Reyes Sandoval, Norma Otilia Hernández Martínez también han repartido despensas e insumos médicos, a sectores vulnerables y hospitales, actividades que difunden en sus redes sociales con fotos y videos.

Estos dos legisladores fueron los que se opusieron a que los diputados locales donaran tres meses de salario como lo propuso la bancada del PRD, a mediados de marzo, para destinar ese dinero a la Secretaría de Salud del estado para la compra de insumos.

El 18 de abril, los diputados locales aprobaron donar un mes de su salario con el objetivo de combatir el coronavirus en la entidad, a través de la compra de insumos de protección médica.

La donación de los 46 diputados equivale a 1 748 000 pesos; además, el Congreso, como poder público, aportaría lo de dos meses que no ocuparía por la cuarentena, por lo que en total se destinarán 5 244 000 pesos.

El consejero estatal del PAN Carlos Millán Sánchez advirtió a través de un comunicado que los diputados usuran los recursos públicos que les dan de gestión para ser proselitismo en la cuarentena, y dijo que calificó de irrisorio el acuerdo de los diputados.

«Si bien es cierto que donaran una suma de cinco millones de pesos, la intención era que los diputados regresaran la diferencia del presupuesto aprobado que se destinaron ellos para apoyo social, que sumaba arriba de doscientos millones de pesos y que según se calcula aún les queda más de ciento veinte millones de pesos», dedujo.

El 19 de mayo, cuando los consejeros del IEPC llamaban a los políticos a portarse bien, el PRI instaló un comedor comunitario en su sede estatal, en Chilpancingo, en el que diariamente se repartirán alimentos.

La dirigencia priista argumentó que la instalación de los comedores comunitarios era  porque hay afectaciones económicas, y en ese comedor se colocó una lona con los colores del PRI y con el lema: «Hagamos juntos causas de corazón».

El IEPC se ha quedado en hacer exhortos. Ningún consejero dijo si habrá denuncias o sanciones contra los políticos que incurran a estas prácticas.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en Guerrero, Roberto Rodríguez Saldaña, ha dicho que no han recibido ninguna denuncia por actos anticipados de campaña o por el uso indebido de recursos públicos.

En declaraciones de prensa, el funcionario dijo que ellos, como Fepade, están atentos, pero que hasta la fecha no han recibido queja sobre delitos electorales, o que alguien promueva su imagen en plena pandemia, y mientras no haya denuncia, la Fepade no puede actuar en contra de quiénes sí están cometiendo estos ilícitos.

Héctor Astudillo y Álvaro Burgos. Versión conveniente.
[Foto tomada de internet]

Hay 44 contagiados, cuando menos:

Contra la disposición oficial, la minera Equinox Gold reinicia actividades

Zacarías Cervantes

De manera clandestina y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, la minera canadiense Equinox Gold, que explota la mina Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), reiniciaría actividades el 18 de mayo pasado contra la disposición del gobierno federal, que estableció que la minería, la construcción y fabricación de equipos de transporte, deben reanudar actividades el 1 de junio.

La reactivación de los trabajadores, algunos a partir del lunes 18 de mayo, otros el miércoles 20 y otro grupo el viernes 22, descubrió un brote de contagios de Covid-19 entre contratistas y trabajadores, del que no habían informado oficialmente las autoridades sanitarias, y aún al cierre de la edición no se habían pronunciado ni la minera ni el gobierno estatal.

La información se conoció por los trabajadores, quienes se vieron obligados a parar labores luego de que al menos cuarenta y cuatro contratistas provenientes de otros estados dieron positivo a Covid-19, y exigieron que la empresa los retire de su campamento de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, zona donde no se habían reportado casos de coronavirus.

Un agremiado a la sección 269 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros reveló que al menos cuarenta y cuatro contratistas de un total de doscientos que se realizaron el estudio dieron positivos al virus, dos de ellos, directivos de confianza.

El trabajador de la mina informó que desde el 7 de mayo comenzaron a llegar vía terrestre y aérea los contratistas y supervisores a la zona de la mina, pero que el acuerdo con los pueblos era que se les realizara la prueba del coronavirus y se pusieran en cuarentena hasta que les dieran los resultados.

Desde el 18 de mayo los contratistas y ejecutivos de la mina Los Filos reanudaron labores, pero el miércoles se dieron los resultados del examen y al menos salieron positivos los cuarenta y cuatro ya mencionados.

Debido a ello unos quinientos trabajadores de la mina originarios de Carrizalillo, Mezcala, Mazapa y Amatitlán, acordaron no presentarse a laborar hasta que se resuelva la situación de los contagiados.

El viernes 22 de mayo, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera, confirmó que al menos cuarenta y cuatro contratistas resultaron positivos de Covid-19, mismos que fueron enviados para su confinamiento a sus casas.

