Carrizalillo. Presión.
[Foto: Yener Santos]

Conflicto en Carrizalillo:

La negociación empantanada y la amenaza velada del gobierno

Zacarías Cervantes

El 11 de noviembre, ejidatarios y pobladores de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), levantaron su plantón y retiraron su campamento que mantenían desde el 3 de septiembre, frente al acceso principal de la mina Los Filos, que opera la minera canadiense Equinox Gold.

La concesión de los ejidatarios a la minera creó falsas expectativas, cuando menos al gobierno del estado. El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que «es un buen momento para intentar concluir un problema muy serio que amenaza con el cierre de la mina que genera casi 2000 empleos directos y 5000 indirectos». Mientras que el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, dio casi por hecho en la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, la mañana de ese mismo día, que el conflicto estaba resuelto y que solo faltaba «darle seguimiento a los avances».

Al siguiente día, sin embargo, recibieron un revés. Los integrantes de la mesa ejidal aclararon mediante un comunicado, que retiraron su plantón pero mantienen cerrado el acceso y las operaciones de la minera.

Los representantes ejidales explicaron que será la empresa la que «definirá si nuevamente echa por la ventana este esfuerzo del ejido y pone en riesgo, una vez más, su proyecto de inversión con sus accionistas y acreedores por carecer de habilidad para negociar y pretender que va imponer sus condiciones donde definitivamente no podrá».

Plantearon que el ejido ha dado todos los pasos para solucionar el conflicto, «pero de ninguna manera lo haremos sometidos ni por desgaste ante la postura institucional ilógica encabezada por el Sr. Milau (Christian Milau, director ejecutivo) y su interlocutora la Dra. Georgina Blanco Mancilla».

De acuerdo a los representantes ejidales, en efecto, el 11 de noviembre habían resuelto levantar tanto el plantón como el bloqueo a la mina, lo que en los hechos implicaba el fin del movimiento, pero por enésima vez algo salió mal, y de acuerdo a los representantes ejidales fue responsabilidad de los directivos de la minera.

«El miércoles, después de múltiples esfuerzos por llegar a un acuerdo que termine el cierre de la mina Los Filos, nuevamente encontramos a un equipo negociador de la empresa incapaz de entender los diversos esfuerzos que como ejido hemos realizado una y otra vez», se quejaron los integrantes de la mesa ejidal que encabezan las negociaciones.

Explicaron que la vicepresidente de Asuntos Externos y Responsabilidad Social de la minera, Georgina Blanco, «una y otra vez no cede en su lógica de imponer posiciones como si la empresa fuera la víctima de este proceso, cuando es sabido que el conflicto ha sido ocasionado por la falta de capacidad del personal que opera en la empresa para entender, atender y resolver los incumplimientos del convenio, el cual fue violentado por la empresa Equinox, algunos de los cuales desde Canadá, por ejemplo, el tema del agua».

Pero no solamente la minera ha pretendido negociar con los ejidatarios colocándoles una camisa de fuerza. También han recibido la presión del gobierno del estado.

Durante los más de dos meses que llevan cerradas las operaciones de Equinox Gold, la minera extranjera ha recibido diferentes expresiones de apoyo, una ellas la del fiscal De los Santos Barrila, cuya intervención cuestionan los representantes ejidales.

Incluso, en su documento del 12 de noviembre le reprocharon que «de forma no informada y sin que ello sea parte de sus funciones, manifestó que se levantó el plantón que se mantenía en los accesos a la minera Equinox Gold en Carrizalillo, por lo que se le dará seguimiento a los avances».

Explicaron que el 11 de noviembre, cuando consideraron que tenían un avance significativo del convenio, decidieron solicitarle a su asamblea «la disponibilidad de levantar el plantón y abrir las puertas de acceso a la mina, y nos dejara continuar con la negociación mostrándole un gesto de que el conflicto se encontraba a punto de resolverse».

Admitieron que la asamblea «con muchos trabajos accedió», debido a que muchas veces han sido burlados.

