La Sierra de Guerrero:

Concesiones y violencia

Zacarías Cervantes

Cuatro campesinos cayeron bajo una lluvia de balas, cuando iban a trabajar el 1 de enero de 2018, en el punto conocido como Agua Escondida, municipio de San Miguel Totolapan. Otro, menor de edad, logró escapar de los homicidas borrachos que les dispararon. Entre los muertos estaba el comisario municipal y el responsable de un aserradero, podría decirse, el gerente. Un día después, en el sepelio, también mataron al hermano del comisario municipal.

Los cinco asesinatos se cometieron a sangre fría, como para enviar un mensaje a quienes se organizan en la sierra, ya que las víctimas habían formado una agrupación para la explotación racional de la madera; a partir de la masacre, se paró todo y la gente empezó a salirse del pueblo, luego de recibir amenazas.

«Eso es lamentable, porque se estaban generando ya casi cien empleos y una buena derrama económica; aún no había utilidades, pero sí ya había empleos», dijo recientemente uno de los que participaban en el frustrado proyecto.

Ésa es la violencia que no cesa en la zona de la sierra, y que no siempre trasciende en los medios de comunicación.

Representantes de cafetaleros, ganaderos, productores de copra y comerciantes de las sierras de Coyuca de Benítez y de Atoyac de Álvarez denunciaron recientemente en la capital del estado a grupos de la delincuencia organizada que mantienen sometidos a sus pueblos para aprovechar los recursos forestales y acuíferos.

Asimismo, aseguraron que, mediante la violencia, ejercen presión para que se instalen al menos trece proyectos mineros en los dos municipios mencionados y en Chilpancingo.

Los representantes de comunidades de Coyuca de Benítez y Atoyac, la mayoría autoridades agrarias y municipales, acusaron a autoridades de los tres órdenes de gobierno de estar coludidos con los grupos delictivos que asesinan y provocan desplazamientos forzados.

Su diagnóstico es que, por el derrumbe del precio de la marihuana, los grupos delictivos dejaron de ser exclusivamente narcotraficantes y se convirtieron en «grupos mafiosos que venden protección, cobran derecho de piso por cualquier actividad o propiedad y controlan actividades como la trata de blancas, la prostitución, el tráfico de personas, la distribución de drogas (llamadas duras) y la venta de madera y agua».

Las autoridades agrarias y municipales denunciaron que uno de estos grupos de presión que controla la zona de la sierra en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac y Chilpancingo lo encabeza Javier López, un dirigente del Morena, de Coyuca de Benítez.

«Con amenazas de muerte, expulsiones e imposición de autoridades, depreda nuestros bosques y el agua».

Expusieron que Javier López, además, «controla los programas y paquetes de ayuda gubernamental que llegan a la región, con una visión delictiva y con la complicidad de las autoridades». 

Detallaron que el dirigente del Morena tiene bajo su control «y atemorizados» a los pueblos de Tepetixtla, Las Humedades, La Remantita, La Felicidad, San Isidro, Barrio Nuevo y Yerbasantita.

Otros grupos son de civiles propiamente armados, que los despojan de sus tierras «y actúan como grupo paramilitar al servicio gubernamental o de empresas transnacionales, amenazando, golpeando, torturando, desapareciendo, exiliando o asesinando, y hacen un cobro extra por servicios como el agua y la luz, el drenaje».

Se quejaron de que esos grupos los amenazan, los golpean, los asesinan, los expulsan e imponen autoridades. Asimismo, depredan sus bosques y el agua.

Previeron que la violencia, la presión, los saqueos y las amenazas se van a agravar con el impulso de proyectos mineros autorizados en la región (cinco en el municipio de Coyuca de Benítez) que afectarán a los pueblos de Tepetixtla, Santa Cruz, Aguas Blancas y Tixtlancingo, «con la consecuente contaminación del río Coyuca y la depredación de los bosques del hermoso cerro de la Coscolina».

Suponen que esos proyectos podrían ser la causa de tanta violencia en la zona.

De los trece proyectos, cuatro son para la explotación de oro, plata, hierro y cobre, y uno de aluminio.

Otros cinco proyectos están cercanos a Coyuca de Benítez, pero asentados en el municipio de Chilpancingo, para explotar oro, plata, hierro, y que amenazan la cuenca del río Papagayo.

Hay otras tres concesiones, igualmente cercanas a Coyuca de Benítez, pero en el municipio de Atoyac, también de oro, plata y hierro, «que son un riesgo social y natural».

