Surge nuevo grupo de niños policías comunitarios

Eduardo Yener Santos

En la plaza pública de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, treinta y cuatro niños nahuas fueron presentados como nuevos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). La incursión de los menores al proyecto de sistema comunitario de organización, seguridad y justicia es para adiestrarlos en su propia defensa y para proteger a su comunidad del grupo delictivo Los Ardillos, que desde el año 2018 intenta controlar comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera para la siembra y trasiego de droga y facilitar la entrada de mineras trasnacionales en la zona.

Los niños de entre siete y once llevan playeras verde olivo con el escudo de la CRAC-PF estampado a la altura del corazón, y se cubren el rostro con pañuelos. Portan armas de juguete, aunque a los niños más grandes se les asignó una escopeta calibre 12 mm.

Este sábado 10 de abril, fecha en que se conmemorara el asesinato del líder de la revolución mexicana Emiliano Zapata, los treinta y cuatro niños fueron presentados ante más de doscientas personas reunidas en en la cancha de Ayahualtempa.

No es la primera vez que la CRAC-PF presenta a los niños. El 22 de enero de 2020, días después de que diez músicos indígenas de la agrupación Sensación Musical de Alconzacan fueron asesinados por Los Ardillos, diecinueve jóvenes de entre catorce y diecisiete años de edad, originarios de las comunidades de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, y de Xochitempa, municipio de Chilapa, fueron presentados como integrantes de la Policía Comunitaria para apoyar en la seguridad de esas poblaciones, ante la ausencia de la Guardia Nacional y la necesidad de los ciudadanos de protegerse del grupo delictivo.

En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acuso a los niños y a la CRAC-PF de ser delincuentes y tomar las armas porque son gente salvaje y narcotraficantes.

El gobernador Héctor Astudillo condenó la estrategia de la CRAC-PF, con el argumento de que dicha agrupación comunitaria violaba los derechos humanos de los niños y que armarlos fue una irresponsabilidad.

A un año de la primera presentación de los diecinueve niños policías comunitarios, ahora suman treinta y cuatro menores. La razón de que haya incrementado la cifra de niños armados, es porque tanto el gobierno federal y como el estatal no han cumplido con los compromisos pactados en enero de 2020.

Entre los compromisos que los gobiernos federal y del estado no han cumplido está el hacer justicia por el asesinato de los diez músicos indígenas, apoyar a las nueve viudas de los asesinados, atender psicológicamente y alimentaria a los treinta y cuatro huérfanos, apoyar a las más de veinticuatro familias desplazadas de la comunidad de Acojtapaxtlán, enviar maestros para la educación de los niños y desmantelar al grupo delictivo Los Ardillos.

A quince meses de la presentación de los primeros niños policías, el Estado no ha cumplido en su totalidad con ningún compromiso.

En Ayahualtempa, comunidad situada a unos cien kilómetros de Chilpancingo, los ciudadanos resisten y permanecen siempre en alerta para que pistoleros de Los Ardillos no incursionen en su comunidad.

En el marco del proceso electoral en curso para elegir nuevo gobernador y renovar ochenta ayuntamientos (en Ayutla, el gobierno se constituye por usos y costumbres), así como el congreso local, la CRAC-PF presentó a los nuevos niños policías comunitarios para demandar atención del gobierno y advertir que sin en los próximos días no hay avances en sus peticiones, más de tres pueblos de Chilapa y Joaquín de Herrera analizarán si participan o impiden la instalación de casillas para la jornada electoral del 6 de junio en comunidades de esa zona del estado.

Los treinta y cuatro niños le recuerdan al gobierno federal que no son sicarios ni delincuentes, sino que claman ayuda contra los narcotraficantes, y plantearon que si el gobierno no quiere verlos armados, que desmantele a Los Ardillos.

Pero como la ayuda del Estado no ha llegado a la zona, los padres de estos menores han aceptado que sus hijos se adiestren. Varios de los niños son hijos, sobrinos o hermanos de integrantes de la CRAC-PF.

