Perla Daniela y Antonio son, sin haberse contagiado, otras víctimas del Covid-19. Ellos sintetizan los daños colaterales que, a casi tres meses de confinamiento y del cierre de establecimientos no esenciales, está dejando la pandemia y la mezquindad de los tres niveles de gobierno, que no ven más allá de sus intereses políticos.

La pareja son propietarios de Guayaberas Finas de Chilpancingo, que cuenta con dos establecimientos, uno ubicado en la calle Abasolo y otro en la avenida Alemán, en el centro de Chilpancingo.

La venta de ropa tradicional mexicana y artesanal, para ellos no era un negocio prometedor, pero durante más de quince años les dio estabilidad. Por ejemplo, sus dos hijos estudian en el Colegio México y, hasta antes de la pandemia, les cumplían todos sus antojos y vivían sin preocupaciones económicas.

Sin embargo, el cierre por la contingencia sanitaria durante casi tres meses está a punto de terminar con el único ingreso familiar que tenían y Antonio está a un paso de irse de migrante a Estados Unidos. Su matrimonio se tambalea.

Antonio contó que Guayaberas Finas de Chilpancingo era un negocio familiar que les dejaba para pagar rentas de diez y quince mil pesos mensuales, y hasta para tener cuatro empleados. Pero esto está a punto de terminar.

El 1 de abril, personal del Ayuntamiento les notificó que debían cerrar por la contingencia sanitaria. Les advirtieron que si no atendían la instrucción se harían acreedores a una clausura. Y ya van para tres meses sin vender, debido a que la indicación de mantener cerrado se amplió del 15 al 30 de junio.

Mientras tanto, su situación no ha sido fácil. «Todo esto nos vino a descontrolar emocional, anímica y económicamente. En el hogar, si no hay dinero hay problemas. Ya empieza la desesperación, la desestabilización. Yo llevo dieciocho años de casado, con dos hijos, y, honestamente, en estos momentos ya no puedo sostener la casa», admite el comerciante.

Frente a la contingencia económica, presagia: «No podemos seguir así mucho tiempo, o me deja mi esposa porque no estoy generando nada y no le estoy buscando ingresos, o vamos a vivir siempre en el pleito y con escasez».

Y es que los dramas son casi a diario. Su esposa entra muy seguido en crisis de desesperación y llora. «Yo le digo que así no vamos a solucionar nada, que debemos unificarnos más, para estar más fuertes», dice Antonio.

Su situación no es para menos. Perla Daniela y Antonio trabajan con proveedores que les dejan el producto, para pagar en 15 días, un mes y hasta para tres meses.

Tras la temporada de diciembre pasado, comenzaron a surtir el producto a partir del 14 de febrero; no contaban con que un mes después llegaría la pandemia y a partir de abril serían obligados a cerrar.

A partir del cierre en abril, se les quedó toda su mercancía y actualmente deben a cuatro proveedores, que les dejaron productos por un monto de cien mil pesos cada uno.

Antonio reconoce que los proveedores no los presionan mucho, porque ellos también deben a quienes les surten los insumos e igual los fabricantes están parados, porque están cerradas sus fábricas. «Es una cadena… la pandemia nos vino a pegar feo a todos», sostiene.

Pero aclara que era del negocio de donde sacaban para todo lo que se necesita en la familia. «No teníamos un colchón como para cerrar por tres meses. Íbamos al día, comiendo y sacando para las necesidades de la familia y guardando para el pago de los proveedores», explica.

También les dejaba para tener un hijo en el Colegio México. «Siempre tratando de ofrecerles algo mejor a nuestros hijos, a través de nuestro trabajo», argumenta.

Refiere que, igual, de sus tiendas sacaban para la comida, para la gasolina del carro. «De ahí pagamos para nuestras enfermedades y medicamentos. No tenemos otros ingresos, como otras personas que tienen negocios y trabajos extras. Nosotros vivimos del negocio», dice.

Antonio cuenta que tuvo que negociar con los propietarios de los locales, en los que ya lleva quince años. Les pidió que le dieran la oportunidad de condonarle el 50% o que no le cobraran el tiempo que tiene cerrado. Uno de ellos de plano le dijo: «Sí, dame la mitad y la otra ve dándomela aunque sea por partes, si quieres, porque yo de ahí vivo, de aquí como».

El comerciante le firmó un documento, en el que se compromete que al momento de que comience la actividad, se los va a pagar, y es otra deuda que ya tiene. Solamente de mayo a junio la deuda creció a treinta mil pesos.

Otros de sus compromisos son sus cuatro empleados, que ya llevan trabajando más de tres años. Éstos los amenazaron con que si no les pagaban, los iban a citar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje e igualmente tuvieron que negociar con ellos. Quedaron que les pagarían el 50% de su salario y cada empleado gana mil a la semana; ahora les paga quinientos pesos, por lo que tiene que desembolsar dos mil a la semana, sin que tengan ingresos.

«Esto (la contingencia sanitaria) es un golpe muy duro que nos vino a dar muy fuerte en la economía y no hay quien nos esté apoyando ahorita», se queja Antonio.

