Punta Maldonado: se rebela a pertenecer al nuevo municipio de San Nicolás

Eduardo Añorve

El último día de la Legislatura LXII, los diputados guerrerenses aprobaron la creación del municipio de San Nicolás; días después, vecinos de Punta Maldonado (El Faro) iniciaron un movimiento para oponerse a pertenecer a este nuevo municipio, porque –dicen– no fueron consultados.

 

Ciudadanos en acción

 

El principal argumento que esgrimen los ciudadanos de Punta Maldonado que se oponen a pertenecer al municipio de San Nicolás es que no fueron consultados, y aseguran que sólo los comisarios municipales, en sus respectivos periodos, fueron quienes se enteraron del proceso de gestión y de creación del mismo, y que éstos eran quienes firmaban los documentos en los que presuntamente los ciudadanos daban su consentimiento para ser parte de la nueva municipalidad.

Ellos no sabían del asunto, dicen, no fueron tomados en cuenta. Apenas el día en que personal de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero llegó a preguntar en sus casas si estaban de acuerdo con la creación del nuevo municipio, al que pertenecerían, se enteraron.

Y que también existieron actos irregulares en la realización de esa encuesta: ante el desconocimiento del tema y de la negativa de las personas entrevistadas para dar su consentimiento a la creación del municipio nuevo, las personas que llegaron a realizar las encuestas dejaron de «aplicarlas», apenas transcurrido un par de horas.

Luego, colocaron una mesa en la cancha de basquetbol de la localidad y allí comenzaron a acudir las personas «a votar», hecho que también les pareció irregular.

Un propietario de un restaurante aseguró que «traían a votar a la gente que sabían que estaba de acuerdo con ellos. También trajeron a gente de La Culebra, de Oaxaca, a votar, siendo que ellos no son ni siquiera de Guerrero, y a algunos les daban hasta cuatro, cinco papeletas para que votaran, porque, según ellos, traían las credenciales de elector de esas personas: sus papás, su mujer, sus hijos, pero éstos nunca vinieron».

 

 

Otras irregularidades

 

Esas acciones de acarreo de votantes no solamente ocurrieron en Punta Maldonado, sino en localidades como San Nicolás (nombrada como cabecera municipal de la nueva demarcación), en la cual se organizaron promotores del nuevo municipio, por rutas, para acudir a las comunidades a trasladar a los «votantes» a las mesas que se instalaron para la ejecución de la encuesta que ordenó el Congreso del Estado.

Según testimonios de varios ciudadanos de la localidad, se acudió a trasladar a personas que simpatizaban con la creación del nuevo municipio y quienes creían que esta acción permitiría que San Nicolás «detonara» su potencial económico saliendo de la pobreza y del atraso, del olvido y la marginación a la que los sometían los presidentes municipales de Cuajinicuilapa, quienes se gastaban los dineros públicos y allí no ejecutaban obras.

También allí acudieron personas que no tenían idea clara de lo que estaban decidiendo, sino que las llamaron «a votar» a favor de la creación del nuevo municipio, al que pertenecerían; es decir, a votar por el sí, sin más, sin conocer el contenido de las dos preguntas que debían responder, según la encuesta.

En otras localidades del municipio de Cuajinicuilapa, de donde se desprende el nuevo de San Nicolás, hubo quejas de ciudadanos, porque allí no acudieron los encuestadores; sobre todo, las comunidades del norte; y en la cabecera municipal también se dejó de visitar las casas de las personas para encuestarlas, porque no aportaban una opinión favorable a la causa, y se instalaron mesas, en las que, incluso, le negaban las papeletas a quienes se pensaba que «votarían» en contra.

Incluso, un grupo de personas cerró por varias horas la carretera federal 200 Acapulco-Pinotepa Nacional, en el puente del Río Cortijos, en la localidad de Barajillas, para protestar por lo que consideraban una imposición y un proceso corrompido, irregular e ilegal, toda vez que solamente se consultaba a personas a modo del resultado que se pretendía lograr.