Pero rechazó que haya paro en esa mina, o que los trabajadores se nieguen a trabajar por los casos confirmados de contagio, pues dijo que todas las minas aún no están trabajando en Guerrero y que reanudarán sus actividades, si así lo determinan las autoridades federales, hasta el 1 de junio.

«De varios estudios que se hicieron, más o menos ese número de trabajadores están confirmados», reconoció el secretario Burgos Barrera, quien aseguró que los trabajadores que dieron positivos de contagio ya fueron enviados a sus casas para su confinamiento.

Sin embargo, aseguró que no hay paro en la mina ni los trabajadores se niegan a trabajar, porque «la mima está en proceso de reiniciar actividades a partir del 1 de junio», aseguró.

Burgos Barrera informó que se están haciendo los exámenes a todos los trabajadores, como parte del protocolo para el reinicio de la actividad de la minera. «En este protocolo está hacer este tipo de estudios al personal, precisamente para que sea gente que no vaya a contaminar el día de mañana», dijo.

E insistió: «Las minas ahorita no están trabajando, ninguna de las minas. No han iniciado actividades. Están en un proceso para que a través de la plataforma del Seguro Social, en base a sus protocolos que están proponiendo, les autoricen iniciar actividades; por ello están iniciando ese tipo de detección y de pruebas, precisamente para ir avanzando en ese tipo de situaciones», dijo Burgos Barrera.

Reiteró que será hasta el 1 de junio cuando inicien actividades las minas. «Pero ahorita están en el proceso de ir adecuando las instalaciones e ir viendo una serie de implementos que se necesitan para tener la sana distancia y las medidas de sanidad», aseguró.

Declaró que todas las minas están en este proceso, pero que cada una tiene su propio protocolo que será validado a través del Seguro Social y la Secretaría de Salud del gobierno federal.

En respuesta a que si por la confirmación de casos de contagio entre contratistas de la Mina Equinox no reiniciarían actividades las mineras el 1 de junio como se tiene previsto, dijo: «Hay que ver qué medidas van a ser implementadas y con base a eso estar al pendiente de que se puedan cumplir y que se evite cualquier tipo de contagio».

El funcionario estatal aseguró que en otras minas que operan en el estado no se han encontrado casos confirmados de contagio.

Sin embargo, los trabajadores locales de la sección 269 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros reiteraron que sí fueron llamados a reanudar labores algunos a partir del 18 de mayo, con la promesa de que les pagarían un bono anual y bajo el argumento de que la mina Los Filos está ubicada en una zona donde no hay casos confirmados de contagio por Covid-19.

Uno de ellos desmintió al funcionario. Aseguró que los trabajadores locales de las comunidades de Carrizalillo, Mazapa y Amatitlán sí se negaron a comenzar a trabajar porque se enteraron de los casos positivos de contagio de los contratistas foráneos.

El trabajador precisó que en su caso fue citado para comenzar a trabajar a través de su sindicato a partir del viernes pasado, pero que a otros de sus compañeros los citaron desde el lunes y a otros a partir del miércoles pasado. «Si no iban a reiniciar actividades, ¿entonces para qué diantres movilizaron a tanto personal?», preguntó.

El sindicalizado reveló que a algunos trabajadores les prometieron que reiniciando sus actividades les pagarían un bono anual que les dan por estas fechas, y a otros les argumentaron que el acuerdo del gobierno federal es que las mineras que se encuentran en zonas donde no hay casos confirmados de Covod-19, como era el caso de Los Filos, podrían comenzar a trabajar a partir del 18 de mayo.

«Pero resulta que no; Mezcala no es un lugar donde no hay contagios; supimos del caso de una persona de aquí que falleció en Chilpancingo por Covoid-19», declaró el trabajador sin dar mayores detalles.

La inconformidad surgió porque hasta el jueves 21 de mayo no les habían pagado el bono y a los que citaron desde el lunes, el miércoles ya no se iban a presentar a trabajar.

Fue el mismo miércoles cuando se enteraron de que algunos de los contratistas que llegaron de otros estados para comenzar sus actividades dieron positivos al Covid-19.

«Por eso desde el jueves, sí, ya ninguno está trabajando», insistió y aseguró que desde la noche del jueves ya no vieron los camiones que trabajan en el acarreo del material. «Y el acuerdo fue que mientras no se arregle esto de los casos confirmados, nadie se va a presentar a trabajar», subrayó.

El trabajador dijo que en su caso, desde el viernes debió presentarse a trabajar en el acarreo de material.

«El detalle fue que nos engañaron; a unos les dijeron que lo vieran por el lado de su bono, que no les fuera a afectar y a otros nos dijeron que íbamos a trabajar con todas las medidas precautorias», dijo.