El adiestramiento se lleva a cabo en cerros, montes y brechas de la comunidad.

–¡Niños comunitarios! ¡Firmes ya!… ¡Embrazar armas! !Ya!

Al momento de accionar sus armas o emprender su marcha, se oye: «No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México, ni gobierno que nos brinde seguridad; entonces, vamos a responder con fuego a los sicarios, todos hijos de la chingada».

En esta zona de Guerrero, al sur de Chilapa y al norte de José Joaquín de Herrera, en los últimos dos años, 2019 y 2020, se han registrado diversos enfrentamientos, se han asesinado a veintiséis personas y hay catorce desaparecidos, así como muchas familias desplazadas.

La pelea por el control del territorio comenzó en 2014. Los Ardillos, que operan en el sur de Chilapa y Quechultenango, emprendieron una guerra contra integrantes del grupo delictivo Los Rojos, que operaban en la cabecera de Chilapa.

Frente a este escenario de violencia, más de veinte comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera se unieron y formaron la CRAC-PF, para autoprotegerse de ambos grupos delictivos.

La disputa por el control del territorio, según el gobierno, es por la siembra y trasiego de droga; sin embargo, se sabe que en esas comunidades intenta operar una empresa minera identificada como Pacífico Minerals Ltd, de acuerdo al registro de la Secretaría de Economía.

La empresa transnacional ya opera en la comunidad de Coaxtlahuacán, municipio de Mochitlán, para extraer oro. En ese lugar, controlado completamente por Los Ardillos, el gobierno del estado ha construido un libramiento que va desde Petaquillas a Mochitlán, en la entrada de Chilpancingo.

Ingresar a la zona de Petaquillas-Mochitlán-Quechultenango no es tan fácil. Desde Petaquillas hay personas armadas que vigilan la vía. Esta situación ocurre en Atzacualoya, municipio de Chilapa, y Alconzacán, municipio de José Joaquín de Herrera, considerado el círculo geográfico que explotara la empresa mencionada.


Niños policías. Infancia robada.

[Foto: Yener Santos]

El narco aterroriza a la sierra de Guerrero

Zacarías Cervantes

Apiñados afuera de una casa de adobe, visiblemente aterrados, algunos sollozantes, once niños y cuatro mujeres de la comunidad de Las Conchitas, anexo de Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, clamaron ayuda a las autoridades federales y estatales, este 6 de abril.

«Mataron a mi papá, y no quiero que nos sigan matando. Queremos que nos apoyen a todos. Estamos encerrados en una casa de Las Conchitas», se oye la voz entrecortada por el llanto de una niña.

Los de la imagen, difundida mediante un video que circuló en redes sociales, eran los familiares del comisario municipal y defensor ecologista de esa comunidad Carlos Márquez Oyorzábal, asesinado y desmembrado el 3 de abril.

Cuatro días después del crimen, las autoridades federales y estatales no habían acudido a la localidad para practicar las diligencias de ley, y menos habían garantizado la seguridad a los familiares del comisario asesinado, quienes, ante la omisión de las autoridades ministeriales y de seguridad, recibieron amenazas del grupo criminal que victimó a Márquez Oyorzábal, de que irían a acabar con toda la familia.

Ese 6 de abril, la hermana del comisario dijo: «Nos encontramos en Las Conchitas; necesitamos seguridad lo más pronto posible, porque la verdad ya nos torturaron bien feo. Primero empezaron con mi hermano, lo torturaron. Y dicen que van a acabar con todos nosotros, con toda la familia, con los niños. Dicen que nos van a quemar con todo y casas».

Clamó: «Lo que se pueda hacer, lo queremos lo más pronto posible, que se muevan rápido, porque la verdad esto urge».

Sin poder contener el llanto, reprochó que cuando estaban torturando a su hermano hablaron muchas veces a las distintas autoridades pidiendo apoyo y nadie les quiso ayudar. «Nadie nos hizo caso, y lo siguieron torturando hasta que lo mataron».