Pero cuando los negociadores volvieron a la mesa para informarles a los directivos de la minera que la asamblea había dado el visto bueno para levantar el plantón y el bloqueo, Blanco Mancilla «de forma inexplicable empezó a negar y a condicionar la petición de la asamblea hasta llevarnos al límite de trasgredir y romper de nuevo el proceso de diálogo, lo cual nuevamente pone en riesgo todo lo que se ha logrado hasta la fecha e incluso puede empeorar la situación», advirtieron.

Ante ello, aclararon que el conflicto con ellos no ha terminado. «Y nos atrevemos a decir que si la empresa y su equipo de negociadores persiste en su actitud discriminatoria, llena de soberbia, si se sigue victimizando y continúa mintiendo o no dando información fidedigna en sus eventos en Canadá, no podrá cerrar las heridas que ya tiene encima», advirtieron.

Sostuvieron que como ejido siguen con la disposición de concluir esta disputa, pero reiteraron: «…no lo haremos bajo su imposición, sino construyendo acuerdos en común».

Y, mientras tanto, la empresa está comenzando a resentir los casi dos meses y medio de inactividad.

Fuentes relacionadas con el sector minero informaron que la empresa ha retirado sus proyecciones para el 2020, y sus acciones desde el inicio del conflicto han caído en 20% en ambas bolsas de valores en las que cotiza, y en días pasados Christian Milau habló del conflicto con analistas y accionistas, en donde puso en evidencia que el asunto ya los rebasó.

En efecto, el conflicto, ha sido largo. Comenzó el 3 de septiembre, cuando el ejido de Carrizalillo dio por terminado el convenio de arrendamiento de mil quinientas hectáreas de sus tierras; setecientas de uso común y ochocientas en parcelas, con la minera, y a partir de las cinco de la mañana de ese día ejidatarios y pobladores cerraron los accesos, y Equinox Gold suspendió sus operaciones.

Ese día, en conferencia de prensa en Chilpancingo, integrantes de la mesa ejidal argumentaron que el convenio que firmaron el año pasado todavía con la minera canadiense LeaGold Mining (en marzo pasado esta empresa vendió a Equinox Gold), con vigencia para el 2025, fue incumplido en las cláusulas relacionadas con la protección de la salud y al medioambiente, así como en obras de infraestructura, entre éstas, el saneamiento y la dotación de agua potable a la población.

Cinco días después, el 7 de septiembre, el vicepresidente ejecutivo de Equinox Gold, Peter Burger, y los integrantes de la mesa ejidal se reunieron para establecer las condiciones e iniciar el diálogo, pero no llegaron a acuerdos.

Ese día, el ejecutivo de la empresa se encontró con cerca de dos mil pobladores, entre ejidatarios y pobladores de Carrizalillo, con el bloqueo en la entrada de la mina.

Los integrantes de la mesa ejidal informaron ese día que Peter Burger, quien acudió acompañado por el gerente general interino, Carlos Almaza, les pidió que levantaran el bloqueo y el plantón para comenzar a discutir las condiciones de un convenio.

Además, les notificó el despido del director de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de la minera, Juan Carlos Flores Cano, a quien los ejidatarios acusaron por discriminación y de asumir una actitud de prepotencia e insensibilidad con los ejidatarios, durante las negociaciones previas al rompimiento.

Después Peter Burger se paró abruptamente de la mesa y abandonó el dialogo, debido a que los representantes de los ejidatarios se negaron a levantar el bloqueo.

El mismo 7 de septiembre por la tarde, después de que se retiró Peter Burger, un convoy de militares llegó cerca del plantón, afuera de las instalaciones de la minera. Los integrantes de la mesa ejidal denunciaron esto como un acto de intimidación y se declararon en «alerta» ante una posible agresión de las autoridades.

Entonces, los ejidatarios le enviaron un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes les agradecen su disposición para intervenir en la mediación del conflicto, pero les aclararon que no han considerado solicitar su intervención, y que, en todo caso, sería «para que castiguen a estas empresas que creen que pueden hacer lo que quieran en nuestro país».

El 10 de septiembre, a ocho día del bloqueo, directivos de la empresa reanudaron a las cinco de la tarde el diálogo con la mesa ejidal, luego del primer intento del 7 de septiembre. Uno de los integrantes de la Mesa, informó que el vicepresidente ejecutivo Peter Burger y el gerente Carlos Almanza «regresaron con una postura más flexible».