Insistió: «Si fuera lo que dice el gobierno, no hubieran activado tanto personal, si no iban a activar la mina. ¿Por qué diantres estaban activando tanto personal? Fue demasiado personal el que activaron. ¿Para qué?».

Advirtió que en caso de que se llegue a las acciones legales, la empresa incumplió desde un principio, pues el decreto para suspender actividades por la pandemia se publicó el 30 de marzo, pero algunos trabajadores siguieron hasta el 7 de abril, otros hasta el 12 y unos definitivamente no pararon, siguieron trabajando; es el caso de los de laboratorio y los de planta», reveló.

Hasta el cierre de la edición (domingo 24), ni la minera ni el gobierno del estado habían fijado una postura respecto a la decisión unilateral de la empresa extranjera de reanudar las actividades al margen de lo que estableció el Consejo Nacional de Salubridad, de que la minería, la industria de la construcción y fabricación de equipos de transporte, deben reanudar labores el 1 de junio.

La denuncia de los trabajadores comprueba la complicidad del gobierno del estado con las empresas extranjeras, como la canadiense Equinox Gold y que no le importa la salud y la vida de los guerrerenses.

Lenguas originarias. Proceso de extinción.
[Foto: Kau Sirenio]

Lenguas Indígenas en México: discriminación

Kau Sirenio

Lo poco que María Pioquinto Ortega sabe de la pandemia de la Covid-19 en Cuanacaxtitlán, Guerrero, es lo que ha oído en voz de los vecinos. No es el único caso. Esta historia se repite en todo el país. Desde que entró la emergencia nacional sanitaria no ha habido información institucional en las sesenta y ocho lenguas maternas que se hablan en México.

«Lo que este país quiere es que los indígenas dejen de hablar su lengua materna, porque es lo más fácil. Al Estado mexicano nunca le han importado las lenguas indígenas; tal parece que no conocen ni siquiera la Ley General de Derechos Lingüísticos, porque su lógica es desindianizar a México», dice el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Zósimo Hernández Ramírez.

Hablante de la lengua náhuatl, Hernández Ramírez dice que en México hay discriminación institucional y jurídica; por eso los indígenas no cuentan con intérpretes en los hospitales, cárceles y establecimientos públicos. «No quieren porque es más fácil que los indígenas se mueran, así dejarán de ser un estorbo para el sistema de salud pública. ¿Cuándo has visto que en los hospitales hay intérpretes? Nunca. Y no los habrá», reprocha.

En México, las políticas públicas y educativas destinadas a las poblaciones indígenas no son claras ni tienen el propósito de propiciar estrategias para fortalecer la identidad nacional, en sus sesenta y ocho lenguas y variantes lingüística.

Por su parte, el investigador de la lengua Tu’un Savi Amadeo Guadalupe Joaquina dice que hace falta políticas de Estado para fortalecer las lenguas maternas. El estudioso cita la frase del lingüista León Portilla: «La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa la quema de un libro de consulta único del mundo natural, en donde los secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias, el arte y las artes de los pueblos indígenas, podrían perderse para siempre como resultado de la creciente globalización y la discriminación institucional».

Agrega Guadalupe Joaquina: «Si estas culturas desaparecen, ellas y su íntima relación con la naturaleza se perderán para siempre. Debemos hacer todo lo posible para proteger a estos pueblos. Si desaparecen, el mundo será un lugar más pobre».

La oaxaqueña Odilia Romero Hernández dice que trabaja para cambiar esa realidad.

Es la primera mujer que coordina el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), una coalición de agrupaciones y personas indígenas, en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos, que defiende y promueve la identidad y los derechos indígenas. «En México quisiéramos que hubiera intérpretes en todos los espacios públicos, pero no ha sido posible, porque el Estado mexicano es racista», señala.

Casos como la de María Pioquinto, que no tiene acceso a información en su lengua materna en los medios masivos de comunicación, se reproducen en todo el país. Los problemas que enfrentan los hablantes de lenguas indígenas, aparte de la falta de atención institucional, provoca que los hablantes ya no quieran que su hijos hablen su lengua materna y, como consecuencia, niegan su identidad lingüística para no ser discriminado.

 

***

 

Los Ángeles, California, es la ciudad donde más idiomas del mundo se hablan. El inglés, la lengua oficial de Estados Unidos, ha sido rebasado por el castellano. Y en las calles es común encontrar a personas provenientes de distintas comunidades que hablan su lengua materna. Las lenguas indígenas florecen en los barrios mexicanos situados al este y sureste de la urbe: el ñuu savi (mixteco), el binizaa (zapoteco), el triqui o el náhuatl, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

La diversidad lingüística en Los Ángeles se nutre de personas de ciento cuarenta países, que hablan alrededor de noventa y dos idiomas diferentes, muchos de ellos, migrantes, por lo que quienes se comunican en lenguas indígenas enfrentan la separación de sus familiares cuando son detenidos por Migración y, ante la falta de intérpretes en las audiencias en la Corte, son deportados.

