Ejidatarios de Chichihualco denuncian de saqueo a su presidencia

Zacarías Cervantes

Rafael González Torres tiene ochenta y siete años de edad y desde los doce comenzó a recorrer las veredas del Ejido de Chichihualco, acompañando a su padre, Roberto González Marino, uno de los primeros representantes ejidales que en 1938 participó en el deslinde de las tierras de las que ahora, don Rafael, ha sido excluido como ejidatario.

Desde niño, don Rafael también aprendió de su padre la producción del mezcal artesanal. De esa actividad don Roberto crió y mantuvo a sus hijos y, cuando ya no pudo, la heredó a Rafael, quien, a su vez, después de cincuenta y dos años de trabajo, la traspasó a sus cuatro hijos con la que estos mantienen a sus familias y a su propio padre quien, enfermo, ha dejado el trabajo.

Hasta hace una década, la dinastía González Torres fue reconocida por la mayoría de la población de Chichihualco por su participación en la organización de los ejidatarios y para la constitución del Ejido, así como por la producción del mezcal artesanal, que es uno de los mejores que se produce en la región.

Sin embargo, desde hace unos dos años, los caciques del pueblo, confabulados con autoridades de los gobiernos estatal y federal de las distintas dependencias del sector agrario, no solo lo excluyeron y le desconocieron sus derechos ejidales, sino que les impiden a sus hijos continuar con la producción del mezcal de la que se ha mantenido de generación en generación la familia durante cerca de un siglo.

Quienes ahora se han apoderado de la representación del Ejido, encabezados por Faustino Visoso Duque y Alfonso Duque Marino, «son gente necia, cerrada, hombres injustos y sin conciencia», según definió el propio don Rafael el 23 de septiembre pasado en una reunión de ejidatarios excluidos, entre los que se encuentra él.

Ese día, los golpes con los puños sobre la mesa, en la que había esparcidos papeles con los que quiso demostrar su participación histórica en el Ejido, reflejaban su indignación e impotencia.

«Actúan (los actuales representantes ejidales) de una manera bruta contra sus compañeros ejidatarios, como si fueran sus enemigos y no sus representados», se quejó el artesano.

Varios de los ejidatarios, a quienes también les han cercenado sus derechos en el ejido, habían expuesto sus quejas. Uno de los últimos había sido don Rafael.

Todos habían coincidido en la reunión en que se debe realizar una investigación a fondo para que se compruebe quien está vendiendo y saqueando el ejido. «Si somos nosotros, nos vamos a la cárcel; pero si son ellos (los del comité), que renuncien y que se les castigue», retó Pablo Ortiz Cuevas, otro de los afectados.

El 13 de septiembre, integrantes del Comisariado Ejidal negaron, en conferencia de prensa en Chilpancingo, que se dediquen a la explotación de los bosques y de los bienes del ejido. Aseguraron que es un grupo minoritario de ejidatarios que quiere apoderarse del ejido para venderlo por partes y que han usurpado funciones para vender los terrenos que se encuentran cerca de la comunidad de El Naranjo.

El señalamiento de los representantes ejidales fue en contra del grupo de más de cien ejidatarios que se dicen excluidos del padrón al que pertenece don Rafael y quienes una semana antes habían denunciado a los representantes ejidales en una conferencia de prensa afuera de las oficinas de la Procuraduría Agraria.

En respuesta, los campesinos excluidos se reunieron el 23 de septiembre para rechazar los señalamientos en su contra. Pablo Ortiz Cuevas, denunció que el «supuesto» comisario ejidal Faustino Visoso Duque, los culpa a ellos de estar vendiendo la sierra, los terrenos ejidales, pero dijo que eso es mentira, puesto que Visoso Duque y su grupo son las autoridades «supuestamente intocables».

Dijo que desde 1998, autoridades de la Semarnat le autorizaron de manera irregular a Visoso Duque, el corte de 57 580 metros cúbicos: «El permiso salió a nombre de él; es la causa de que estamos muy molestos, porque nos inculpa de una cosa que no hemos cometido».

Aseguró que, por el contrario, es el grupo de ejidatarios que ha sido excluido del padrón y de las asambleas el que ha exigido que «ya descanse nuestra sierra de tanta tala, a eso nos hemos enfocado, que nuestra sierrita ya no sea tocada, porque es el pulmón del pueblo, no es solamente de los ejidatarios, es el pulmón de todo el pueblo, de nuestros hijos y de nuestros nietos».

Aseguró que por eso no los quieren los que se dicen representantes ejidales.

«Nosotros nos hemos arriesgado mucho al tratar de frenar esta tala, porque nuestra preocupación es no saber qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos», dijo Pablo Ortiz.

Agregó que es lamentable que estas personas sean las que se están acabando los bosques, y ahora «quieran lavarse las manos» con ellos.

Refirió que el problema de fondo es que el grupo al que pertenecen ha querido participar en las elecciones, para que desde dentro frenen la tala de árboles en la sierra. «Y no nos han permitido participar ni si quiera en las reuniones que ellos hacen», señaló.

Exigió: «Yo quisiera que Faustino Visoso Duque y Alfonso Duque Marino (los representantes ejidales) fueran honestos y nos dijeran por qué a Claudio Duque Marino y a Pablo Ortiz Cuevas no nos dejan participar para representar el ejido; que nos dieran una sola razón por qué».