Dice que a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor, el gobierno estatal les hizo llegar un apoyo de tres mil pesos «para sobrevivir». Les dijeron: «Para que tengan aunque sea algo». Antonio lo agradece: «Es poco. Pero hasta dónde llega nuestra necesidad, que con eso surtimos despensa para los próximos quince días».

Pero reprocha que de parte del gobierno federal no han recibido nada. Dice que intentó entrar al programa Tandas para el Bienestar, pero no le han resuelto nada. «Son seis mil pesos, pero serían buenos; los necesitamos aunque sea en calidad de préstamo, porque nos dicen que los tenemos que pagar en seis meses o en un año, máximo», dice.

Recuerda que con otros gobiernos solicitaban créditos y se los autorizaban, como en la contingencia por la tormenta Manuel, cuando los apoyaron con treinta mil pesos a fondo perdido. «Pero con este gobierno no vemos para dónde darle», se queja.

Reprocha: «En las oficinas no te atienden o te dicen: hay becas del Bienestar y tandas, o que utilices las becas de tus hijos». El problema es que sus hijos no tienen becas.

«En este gobierno es una desfortuna no tener hijos en el bachillerato, recibiendo sus tres mil pesos. Les están dando más a ellos que a los que pagamos nuestros impuestos, a los que nos la rifamos. La verdad sí nos sentimos desprotegidos y descontentos por esa parte», agrega.

Además, sostiene que, por el contrario, Hacienda sigue presionando puntualmente para el pago de impuestos. «Y los tienes que pagar».

Dice que por la necesidad de ingresos buscó otro negocio. Se trata de renta de albercas con un préstamo de treinta y cinco mil pesos que consiguió en el banco, y las diez albercas inflables las sacó a crédito en Coppel. A la par, tomó un curso en línea para limpiar albercas e instalar las de plástico, que renta.

Sin embargo, no contó que por la pandemia el negocio tampoco funcionaría y ahora se quedó con las deudas. «Le tuve que buscar, porque ya empezaba yo a tener problemas en la casa. Mi mujer me exigía: tienes que pensar en algo», confiesa.

Por separado, Perla Daniela también buscó ingresos por su cuenta. Elabora panes y galletas que vende en línea. «Pero es complicado, porque por la misma situación de la pandemia muchos están recurriendo a la misma estrategia», comenta Antonio, a quien se le están terminando las esperanzas, pues dice: «La pandemia nos vino a mover todo, nuestra vida diaria, nuestras expectativas, nuestros proyectos a futuro, nos cambio todo».

Agotadas sus alternativas aquí, Antonio planea irse a trabajar a Estados Unidos, aprovechando que tiene una visa de turista y el ofrecimiento de su familia que radica allá.

«En Estados Unidos tengo mucha familia que ya son ciudadanos residentes, de más de treinta y cinco años. Estoy armando un plan: irme a trabajar en lo que sea, tengo primos que trabajan en la industria de la construcción y me dicen que aunque sea de asistente de ayudante, me van a pagar doscientos dólares al día», comenta.

Dice que piensa retirar su mercancía de sus locales y guardarla en su casa, cuando menos un trimestre, y esperar la venta buena en diciembre. «Para alivianarme», dice esperanzado.

Argumenta que vale la pena correr el riesgo de contagio en Estados Unidos, porque «cuando menos allá no pararon y hay más empleo».

Incluso ya hasta cotizó el boleto de la corrida que va de Chilpancingo a Tijuana, que cuesta tres mil ochocientos pesos.

Así piensa salvar, no solo su negocio, sino su matrimonio y, quizá, hasta su salud. «Porque aquí, si no me enfermo de coronavirus, posiblemente será de diabetes. A veces ya siento mareos, ganas de llorar y no lloro, y sí me dan ganas de salir a algún lado; no puedo ni comprarle nada a mis hijos.

Dice que la niña cumplió años el 29 de mayo, y fue complicado no comprarle nada.

La historia de Perla Daniela y Antonio es la misma de cientos de comerciantes que cerraron por la pandemia. El mismo Antonio dice que pertenece a la Organización Comerciantes Unidos del Centro, y el líder ya se fue a trabajar al norte del país, pues, dice, tenía un negocio de venta de accesorios de belleza, pero igual se le vino abajo. Le dijo que va a regresar en octubre. Antes guardó toda la mercancía en su casa.

La semana pasada el presidente del Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos, informó que ciento cincuenta comerciantes de Chilpancingo están por cerrar definitivamente en este junio, debido a que fueron obligados a bajar las cortinas para evitar la propagación del contagio del Covid-19.

A casi tres meses de haber cerrado sus puertas, los pequeños empresarios y comerciantes se encuentran enfrentando una grave situación económica, misma que se agudiza por la total falta de apoyo de los tres niveles de gobierno, que privilegian el burocratismo por encima de la ayuda que deberían estar brindando a este importante sector promotor de la economía estatal.

Hay comerciantes que aseguran que a la fecha no han tenido ningún apoyo, ni siquiera para sus trabajadores. Y ya llevan tres meses sin ingresos y con el pago de las nóminas. En breve, no resistirán, comenzarán los despidos; en seguida, el caos.

