Violencia y protestas en zonas indígenas: elecciones en riesgo

Zacarías Cervantes

Al cierre de la edición, ocho días antes de las elecciones para gobernador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, partidos y candidatos habían comenzado sus cierres de campaña en un ambiente tenso.

La violencia del crimen organizado presionaba con ejecuciones y amenazas en Iguala, Acapulco y Chilpancingo, donde abundaron los asesinatos en la última semana. Independientemente de la violencia criminal, la política amenazaba con impedir los comicios de autoridades municipales en al menos seis municipios del estado.

Los conflictos se vislumbraban en Tecoanapa, San Luis Acatlán, Metlatónoc, Cochoapa, y, parcialmente, en Chilapa y José Joaquín de Herrera.

El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), advirtieron que impedirán las elecciones el 6 de junio en veinticuatro pueblos nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera donde operan y han sufrido asesinatos, levantones, ataques y hostilidades sistemáticas del grupo delictivos de Los Ardillos.

En un comunicado, emplazaron a las autoridades federales y estatales a atender el conflicto de violencia antes de las elecciones. Es decir, tendrían que resolver en ocho días un conflicto que no han hecho en cuatro años.

Para demostrar su fuerza y capacidad, el viernes 28 de mayo indígenas nahuas de esos pueblos que pertenecen a esas agrupaciones iniciaron bloqueos en los que participaron policías comunitarios armados en tres puntos de la carretera Chilapa-Hueycantenango para exigir seguridad. Ese día exigieron una mesa de diálogo con las autoridades federales y estatales; de lo contrario, insistieron en que van a impedir la instalación de las casillas el 6 de junio.

Los bloqueos se montaron para impedir el paso de la papelería electoral a los pueblos y comunidades, así como a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Ese día, los bloqueos fueron en las comunidades de Alcozacán, Xolotepec y Xicotlán, municipio de Chilapa, donde han sido agredidos por los Los Ardillos.

En conferencia de prensa en Alcozacán, Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ, amenazó que si antes del 6 de junio no se presenta el gobernador Héctor Astudillo Flores a comprometerse a replegar al grupo armado, no habrá elecciones en veinticuatro comunidades indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Incluso, durante el bloqueo los policías comunitarios de Alcozacán decomisaron urnas y casillas de prueba que representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) pretendían ocupar para hacer un simulacro de la instalación de la casilla en Hueycantenango.

«Nos ofrecen que las cosas van a cambiar si votamos por tal o cual partido, pero hemos visto que es pura mentira; por lo que, si se mantiene ese desprecio del mal gobierno, nosotros no permitiremos las elecciones en las comunidades de nuestros territorios», expresó un comandante de la CRAC-PF durante la conferencia de prensa en el bloqueo de Alcozacan.

Denunciaron que en esa zona, en los últimos dos años han sido asesinados veintinueve indígenas, han sido atacados varios pueblos, hay desplazamientos y desapariciones por parte del grupo delictivo, en tanto que las autoridades federales y estatales han sido omisos.

La situación de violencia mantiene cercados a los indígenas de las veinticuatro localidades, algunas de Chilapa y otras de José Joaquín de Herrera, situación que han denunciado constantemente a los tres niveles de gobierno, pero no han sido atendidos.

«No nos escuchan, ni nos ven; ya lo saben ustedes (los medios de comunicación): tienen que salir niños y niñas con pistolas y ahí sí voltea el mal gobierno. Ustedes deben de saber que hemos explorado todas las vías para no morir, para vivir y que vivan quienes habitamos las veinticuatro comunidades. Ustedes saben que no nos divierte enfrentar a los grupos de la delincuencia», reprochó el mismo comandante de la comunitaria.

En Alcozacán, los indígenas y policías comunitarios colocaron lonas en la carreta Chilapa-Hueycantenango, y al menos cincuenta comunitarios armados hacen guardias para no dejar pasar los vehículos.

Mientras que en Xicotlán, a doscientos metros de un retén de policías estatales y militares, los comunitarios armados cerraron el paso con un alambre de acero que impide la circulación de los vehículos, y en los cerros hay hombres armados vigilando la zona.

Placido Galindo informó que entre el viernes 28 de mayo y el 6 de junio, dependiendo de la respuesta de las autoridades estatales y federales, también bloquearían la carretera Chilapa-Tlapa en la comunidad de Xolotepec.