Ortiz Cuevas explicó que los ejidatarios excluidos son un grupo que ha tratado de estar con el pueblo y que los ciudadanos están consientes de que ellos han luchado «no un año ni dos», pero que no han tenido eco con las autoridades estatales y federales. «Hasta ahora con el cambio de gobierno en el país, estamos recibiendo un poquito de respuesta, pero no estamos muy conformes, porque en la elección del 15 de enero, no nos dejaron participar con nuestra planilla», señaló.

Denunció que a más de cien no los dejaron entrar a la elección y que muchos ejidatarios están inconformes por eso, puesto que no les están respetando sus derechos.

«Por eso estamos muy dolidos; estos señores han pisoteado nuestros derechos a su antojo, solo porque se sienten poderosos, intocables. Solo ellos deciden quién entra a la comisaría y quién no. Ellos deciden quién permanece en el padrón de ejidatarios y quién no. Tenemos suficientes pruebas», agregó.

Se quejó de que a pesar de que impugnaron la elección en la que no los dejaron participar en enero pasado, el 7 de septiembre, el Tribunal Unitario Agrario número 12 (TUA-12) de Chilpancingo emitió la sentencia a favor de ellos, «eliminando todas las pruebas que presentamos con testigos, no existe en la sentencia ni una de las que presentamos».

Denunció que eso demuestra que todavía hay «secuelas» de la corrupción en las dependencias, por lo que pidió que este caso llegue a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. «Ya le enviamos un documento y esperamos que se revise esta sentencia», dijo.

Recordó que los que se dicen representantes ejidales declararon en su conferencia de prensa que él falsificó documentos. «Que sean honestos y que digan la verdad. Yo sí tengo documentos de Faustino Visoso donde falsificó cuatro firmas en 1998, desde cuando vienen haciendo sus cosas. Pero como ahora ya ven que es posible que se aclaren las cosas, quieren buscar culpables», insistió.

Aseguró que los ejidatarios saben quiénes han defendido al ejido y quiénes se han servido de la sierra.

Demandó a las autoridades que se haga una investigación minuciosa y a fondo, y planteó: «Y si hay algún documento con mi firma que diga que vendí terrenos, estoy dispuesto a ir a la cárcel. Pero también exijo a las dependencias, que si se comprueba que son ellos los que han hecho todas las anomalías que denunciamos, que renuncien y se castigue».

Afirmó que el mismo pueblo sabe y está consciente de que ellos son los que se han servido del ejido, «no desde ahorita».

Sin embargo, aclaró que hay muchos ejidatarios que no quieren hablar porque los intimidan. «Les dicen: “Si te vemos en el grupo de Pablo Ortiz, te quitamos tu abono, tu Procampo o te sacamos del padrón”».

Tomas Chávez Ortiz apuntó que en 1998, cuando Faustino Visoso era comisariado, le autorizaron la explotación de la sierra tres años. Y mostró los documentos.

Agregó que entonces estaba como delegado en la Semarnat Pablo González Villalva, «quien los ayudó y defendió mucho».

Dijo que el mismo grupo que está ahora al frente del ejido explotó del 2011 al 2020, 37 501 metros cúbicos. «Pero después descubrimos que fueron muchos más árboles, incluso sin marca de la Semarnat», añadió.

Denunció que el permiso fue viciado, y que lucharon para que se cancelara el permiso, pero que «desgraciadamente las dependencias que hicieron el estudio los apoyaron a ellos».

Chávez Ortiz refirió que desde el año 2012, el grupo de ejidatarios excluidos estuvieron luchando en contra del saqueo de la madera, pero nunca se hizo justicia porque, señaló, «existía mucha corrupción y ellos estaban muy amarrados con el gobierno, y soltando dinero las autoridades los apoyaban, mientras que a nosotros nunca nos hicieron caso para parar la tala».

Por su parte, Claudio Duque Marino, hermano de Alfonso Duque, uno de los que se dicen autoridades ejidales, declaró que no pueden ser los ejidatarios excluidos los que están vendiendo terrenos, porque no tienen documentos ni los sellos.

«¿Cómo vamos a ser nosotros los que estamos vendiendo terrenos, si nunca han permitido que nadie más que ellos llegue a ocupar la comisaria ejidal?», refutó.

Acusó: «Lo que quieren ellos es estar siempre chupando el huesito, que es muy bueno, está muy sabroso, porque el ejido tiene muchísimo dinero. Ellos mismos lo han dicho: hay madera, hay piedra, arena, hay leña».

Denunció que a los ejidatarios que no comparten el saqueo, simplemente no los dejan entrar a las asambleas. Y en su caso, denunció que su mismo hermano, Alfonso Duque, lo ha amenazado con colgarlo «del árbol más grande del ejido» si lo ve en la comisaría.

El ejidatario más veterano de la conferencia era don Rafael González. Relató que trabajó el mezcal artesanal hasta que enfermó y sus hijos quedaron en su lugar para mantener a sus propios hijos y a sus padres. «Y para mantener a los líderes ejidales, porque les están pagando cincuenta y cinco litros de mezcal mensual cada uno». Son doscientos veinte litros que reciben de los pulmones de mis cuatro hijos, para que se alivianen, para que hagan lo que están haciendo… Y tratarnos con esa vileza», denunció.

El ejidatario pidió que su queja la escuche el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que intervenga para que se termine con esta injusticia que viven en ese ejido.

El 2 de agosto, a las ocho de la mañana, don Rafael, a sus ochenta y siete años, encabezó una comisión de ejidatarios y durante la conferencia mañanera de López Obrador entregó un documento en Palacio Nacional, que contiene, según dijeron, «los dolores y padecimientos que sufrimos de esta gente injusta que nos está despojando de nuestros derechos», dijo.