De acuerdo a documentos que mostraron, la Secretaría de Economía de las administraciones federales pasadas autorizó al menos trece concesiones para la explotación, principalmente, de oro plata, plomo, zinc, cobre y hierro en la sierra de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac y Chilpancingo.

Las concesiones abarcan una extensión de 9,504 hectáreas.

De las trece concesiones, cinco están asentadas en el municipio de Coyuca de Benítez y abarcan una extensión de 1,716 hectáreas; en tanto que ocho se encuentran en las colindancias de ese municipio con Chilpancingo y Atoyac de Álvarez, y éstas abarcan una extensión de 7,788 hectáreas.

Dentro de las primeras cinco está la concesión 238146 de la mina Plaza Azul, cuyo propietario es Óscar Félix Vega y es de 566 hectáreas, ubicada cerca de los límites con el municipio de Chilpancingo, y es de oro plata, plomo, zinc, cobre y hierro.

Una más es la 235203, llamada Del Carmen, propiedad de Pedro del Cármen Mejía Memije, de cien hectáreas, y se encuentra en el punto conocido como Tixtlancingo. La veta es de oro, plata y cobre.

Otra es la 239941, llamada La Peña, propiedad de Antonio Genchi Vega «y socios». Es de ochocientas hectáreas y está ubicada en el Cerro La Coscolina. Los minerales a explotar son oro, plata y cobre.

También está la concesión 240664 para la mina La Parla, cuyo propietario es Aniceto Martínez Castillo «y socios». Es de doscientas hectáreas y está ubicada en Aguas Blancas «y alrededores», para explotar aluminio y minerales polimetálicos.

La concesión 227673 es para la mina Puente de Oro, y el propietario es Pedro Carvajal Romero. Con una extensión de cincuenta hectáreas, está ubicada en Santa Cruz, cerca de Tepetixtla, y se explotaría oro, plata y molibdeno.

Fuera del municipio de Coyuca de Benítez, pero en sus colindancias, está la concesión 239825 para la mina denominada Venado I, propiedad de Felipe de Jesús Villanueva Pérez, que comprende seiscientas hectáreas y está asentada en el municipio de Atoyac. Los minerales que contiene son oro, plata, plomo, zinc, cobre y fierro.

Otra concesión es la 239796, para la mina Venado II. Es de Felipe de Jesús Villanueva Pérez, contempla una extensión de doscientas hectáreas y también está en el municipio de Atoyac, para explotar oro, plata, plomo, zinc, cobre, hierro.

La concesión 239824 es para la mina El Paraíso, cuyo propietario es Felipe de Jesús Villanueva Pérez. Con ella se explotará oro, plata, plomo, zinc, cobre y fierro en trescientas hectáreas.

Una concesión más es la 239834, y la mina se llama El Titán; el propietario es Julio César Ibáñez Bravo «y socios», la extensión es de 2,316 hectáreas, en el municipio de Chilpancingo, y se explotaría oro, plata y cobre.

La concesión 218086 para la mina Agau es de la minera Nafta S.A de C.V. y es de ochocientas hectáreas. Está en el municipio de Chilpancingo y la veta es de oro, plata y cobre.

La concesión 237183 es para la mina El Guajal, cuyo propietario es Félix Vega Pérez, y su extensión es de 2,772 hectáreas. Está en el municipio de Chilpancingo, y los minerales que tiene son: oro, plata, plomo, zinc y cobre.

La concesión 237564 es para la mina Ana María, cuyo propietario es Jaime Correa Rivera «y socios»; su extensión es de doscientas hectáreas y está en el municipio de Chilpancingo. Allí, los minerales son: oro, plata, zinc y cobre.

En tanto que la concesión 239033, para la mina Brenda, se le otorgó al mismo Jaime Correa Rivera «y socios», y ampara una extensión de quinientas hectáreas en el municipio de Chilpancingo, de donde se pretende extraer oro, plata, plomo, cobre y hierro.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su administración no autorizará nuevas concesiones, pero que no cancelará las que ya se encuentran autorizadas.

Y en un escrito, esos representantes de las comunidades llamaron al pueblo de Guerrero, «en especial a los habitantes de la sierra, a usar todas las formas posibles de oposición que lleven a evitar el despojo de nuestros recursos».

Mientras que a los gobiernos federal y estatal les piden cumplir con su función de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, cumpliendo con la exigencia de funcionar como un verdadero de Estado de derecho.




Mineras. Voracidad.
[Foto: Yener Santos]

Toño Hernández, un asesinato político más en Chilapa

Eduardo Yener Santos

A Antonio Hernández Godínez lo mataron de diez balazos, a los cincuenta y ocho años de edad. Aspiraba por tercera ocasión a ser presidente municipal de Chilapa, pero un hombre armado lo asesinó la tarde del miércoles 25 de noviembre, en su tienda de materiales, ubicada sobre la carretera a Zitlala.