«Se están haciendo asambleas para que bajen más pueblos a reforzar la actividad en ese tramo», dijo.

La petición concreta es que el gobernador se reúna con ellos para hablar de los problemas no solo de violencia que sufren, sino de las deficiencias en los servicios de salud y educación.

Dijo que a los indígenas les preocupa, sobre todo, que por la violencia que genera el grupo delincuencial no pueden bajar a Chilapa ni a Chilpancingo. «…porque nos están esperando afuera de nuestro territorio para matarnos; por eso queremos que venga el señor gobernador”, dijo Jesús Placido.

Adicionalmente, argumentó que no votarían porque los candidatos de todos los partidos no han visitado esas comunidades. «…por la violencia del crimen organizado nadie quiere entrar».

«Vemos que los partidos están vinculados a la delincuencia organizada, y quieren comprar conciencias, usando recursos que son destinados para los pueblos», denunció el dirigente del Cipog-EZ.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que también visite esos pueblos, «para que vea que la Cuarta Transformación ahí no llega, no existe. Que vea qué está sucediendo en nuestras comunidades. Nos están matando y la violencia crece más ahora en las elecciones. Solo hay muerte en nuestros territorios».

La agresión más reciente ocurrió el 25 de mayo. Unos cincuenta hombres armados del grupo delictivo Los Ardillos atacó el pueblo de Zacapexco, lo que originó un enfrentamiento que duró de las doce y media del día a las cuatro de la tarde, según la dirigencia del Cipog-EZ, pero solo reportó un policía comunitario herido de su bando.

«La guerra de exterminio que se libra en contra nuestra se ha agravado, los ataques se han vuelto generalizados en contra de la población; esto nos deja claro que las palabras de los malos gobiernos son falsas y que sus omisiones los vuelven cómplices», reprocharon en un comunicado al día siguiente del ataque.

En tanto que en el extremo de la Costa Chica, indígenas de Tecoanapa y San Luis Acatlán también amenazaron con impedir las votaciones si los organismos electorales no aceptan que la elección se realice mediante el sistema normativo propio de los pueblos originarios; es decir, en asambleas, de acuerdo a sus usos y costumbres.

Entre el viernes 28 de mayo y el lunes 1 de junio, presentarían un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en contra del acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que rechazó su solicitud de restituir la elección de las autoridades municipales bajo el sistema de usos y costumbres y posponer la elección del 6 de junio.

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, advirtió que si el TEE también les niega ese derecho, los pueblos indígenas impedirán por la vía de los hechos en esos municipios, la elección solo por cuanto hace a la de autoridades municipales.

Aclaró que ya se sumaron también a esa propuesta indígenas de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa en Grande, debido a que hay muchos conflictos políticos y nadie los resuelve.

En su sesión del miércoles 26 de mayo, el IEPC resolvió que a las autoridades civiles y agrarias de San Luis Acatlán y Tecoanapa les asiste el derecho de solicitar el cambio de modelo de elección para Ayuntamiento a través del sistema normativo interno, pero que para acceder a ese derecho, «es indispensable seguir el procedimiento normativo establecido para ello».

Al respecto, Placido Valerio, uno de los líderes que promueve la elección por usos y costumbres en esos municipios, declaró que lo que están pidiendo es la restitución de derechos de los pueblos indígenas. «Y eso no es para cuando ellos (los consejeros) quieran; los pueblos tienen que ejercer el derecho que les pertenece», planteó Plácido Valerio.

Aclaró que su propuesta la promueven en el marco legal, y que el propio IEPC reconoció que les asiste el derecho; sin embargo, les está aplazando su derecho a ejercerlo.

Placido Valerio advirtió que mantienen su postura de que si el TEE también les niega su derecho, van a impedir las elecciones de autoridades municipales el 6 de junio en Tecoanapa y en San Luis Acatlán.

Insistió en que también se han sumado Metaltónoc y Cochoapa, donde, dijo, «hay muchos conflictos políticos; pero ahí sí nadie dice nada, todos están ciegos ante los problemas que vive la sociedad».

Advirtió: «Si no lo hace la institución (el cambio de modelo de elección y la suspensión de la elección del 6 de junio), nosotros lo vamos a hacer como población… ejercemos el derecho que nos pertenece. Eso está en la ley».