 

 

La rebelión de los fareños

 

En tanto, en Punta Maldonado, los primeros días del mes de septiembre, cuando se conoció que el Congreso había aprobado vía expedita la creación del nuevo municipio, violando, incluso, su propia reglamentación en la materia, comenzaron a manifestar su inconformidad y a platicar entre los vecinos cómo conseguían para no pertenecer al nuevo municipio y seguir siendo habitantes del de Cuajinicuilapa.

Y, a petición de varios de ellos, el comisario municipal (un joven al que conocen familiarmente como Pimpo, de nombre José María Gutiérrez Mederos) convocó a una reunión «del pueblo» para analizar el asunto.

«Vino mucha gente a la asamblea, como nunca antes había venido. Vinieron más de cien personas adultas –comenta el comisario–, y eso que la invitamos de pura boca, porque esos días no hubo luz, y no anunciaban en la bocina, pero vino mucha gente. Y la gente se manifestó allí, dijeron que no convenía pasar a San Nicolás, que era mejor quedarnos con Cuaji. Y esta asamblea se hizo porque la gente lo pidió, porque yo, como comisario, hago lo que dice mi pueblo que haga, no hago lo que a mí se me antoje».

En esa reunión, en la cancha de basquetbol, las personas asistentes manifestaron su inconformidad por no haber sido tomados en cuenta para pertenecer al municipio nuevo y valoraron que no les convenía pertenecer a San Nicolás, sino a Cuajinicuilapa, porque cuando tuviesen que acudir a realizar trámites administrativos ante el ayuntamiento, podrían también adquirir productos o servicios que solamente existen en este pueblo, que no hay en San Nicolás; y que con el nuevo municipio, tendrían que hacer dos viajes: uno, a San Nicolás, por trámites, y, otro, a Cuaji, para abastecerse (de gasolina, abarrotes, frutas y verduras, hielo, etc.) o acudir a oficinas donde pueden cobrar remesas, por ejemplo.

Otro argumento que se expuso, el 9 de septiembre, en la asamblea, y que los lugareños comentan también fuera de ella, es que con los sannicolareños, no se puede tratar, que no son confiables, que son desconfiados, egoístas, convenencieros.

Una maestra relata que, por ejemplo, cuando la comunidad de Punta Maldonado ha pedido a las autoridades agrarias de San Nicolás que les donen material pétreo del llamado Banco Seis para rellenar algunas barrancas en las calles, se lo han negado, y les piden que se lo paguen.

«Nosotros también somos del ejido de San Nicolás, pero ellos nos cobran el material si lo queremos, y eso que somos del mismo ejido. Venden el material, y a nosotros no nos dan ni un cinco por esa venta, como no están pendejos. Pero ahora sí quieren nuestro apoyo, ¿no?», comenta.

Después de la asamblea, en la que se constituyó un comité para defender el derecho de Punta Maldonado a seguir siendo parte del municipio de Cuajinicuilapa, conformado por el comisario Gutiérrez Mederos, y los ciudadanos Juan Miranda Cortázar, Alberto Sosa Petatán, Darío Noyola Hernández y Oliverio Sosa Candela, los llamados promotores del nuevo municipio pidieron al comisario que convocara a una asamblea para que se tratara el asunto en presencia de ellos.

El comisario anunció por bocina para convocar a los ciudadanos, conforme lo solicitaron los promotores del nuevo municipio, y apenas acudieron una docena de vecinos de Punta Maldonado.

Integrantes del comité dijeron a Semanario Trinchera que «era más la gente que vino de San Nicolás que la gente de aquí; trajeron como diez carros con gente, eran como unos cincuenta, sesenta. De aquí, no hubo gente, puros de ellos. Porque la gente de aquí ya dijo que no nos vamos con San Nicolás, que nos quedamos con Cuaji. Se fueron afrentados, molestos, porque la gente no fue, pero la gente no quiere nada con San Nicolás».

Hasta el día domingo 12, el comité había recolectado unas doscientas setenta credenciales del INE, de ciudadanos que se oponían a que su comunidad perteneciera a San Nicolás. «Y vamos a seguir juntando credenciales, porque la gente no está de acuerdo», comentan.

