A partir de esta semana, los estados de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, posiblemente regresen del color naranja al rojo del semáforo epidemiológico de riesgos, debido al incremento de casos confirmados de contagio por Covid-19, después de la reapertura de las actividades económicas en esos estados.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud (Ssa) en esas entidades también creció la demanda de camas Covid-19 con ventilador.

Estos datos indicaban el domingo que en Guanajuato pasaron de 2278 a 8465; es decir, casi cuatro veces más en cuatro semanas, mientras en Veracruz crecieron de 4871 a 10 894.

Del 5 de junio al 3 de julio pasado, en Coahuila los contagios aumentaron de 1350 a 5360. En el caso de Chiapas se duplicaron de 2283 a 4681, mientras en Tamaulipas aumentaron de 1952 a 6955.

La experiencia de estas entidades del país se da a una semana de que en Guerrero se informó del cambio de color de rojo a naranja en el semáforo epidemiológico y con ello el gobierno estatal autorizó la reapertura de playas, hoteles y restaurantes en las zonas turísticas.

La medida se tomó, sin embargo, no porque haya una disminución significativa de los casos confirmados de contagio o decesos, sino para favorecer los intereses de grupos empresariales y económicos que estaban presionando para la reapertura económica.

Los datos que dio a conocer el domingo el secretario de Salud Carlos de la Pela Pintos, cuatro días después del relajamiento de las medidas en las zonas turísticas, muestran un incremento de 138 nuevos casos confirmados y ocho decesos por Covid-19 en las últimas veinticuatro horas; es decir, de sábado para domingo.

Por tanto, hasta el mediodía de este domingo los casos confirmados sumaban 6049 y los decesos, 989 en la entidad. Es decir, la cifra aquí es mayor a la que tenían antes del desconfinamiento las entidades que ahora tendrán que regresar al semáforo rojo, debido a que por el relajamiento de las medidas sufrieron un rebrote.

De hecho, De la Peña Pintos así lo vislumbró el mismo domingo cuando dio a conocer las cifras. Dijo que ante el riesgo de que los casos de contagio se incrementen en los próximos días debido al desconfinamiento que se autorizó a partir del 2 de julio, cuando se abrieron playas, hoteles y restaurantes en zonas turísticas, no tienen un Plan B, sino un Plan A y que están preparados en caso de que haya un incremento de casos confirmados.

El funcionario informó que hasta ese día ya había setenta y seis municipios con casos positivos y sólo cinco sin contagio, además informó que el 90% del total de casos confirmados se concentra en quince municipios, y que Acapulco y Chilpancingo son los sitios de mayor concentración. A pesar de ello, en el primer municipio fue donde a partir del 2 de julio se autorizó la apertura de playas, hoteles y restaurantes.

Además, de los 138 casos confirmados entre el sábado y el domingo, 104 fueron de Acapulco, doce de Zihuatanejo, donde también se abrieron playas, hoteles y restaurantes, y cuatro de Chilpancingo.

En cuanto a las defunciones, 527, de las 989, son de Acapulco; es decir, más del 50% son del puerto, donde ya se abrió a la visita de los turistas.

El secretario informó que hasta el domingo había 295 pacientes hospitalizados; de ellos, ciento veintitrés estaban estables, ciento uno, graves, y setenta y uno permanecían intubados y en estado crítico.

El funcionario aseguró que el comportawmiento de hospitalizados era «descendente» y que esperaba que así continuara, pero recomendó que haya corresponsabilidad de los ciudadanos, a quienes pidió asumir todas las recomendaciones que se han hecho por parte de las autoridades.

Declaró que la ocupación de camas Covid-19 es del 39% a 40%, y particularmente en Acapulco hay un 42.1% de todas las instituciones del sector salud.

Es decir, que si en las entidades de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, el aumento de los casos por el relajamiento y la reanudación de las actividades se duplicaron, triplicaron y hasta se cuadruplicaron, en Guerrero el número de camas disponibles serán insuficientes y es posible que lo que se avecina sea el caos.

El mismo domingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores abrió la transmisión por Facebook por la cual todos los días el secretario de Salud Carlos de la Peña da a conocer la actualización de las cifras Covid-19. Dijo que «es muy importante la economía, pero no hay que olvidar que lo fundamental es la vida de los guerrerenses».