Enseguida se escucha la voz de otro niño. «A mi tío lo mataron, y yo ya no quiero que siga pasando esto. Dicen que nos van a venir a matar y a descuartizar a todos, como lo hicieron a mi tío», implora.

Una mujer, sintetizó la situación de todos: «Sentimos que ya no podemos resistir más cosas; se nos están acabando todas las fuerzas de la vida».

El video termina cuando, a lo lejos, se escucha la voz de un niño llorando que demanda: «Necesitamos ayuda».

En el segundo video se observa a dos niñas y dos niños abrazando a su madre. Todos lloran. Y se oye la voz de otra mujer que clama: «Por favor, mándenos al gobierno, porque la verdad es muy feo lo que nos está pasando; ya no queremos que nos sigan pasando más cosas».

Lo que se vio en los videos no es nuevo en la sierra de Guerrero. Es la realidad cotidiana ante la indolencia de los tres órdenes de gobierno, que no solo incumplen su obligación de garantizar seguridad a los pueblos que la reclaman, sino omiten hacer lo que los obliga la ley, cuando menos levantar las carpetas de investigación de los crímenes que se cometen.

El jueves 8 de abril, seis días después del homicidio, y tras el llamado de auxilio de la familia de la víctima, la Secretaría de Gobernación federal envió al director general adjunto de Reacción Rápida de Recepción de Casos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruíz del Ángel, con la encomienda de extraer a la viuda y a los hijos del comisario Carlos Márquez para brindarles seguridad.

Y, presionado por esa visita del funcionario federal, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió ese mismo día, (antes del arribo de Jorge Ruíz Del Ángel) al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, con despensas para los familiares.

Ese mismo día, también acudió personal del Ministerio Público para recibir la declaración de la viuda y de un hermano del comisario victimado, para integrar la carpeta de investigación.

Pero antes, el gobierno estatal había evitado, incluso, hablar del asunto, como se ha ido haciendo costumbre cuando ocurren hechos de violencia en esa zona, los cuales tratan de ocultarse, negar o minimizar con la desafortunada frase «no hay evidencia», sin importar el drama que viven los familiares de las víctimas, como en este caso del comisario asesinado Márquez Oyarzabal.

El gobierno federal, por su parte, lejos de garantizar la seguridad a todos los pobladores y resolver a fondo el problema de violencia en la zona, pretendió extraer de la comunidad solo a la viuda y a los hijos de la víctima.

Los familiares, sin embargo, rechazaron la medida y se negaron a salir de su comunidad.

La viuda de Carlos Márquez explicó al director del Mecanismo que no solo ella y sus hijos corren riesgo, sino el resto de sus familiares y los pobladores.

Durante la reunión, mujeres de Las Conchitas denunciaron que el grupo delictivo que mató al comisario municipal amenazó, incluso, a todos los pobladores, en represalia por los videos que difundieron el 6 de abril mediante las redes sociales y en los medios de comunicación en los que pidieron la protección de las autoridades.

«Nos dijeron que van a venir a matar a todos los que salieron en el video», dijo una de las mujeres, y agregó que hasta les exigieron que lo bajaran de las páginas.

Finalmente, los integrantes del comisariado ejidal, los comisarios y delegados municipales, el representante del Observatorio por la Paz y el Desarrollo, y el director del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas firmaron una minuta de acuerdos y compromisos «para detener la violencia en la sierra de Guerrero».

El documento establece la instalación «inmediata» de una base de la Guardia Nacional en la localidad de Agua Escondida, anexo del Ejido Ciénega de Puerto Alegre, «como medida emergente de contención y mitigación de la violencia en esta zona de la sierra de Guerrero».

También acordaron una reunión interinstitucional convocada por la Secretaría de Gobernación en la localidad de El Duraznito, anexo del Ejido Ciénega de Puerto Alegre, en la que participen integrantes «con poder de decisión».

De acuerdo al documento, a esta reunión asistirán representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Bienestar, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del estado.