Ejidatarios de Chichihualco. Lucha.
[Foto: Trinchera]

A 7 años de la noche de Iguala: Entre la esperanza y la duda

Kau Sirenio

Los pies cansados volvieron al paseo de Reforma con el reclamo de justicia que no ha llegado desde hace siete años. Del Ángel de la Independencia hasta el zócalo, las consignas de «Presentación con vida y castigo a los culpables», se repitió una y otra vez en el contingente de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, la madurgada del 27 de septiembre de 2014.

Una misa católica marcó el arranque de las actividades por el séptimo aniversario de la noche de Iguala. En la homilia, el sacerdote Filiberto Velázquez pidió por Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno y Tomás Ramírez, que fallecieron sin encontrar a sus hijos ni alcanzar la justicia. «Padre nuestro, que buscas tus hijos, en los cerros, cuarteles y brechas; que gritas junto a nosotros: “vivos se los llevaron, vivos los que remos”», oró.

En el zócalo, las madres de dos de los 43 normalistas: Hilda Legideño e Hilda Hernández leyeron el pronunciamiento: «Hay voluntad política, pero no se ha investigado al Ejército mexicano. Un testigo dijo que veinticinco normalistas fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería por los militares y después entregados al grupo delincuencial; por eso insistiremos que se investiguen».

Hace siete años, la policía municipal de Iguala desapareció a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Este hecho, considerado por la opinión pública nacional, lo mismo que la internacional, como el peor agravio cometido en contra de la sociedad mexicana desde la matanza de Tlatelolco en 1968.

Después de la homilía, los padres de los 43 normalistas encabezaron la mancha humana que se deslizó entre los rascacielos de la capital mexicana al grito de: «¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!», mientras que en el grupo de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa brotaban las consignas: «¡Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada!...».

Atrás de los padres de los 43, camina la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), con los alumnos de Ayotzinapa; le siguen las organizaciones sociales.

Cinco días después de la noche de Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los 43 normalistas trasladaron la protesta a la ciudad de México, actividades que repiten cada mes para exigir justicia. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto quiso imponer su «verdad histórica», que a la postre se convirtió en la mentira histórica.

La jornada de lucha empezó el lunes 20 en Chilpancingo, con la toma de caseta de peaje Palo Blanco de la Autopista del Sol; siguió la visita de la fiscalía para el caso Ayotzinapa y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas a la barranca de La Carnicería, municipio de Cocula. El jueves 23, los padres de los 43 realizaron la toma simbólica de la de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

El viernes 24, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador a puerta cerrada. Después, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Sierra Rosales, dijo que hay pruebas de que el Ejército mexicano está involucrado en los hechos de Iguala.

«Hay pruebas de sobra que señalan que estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4. Hay un testigo que ya declaró en términos judiciales, que dice que fueron ingresados por lo menos veinticinco estudiantes al 27 batallón de infantería, de Iguala. Todos estos elementos hacen presunción de que se debe desplegar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército», señaló Sierra Rosales.

Por la tarde de ese día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó el avance de la investigación que lleva la fiscalía especial en 2019. Durante la búsqueda de los 43 normalistas en 136 puntos en distintos municipios de Guerrero, entre Tepecoacuilco, Cocula, Iguala y Taxco, donde se recuperaron restos óseos.

La columna humana se forma con lonas y mantas que los manifestantes llevan en la mano, mientras repiten las consignas que los acompaña desde hace siete años: «¡Ahora!, ¡ahora! / ¡se hace indispensable! / ¡presentación con vida y castigo a los culpables!»… «¡De norte a sur! / ¡de este a oeste! / ¡ganaremos esta lucha! / ¡cueste lo que cueste!», arengan en el contingente de las organizaciones sociales.

Con música guerrerense de fondo y una lona gigante que extienden los ochos hermanos de Martín Getsemany Sánchez García con el mensaje de «7 años sin justicia», la marcha avanzó hasta llegar al antimonumento de los 43.

Jóvenes que se cubren el rostro ya sea con paliacates o con sus playeras, con el bote de pintura en aerosol en mano, garabatean en los camellones del Paseo de Reforma: «Ni perdón ni olvido»; otros rayonean. «26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa». Sobre los monumentos dejan otras huellas: «Gobierno asesino que mata a estudiantes» y «Ayotzi vive, la lucha sigue», se lee en la pared de la valla metálica que resguarda la estatua de Colón.

En el sonido, uno de los normalistas pide: «Si regresan a nuestros 43 hermanos desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, nosotros regresamos a despintar los espacios que hemos pintados. Mientras el gobierno no regrese a nuestros compañeros volveremos con las consignas».

El señor Emiliano Navarrete, padre de unos de los 43 normalistas desparecidos, pasa lista de los 43 normalistas desparecidos: «Hemos luchado durante siete años en busca de verdad y justicia. En esta lucha tenemos baja de cuatro compañeros; desde acá le decimos a nuestros compañeros que se nos adelantaron que no daremos un paso atrás hasta encontrar la verdad».

Antonces, advierte: «Moriremos de pie, pero no descansaremos hasta encontrar justicia».

Luego vino la intervención el vocero de Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui Muñoz, quien busca a su hermano Vicente desaparecido el 5 de agosto de este año. «Mi hermano fue desaparecido por la Unión de Pueblos y Organizaciones Estado de Guerreo (UPOEG), el terror de tener un desaparecido. El machete de la CECOP está con los papás de los 43 compañeros desaparecidos en Iguala», afirma.