Sin embargo, en los hechos es lo contrario. No se aprecia que considere la salud por encima de la economía, cuando se privilegiaron los intereses económicos de empresarios y comerciantes turísticos en el puerto que concentra más del 50% de casos confirmados de contagio y decesos que hay en todo el estado.

Incluso, el mismo gobernador calificó ese día la reactivación y reapertura de playas, hoteles y restaurantes como «buena», pero advirtió que el cambio del color rojo a naranja, del semáforo epidemiológico, no quiere decir que la pandemia ya se terminó, e insistió en seguir acatando las recomendaciones para evitar el incremento de contagios.

Astudillo Flores admitió que a pesar de la disminución del color rojo al naranja del semáforo epidemiológico, los contagios siguen. «Y hay que cuidarnos mucho».

Fue insistente en que la reactivación apenas comienza, «y no hay que olvidar que lo más importante, al final de cuentas, es cuidar la vida nuestra y la de todos los que nos rodean».

En otras palabras, a partir de esta semana, la política en materia de salud ante la pandemia, que sigue dejando cientos de víctimas, es: sálvese el que pueda y quiera. Los gobiernos estatal y federal han dejado de ser reguladores del grave problema de salud en el que nos encontramos. Ambos sucumbieron ante la presión de los grandes empresarios del turismo, y no precisamente para favorecer a la economía popular.

El mismo día que en Acapulco se abrieron playas, hoteles y restaurantes, en Chilpancingo personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal clausuró la llantera Royal de Guerrero. La medida dejó a catorce trabajadores sin empleo.

El propietario del establecimiento, Javier Ibáñez Reyes, presentó a los medios de comunicación su descontento por la medida que le aplicó la Secretaría de Trabajo.

Explicó que la reapertura de su negocio fue atendiendo las indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores y del gobierno federal para abrir este 2 de julio.

No se supo si la clausura fue definitiva, pero entre los catorce empleados que se quedaron sin trabajo, hay uno con treinta años de antigüedad en la empresa y pidió a los gobiernos federal y estatal que reconsideren la medida, porque no tiene cómo llevar dinero para su familia.

Un día antes, el Gimnasio Hispano, también de Chilpancingo, igualmente fue clausurado por la Dirección de Gobernación municipal. El argumento fue que se encontraba en servicio en plena Fase 3 de la emergencia sanitaria.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que había notificado «en tiempo y forma» al propietario del gimnasio que debía cerrar debido a que no es un establecimiento esencial, pero desacató las órdenes.

Con estos ejemplos es claro que los tres niveles de gobierno no están aplicando una política que verdaderamente privilegie la salud de los guerrerenses, ni están abriendo las actividades para proteger la economía popular, sino atendiendo los intereses económicos de los grandes empresarios y poderosos grupos económicos.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo explicó bien. «Que se haga la voluntad en las mulas de mi compadre», dijo en referencia a que el gobierno solamente accede a las presiones de los grandes empresarios, pero desprotege a los pequeños y medianos comerciantes, a quienes sí los obliga a mantener cerrados con el argumento de que «no son esenciales».

Solo así se explica, también, que a las empresas extranjeras que explotan las minas guerrerenses se les haya permitido comenzar a trabajar desde los primeros días de junio, mientras que, por otro lado, se procede con la clausura de un modesto negocio de venta de llantas y de un gimnasio.

¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que a uno se le aplique el criterio de no esencial y a otro no?

Además ya se vio que en lugares como Acapulco, la salud es lo de menos, lo que importan son las ganancias económicas.

A casi cuatro meses de la declaratoria de emergencia por la pandemia de Covid-19, los diputados del Congreso local de Guerrero, en su mayoría de Morena, no han creado una comisión especial de seguimiento relacionada al tema de fiscalización de recursos que el gobierno estatal ha gastado en el tema del Covid.

Por el contrario, han rechazado las propuestas del diputado Antonio Helguera Jiménez, de Morena, que tanto en marzo y como el 13 de mayo presentó puntos de acuerdo como asuntos urgentes, para que el gobernador Héctor Astudillo, a través de los secretarios de Finanzas y Administración, de Fomento y Desarrollo Económico y de Trabajo y Previsión Social, informara y transparentara los recursos que se usan frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y de la obras públicas que se han realizado durante el 2020.