De Punta Maldonado, el Censo de Población y Vivienda reportó 848 habitantes; los miembros del comité calculan que hay unos cuatrocientos adultos en su comunidad, y confían en que, al menos, unas trescientas personas consentirán en apoyar su moviendo; su meta es conseguir ese número de credenciales para, con ese apoyo, proceder legalmente e impedir que sean agregados al nuevo municipio.

 

 

Los sannicolareños: del desprecio al cohecho y la amenaza

 

También relatan, estos fareños que encabezan el movimiento, que los promotores del nuevo municipio han ido del desprecio al intento de cohecho y hasta la amenaza en su afán de impedir que continúen con su rechazo a pertenecer a él.

«En un principio, ni siquiera nos tomaban en cuenta, sólo se reunían con los comisarios en turno y con ellos platicaban ese asunto. Y cuando se empezó a hablar de que ahora sí se crearía el municipio, al pueblo le ofrecieron que le iban a dar un representante. Pero cuando vieron que el pueblo se oponía, aunque ya el Congreso lo había aprobado, vinieron y nos ofrecieron que nos darían un regidor y una secretaría en el ayuntamiento; les dijimos que no», comentan los miembros del comité.

Y aseguran que hasta han llegado a amenazarlos: «Uno tiene temor, porque esa gente de San Nicolás es muy demás. Para presionar al comisario de nosotros, hasta le ofrecieron que él fuera uno de los tres candidatos a ser el primer presidente, pero Pimpo no aceptó. Y, ya enojado porque nuestro comisario no les firmaba los papeles que querían, uno de los promotores le gritó que nos iban a quitar las tierras, porque las tierras son de ellos, no de nosotros. Está tonto, porque nosotros tenemos certificados de posesión».

La posición del comisario es clara y firme: «Yo no les firmé nada, ni les voy a firmar nada, porque así lo decidió mi pueblo, y yo voy a hacer lo que mi pueblo diga, no lo que ellos quieran».

Una de las opciones que están valorando los miembros del comité es acudir ante la autoridad o autoridades que corresponda para manifestar su desacuerdo y hacer valer su derecho a no pertenecer al nuevo municipio de San Nicolás, porque nunca los consultaron, porque no les parece justo ni adecuado dejar de pertenecer a Cuajinicuilapa.

En la asamblea del 9 de septiembre, las ciento diez, ciento veinte personas que estaban presente corearon durante varios minutos: ¡Cuaji, Cuaji, Cuaji!, alzando los puños y agitándolos.




La asamblea en Punta Maldonado. Organización.
[Foto: E. Añorve]

Héctor Astudillo: fin de sexenio convulsionado

Zacarías Cervantes

A lo largo de los seis años del gobierno del Héctor Astudillo Flores, lo que más destacaron él y sus funcionarios fue la estabilidad y el orden administrativo, finanzas sanas, así como el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Sin embargo, lo reiterado contrasta con las movilizaciones, protestas y denuncias que representantes de distintos sectores comenzaron a hacer públicos a partir de la semana pasada en Chilpancingo y en varios municipios de la entidad, a pocos días de que concluya la administración estatal.

La semana pasada, las calles del centro de Chilpancingo fueron bloqueadas al extremo de que se paralizaron parcialmente las actividades, y algunos edificios públicos que prestan servicios al público fueron paralizados por las protestas, tanto de trabajadores como de prestadores de servicios del gobierno.

Los manifestantes exigieron el pago de salarios atrasados, prestaciones, bonos, fondos de ahorro y viáticos, en tanto que prestadores de servicios exigieron el pago de servicios que les adeudan desde hace un año, según denunciaron.

Lo poco usual fue la protesta de los agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del estado de Guerrero (SUSPEG), que, a lo largo de la semana, reclamaron en sus propias oficinas y bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores el pago del bono del Día del Burócrata.

También se manifestaron en el recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo estatal, en los edificios Juan N. Álvarez y Vicente Guerrero, en donde participaron junto con los sindicalizados, trabajadores supernumerarios, los de lista de raya y también de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Socorro Sánchez Salmerón, secretaria de la Sección 7 del SUSPEG, informó que el gobierno de Héctor Astudillo debió pagar a sus trabajadores el bono por el Día del Servidor Público, así como los estímulos por años de servicio, el 30 de agosto.