Derivado de los primeros acuerdos para reiniciar el diálogo, esa misma noche, los ejidatarios y pobladores retiraron el bloqueo a la mina, pero mantuvieron el campamento y el plantón, en espera de resultados en las negociaciones.

En un boletín de prensa, la mesa ejidal informó que a partir de ese día inició la discusión «de un nuevo convenio social, entre el ejido y la empresa, el cual se desarrollará dentro del área de trabajo que corresponde al campamento instalado por el ejido afuera de la puerta de acceso número 4».

Sin embargo, tres días después, el 13 de septiembre, se rompieron las pláticas por segunda vez, debido a que el vicepresidente ejecutivo Peter Burger llegó condicionando la reanudación de las pláticas a que los ejidatarios y pobladores levantaran también el campamento y el plantón que permanecía instalado afuera de la entrada número 4 de la minera.

Ese mismo día, los ejidatarios volvieron a bloquear la entrada a la mina.

El 16 de septiembre, los directivos de la minera metieron furtivamente a sus instalaciones a un grupo de nueve trabajadores para que reiniciaran las labores, pero los ejidatarios los descubrieron y los expulsaron.

El incidente fue tomado como una provocación por parte de los integrantes de la mesa ejidal, pues el incidente ocurrió a unas horas de que Equinox Gold les había ofrecido una nueva reunión para las diez de la mañana del día siguiente.

Las pláticas reiniciaron el 17 de septiembre, esta vez encabezadas por la vicepresidenta de operaciones y sustentabilidad, Georgina Blanco Mancilla, pero los representantes del núcleo agrario informaron que solo fue a escucharlos y que, igual que Peter Burger, les pidió que para reiniciar el diálogo tenían que levantar el bloqueo a la minera y el plantón, lo cual fue rechazado por los representantes del ejido.

El 21 de septiembre, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, acompañado por decenas de agentes ministeriales a bordo de doce camionetas acudió al plantón sin que nadie se lo solicitara y sin que le corresponda la intervención en el conflicto.

La mesa ejidal informó esa vez que el funcionario platicó con ellos y le dijeron que agradecían su interés por el problema, pero que no habían pensado en solicitar la intervención de los gobiernos estatal ni federal.

Sin embargo, al día siguiente el funcionario regresó y se reunió dentro de las instalaciones administrativas de la minera con el vicepresidente de la minera, Peter Burger, y con Georgina Blanco, y cuando se enteraron fueron a pedirles que desalojaran las instalaciones.

En ambas visitas, De los Santos Barrila se ofreció como mediador para la reanudación del diálogo entre los directivos de la minera y los integrantes de la mesa ejidal, pero éstos lo rechazaron. En un comunicado denunciaron que el despliegue policiaco que lo acompañó les generó «incertidumbre, miedo, estrés y nos pone en alerta».

El 23 de septiembre, en un oficio, directivos de Equinox Gold manifestaron su disposición de seguir dialogando con la mesa ejidal, pero establecieron sus condiciones, una de ellas, que el conflicto ya no siguiera trascendiendo en los medios de comunicación.

La petición la hicieron el propio Peter Burger y Georgina Blanco, en una reunieron de dos horas con los integrantes de la mesa ejidal.

El viernes 2 de octubre, los directivos de Equiox Gold propusieron por escrito reiniciar el 5 de octubre las negociaciones del nuevo convenio para el arrendamiento de las mil quinientas hectáreas de tierras ejidales, en respuesta a una propuesta que habían planteado los representantes ejidales el 30 de septiembre.

En su escrito de ese día, la mesa ejidal adjuntó su propuesta de convenio para que los directivos lo revisaran y con base a ese borrador se iniciaran las negociaciones.

El 5 de octubre, los directivos de la minera e integrantes de la mesa ejidal se reunieron y, de acuerdo a los representantes de los ejidatarios, alcanzaron un avance de aproximadamente el 30% en la revisión del nuevo convenio.

El 14 de octubre, las negociaciones se suspendieron por tercera vez, ahora por desacuerdos en las cláusulas relacionadas con la contratación de mano de obra y servicios, debido a que los representantes ejidales pidieron que se diera prioridad a la comunidad en la asignación de las obras y servicios.