La propuesta es que en esa reunión interinstitucional se inicie el diseño, la elaboración y ejecución del Plan de Paz y Desarrollo para las comunidades de esta zona de la sierra de Guerrero.

El documento precisa que la reunión será convocada antes de que termine abril.

Otro de los compromisos del funcionario federal fue la visita a la sierra del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, «para la puesta en marcha del Plan de Paz y Desarrollo en esas comunidades del municipio de San Miguel Totolapan.

Antes de la visita del funcionario federal, más para no verse rebasados o quedar evidenciados por la omisión, subió al mismo pueblo el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, quien viajó en helicóptero y se hizo acompañar por un grupo de reporteros.

Personal del Ministerio Público que lo acompañó tomó la declaración al hermano y a la viuda de la víctima.

Asimismo, Portillo Menchaca ofreció a un grupo de ciudadanos encabezados por el comisario municipal, David Martínez Martínez, seguridad y apoyo sicológico para los niños, familiares del comisario asesinado.

En un boletín de prensa, el gobierno estatal informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó vía telefónica su apoyo a las familias del Ejido de Las Conchita.

De acuerdo al boletín, el gobernador les dijo a los familiares del comisario asesinado: «Vamos a estar muy pendientes, en lo que yo les pueda servir, cuenten conmigo, les habla el gobernador Astudillo; lo que se les ofrezca estoy atento».

El ofrecimiento del gobernador llegó seis días después d ella difusión del video, hasta que se enteró que habría presencia del gobierno federal. Antes no se había ocupado del caso y menos aún había mandado seguridad a los familiares, ni siquiera se supo que haya indicado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cumpliera con su responsabilidad para iniciar de inmediato la carpeta de investigación.

De parte de la presidencia municipal, encabezada por Juan Mendoza Acosta, tampoco se supo que tomara cartas en el asunto.

Hay escepticismo en torno a que sea real la voluntad del gobernador de estar «muy pendiente en lo que pueda servir», porque desde diciembre pasado, los ejidatarios de Ciénega de Puerto Alegre enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con copia para el mandatario estatal, en la que expusieron la situación de violencia por los grupos criminales y pidieron apoyo por lo que pudiera ocurrir.

La respuesta vino del grupo delictivo que los hostiliza, pero no de la autoridad que hoy se ofrece apoyar.




Familias de la sierra. Desesperación.
Foto: captura de pantalla]

Bailleres sacudió al Senado para que no me ratificaran: Manuel Loya

Kau Sirenio

Manuel Loya Valverde le apostó a todo en su resolución, a pesar de que en su oficina desfilaron senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) con el fin de presionarlo para que resolviera a favor de la minera Penmont. De los 67 juicios que resolvió, no dejó hueco para que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, lo desechara. Así fue. La sentencia fue ratificada en su totalidad.

Sin embargo, el falló en contra de la minera le costó el cargo. Cuando su ratificación llegó al Senado de la República, los senadores del PAN y PRI votaron en contra de su continuidad en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) como magistrado agrario. «No me ratificaron porque se dejaron seducir por el dinero de Alberto Bailleres», denuncia Loya.

Agrega: «Los que promovieron mi remoción están ante el escrutinio público por enriquecimiento ilícito y espero que sean juzgados conforme a derecho, porque es lo que espera un ciudadano común. El ahora gobernador por el PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Emilio Gamboa Patrón orquestaron mi salida del Tribunal Unitario Agrario».

Los senadores que buscaron todas las vías para doblegar al magistrado a favor de la minera Penmont, aparecen el candidato de la Coalición: PAN-PRI-PRD al gobierno de Sonora, Ernesto Gándara Camou y su cuñado Héctor Madrid Castro ahora representante legal de la minera.

Primero, Gándara Camou intentó convencer al magistrado Loya Valverde de que resolviera a favor de la minera, pero no tuvo éxito; entonces, entró al quite el senador por Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera, originario de Silao, Guanajuato, y amigo del magnate del Palacio de Hierro, Alberto Bailleres.