Desde los primeros días de protestas, funcionarios del gobierno de Héctor Astudillo promovieron reuniones con los dirigentes, a quienes, según éstos, pretendieron intimidarlos para suspender las protestas. Olvidaron que ya no cuentan con el poder ni la autoridad para someter.

Después, prometieron y calendarizaron los pagos, mismos que hasta el viernes se entregaban a cuentagotas.

Son, al menos, cuatro mil doscientos trabajadores supernumerarios y tres mil agremiados a la Sección 7 del SUSPEG que reclaman el pago del bono por el Día del Servidor Público y estímulos por años de servicio, conceptos que están establecidos en los contratos colectivos de trabajo del sindicato.

«Los burócratas estamos desesperados, porque sobreviven de sus salarios y prestaciones; además, son luchas y conquistas sindicales», reprochó en uno de los mítines Socorro Sánchez.

Otro grupo de trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que también bloquearon la avenida Juárez y tomaron sus oficinas, exigieron el pago de las dos quincenas de agosto, además de los bonos. Hasta el 8 de septiembre, los empleados del organismo no habían recibido sus salarios de agosto.

Por separado, esposas y familiares de policías estatales protestaron afuera del Palacio de Gobierno, para exigir el pago de bonos de riesgo y viáticos a más de ocho mil policías, entre operativos y administrativos.

En la protesta explicaron que cada policía debe recibir tres mil setecientos pesos para viáticos, debido a que se trasladan a las diferentes regiones del estado y a localidades lejanas, y al no recibir ese concepto sus familias buscan de sus propios recursos y les depositan, cuando es obligación del gobierno estatal.

El 8 de septiembre, familiares de los policías estatales, sindicalizados del gobierno del estado, supernumerarios y los de lista de raya unieron sus protestas y bloquearon durante una hora la Autopista del Sol y las vías laterales al sur de Chilpancingo, pero el bloqueo que inicio a las dos de la tarde duró apenas unos minutos porque unos setenta policías estatales con equipo antimotín llegaron para desalojar a los cerca de cien manifestantes.

Ese mismo día, en Iguala, trabajadores del gobierno estatal, agremiados a la sección 10 del SUSPEG, tomaron por cinco horas la Administración Fiscal. Exigieron el pago del bono al burócrata, el bono sexenal por término de la administración, el fondo de ahorro, estímulos por años de servicio, e, igual, el pago de viáticos a los policías estatales.

A la protesta se unieron en esa ciudad los empleados de juzgados penales, el reclusorio y otras áreas del gobierno, que se plantaron a partir de las nueve de la mañana afuera de las oficinas recaudadoras y se retiraron a las dos de la tarde, con la promesa de funcionarios que les pagarían en las próximas horas.

Por la tarde de ese mismo 8 de septiembre, algunos de los trabajadores informaron que les habían depositado solo el bono del burócrata, pero aún les adeudaban el bono sexenal, el pago de estímulos por antigüedad, el fondo de ahorro y viáticos pendientes, conceptos que están exigiendo antes de que finalice la administración de Héctor Astudillo.

Las protestas siguieron el 10 de septiembre, día que que trabajadores del Hospital General Jorge Soberón de Iguala y de las jurisdicciones sanitarias de las zonas Norte y Costa Chica, protestaron en Iguala y Ometepec.

Exigieron el pago del Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizado (FEGAC); también la liberación de préstamos, créditos de vivienda, pago total de becas y que les garanticen el pago puntual de sus salarios, correspondientes a la primera quincena de septiembre, pues en los últimos meses reciben el pago de sus quincenas con retraso.

En la protesta, que comenzó a las once cuarenta de la mañana, participaron unos sesenta médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros y administrativos.

En iguala, participaron en una marcha del Hospital hasta la carretera federal México-Acapulco, y de allí a la avenida Bandera Nacional y el Monumento a la Bandera, bloquearon totalmente la circulación vehicular.

Los trabajadores de Iguala denunciaron que les debieron pagar el fondo de ahorro en agosto y que es un recurso que les corresponde porque se formó con aportaciones de los trabajadores, el gobierno estatal y la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).