Comerciante y político consolidado desde el año 2015, Antonio Hernández se separó del PRI en el año 2012 y reencauzó su carrera política en el PRD. En este proceso electoral, era el aspirante con mejor posición de este instituto político para aspirar a la presidencia municipal de Chilapa. Ahora, se convirtió en un político más asesinado en esa región conocida como Montaña Baja.

Alrededor de las 2:30 h de la tarde del miércoles 25 de noviembre, la policía reportó que varios hombres armados entraron a la tienda de materiales para la construcción El Plan y asesinaron a su propietario, Antonio Hernández.

De acuerdo con la información policiaca, a Toño lo asesinaron de forma similar que a la precandidata del PRD a diputada local por el distrito 25 de Chilapa, hace casi tres años, Antonia Jaimes Moctezuma.

«Entraron hombres armados al negocio, se dirigieron a donde se encontraba (la víctima), le dispararon en varias ocasiones y los asesinos huyeron en una motocicleta». Casi en estos términos se redactaron, tanto el reporte de hace tres años, como el de esta ocasión; lo único que cambió fueron la fecha, la hora, el lugar y la persona asesinada.

El 21 de febrero de 2018, alrededor de las 12:30 h, Antonia Jaimes fue asesinada a tiros en su negocio, el restaurante Toreo. Casi tres años después, Antonio Hernández también es asesinado en su negocio.

Tanto Antonia como Antonio eran perredistas, los dos tenían aspiraciones políticas en Chilapa, los dos fueron asesinados al inicio de un proceso electoral.

 

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Desde hace más de veinte años, el PRI mantiene un control político casi hegemónico en el Ayuntamiento de Chilapa y en los distritos electorales 06 federal y 25 local. Salvo en el trienio 2002-2005, en que gobernó el perredista Maclovio Ariza Acevedo, el Ayuntamiento ha estado en manos de los priistas Alicia Zamora Villalva, actual diputada local; Sergio Dolores Flores, asesinado el 17 marzo de este año; Francisco Javier García González, de quien se desconoce su paradero tras ser acusado de nexos con el narcotráfico; y Jesús Parra García, quien se mantiene en la presidencia desde 2015, debido a que en el 2018 se reeligió, venciendo precisamente a Antonio Hernández.

Chilapa no solo ha sido escenario de asesinatos de políticos locales. En esta localidad también han matado a políticos de otros municipios de esta región. Ranferi Hernández Acevedo, conocido militante de izquierda, de Ahuacotzingo, fue calcinado la noche del 14 de octubre de 2017, junto con su esposa, Lucía Hernández Dircio, su suegra, Juana Dircio, y su ahijado, Antonio Pineda, que era su chofer.

Ese mismo mes de octubre de 2017 también fue asesinado el exalcalde de Zitlala, el perredista Francisco Tecuchillo Neri, en el barrio San Juan, de Chilapa.

A estos dos perredistas los asesinaron en pleno inicio del proceso electoral de 2018, cuando en el país se elegiría al presidente de la República, senadores y diputados federales, y en Guerrero, además, a presidentes municipales y diputados locales.

Tanto Ranferi Hernández como Francisco Tecuchillo tenían aspiraciones políticas; el primero, para contender por la diputación federal 06 con sede en Chilapa, y el segundo (quien había sido alcalde de Zitlala de 2012 a 2015), para la diputación local del distrito 24 con sede en Tixtla.

El asesinato de Antonio Hernández se da en el contexto de arranque del proceso electoral 2020-2021, donde el PRI y el PRD han firmado una alianza de coalición para buscar la gubernatura de Guerrero, pero también para las alcaldías y diputaciones locales.

En este proceso, Antonio Hernández buscaba por tercera ocasión la alcaldía de Chilapa. Comenzó su carrera política en 2005, en su negocio de materiales para la construcción, dando apoyo a chilapeños de escasos recursos económicos, principalmente adultos mayores, consistentes en material de vivienda y gestión de recursos ante el gobierno local.

Militó en el PRI, pero siempre se quejó de que la cúpula de ese partido en Chilapa le ponían trabas para participar en los procesos electorales del municipio.

En 2015, Hernández Godínez buscó la alcaldía como candidato del partido Nueva Alianza y en 2018 repitió como candidato, pero esta vez con la coalición PRD-PAN-MC.