Al ritmo de tambores y cornetas empieza el día para los militares. A la distancia se perciben las primeras fanfarrias marciales que activan tanto a soldados como a generales. Y llegan hasta decenas de jóvenes que van llegando a la Puerta 8 del Campo Militar número 1-A con una carpeta bajo brazo y la esperanza de ingresar a las Fuerzas Armadas de México.

Antes de la contingencia sanitaria por la Covid-19, los aspirantes a militares no oían de cerca las bandas de guerras que recorren las avenidas que conducen a la comandancia de Primer Cuerpo de Ejército. Los militares colocaban sus módulos de reclutamiento en estaciones del Metro; principalmente, Cuatro Caminos.

Mientras la corneta llama a lista, en la puerta 1 y 8 del campo militar llegan de uno por uno, a veces en pareja, jóvenes que preguntan si hay vacantes en el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana, pero los reclutadores recomiendan la Guardia Nacional.

–No hay vacantes para las armas en el Ejército mexicano. Si quieres solo se puede en la Policía Militar, incorporada a Guardia Nacional –explica el reclutador.

–¿Qué documentos debo traer? –pregunta el aspirante sonrojado.

–Tres actas de nacimientos, CURP, credencial de elector, cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), certificado de estudios (secundaria o bachillerato) y antecedentes no penales –enlista el militar.

Así inicia el viacrucis de unos doscientos muchachos, y otros no tanto, que desfilan a diario por la puerta que se convierte plaza de empleo; mientras que en la puerta 1 es más rápido el tráfico de los aspirantes que pasan a realizar examen físico como primer filtro.

 

El pueblo uniformado

 

Con el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994, el Ejército Mexicano reclutó a jóvenes de la provincia para formar el 93 Batallón de Infantería, en Tlapa, y el 4/0 grupo de Mortero, en Acapulco; así como grupos de morteros en Ciudad de México y Guerrero para contener, primero la insurrección de los zapatista y después al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Con primaria concluida y sin dominio de español, los muchachos de las comunidades indígenas ingresaron al Ejército Mexicano para formar la base veterana del 1/o, 2/o y 3/o grupos de Morteros calibre 81 mm. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) seleccionó a oficiales y tropas para fundar el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), entrenados por jefes y oficiales egresados en Guatemala de la Escuela de las Américas, conocidos como kaibiles.

Durante la presidencia de Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, el GAFE funcionó como cuerpo de élite de contrainsurgencia en Chiapas y Guerrero. En ese periodo hubo dos masacres en Guerrero: una perpetrada por la policía estatal en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, y la otra en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, perpetrada por el Ejército Mexicano el 7 de junio de 1998.

En la masacre de El Charco, los militares atacaron a los campesinos que descansaban en la escuela primaria Caritino Maldonado. Once campesinos fueron asesinados por militares comandados por el general Juan Manuel Oropeza Garnica, de la 27 Zona Militar.

Los soldados que incursionaron en El Charco eran jóvenes reclutados después del error de diciembre de 1994.

 

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De los aspirantes que llegan en la Puerta 8, no todos regresan contentos. Varios de ellos salen cabizbajos por varias razones: los rechazaron por tener tatuajes, por no dar la estatura que le requiere o porque les falta algún documento, lo que implica regresar a lugar de origen para subsanar ese detalle. Pero eso implica gastos.

«Vengo de Chiapas, pero me dijeron que no me puedo dar de alta porque no tengo la estatura, mido 1.59 m, así que mejor voy a ver si hay chamba en alguna obra (de construcción), porque no tengo para mis gastos y llevo días dando vueltas», dice uno de los rechazados.

Así como él, hay otros jóvenes de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán entre otros estados del sur.

Antes de despedirse, un joven de nombre César relata: «No se me hizo: tengo un tatuaje y aún no se cae la costra, así que tendré que esperar un poco más o regresar a Guerrero, porque se pusieron más estrictos».

Un soldado policía militar que reserva su nombre dice que en los últimos días ha incrementado el número de aspirantes. «Soy de tercer escalón de 2020. Nos graduamos ciento cincuenta compañeros, pero el sexto escalón que está esperando su turno para el adiestramiento son seiscientos reclutas. Eso significa que la pandemia golpeó a todos».

«Hay vacantes, pero cada vez veo más aspirantes formados con sus documentos para darse de alta. Ojalá alcancen a entrar, porque esto se está poniendo muy feo para todos», agrega en entrevista telefónica.

La corneta y el tambor siguen sonando, mientras que la frustración de los jóvenes va en aumento porque pueden quedar fuera de la convocatoria para ser parte de la Fuerzas Armadas de México.

«El Ejército es mi única esperanza, porque ser militar ayudaría a mis papás con seguro médico. Antes trabajaba de ayudante de cocina por Barranca de Muerto, pero cerraron desde mediados de abril. Estuve en Guerrero esperando que reabrieran, pero aún no se sabe para cuándo. Además, migrar a Estados Unidos es imposible con esta pandemia, no hay trabajo allá… bueno, eso veo en los noticieros», dice un aspirante que viene de la Costa Chica de Guerrero.