Policía comunitario de ALcozacán. Presión.
[Foto: Yener Santos]

Diana Hernández: buscar el voto en zona de riesgo

David Espino

Lo primero que la candidata a diputada local de Morena por el distrito 25, Diana Hernández Hernández, le pidió a la fotoreportera fue que cuidara no sacar las caras de los asistentes a la asamblea en la cancha de basquetbol de Pantitlán, Chilapa. Por algo en particular: la gente tiene miedo, está sometida ante la presencia del narcotráfico en el municipio, nos dijo en la noche cuando regresábamos a la capital en su coche con una patrulla de policías del estado resguardándola a corta distancia.

Es la tarde del miércoles 21 de abril y Pantitlán luce vacío. Antes de que llegue la candidata e inicie el mitin, apenas una familia pasa por la comisaría con su mulo cargado de leña jalado por un niño de unos seis años. Nada parece fuera de lo normal en este pueblo de tres mil habitantes; ni la pandemia se percibe por acá ni la violencia en un municipio cuya historia reciente aún sangra por la media docena de asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en los últimos tres años. El más reciente, el asesinato del precandidato del PRD a la alcaldía Antonio Hernández Godínez, asesinado en noviembre de 2020.

El distrito 25, que abarca los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, además de ser uno de los veintiocho escaños que se disputarán este 6 de junio, es uno de los más peligrosos y violentos del estado. Así está señalado en un mapa de riesgo elaborado por el gobierno del estado que el reportero solo echará un vistazo, pero que le será negado. En el proceso electoral de 2018 mataron a dos aspirantes a diputadas por este distrito, Antonia Jaimes Moctezuma, del PRD, y Dulce Rebaja Pedro, del PRI, con tan sólo cuatro días de diferencia.

Y en 2019 mataron a la que fue candidata por Morena a diputada local por el mismo distrito 25 en las elecciones de 2018, Bertha Silva Díaz. Fue la noche de un 9 de agosto en el estacionamiento de un supermercado en las afueras de Chilapa. Diez días después mataron al que en ese mismo proceso fue candidato de Morena a la presidencia municipal, Orencio Bello Sánchez que, amenazado, casi toda su campaña la hizo por redes sociales. Con él mataron también a su colaborador Julio Rodríguez.

 

 

El dedo del crimen

 

Las amenazas y los asesinatos siguen determinando candidaturas en Guerrero. Desde que en 2015 mataron al candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, o en 2018 al candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 de Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, pasando por los asesinatos de Antonia Jaimes y Dulce Rebaja y del precandidato perredista Antonio Hernández, las definiciones políticas llevan la línea transversal del crimen organizado.

En Chilapa así se definió y motivó que la alianza PRI-PRD se cancelara; o eso es lo que piensa Leocadio Ávila Palacios. Leocadio era precandidato a la candidatura por el PRI a la presidencia municipal hasta que, en febrero, hombres armados lo interceptaron en la carretera que conduce a Chilpancingo y le dijeron que dejara de «alborotar a la gente» con sus pretensiones de querer ser alcalde, porque «el jefe no quiere eso», y que era un aviso.

–A la otra no la cuentas –cuenta que le dijeron, en entrevista en un café de Chilpancingo.

Por ese motivo renunció a la dirigencia municipal de la CNC, uno de los viejos sectores del PRI, y a cuarenta años de militancia priista. Al final la candidatura de ese partido le quedó a Aldy Esteban Román, apoyado por el alcalde con licencia Jesús Parra García, a su vez, candidato a diputado por el distrito 25. Leocadio Ávila se fue al PRD, lo que tampoco hubiera sido mayor lío. En Guerrero PRI y PRD van juntos por la gubernatura y en la mitad de los ochenta y un municipios llevan candidatos comunes a las alcaldías. No en Chilapa, donde el asesinato de Antonio Hernández fue factor para que la coalición se deshiciera.

Junto con Ávila, más de una docena de aspirantes y precandidatos han recibido amenazas de muerte en este proceso electoral, según han denunciado los mismos actores o sus partidos políticos. Además de Diana Hernández, también está la candidata de Morena a la alcaldía de Zumpango, Guadalupe Deloya Bello; el candidato por MC a la alcaldía de Cocula, Elick Ulises Ramírez Crespo; la candidata del PRI a diputada local por el distrito 21, Flor Añorve Ocampo, con sede en Taxco, donde en una manta firmada por el CJNG se amenazó a los candidatos a la presidencia de este municipio: Omar Jalil Flores, del PRI; Marcos Figueroa, de Fuerza por México; Fulgencio Bustamente, de Morena, y Marcos Parra, del PAN.