En cambio, los directivos de la minera propusieron que la comunidad de Carrizalillo participaría en los concursos, junto con otras empresas del país para poder tener derecho a la contratación para la prestación de servicios a la minera.

Hasta este domingo 15, el diálogo cumplía diecinueve días suspendido.

El jueves 12, un representante ejidal había informado de la posibilidad de que las pláticas se reanudaran el viernes 13, lo cual no sucedió, y el mismo domingo 15, dijo que esperan que reinicien el lunes 16 o martes 17.

Las negociaciones se reanudaron el 2 de noviembre, pero el 11 volvieron a tensarse y al cierre de la edición el rumbo de las pláticas era incertidumbre.

Quizá por ello, el gobierno estatal ha comenzado a inquietarse y a asumir una postura de injerencia, a pesar de que los ejidatarios siempre lo ha rechazado como mediador, porque ha sido evidente que su postura ha sido de aliado con la empresa extranjera.

El mismo el 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que habló por teléfono «con algunas personas involucradas con ese tema» y opinó que «es un buen momento para intentar concluir un problema muy serio que amenaza con cerrar la mina que genera casi dos mil empleos directos y cinco mil indirectos».

Enseguida agregó: «Desde aquí hago un llamado para que cada quien ponga de su parte, más allá de cualquier interés particular o personal, o interés extraño».

No explicó a qué «interés extraño» se refirió, pero la expresión implica un argumento o la justificación para su intervención, y eso podría significar violencia, homicidios, amenazas, división.

Así acabaron con el movimiento laboral en la minera Media Luna en Cocula en el año 2018. El costo fue de tres muertos, la división de los trabajadores y dos de ellos que aún siguen desaparecidos.

Dirigencias del PRD y del PRI. Desesperación.
[Foto: Prensa CDE-PRI]

Alianza PRI-PRD:

Más allá del pragmatismo

Eduardo Yener Santos

La alianza PRI-PRD para buscar la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2021 no es novedosa ni sorpresiva. Desde el año 2010, el PRD abrió sus puertas de par en par para que una parte del PRI se acomodara en su interior. Diez años después, el partido que durante tres décadas se ostentó como de izquierda, consumó su entrega total ante su rival político, el PRI.

Los dirigentes estatales del PRD y del PRI, Alberto Catalán Bastida y Esteban Albarrán Mendoza, respectivamente, formalizaron la hasta hace poco inconcebible alianza, este martes 10, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Guerrero). Los dos acudieron, para tal efecto, a la sede del órgano electoral, alrededor de las siete y media de la noche del día referido.

La alianza entre estas dos fuerzas políticas históricamente antagónicas, que ya se manejaba en los círculos políticos desde hace meses como una posibilidad remota, tiene como único objetivo darle la pelea al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones de junio 2021. Y su origen se ubica, según fuentes de ambos partidos, en la operación política del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

En la elección de gobernador de enero de 2011, luego de más de treinta años de trayectoria en el PRI (mismo periodo en el que perredistas y priistas fueron adversarios irreconciliables), Ángel Aguirre fue arropado por el PRD para que fuera su candidato, mediante la coalición que formó junto con el PT y el MC. Aguirre Rivero ganó con una ventaja de 13.18 puntos, con relación a su contrincante del PRI, Manuel Añorve Baños.

Desde el momento en que se mudó al PRD, pero sobre todo ya como gobernador, Aguirre empezó a apoderarse de este instituto político al que siempre había visto con desprecio, al colocar a sus incondicionales en los puestos clave del gobierno y del partido, al grado de que en las elecciones de 2012, locales y federales, sus principales allegados fueron los candidatos del PRD. Sofió Ramírez encabezó la fórmula de candidatos del PRD al Senado, y Jorge Salgado Parra y Alejandro Arcos Catalán fueron candidatos a diputados locales por el sol azteca en los dos distritos de la capital guerrerense, para la legislatura 62. Los tres llegaron al cargo.