Después del mitin en el atimonumento de los 43, que forma parte de la memoria de muertos y desparecidos en México, del grupo de los jóvenes de Ayotzinapa brota la sentencia: «¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! / ¡los masacrados serán vengados! / ¡¿Y quién los vengará?¡/ ¡El pueblo unido y organizado! / ¡¿Y cómo?!/ ¡Luchando!».

Antes de que cayera la noche, los padres de los normalistas tomaron el corazón de la ciudad y desde allí lanzaron el mismo grito de hace siete años, cuando llegaron a esta ciudad a pedir la solidaridad de los capitalinos.

«Hace siete años, nuestros compañeros estaban contentos porque había aprobado el examen de ingreso a la Normal, además de la semana de prueba ellos quería ser maestros para apoyar a las comunidades a solicitar maestros, medicinas, vivienda y alimentación, porque ésa es la conciencia crítica que nos enseña el normalismo rural, pero la mafia de la fuerza de seguridad: policía municipal, estatal y el Ejército persiguieron a nuestros 43 compañeros y los desaparecieron», dijo unos de los padres de familia.

«Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos», lanzó Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, antes de saludar en su lengua materna, el náhuatl, y después reprochó que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizara instituciones del estado para desaparecer a los normalistas.




Movimiento de los 43. Incertidumbre.
[Foto: Alexis Rojas]

Presos políticos en Guerrero: la Ley de Amnistía de AMLO no ha beneficiado a nadie

Amílcar Juárez

La lucha por la liberación de los presos políticos en el estado de Guerrero se mantiene activa, debido a que activistas de diversas organizaciones sociales han sido víctimas de reclusión en las prisiones estatales y federales, por su labor social.

El historial de presos políticos en Guerrero es extenso, pero en los años más recientes, las prisiones se tiñeron del color verde olivo del uniforme de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Desde el año 2013, las detenciones contra integrantes de la institución comunitaria fundada en la Costa Chica del estado en 1995, se agudizaron. Nombres como los de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Samuel Gálvez, Julio Coctecón, Nestora Salgado y Bernardino García, entre otros, empezaron a hacerse comunes en los periódicos tras ser recluidos, y las ulteriores movilizaciones que exigían su libertad.

Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC en la Casa de Justicia Mi patria es primero, en el barrio de El Fortín, en Tixtla, fue detenido en octubre de 2013 y bajo un aparatoso operativo policiaco lo condujeron al penal de Miahuatlán, Oaxaca, conocido por el aislamiento de los presos y por su grado de represión, de la cual existe evidencia desde los años de la Guerra Sucia.

Posteriormente, lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, de Almoloya de Juárez, Estado de México, la prisión de máxima seguridad del país y de las más infranqueables de América Latina. En estos procesos de traslado, Gonzalo fue conociendo los casos de varios presos políticos que se encontraban en el olvido jurídico, familiar y de sus propias organizaciones.

Molina González consiguió su libertad absolutoria en el año 2018, después de casi cinco años en prisión; a partir de ahí comenzó un peregrinar por la liberación de los presos políticos del estado de Guerrero y fue encontrando una serie de violaciones a los derechos del debido proceso. Junto con el Comité por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero han atraído casos emblemáticos, de los cuales llevan el proceso político y jurídico.

Uno de los casos jurídico-políticos más emblemáticos es el de Martín Cruz Avellaneda, detenido el 12 de mayo de 2001 en Coyuca de Catalán, Guerrero, por policías ministeriales, pero presentado por el Ejército, la policía estatal y la policía municipal, como si se tratara de un reo de alta peligrosidad.

Martín Cruz Avellaneda es fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la cual ha sido golpeada con dureza por paramilitares, narcotráfico, el Ejército y caciques de la región.

Desde la cárcel, comenta, vía telefónica, que los caciques sacaron muchas ordenes de aprehensión desde aquellos años, y que el hostigamiento no ha cesado desde entonces. Dice que ahora están deteniendo a jóvenes que en aquellos años eran niños de nueve u ocho años.

Desde hace veintiún años, Martín no ha recibido sentencia y su caso está estancado en los tribunales. Está acusado de rebelión y recluido en el penal de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.

«Nosotros nos dedicamos a defender los mantos acuíferos y la selva; en aquellos tiempos no había ninguna organización, nosotros fuimos pioneros de la organización (Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán)», apunta.

Existen otros dos miembros de esta organización ecologista recluidos en el Cereso de Las Cruces, en el puerto de Acapulco. Se trata de Rodolfo Palemón y Jerónimo Cabrera González.

En el penal de Coyuca de Catalán, dice Martín, están recluidos dos de sus compañeros: Rubén Felipe García y Matías Jaimes, con diez y diecinueve años de reclusión, respectivamente, con violaciones al debido proceso, igual que su caso.

Las familias de ambos se desintegraron por esta situación. Varios fueron perseguidos y otros detenidos y desaparecidos. «Están olvidados, no tienen a nadie», señala.

Sobre su situación en el penal, acusa: «La violación a nuestra integridad física es irremediable; o sea, es muy grande la situación de opresión».

Con voz fuerte y serena, denuncia: «Han violado mis derechos humanos, han hecho caso omiso de mi caso; porque en realidad, yo delitos no tengo. Mi detención es para que no siga luchando, para apagar mi voz, para que yo no siga denunciando las cosas que el gobierno hace».