De ahí, desde que Odilia Romero Hernández es coordinadora de la FIOB, trabaja por los derechos lingüísticos en los tribunales, tanto en la interpretación, como en la capacitación de nuevos intérpretes de lenguas indígenas.

La activista señala que los obstáculos que padecen los indígenas en Estados Unidos no son muy distintos de los de México. La discriminación se traslada al otro lado de la frontera.

«Muchos mexicanos llegaron con su comida y su música, pero también trajeron sus prejuicios hacia los pueblos indígenas», explica.

Uno de los casos emblemáticos en los que FIOB se ha involucrado es el de Cirila Baltazar Cruz, quien en un juicio tuvo como intérprete una puertorriqueña que ignora el contexto cultural de los indígenas chatinos de Oaxaca.

El caso de Cirila sucedió en la costa del Golfo de Mississippi, en noviembre de 2008, cuando acudió al hospital para dar a luz a su hija Rubí. Según documentos obtenidos por el Clarion-Ledger de Mississippi, el hospital llamó al Departamento de Servicios Humanos (DHS) del Estado Unidos, que dictaminó que Baltazar Cruz era una madre no apta, en parte por su falta de inglés, y concluyó que ella «puso en peligro a su bebé, por lo que concluyeron Cirila volvería a poner en peligro a su niña en el futuro».

Romero Hernández dice que la historia de Cirila fue un escándalo en los medios de comunicación de Estados Unidos, pero que en México eso se volvió cotidiano. «En México hay casos en donde los paisanos están condenados a años de cárcel porque no fueron asistido por un intérprete. Así encontramos miles de historia donde los indígenas mueren en los hospitales por falta de intérpretes, o no pueden entrar a las universidades por el simple hecho de ser indígena. La brecha entre indígenas y mestizo es enorme», deplora.

En sus actividades diarias, Odilia acude a los tribunales a asesorar a los acusados indígenas, averigua de qué lengua se trata y, si no es zapoteco, se encarga de conseguir un intérprete para el caso necesario. «México es un país racista. Muchos, no todos los mexicanos, son así. Claro, pero la gran mayoría tienen un prejuicio hacia las comunidades indígenas desde sus famosos dichos: “No seas indio”», expone.

La activista dice que los avances que ha tenido la organización a la que pertenece en Estados Unidos, serían más difíciles en México. «No pasaría en México. Y creo que estos funcionarios públicos no se dejarían educar en cuanto a la población indígena. Aquí sí lo hacen, a regañadientes, pero se sientan, les informa las causas del desplazamiento y se terminan solidarizando con los detenidos».

 

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Amadeo Guadalupe señala que a pesar que la población mexicana es pluricultural, porque más de sesenta y ocho pueblos indígenas hablan su lengua materna, en la vía de los hechos no es así, porque no hay políticas públicas para fortalecer las culturas indígenas y las lenguas maternas.

«El acceso de indígenas a la educación, justicia, salud, cultura, uso de su lengua en espacios públicos, es muy lejano para un país donde los medios de comunicación masivos estereotipan a los indígenas como folklore», dice.

Agrega: «Son los primeros de esta nación, pero son los últimos en todos los renglones. Son los olvidados; los primeros en marginación y extrema pobreza material; pero no espiritual y cultural. Su lengua es hermosa, es rica en sonidos y en semántica. A pesar de que su identidad, se les niega el derecho de comunicarse y de acceder y disfrutar de sus propios medios de comunicación».

Zósimo Hernández retoma: «Faltó información en lengua materna para prevenir a las poblaciones indígenas, el gobierno creyó que a los indígenas no se les iba a afectar. Cuando reaccionaron ya era muy tarde. Además, es de mala calidad y pésima difusión en los medios masivos de comunicación. No vimos ni una acción diseñada por parte del INALI o del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas».

Mientras avanza la pandemia en la zona más agreste del país, donde están asentadas las comunidades indígenas, la información en lenguas maternas es cada vez más lejana, y los hospitales Covid no ha informado si cuentan con intérpretes.

La falta de información clara y precisa en lengua materna en las comunidades indígenas ha propiciado que no se genere la sana distancia ni se detenga la movilidad. «Katyi na ni su ña ndixa ku ña ka’an na ni vaxi ku’e (Dicen que no es cierto lo que dicen, que viene la enfermedad)», dice María Pioquinto.

 

*Este trabajo fue elaborado en el Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de profesionalización en Periodismo de Datos (Primavera 2020) en la Universidad Iberoamericana, en el marco del Proyecto de Investigación «Lenguas indígenas y discriminación», durante la clase «Diseño de la información», de Eduard Martín Borregón.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 25 al 31 de mayo de 2020

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