Una de las propuestas de Helguera Jiménez derivó de que en los primeros días de mayo, el sector médico de Taxco y Acapulco comenzó a protestar bajo argumentos que se han  quedado sin equipo e insumos, violación a sus derechos laborales, saturación de hospitales. Y por otro lado, el desempleo que ha dejado la pandemia por el cierre de negocios.

El 13 de mayo, Helguera Jiménez dijo en el Congreso local que el gobierno estatal debería estar actuando con acciones más contundentes contra la pandemia, sin descuidar los problemas sociales y dejar de atender la alerta sanitaria como un asunto mediático dando solo cifras.

La propuesta del diputado de Morena fue rechazada por diputados del PRI y sus aliados. Antonio Helguera no consiguió apoyo de parte de sus compañeros de su partido y recurrió a sus redes sociales para denunciar la irresponsabilidad del Congreso.

«La #emergencia sanitaria no exime al gobierno de #Guerrero de la transparencia», publicó en su cuenta de Facebook, y agregó: «En la sesión de hoy (el 13 de mayo) del Congreso del estado, propuse un punto de acuerdo de #urgente resolución para que el gobernador del Gobierno del estado informen a este poder legislativo, lo que han realizado y los resultados obtenidos hasta el momento, de cada una de las diez acciones del acuerdo extraordinario de medidas económicas y fiscales a las empresas y a la población de Guerrero, que dio a conocer el propio gobernador el #30demarzo del año en curso».

Agregó: «lamentablemente mi propuesta fue votada en contra por los diputados del PRI, y sus aliados de otros partidos, se opusieron a que el gobernador informe y transparente lo qué está haciendo, sobre: los 60 millones de pesos para créditos blandos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de Nacional Financiera, NAFIN, y la Banca Comercial».

También cuestionó: «¿Dónde están, a quién le compró y a quién se las dieron, las mil toneladas de maíz que el gobierno del estado compró para estabilizar el precio de la tortilla. Dónde están las despensas y comedores comunitarios previstos en el programa para apoyo alimentario?».

Denunció: «los diputados priistas y otros más, se opusieron a que el gobierno de Guerrero informe qué está haciendo realmente para hacer frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, considerando que el sector médico sigue en protesta, y con justificada razón, por falta de equipo e insumos médicos, por violación a sus derechos y por la saturación de hospitales; y por otro lado, el desempleo, el cierre de negocios, el hambre, entre otros problemas que debe atender el gobierno local, y lo debe de hacer con acciones más contundentes, pasar de lo mediático a los hechos verdaderos».

El Congreso le rechazó otro asunto de transparencia a Helguera. Se trata del caso de la construcción y operación del hospital Covid en Iguala, donde el alcalde de ese municipio, Antonio Jaimes Herrera (también de Morena), ha informado que parte de las acciones contra la pandemia en ese lugar, fue la realización de un hospital y se hizo con dinero de donativos.

El cuestionamiento de Helguera es que el alcalde Antonio Jaimes no informó sobre cómo y qué hizo para recaudar fondos de la sociedad civil para equipar ese hospital, y cómo le hace para pagar los salarios del personal médico y para conseguir los insumos y equipo.

Como no logró consenso en el Congreso, Helguera Jiménez recurrió una vez más a sus redes sociales. Escribió: «sin  duda el esfuerzo es aplaudible (del alcalde de Iguala) he visitado el lugar donde se construye este hospital, en mi visita me comprometí a aportar en especie, de acuerdo a mis posibilidades».

Y agregó: «Escuché que al referirse a mi visita al espacio Covid, el presidente condicionó la solicitud de transparencia por la aportación anticipada. Entiendo su actitud, porque no ha sido normal que se pida transparencia en estos casos, sin embargo, como diputado local es mi deber, estoy convencido que, si esta facultad y obligación la hubieran ejercido en el pasado, nuestros diputados tanto federales como locales, nuestro país tendría un mejor nivel de vida y no estaría tan endeudado».

El diputado llamó al alcalde de Iguala a que «rectifique  y nombre a un auténtico #ComitéCiudadano, tomando en cuenta a su cabildo y que transparente el convenio de arrendamiento del local donde decidió instalar este espacio Covid».