Originario de Pedro y Garza, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el ecologista de cuarenta y ocho años de edad, que ha pasado casi la mitad de su vida en prisión, dice que ve un sistema jurídico en el estado que solo ha dado largas a su caso, un sistema olvidado, caduco. «

A los presos los agarran y los echan simplemente a un sistema, según ellos de reinserción… no hay un tratamiento jurídico».

Gonzalo Molina, quien lleva su representación legal, asegura: «En el caso de él, se ha violado el debido proceso; su caso no ha terminado, está en proceso por varias causas, pero no ha sido sentenciado; ya veinte años así es violatorio».

Además, se muestra escéptico respecto a la ley de la amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, vigente desde abril de 2020, para liberar reos de la tercera edad y casos singulares. «La Amnistía no sirve de nada; la estudié y no sirve de nada; no he sabido de ningún preso político que haya sido liberado en el país. He hablado con las organizaciones sociales de otros estados y nadie ha salido, están saliendo presos comunes», reprocha.

Sobre este tema, el Comité para la Liberación del Presos Políticos del Estado de Guerrero declaró: «En agosto de este año, el presidente López Obrador anunció la preliberación de 681 presos políticos antes del 15 de septiembre de 2021: Baja California, 63; Baja California Sur,10; Chiapas, 198; Ciudad de México, 40; Colima, 13; Durango, 100; Nayarit, 30; Oaxaca, 48; San Luis Potosí, 7; Sinaloa, 15; Tabasco, 12; Tlaxcala, 2; Veracruz, 50; Zacatecas, 57.

Ningún preso del estado de Guerrero».

A través del teléfono, la voz de Martín se oye desesperada: «Sigo en la Lucha y esperando que el gobierno voltee a ver el caso de nosotros los presos políticos en Guerrero, que no nos dé atole con el dedo».

En 2016, el instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que, en una encuesta a más de 64 000 personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas, 64% de los internos dijo haber sufrido violencia física en su captura, incluyendo descargas eléctricas, asfixia o estrangulamiento.

Entre los años 2013-2018, 2751 presos murieron en cárceles federales y estatales, según datos recabados por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se pueden consultar en el portal electrónico de Human Rights Watch.

El caso de los presos políticos en México es el claroscuro de un país con libertad de expresión y pensamiento. Partiendo de la tesis del filósofo francés Michel Foucault, de que el objetivo de las prisiones, más que simplemente encarcelar a delincuentes, es esclavizar a todo lo que pasa por ellas a una vida de disciplina impuesta por el gobierno, se puede entender la estrategia de mantener en prisión a actores sociales (presos políticos) para disciplinar o romper al sujeto.

El asesinato de Julio Coctecón a unos meses de salir de prisión, la desaparición forzada de Vicente Suástegui, quien también había sido preso político por su lucha en el CECOP y la CRAC-PC, deja entrever una guerra de baja intensidad contra los activistas y pueblos organizados.




Gonzalo Molina. Lucha perseverante.
[Foto obtenida en la Internet]

En vilo, creación del municipio de San Nicolás

Eduardo Añorve

El día 31 de agosto, el congreso del estado de Guerrero aprobó el «Decreto mediante el cual se crea el Municipio de San Nicolás».

En ese decreto se anota que: «Es de mencionarse que San Nicolás y otras localidades solicitan segregarse del municipio de Cuajinicuilapa, toda vez de que consideran que existe lejanía con la cabecera municipal, además de la marginación, atraso social y la carencia de obras, servicios e infraestructura en general» [Se respeta redacción, como en lo sucesivo].

Para suplir el requisito que los obligaba a crear un municipio con más de veinticinco mil habitantes, dejando al municipio de origen también más de veinticinco mil, los diputados lo habían «rebajado» a diez mil habitantes; sin embargo, las comunidades del nuevo municipio no rebasan los siete mil habitantes.

Y tuvieron que acudir, de nuevo, a un subterfugio: «Ciertamente el municipio que se pretende erigir, no satisface el requisito del número de habitantes, sin embargo, se trata de un espacio territorial con densidad socioeconómica, cultural, demográfica y con suficiente infraestructura. Es importante mencionar que el municipio propuesto cuenta con tradiciones, usos, costumbres e historia como pueblos originarios, de tal suerte que las dota de identidad y de potencial económico y productivo».

Respecto de los servicios públicos existentes en esa localidad, los diputados adujeron: «De conformidad con el estudio socioeconómico elaborado, dispone de los servicios públicos de: agua entubada, alcantarillado, drenaje, centros de salud del IMSS e ISSSTE, dispensarios médicos, farmacias con consultorios, mercado, alumbrado público, panteón, centro comunitario, plaza cívica, servicio de transporte, telefonía fija y celular, auditorio municipal, iglesia parroquial y comisarias (sic) municipal y ejidal, entre otros servicios».

Párrafos antes, habían validado el «argumento» dado por los sannicolareños para separarse del municipio de Cuajinicuilapa y solicitar la creación de uno nuevo: «Es de mencionarse que San Nicolás y otras localidades solicitan segregarse del municipio de Cuajinicuilapa, toda vez de que consideran que existe lejanía con la cabecera municipal, además de la marginación, atraso social y la carencia de obras, servicios e infraestructura en general».

Y enumeraron, en el Decreto, las localidades que formarían el nuevo municipio: «Las localidades que pretenden constituir el nuevo municipio son: San Nicolás, Punta Maldonado (El Faro), El Pitahayo, Colonia Agricola El Tamale, La Bocana, Tejas Crudas, El Cacalote, El Jícaro Abajo, La Petaca (Hacienda la Petaca) y El Carrizo (Rancho de Fausto Mendoza), así como el ejido de San Nicolás y la Colonia Agricola El Tamale; Dichas localidades suman una población de 6984 habitantes, y guardan entre sí una unidad geográfica, social y cultural, ocupando una superficie de 167.22 km2, que corresponde al 26.36% del territorio del municipio de Cuajinicuilapa».