El mismo senador cabildeó en el Senado de la República, primero para no ratificar a Loya Valverde, y después para que se le entregara al empresario minero la Medalla Belisario Domínguez en noviembre de 2015.

En entrevista, Loya Valverde habló de la sentencia que resolvió entre los ejidatarios y la minera Penmont y de la presión que la clase política de Sonora ejerció sobre él para que resolviera a favor de la minera.

Dice que en el lapso del proceso agrario ambas partes lo demandaron por robo: «Me demandaron ante la extinta Procuraduría General de la República. Un grupo de ejidatarios de El Bajío que tenían relación directa con la minera y la propia minera Penmont”.

El especialista en derecho agrario pone el dedo en la llaga: «Como juzgador enfrenté presiones políticas. Desfilaron por mi oficina privada, los senadores del PAN Héctor Larios Córdova y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; siempre me preguntaban cómo iba la minera; nunca les dije el estado que guardaba, hasta que salió la resolución».

Agrega: «El secretario Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Carlos Ramírez Marín, vino a Sonora presionar para que se tuvieran consideraciones a favor de la mina. Después, llegó a mi oficina el abogado Héctor Madrid Castro, a traer el mensaje de la minera: “Magistrado, me están contratando para que usted sea depuesto de su cargo y sea procesado penalmente”. Mi respuesta fue: “Señor abogado, yo no puedo impedir que usted tome un asunto que le resulte interesante; ése es su trabajo; como profesionista haga, su trabajo”».

El exmagistrado dice que no recibió presiones económicas, porque «sabían muy bien» que no las iba aceptar. «Por eso se dedicaron crear terror político con sus personeros del PAN», denuncia.

Explica que cuando el Tribunal Colegiado le dio libertad para analizar los actos que estaban impugnados por parte de los ejidatarios y del ejido El Bajío, fue cuando las presiones estuvieron más fuertes.

Continúa: «Al revisar el expediente, encuentro que el comisariado ejidal hizo tratos con la mina, pero no están sustentados en un acta de asamblea que autorizara la firma de algún convenio con la mina. Por eso declaré nulos todos los documentos que tenía la mina para estar dentro de las tierras del ejido».

Agrega: «A partir de ahí vino una presión tremenda contra mi persona, la mina metió un amparo directo que resolvió el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa del quinto circuito. Mientras que el ejido hacía causa común con la mina, también se inconformaron con un recurso de revisión que resolvió el Tribunal Superior Agrario; sin embargo, el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa resolvió el amparo que promovió la mina y le negó la protección constitucional».

La magistratura de Loya Valverde empezó en el Tribunal Unitario Agrario número 28, de Hermosillo, Sonora; de ahí se va a Chilpancingo, Guerrero, donde trabajó de cerca con las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero. «En Guerrero busqué siempre la reconciliación, pero acá no pudimos», dice.

Prosigue: «Los ejidatarios representados por Carmen Pérez Cruz, o Cruz Pérez, se presentaron en mi oficina con la suspensión que dictó el Tribunal Superior Agrario para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y que no se ejecute la sentencia de primera estancia».

Agrega: «En ese momento, ordeno un depósito judicial de las tierras que están en conflicto y designo como depositario judicial al ejido El Bajío y al grupo de ejidatarios en conjunto; además, comisiono al personal del TUA para que acudan a poner al ejido y a los ejidatarios en posesión de depositarios judiciales de esas superficies y que ya la mina no hiciera ninguna actividad; y que se tomaran fotos y videos para grabarlos en archivos para tener una evidencia si el día de mañana se violaba o no se violaba la suspensión».

La orden que el magistrado ejecutó generó tensión en el Tribunal Superior Agrario. De inmediato le pidieron que se trasladara a la Ciudad de México para explicar los hechos. «La reunión fue un lunes; les llevé un escrito a cada magistrado y les expuse el por qué no estaba violada la suspensión. Les dejé claro que dejé las cosas en el estado que guardaban. Además, la suspensión era para favorecer los intereses del ejido, porque al ejido fue al que le otorgaron la suspensión, mientras que la mina había sido oída y vencida en juicio.