El 6 de marzo, antes de la alerta sanitaria del Covid, Helguera Jiménez presentó una proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de las secretarías de Finanzas y Administración y al de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, para que informaran sobre los ajustes y reorientación del presupuesto en obras ejecutadas, del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020.

Esta propuesta también fue rechazada y enviada a la Junta de Coordinación Política de la cual aún no ha sido emitido un dictamen. En su exposición de motivos, el legislador expuso que el presupuesto, cuyo monto es de 61 806.1 millones de pesos, quedo aprobado para programas y proyectos de inversión, en base a lo que registró el poder Ejecutivo, de los que no aportó elementos técnicos y de localización geográfica.

Por lo anterior, el legislador apuntó que se corre el riesgo de que se extralimiten las funciones, que exista duplicidad de recursos y generación de subejercicios.

Las observaciones del legislador son que el Ejecutivo explique la reorientación y ejecución de las obras establecidas, aporte estudios previos, expedientes técnicos y presupuestales, propuestas de obras que se incluyeron.

Helguera consideró en esa ocasión, imprescindible la comparecencia de los citados funcionarios estatales, para que informen sobre las adecuaciones presupuestarias al PEGro2020, de los ajustes y reorientaciones presupuestales y de obra que hayan llevado a cabo.

El tema de fiscalización de recursos por el caso Covid llegó al Congreso local hasta el viernes 3 de junio, cuando diputados de la Junta de Coordinación Política sostuvieron una reunión virtual con el gobernador Héctor Astudillo Flores y los secretarios de Finanzas y el de Salud.

La junta virtual se realizó bajo ciertos lineamientos metodológicos y sin permitir a los diputados objetar o contradecir las respuestas de los funcionarios. La junta, según el Congreso, solo fue de cordialidad y respeto en un orden institucional.

Los diputados que participaron, según un documento del Congreso, tuvieron que enviar con previo aviso sus intervenciones y preguntas a la Junta de Coordinación, para su revisión y evitar la reiteración de temas.

En la reunión de este viernes, a pesar de que estuvieron todos los diputados que integran la junta de coordinación, solo intervinieron los legisladores designados por cada uno de los grupos y representaciones parlamentarias.

En esta junta virtual, el gobernador Héctor Astudillo informó a los diputados que la pandemia por el Covid-19 le ha costado a Guerrero, 951 millones de pesos hasta el 30 de junio, fecha en que la entidad registraba 887 defunciones por Covid y 5406 casos positivos.

El gobernador refirió que el Covid ha dejado en crisis a la entidad, pero que el gobierno no ha recurrido a endeudamiento ni ha solicitado recursos económicos extraordinarios ni tampoco  ha despedido a trabajadores.

Durante más de veinte minutos el gobernador se dedicó a dar cifras, como el número de conferencias virtuales que han hecho, llamadas telefónicas que han atendido, expansión de camas en  hospitales.

De las afectaciones económicas, dijo que en Guerrero durante la pandemia se han perdido aproximadamente veinte mil empleos y casi un millón doscientos mil empleos informales. Agregó que su gobierno entregó apoyos económicos por más de dieciséis millones de pesos a empresas y negocios que lo requerían.

En cuanto al ajuste presupuestal de doscientos millones, el gobernador aclaró: «Repito, la ley no me obliga a hacerlo (informar al Legislativo). Lo voy a hacer en un acto de interés republicano, ante los integrantes de Congreso».

Y agregó que la Secretaría de Salud ha gastado para la atención del coronavirus casi 217 millones de pesos, que no estaban presupuestados. En este punto dijo que si hay deuda, de casi 266 millones de pesos que se deben.

También dijo que en los próximos meses la entidad necesitará otros quinientos millones de pesos para seguir atendiendo el Covid.

En esta junta, ninguna fracción legislativa formuló preguntas. El coordinador de Morena, Jesús Villanueva Vega, llamó a los diputados a unir esfuerzos para reactivar la economía ante el Covid-19. Este legislador, ocupó su tiempo de participación en presumir las aportaciones que supuestamente ha donado el Congreso a hospitales y municipios para hacer frente al Covid.