Ahora se conoce que la mayoría de los pobladores de Punta Maldonado y El Tamale no están de acuerdo con pertenecer al nuevo municipio, todavía en ciernes.

Sin embargo, el Congreso en pleno (a excepción de la diputada del PVEM, quien votó en contra, y de un diputado que se abstuvo) votó porque se cree el Municipio de San Nicolás, segregándole al municipio de Cuajinicuilapa las localidades ya mencionadas, quedando San Nicolás como cabecera municipal (Artículo Primero del Dictamen).

El día en que se aprobó este dictamen de decreto fue el último de la Legislatura LXII.

El Artículo Quinto del decreto ordena: «…desígnese un Ayuntamiento Instituyente de entre los vecinos de las localidades que integran el nuevo municipio de San Nicolás, tomando en consideración el principio de paridad de género».

Ahora, en San Nicolás se andan peleando para ver quién es el presidente instituyente, si Felipe de la Cruz o si es Isaac Marín u otro (le han ofrecido, incluso, al comisario de Punta Maldonado que lo integrarán a la terna si esta comunidad desiste en no pertenecer al nuevo municipio).

En el Transitorio Primero se ordena: «El presente Decreto entrará en vigor al momento de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante la cual se integra el municipio de San Nicolás al Estado de Guerrero».

En el Transitorio Segundo se ordena: «Comuníquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para sus efectos constitucionales y legales conducentes».

A diecinueve días de aprobado el «Decreto mediante el cual se crea el Municipio de San Nicolás», éste no ha sido comunicado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para «los efectos legales conducentes».

Al no ser entregado, el Decreto no podrá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo tanto, carece de vigencia legal.

Y la nueva Legislatura, la que inició a principios del mes de septiembre, no parece interesada en comunicar el Decreto al titular del Poder Ejecutivo del estado, Héctor Astudillo Flores, quien tiene demasiados conflictos que resolver antes de concluir su mandato (Obrador ya avisó que, si lo hace bien, podría emplearlo en el gobierno federal).

En San Nicolás y las localidades que integrarían el nuevo municipio, dos o tres grupos opuestos entre sí siguen haciendo campaña para que designen a alguno de ellos como presidente instituyente.

Pero el Decreto sigue sin ser comunicado al titular del Poder Ejecutivo.

El Artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 especifica este trámite: «Recibida la Ley o Decreto respectivo, de conformidad con el Artículo 91, fracción VII, Constitucional, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con un plazo de hasta diez días hábiles siguientes al de la fecha de recepción, para formular y notificar al Congreso del Estado, las observaciones correspondientes».

Y advierte, esta ley, en su Artículo 289: «De no formularse y notificarse las observaciones en el plazo establecido, se reputará sancionada y promulgada la Ley o el Decreto, y el Gobernador del Estado ordenará su publicación en un plazo no mayor de treinta días hábiles posteriores. Si al concluir este último plazo no se publicare, el Presidente de la Mesa Directiva ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, sin que se requiera refrendo.

»Los plazos a que se refiere este Artículo no se interrumpirán si el Congreso del Estado cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente».

Pero el Decreto sigue sin ser comunicado al Titular del Poder Ejecutivo.

 

 

Ciudadanos de El Tamale, inconformes por pertenecer a San Nicolás

 

Un hombre viejo, de unos noventa años, que utiliza sombrero «calentano», toma la palabra en una asamblea y dice que no deben pertenecer al municipio de San Nicolás porque esa gente les ha querido hacer daño, que antes, muchos años hace, les querían quitar sus tierras.

Otro hombre, también de unos ochenta, ochenta y cinco años, recuerda que hubo dos muertos en esas disputas, que tenían que andar armados para defenderse de los sannicolareños.

En la época posterior a la dotación de los ejidos del municipio de Cuajinicuilapa (periodo que va de 1934 a 1937), proliferaron los conflictos entre las comunidades. San Nicolás es cabeza del ejido de su mismo nombre; El Tamale es una colonia agrícola, donde la propiedad de la tierra es privada: la comunidad tiene dos autoridades: el comisario municipal y el presidente de colonos.

Ninguno de estos señores está de acuerdo en que su comunidad pertenezca al nuevo municipio.

Ricardo Oregón Soriano, el comisario municipal, asegura que él ha asistido a reuniones a las que convocan los sannicolareños que promueven el nuevo municipio, pero que él iba como apoyo para que se creara, y no porque estuvieran él y su comunidad de acuerdo con sumarse; que su asistencia no implicaba la aceptación a pertenecer.

Y ve mal que ahora la gente de San Nicolás que encabeza el movimiento ande peleando: No agarran el poder y ya se andan peleando. Son seis los que quieren encabezar. No se ponen ni se van a poner de acuerdo.

Pero Oregón Soriano dice que la mayoría de los ciudadanos de El Tamale no están de acuerdo en ser de San Nicolás; además, reprocha, antes lo buscaban, pero ahora que el Congreso ya aprobó la creación, ni lo toman en cuenta. Antes, dice, iban a su casa a buscarlo; que, cuando hicieron la fiesta para celebrar la decisión del Congreso, ni lo tomaron en cuenta.