Y el dirigente de MC, Adrián Wences Carrasco, ha dicho que en quince municipios de tres regiones no postularon candidatos a causa de las amenazas que recibieron los aspirantes. «Fueron hasta su casa a decirles que no participaran», dijo en una conferencia de prensa a mediados de marzo. Se trata de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Zirándaro y Tlalchapa, de Tierra Caliente; Canuto Neri, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tetipac, Tepecoacuilco y Teloloapan, de la región Norte, y Tecpan, Zihuatanejo, Petatlán, La Unión y Coahuayutla, de la Costa Grande.

José Díaz Navarro, de la organización de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, está seguro de que el crimen controlará por lo menos una treintena de municipios terminado el proceso electoral. «Y no importa el partido que gane –dice desde la Ciudad de México, donde vive en calidad de desplazado desde 2015–, el crimen no se detiene en eso. Ellos llegarán, como ya lo han hecho, exigiendo espacios claves en los ayuntamientos: Gobernación, Seguridad Pública, áreas que por su naturaleza controlan los giros en los que mueven sus negocios».

 

 

Una historia singular

 

Diana Hernández, treinta y cuatro años, delgada y bajita, jeans ajustados y sombrero estilo vaquero, tiene una historia particular. Sus padres, Lucía Hernández Dircio y Ranferi Hernández Acevedo, un viejo fundador del PRD en Guerrero y miembro de una organización creada en 2017 llamada Amigos de AMLO; su abuela materna, Juana Dircio Barrios y un ahijado del dirigente, Antonio Pineda Patricio, fueron asesinados y calcinados en la carretera que lleva de Chilapa al colindante Ahuacuotzingo en octubre de 2017. Cuando lo mataron junto a su esposa, su suegra y su ahijado, Ranferi era, también, precandidato a diputado federal por el distrito 6.

Por eso, cuando le notificaron que ella sería la candidata, lo primero que hizo fue pedir medidas cautelares, protección, para poder hacer campaña con cierta tranquilidad. Primero, dice, el gobierno de Guerrero no le prestó mayor atención cuando la solicitó; luego, con declaraciones a la prensa de por medio fue llamada y se acordó los términos de su protección policial. Así que a Pantitlán llegó en su automóvil particular conducido por un acompañante que también le lleva la agenda, su suplente y cinco policías del estado en una patrulla que se bajaron ni tan pronto ella descendió de su choche y se mantuvieron estoicos a un par de metros en todo momento.

Salvo las impertinencias de un ebrio pidiendo para su pomo, la actividad en el poblado transcurrió sin sobresaltos, con porras y todo eso que ya se conoce de un acto proselitista. Los policías no se hicieron notar y parecía que la gente no reparó demasiado en su presencia ni tampoco se les veía incómodos de verlos moverse de un lugar a otro con sus armas en ristre. Al contrario, los agentes, cuatro varones y una mujer, le dieron cierta tranquilidad a cerca de un centenar de asistentes, en su mayoría mujeres mayores.

Tampoco es para menos. En un municipio donde los grupos criminales Rojos y Ardillos se disputaron la zona por al menos cinco años, hasta que en agosto de 2019 cayó el cabecilla de los primeros, Zenén Nava Sánchez, el Chaparro; los enfrentamientos entre paramilitares del grupo Paz y Justicia, ligados a los Ardillos, y una autodefensa llamada CRAC-PF, se ha engendrado en este municipio una violencia que ha provocado por lo menos mil quinietos homicidios dolosos en los últimos diez años, según datos de Siempre Vivos, proporcionados por Díaz Navarro. A este periodo él le llama la década del terror.

Diana Hernández no vive en la ciudad de Chilapa, sino en un pueblo nahua cercano llamado Acatlán del mismo municipio, y desde que empezó la campaña decidió irse a quedar a la capital del estado donde también están sus hijos pequeños y su marido. «Por seguridad –dice en el coche de regreso a Chilpancingo–; hasta allá no llegan ellos». Por «ellos» se refiere a quienes matan a políticos, incluyendo sus padres, y no llegan porque acá otro grupo llamado Los Tlacos controla la mayor parte de la zona.