En esta elección local, en lo que fue la expresión más clara del nepotismo de Aguirre Rivero, se incluyó a su hijo Ángel Aguirre Herrera en la lista de candidatos a diputados plurinominales, sin contar con ninguna trayectoria política, por lo que el desaparecido heredero del político costachiquense también fue integrante de la legislatura 62, junto con los otros dos jóvenes aguirristas ya mencionados. Y antes de que Aguirre fuera separado de la gubernatura, por el caso Ayotzinapa, se daba como un hecho que su hijo sería el candidato del PRD a la presidencia municipal de Acapulco en la elección de 2015.

Ya retirado del cargo, el político ometepequense siguió moviendo los hilos del PRD desde el ostracismo político al que fue confinado tras dejar la gubernatura. Con cierta frecuencia se publicaban en la prensa fotos en las que aparecía con perredistas guerrerenses que acudían a reunirse con él en la Ciudad de México, según declaraban, para solicitar su asesoría.

El peso del aguirrismo en el PRD guerrerense se manifestó en toda su magnitud en agosto de este año, cuando llegó como dirigente estatal Alberto Catalán Bastida, quien formalmente es también dirigente de Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), facción política fundada por Ángel Aguirre dentro del PRD.

Fue así que desde el mes de enero del 2019, Ángel Aguirre declaró en una entrevista que había sostenido pláticas con dirigentes del PRD para para equilibrar el peso legislativo del Morena y no descartó una alianza PRI-PRD en la entidad.

En una nota de un medio informativo de la capital de la República, fechada el 30 de enero de 2019, Aguirre dijo: «No quiero aventurarme a (predecir) qué es lo que pasará en 2021, pero puedo garantizar que el proceso electoral y los resultados serán muy diferentes a lo que se vio (sic) en esta jornada electoral del 2018».

Pero, de acuerdo a fuentes del PRI, la alianza de estos dos partidos también se consiguió con la participación del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque, antes y durante el martes 10 de noviembre, tuvo reuniones privadas con Esteban Albarrán y Alberto Catalán.

El martes 10 de noviembre, Alberto Catalán convocó a algunos militantes de su partido para comunicarles que la alianza con el PRI ya era oficial y estaba aprobada desde el comité nacional.

De acuerdo al IEPC, la alianza PRI-PRD tendrá un candidato común para competir por la gubernatura de Guerrero y, también, para alcaldías y diputaciones locales. El método para determinar el candidato será una encuesta interna en cada partido; sin embargo, en el caso del PRD, ya se ha determinado que su candidato será el exalcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre.

Al interior del PRI aún no se ha determinado quien será el candidato, pero los únicos que figuran son el exsecretario estatal de Desarrollo Social Mario Moreno Arcos, el coordinador del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, y el senador Manuel Añorve Baños.

Los dirigentes del PRI y PRD, antes de concretar su alianza, también buscaron a los líderes del PAN y del partido Movimiento Ciudadano para se unieran a la alianza y, juntos, hacerle frente al Morena.

Pero el primero en retirarse de esas negociaciones fue el PAN; por su parte, Movimiento Ciudadano se mantuvo hasta el final, y su dirigente, Adrián Wences Carrasco, tuvo que acudir a Ciudad de México para recibir línea de su dirigente nacional, Clemente Castañeda, quien le indicó que en Guerrero no se unirían al PRI.

Otra de las alianzas que se ha concretado para el proceso electoral 2021, es la del Morena, el PT y el PVEM, y sus representantes en Guerrero también acudieron al IEPC para registrarse como tal formalmente y ser autorizados para que los tres partidos puedan participar en conjunto.

Esta solicitud fue presentada por el comisionado nacional del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real; el presidente del Consejo Estatal del Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, y el representante del PVEM ante el IEPC, Juan Manuel Maciel Moyorido.

El IEPC informó que estos tres partidos presentaron su coalición, denominada Juntos Haremos Historia en Guerrero, para participar en el proceso electoral por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

Hasta el cierre de la edición, la conformación de estas dos alianzas para el próximo proceso electoral en Guerrero no generó mayor debate o discusión pública, o alguna reacción de las militancias respectivas, en el sentido de que rechazaran que partidos que se ostentan de «izquierda» se coaliguen con partidos derecha, como el PRI y el PVEM.

Remington 12

De la década de 1920.

Del 16 al 22 de de noviembre de 2020

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