Apenas la semana pasada el aspirante acudió a un acto proselitista en Chilpancingo, junto al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Antonio Hernández es el segundo perredista asesinado este año en la región Centro de Guerrero. El 11 de mayo fue ultimado a tiros el síndico procurador de Tixtla, quien también aspiraba a la presidencia municipal en esa ciudad.

 

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El cortejo fúnebre de Antonio Hernández Godínez salió alrededor de las 2:00 h de la tarde del mismo lugar en que un día antes fue asesinado, la tienda de materiales para construcción El Plan, ubicada a un lado de la carretera Chilpa-Zitlala, cerca de las oficinas de la Policía Ministerial y a unos metros del consejo local del distrito del INE.

Familiares, simpatizantes y trabajadores de Antonio Hernández lo acompañaron a la catedral, donde se ofició una misa de cuerpo presente, para, posteriormente, llevarlo al panteón.

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias a la población por el Covid-19, de evitar aglomeraciones y no realizar actividades en interiores, no impidió que más de cien personas acudieran al sepelio del aspirante a la alcaldía y que ingresaran a la catedral de Chilapa para la misa.

El cortejo recorrió la avenida Revolución, pasó por la glorieta Eucaria Apreza, donde, en 2015, más de trescientos civiles armados irrumpieron, desarmaron a la Gendarmería, encuartelaron a la policía municipal y se llevaron a más de sesenta personas entre el 9 y el 14 de mayo, que mantuvieron el control de la seguridad.

La marcha hacia el panteón avanzó entre llantos y la música del mariachi. Los familiares de Antonio se negaron a hacer declaraciones a la prensa. Pidieron a los reporteros solo cubrir el sepelio de manera general, en la calle, respetar la misa en catedral y la sepultura en el panteón.

Entre los pocos perredistas que acudieron al cortejo fúnebre, estuvieron el ex diputado local Perfecto Rosas Martínez y el secretario de comunicación política de la dirigencia estatal del PRD, Félix Moreno Peralta. Casi al final, llegó el aspirante perredista a la gubernatura Evodio Velázquez Aguirre.

Fuentes allegadas a Antonio Hernández precisaron que éste recibió diez disparos de bala calibre .380 y que, según los primeros testigos, fue un solo hombre quien asesinó al perredista.

«Fue un joven que ingresó al local, con cubrebocas y gorra, armado y, después de disparar contra Toño, salió caminando», narró un asistente al sepelio.

El gobierno local de Chilapa, que encabeza el priista Jesús Parra García, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre este crimen, como tampoco lo hizo con los demás asesinatos de políticos ocurridos durante los últimos tres años, entre ellos, el de Antonia Jaimes Moctezuma y el de la excandidata del Morena a diputada en Chilapa Bertha Silva Díaz y el excandidato del Morena-PES Orencio Bello Sánchez.

La Fiscalía General del Estado informó que no ha podido llevar a cabo las diligencias correspondientes por el asesinato de Antonio Hernández, debido a «la nula colaboración por parte de los familiares de la víctima».

En un comunicado, la Fiscalía informó que, desde que tuvo conocimiento del crimen, «acudió al lugar y al propio domicilio particular donde hasta el momento no se ha tenido a la vista el cuerpo de la víctima y tampoco se ha permitido realizar las actuaciones ministeriales, ni se ha tenido a la vista indicio alguno que permita avanzar en la investigación».

En el boletín se asegura que la Fiscalía inició una carpeta de investigación «con base en la noticia criminal» y se mantiene a la espera de que los familiares colaboren para ubicar al o los responsables del homicidio.

El PRD solo ha condenado el asesinato y ha indicado que Antonio se perfilaba como una «importante» figura para las siguientes elecciones.

En un comunicado, la dirigencia del partido señaló que este tipo de actos envían una señal «ominosa» a todos aquellos que aspiran a contender por cargos de elección.

En su comunicado, el PRD pide a las autoridades competentes de Guerrero y del gobierno federal investigar el crimen de quien fuera candidato del PRD a la alcaldía en 2018, ya que consideró que este homicidio no es un hecho aislado, y tiene que ver con el proceso electoral en marcha.

En ese documento se recordó que, en un hecho similar, le fue arrebatada la vida a Víctor Hugo Romero Valencia, síndico de Tixtla, quien aspiraba a la presidencia de ese municipio.

Y se condenan estas situaciones: «Es inadmisible que la actuación de grupos delictivos ponga en riesgo la vida de todos los que pretendan participar a cargos de elección popular».




Toño Hernández. Fatalidad.
[Foto: Yener Santos]

Mineras. Voracidad.

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020

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