En la reunión de la gente de la localidad (unas cien personas adultas) en la cancha del pueblo, la mayoría dice que así son los sannicolareños, que nomás cuando ocupan, andan rogando, que no conviene sumarse a su municipio.

Joaquín Marín Jiménez, presidente de colonos, también dice estar en desacuerdo a pertenecer al nuevo municipio, e insiste en que no los tomaron en cuenta, en que no los consultaron, en que los sannicolareños son convenencieros. Aclara que varios comisarios anteriores les firmaban los documentos sin saber bien a bien de qué se trataba.

Y recuerda que cuando la comunidad pidió a los ejidatarios de San Nicolás que les regalaran material pétreo del Banco Seis, se lo negaron; querían que se lo pagaran. Recuerda, también, que antes hubo pleito porque los de San Nicolás los querían despojar de sus tierras, que ellos no son buena gente. Y arenga a los presentes a manifestar su inconformidad.

Otro ciudadano opina que se van a quedar solos con su municipio, porque ya las comunidades grandes, como Punta Maldonado y El Tamale, se están oponiendo a pertenecer al nuevo municipio.

[Los ciudadanos de Montecillos, la localidad más cercana a la que será la cabecera municipal, San Nicolás, de plano rechazaron ser parte.]

Otro ciudadano, joven, de unos treinta años, dice que sí fueron «a encuestarlos», que pusieron una mesa en la cancha a donde fueran a votar, pero que acudió poca gente, que no hubo información suficiente y que, realmente, los promotores del nuevo municipio ni otras autoridades los consultaron, por lo que no está de acuerdo a pertenecer.

También toma la palabra una señora joven, de unos treinta años, y asegura que solamente algunas personas de El Tamale sabían del asunto, pero que no los consultaron como debía ser; además, manifiesta su desacuerdo.

Media hora después de charla, opiniones y hasta acusaciones entre ellos (que si la gente no va a las asambleas, que las decisiones las toman unos cuantos, etc.), uno de los señores grandes pide que digan si están de acuerdo o no en pertenecer a San Nicolás, que todavía es tiempo de inconformarse porque todavía el Decreto no es ley.

Y la mayoría de las personas adultas dicen que no, que no quieren ser del nuevo municipio; entonces, el mismo señor (Martín Dina) les pide que lo manifiesten levantando la mano, y la mayoría la levanta.

Acuerdan, entonces, recolectar las credenciales de elector de las personas que no están de acuerdo en que El Tamale pertenezca a San Nicolás. Van a impugnar.

Un colono de unos sesenta años argumenta que él se opuso a ello desde el principio (el movimiento por la creación del municipio inició en 2006; entonces el presidente Vicente Cortés Rodríguez dio su aprobación para ello), porque, por ejemplo, si pertenecen al municipio nuevo tendrían que hacer cambios en sus títulos de propiedad, lo que implica gastar mucho dinero.

Finalmente, la mañana del domingo 19 de septiembre, estos ciudadanos quedan de acuerdo en que las decisiones tomadas anteriormente por sus comisarios municipales, que firmaron sin consentimiento suyo la mayoría los documentos que los sannicolareños le presentaban, quedan atrás, que desde ese momento se trata de mantenerse en su palabra de no pertenecer, y de buscar asesoría para ver qué es lo que tienen que hacer para que no los incluyan.

Con esta comunidad, cero y van dos contra San Nicolás.




El Tamale. Oposición.
[Foto: E. Añorve]

El presidente López Obrador, al rescate del gobernador Astudillo

Zacarías Cervantes

El martes 14 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa matutina que un día antes habló por teléfono con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y que le ofreció dos ayudas: una, para el pago de la nómina, a fin de que no enfrente este problema al final de su administración, y la otra, para resarcir los daños causados por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que cimbró la entidad la noche del 7 de septiembre.

El Presidente se refirió al asunto cuando le preguntaron por los daños que dejó el temblor, sobre todo en Acapulco, en donde el reportero que preguntó dijo que permea la «mezquindad» de la clase política, pues los regidores ganan setenta mil pesos mensuales, más ciento cuarenta mil adicionales, «por debajo del agua», le mencionó la corrupción en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), armas de fuego de la policía municipal extraviadas y el contralor interno destituido.

El periodista que interpeló al Presidente no es de Guerrero y apenas se conoce por sus frecuentes intervenciones en la Mañanera sobre asuntos relacionados con la entidad, preguntas que mueven a la sospecha de que son para ayudar al gobernador, ya que nunca se ha referido a la corrupción que priva en las áreas del gobierno estatal, la cuales, al final de la administración, están repercutiendo en los trabajadores.

Desde una semana antes, trabajadores de diferentes dependencias del gobierno estatal, venían exigiendo el pago de salarios atrasados, prestaciones, bonos, fondos de ahorro y viáticos, en tanto que prestadores de servicios exigieron el pago de adeudos desde hace un año.

Los trabajadores de salud exigieron el pago del Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizado (FEGAC); también la liberación de préstamos, créditos de vivienda, pago total de becas y que les garanticen el pago puntual de sus salarios correspondientes a la primera quincena de septiembre, pues en los últimos meses reciben el pago de sus quincenas con retraso.

El presidente López Obrador aclaró esa mañana que la Federación está al corriente con los pagos de las aportaciones federales al estado, pero que, sin embargo, los gobiernos estatales tienen dificultades en sus finanzas, y anunció que en el caso de Guerrero le ayudaría con el adelanto de sus participaciones, con el compromiso de que se destinarán al pago de la nómina y no se queden los trabajadores del gobierno estatal y los maestros sin recibir su salario.