La reunión tuvo mayor complicaciones, en la Ciudad de México. El magistrado presidente, Marco Benicio Martínez Guerrero, le dijo a Loya Valverde que regresara al TUA en Hermosillo, y que esperara hasta que se resuelva. Pero al regresar a Sonora, los trabajadores le avisan que ejidatarios del ejido El Bajío realizaron una manifestación en contra del magistrado: «Hicieron un mitin contra de mi persona como magistrado, por haber ejecutado la suspensión».

La movilización en contra del Loya Valverde fue financiada por la mina Penmont. «La mina financió todos los movimientos en mi contra. Les hicieron creer que la sentencia que dicte era en contra del ejido; los azuzaron con ese argumento. Que el magistrado les estaba quintando sus tierras de uso común. Aunque era incorrecto que se les diera tierra de uso común nomas a cinco personas que la ley no lo permite», aclara.

El exmagistrado, refuerza: «No estoy de acuerdo. Las tierras de uso común son de uso colectivo, todos los titulares de derecho, pero en este caso es muy especial porque la ejecutoria del primer tribunal colegiado en materia penal administrativa fue categórica en decir dicta una nueva sentencia que diga que este grupo de ejidatarios tienen derecho a la tierra de uso común».

Lejos de satisfacer la demanda de los ejidatarios, tuvo otro problema. «Sin embargo, es muy importante aclarar que esto generó conflicto en el derecho agrario. Los derechos que corresponden al ejido es un derecho de propiedad; pero el ejido no es un pequeño propietario en términos de derecho civil. El ejido tiene un derecho de propiedad, pero de propiedad social, donde converge en otros derechos que tienen igual de protección en la constitución y en la ley agraria».

A la pregunta de en qué criterio se basó para ordenar a la mina Penmont que devolviera el oro a los ejidatarios, Loya explica: «Cuando estaba por resolver los 67 juicios, empecé a estudiar una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultó de una indemnización».

»Había un terreno que estaba ocupado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y dice el criterio más o menos: los materiales que está en el subsuelo son de la nación sí, pero mientras permanecen en estado natural, una vez que dejan de estar en estado natural, que se desprenden de la veta, ya nos son de la nación, pasan a la propiedad del titular de la concesión; sin embargo, en los juicios que resolví, la mina no acreditó tener concesión para explotar ese lote minero. Como en los 67 juicios no acreditó tener título para explotar el lote minero, y está la sentencia por escrito, en ese sentido digo: “Sí, te estoy declarando nulo”. Y la nulidad implica que las cosas regresen al estado que guarda y tú no tienes concesión para explotar, entonces no te puedo dejar algo que está totalmente ilícito; regresa el oro al ejido, porque el ejido es el dueño».

Después de que Loya Valverde traza un esbozo jurídico sobre la sentencia que resolvió en los 67 juicios agrarios entre ejidatarios del ejido El Bajío y la minera Penmont, habla de que el proceso en el Senado de la República para su ratificación no ocurrió.

«El presidente de la comisión ordinaria de la Reforma Agraria, era el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cuando visité el Senado para conocer el dictamen, me aseguró que iba a ser a favor; sin embargo, esto no ocurrió. El argumento, se basó en criterios burocráticos», explica.

Después de que el Senado rechazó la ratificación, Manuel Loya Valverde solicitó un amparo en contra de la resolución de los senadores. El juez quinto de Hermosillo le negó la protección de la justicia; entonces, Loya acudió a la segunda sala de la Corte, que de igual forma le negaron la justicia.

El caso del magistrado, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en espera de que se les dicte medidas cautelares.


Manuel Loya. Presión excesiva

Foto: Kau Sirenio]

Familias de la sierra. Desesperación.

Del 12 al 18 de abril de 2021 al

#1050

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