«Señor gobernador Héctor Astudillo, exigimos el pago inmediato del FEGAC al personal formalizado en sus diferentes etapas, el cual por derecho nos corresponde», exigieron en una manta durante su protesta.

Mónica Galindo Cruz, una de las dirigentes de los trabajadores, declaró a reporteros que no solo luchan por el pago de su fondo de ahorros, sino también exigen que se garantice el pago puntual de sus salarios en las próximas quincenas.

La razón es que su representante sindical en el hospital, Martín Leyva, les informó que está en duda el pago de la primera quincena de septiembre, y esto ha provocado el descontento de muchos trabajadores de la Secretaría de Salud, pues solo los basificados tienen en este momento garantizado su salario.

Denunció que su líder sindical estatal, Beatriz Vélez, les pidió que esperaran al lunes (13 de septiembre) para que les paguen el fondo de ahorro, y que de no hacerlo iniciaran sus movilizaciones. Sin embargo, recordó que eso les prometieron desde el 1 de septiembre «y ya son varios días que no nos han pagado», dijo.

Se quejó de que muchos de ellos han estado desde el inicio de la pandemia en la primera línea de atención a los pacientes infectados de coronavirus y lamentó que ahora tengan que salir a las calles a protestar para que les entreguen sus ahorros.

Este sector de trabajadores exigió, asimismo, la liberación de préstamos personales, créditos de vivienda, actualización de pagos al Fovissste por parte de la Secretaría de Salud y el pago total de becas a hijos de trabajadores.

En Ometepec, los trabajadores del sector salud protestaron afuera de la jurisdicción sanitaria 06, de Costa Chica el mismo viernes.

Allí, advirtieron que si no les pagan el fondo de ahorro a más tardar el 13 de septiembre, van a suspender las consultas y no van a atender a los enfermos.

«Exigimos el pago del FEGAC», «esperamos hasta el 13 de septiembre» y «Astudillo, no se olvide de nuestros ahorros 2021, exigimos el pago», reclamaron en lonas y en pancartas.

En medio de los reclamos de distintos sectores de trabajadores, también proveedores de servicios e insumos del gobierno estatal exigieron el pago de adeudos que tiene desde hace un año.

El viernes, unos treinta de ellos colocaron una carpa en el carril norte-sur del bulevar del río Huacapa, frente al Palacio de Gobierno, y colgaron una lona en la que exigieron el pago de cincuenta millones de pesos a los treinta proveedores.

Un día antes, se habían reunido con funcionarios de la Subsecretaría de Finanzas, los cuales solamente tomaron datos de sus empresas, pero no les dieron alguna fecha de pago, contó uno de ellos.

Nayeli Peláez, una de las acreedoras, denunció ante la prensa que desde hace un año el gobierno estatal no les ha pagado adeudos que tiene con ellos.

Explicó que son servicios e insumos que ya prestaron y entregaron a las distintas áreas del gobierno estatal.

Los insumos son, principalmente, material de oficina, papelería, equipo de cómputo y alimentos.

Aseguró que ante la falta de pago muchas de las pequeñas empresas tuvieron que cerrar porque no tienen dinero para seguir comprando insumos y seguir vendiendo.

«Hemos parado; y esto afecta a las familias de las personas que trabajan con nosotros», reprochó.

Los proveedores adelantaron que si no hay respuesta durante el transcurso de esta semana acudirán a la Ciudad de México a buscar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

La lluvia de reclamos por adeudos del gobierno estatal pone en duda la «estabilidad» y el «orden administrativo», «finanzas sanas», así como el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, que tanto se pregonaron a lo largo de los seis años del gobiernos saliente.

Las denuncias merecen una explicación, pero hasta el 13 de septiembre no la habían dado ni funcionario alguno y menos el gobernador, a quien le vino a la medida el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que cimbró Guerrero la noche del martes 7 de septiembre, para distraer la atención de lo que está pasando al interior del gobierno a unos cuantos días de que entregue la administración.




Paro de burócratas. Reacción tardía.
[Foto. cortesía manifestantes]

Paro de burócratas. Reacción tardía.

Del 13 al 19 de septiembre de 2021 al

#1065

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