López Obrador anunció que ese mismo día se comunicaría con el gobernador Héctor Astudillo la subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez, a quien le dio instrucciones para que atendiera el asunto; es decir, para rescatar financieramente al gobierno estatal agobiado por las deudas.

La decisión del presidente de la República supone dos cosas: que lo están engañando con respecto al origen de los problemas financieros del gobierno del estado o es cómplice de las irregularidades de la actual administración que generaron los faltantes que ahora le pretenden endosar a los trabajadores.

Los trabajadores que reclaman sus salarios y prestaciones, han argumentado en sus protestas que los salarios, prestaciones y fondos están establecidos en el presupuesto estatal y que deben estar disponibles en la Secretaria de Finanzas, o si no, “alguien les metió mano y quiere llevarse su guardadito sexenal”.

Uno de los ejemplos del desvío de los recursos es el FEGAC de los trabajadores de salud quienes el 13 de septiembre, tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Salud Guerrero, para exigir “la devolución inmediata” de ese fondo de ahorro que les debieron haber entregado antes del 2 de agosto.

“Hasta el día de hoy, -se quejaron el 13 de septiembre- solo se ha devuelto a los trabajadores federalizados, homologados y  regularizados quedando pendientes más de siete mil compañeros y compañeras trabajadoras estatales”.

En su protesta declararon a los medios de comunicación que el argumento del gobierno estatal es que: “el gobierno del estado ya no tiene dinero para la devolución de nuestro dinero”.

La explicación, según los trabajadores no es válida puesto que dicho fondo se integra con una aportación de los trabajadores, otra del gobierno estatal y del gobierno federal, se trata pues de recursos que no pueden ser utilizados para otros fines y los funcionarios no pueden argumentar que “ya no hay recursos”, puesto que son de los trabajadores.

En este caso particular, los trabajadores afectados han pedido que se realice una investigación y una auditoría para saber qué paso con su dinero, quien le metió mano y quiere llevárselo impunemente.

Un grupo de los trabajadores, denunció el 19 de septiembre mediante las redes sociales que, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatriz Vélez Núñez, “en clara complicidad con las autoridades y traicionando a los agremiados al Sindicato”, propuso que el gobierno federal asuma el monto del adeudo que asciende a 100 millones de pesos, aproximadamente.

“Es decir, como una deuda pública, que el gobierno (federal) la pague a sabiendas de que esos recursos son un ahorro de todo un año de los trabajadores de la Secretaría de Salud-Guerrero”, cuestionaron los trabajadores.

Reprocharon que con esta actitud, Vélez Núñez “traiciona” a la base trabajadora y apoya al gobierno estatal “que está concluyendo su período escamoteando estos recursos que son propiedad de los trabajadores”.

Denunciaron que la dirigente sindical, en actitud abiertamente provocadora y con amenazas, pretende confrontar a los trabajadores movilizando a sus incondicionales para lograr su objetivo, “y así golpear a la base trabajadora que legítimamente estamos luchado y exigiendo la devolución de nuestros ahorros”.

Hasta al 20 de septiembre, el gobierno estatal ni el gobierno federal habían informado a cuánto asciende la “ayuda” que recibirá el gobierno de Astudillo Flores, ni qué va a pagar con ese adelantó de participaciones con cargo al presupuesto de este ejercicio fiscal, que obviamente repercutirán al final del año, en perjuicio de la administración que entrará en funciones a partir del 15 de octubre.

Otro de los señalamientos al gobierno estatal, es el de los policías, quienes acusan directamente al subsecretario de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Efrén Monroy Adame, de que “pretender llevarse sus viáticos”, así como por el “desvío y licitaciones millonarias directas a sus empresas preferidas”.

Mediante las redes sociales, los policías estatales pidieron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue al funcionario.

Acusan a las autoridades estatales de “jinetear” el dinero de sus viáticos desde el inicio de la actual administración, “con el método de darle ese dinero a los coordinadores regionales de la Policía Estatal para que nos den supuestamente los alimentos y bebidas de manera gratuita, cosa que es irreal, ya que por las jornadas laborales, los policías se ven obligados a comprar alimentos y bebidas durante los rondines de seguridad y operativos realizados sin descanso y de sol a sol no pueden acudir al Cuartel Central regional para alimentarse”, denunciaron.

También han denunciado que el responsable del retraso en los pagos de bono de riesgo, seguro de vida a familiares de fallecidos y prestaciones, es el mismo subsecretario Efrén Monroy, “quien desvía el recurso para jinetearlo en sus empresas y ahora quiere llevarse el dinero de todos los policías”, acusaron.

Otro caso es el de los proveedores, quienes reclaman el pago de adeudos atrasados hasta del 2018 y no puede argumentarse que son adeudos por el fin de la administración.

Más allá de ello, si el gobierno de López Obrador navega con la bandera de honestidad, de combate a la corrupción y de la transparencia, antes de adelantar recursos y ayudar a un gobierno que aunque hay indicios, no se le puede acusar de corrupción porque hacen falta las pruebas para ello debido a que lo común ha sido la falta de transparencia, debiera instruir una investigación para aclarar los señalamientos de los trabajadores y saber qué pasó con esos recursos que reclaman. De lo contrario, quedará bajo sospecha su complicidad con una administración que deja muchas dudas con respecto al manejo honesto de los recursos.




Astudillo y López Obrador. Contubernio.
[Foto obtenida en Internet]

Movimiento de los 43. Incertidumbre.

Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 al

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