Así que viaja todos los días. «La gente nos dice: “Qué bueno que traen seguridad, para que los cuiden”», dice cuando se le pregunta cómo es hacer campaña con policías, cómo es esta actividad que se supone de cercanía con la gente. Y aun así no está segura de poder entrar a las doscientas cincuenta comunidades que integran el distrito. De Chilapa son casi doscientas y el resto, de José Joaquín de Herrera.

–¿Y cómo le van a hacer para entrar hacer campaña en esos sitios?

–Aún no sabemos cómo; la neta, está cabrón, cabrón. Enfrentar la violencia del narco no es cosa fácil –dice en un tono más relajado en el viaje de regreso.

«Muchas zonas están controladas por el crimen; sobre todo aquellas que colindan con el municipio de Quechultenango (donde tienen su base Los Ardillos) y la gente prefiere no participar cuando vamos a los pueblos, porque hay ‘halcones’ que informan con qué partido sale la gente, por quién pudiera votar. Por eso callan; hay mucho silencio, aunque en estos casos el silencio es el grito más fuerte», dice.

Algo que también dijo Leocadio Ávila, solo que mucho más específico. Dijo que el PRI es el que más se beneficia del temor de los pueblos a expresar sus preferencias políticas de manera abierta.

–Supe que el crimen está amenazando a los líderes y comisarios en los pueblos de Chilapa para que voten por el PRI. En otros casos están comprando a los dirigente, porque tampoco quieren nada de voto cruzado –dijo Ávila al reportero.

 

 

El secreto mejor guardado

 

Es un secreto a voces el que pretende ocultar el gobierno de Guerrero: que grandes extensiones del estado están controladas por el crimen organizado. De las siete regiones –más la zona de la sierra– ninguna se salva de la presencia del narco, acaso en menor medida la Montaña y Costa Chica, ambas colindantes. Una fuente del gobierno mostró al reportero el mapa de riesgo que elaboraron para que partidos y candidatos conocieran mejor las rutas de riesgo, aunque hasta el cierre de este texto no se le había entregado a nadie.

En el documento, del que no se permitió más que darle una ojeada, se traza el territorio estatal y en él, distintivos de la presencia del narcotráfico, grupos de autodefensa (algunos paramilitares) y zonas con mayor incidencia en asesinatos y amenazas contra los candidatos. En el caso de los grupos delincuenciales los focos rojos están en seis regiones: Centro (a donde pertenece Chilapa), Montaña, Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco, donde campean los grupos Ardillos, Tlacos, La Familia Michoacana, La Bandera (con los remanentes de Guerreros Unidos), CJNG, CIDA, Beltrán Leyva, Viagras, Templarios.

Costa Chica está en naranja: al menos la mitad de los municipios costeros están controlados por la autodefensa de la UPOEG, en pugna con la CRAC-PC, con mayor influencia hacia los municipios de la Montaña. Por causa también de los grupos de autodefensa y paramilitares está en rojo la región Centro, donde tres distintos grupos controlan y pelean la zona: las autodefensas Paz y Justicia; la Gral. Heliodoro Castillo (Tlacotepec); ambas con marcadas tendencias hacia el paramilitarismo, y la UPOEG. También Acapulco, donde operan remanentes de una autodefensa llamada FUSDEG (en el corredor Xaltianguis-Tierra Coloroda) y milicias de la UPOEG.

El otro factor que el mapa de riesgo –un «documento clasificado», dijo el subsecretario de asuntos políticos del gobierno de Guerrero, Martín Maldonado, después de negarlo– toma en cuenta para señalar con rojo las regiones es donde se ha asesinado o amenazado candidatos. Para este caso destacan Norte, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande y Montaña, donde en el proceso de 2018 desaparecieron al presidente electo de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González, hallado muerto un año después. De estas regiones también son los candidatos amenazados mencionados con anterioridad.

En medio de todo, lo más que ha hecho el secretario de Seguridad, David Portillo Menchaca, es recomendar a los candidatos a que «por cuestiones de seguridad» hagan campaña de día y en lugares «no tan remotos, que para eso hay un mapa de riesgo». Lo que es mucho decir. Hasta el cierre de este texto, no se le había entregado a nadie. Y tampoco es garantía de nada: el martes 11 de mayo un ataque armado contra promotores de la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dejó siete heridos, en plena zona urbana de la ciudad.




Diana Hernández. Apuesta peligrosa.
[Foto: cortesía equipo de campaña]

Policía comunitario de ALcozacán. Presión.

Del 31 de mayo al 6 de junio de 2021 al

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