¿La madrugada del 7 de junio de 1998, en la escuela primaria Profr. Caritino Maldonado Pérez, de El Charco, municipio de Ayutla de los libres, Guerrero, habitada por población nu’saavi (mixteca) campesina y extremadamente pobre, se escribió una de las páginas más negras en la historia reciente, referente a la violación de los derechos humanos. El ejército mexicano irrumpió en esa comunidad, y masacró a varios campesinos indígenas que participaban en una asamblea para la gestión de proyectos productivos que beneficiaran a sus comunidades. En esa trágica madrugada, murieron once presuntos guerrilleros, y hubo varios heridos, además de decenas de detenidos, entre los que se encontraban Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.

En ese entonces, El Charco tenía una población de alrededor de trescientos indígenas mixtecos, que vivían en el atraso ancestral propiciado por el aislamiento de la cabecera municipal, y era por esa condición de alta marginación que en la comunidad de El Charco, las autoridades comunitarias organizaran asambleas para acordar los procesos de gestión que les permitieran mejorar sus condiciones de vida, por lo que no era ninguna novedad que se realizaran ese tipo de reuniones a las que asistían tanto campesinos que provenían de otras comunidades, como personas de otros lugares, como era el caso de Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez que llegaron para apoyar un programa de alfabetización.

Las versión de la comunidad es que en esas asambleas, las personas que asistían de fuera les hablaban de la necesidad de organizarse para gestionar proyectos que ayudaran a salir de la pobreza y la marginación a la comunidad, que era –y muchos años después lo sigue siendo– ofensiva, pero esa misma situación no era precisamente la que iba a favorecer su incorporación a la guerrilla, como se afirmó con insistencia, tanto por parte de los militares, como por algunos funcionarios del gobierno. Si bien es cierto que algunos teóricos de la lucha armada sostenían la tesis de que la pobreza y marginación extrema eran la señal de que las condiciones estaban maduras para la revolución, la misma experiencia histórica les demostró muy pronto lo equivocado de sus visiones teóricas, y que la realidad era muy distinta, porque solo se endurecía el sufrimiento de la gente del pueblo.

Por supuesto, para el Estado, incluido el Ejército, la versión era diferente, y en esa asamblea realizada en una escuela primaria, lo que apreciaron fue una reunión que había sido convocada por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), para adoctrinar y organizar la guerrilla y que había personas con armas, lo cual fue el argumento que se utilizó para justificar la acción militar que instrumentaron en esa madrugada fatídica, donde además de los once supuestos guerrilleros caídos, detuvieron a veintisiete personas más. El EPR se había hecho presente en la vida pública un 28 de julio de 1996, en una ceremonia para conmemorar el primer aniversario de la matanza del vado de Aguas Blancas, donde fueron asesinados diecisiete campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del sur (OCSS) por policías estatales, y a la que había asistido el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien que calificó de «pantomima», la presencia de los guerrilleros del EPR.

En esas circunstancias, en ese amanecer en El Charco, cuando el Ejército rodeó la escuela primaria, la suerte estaba echada para los que habían asistido a esa reunión; y lo que después se informó oficialmente, que había un «enfrentamiento casual», fue una ejecución extrajudicial, según los testimonios de los propios asistentes a la reunión, quienes refieren que «los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y (…) los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vínculos con el EPR». El propio ERPI, en un comunicado que dio a conocer en los medios de comunicación, también afirmó que no había sido «un encuentro casual», sino que el Ejército había instrumentado tácticas antiguerrilleras encomendadas a fuerzas especiales, y que de las once personas ejecutadas, solo reconocía a cuatro como miembros de su organización, y los otros siete solo eran campesinos indefensos, de los cuales, cinco habían sido asesinados dentro de la escuela y dos en la cancha. La actitud del Ejército al mando del jefe de la 27 Zona Militar en ese entonces, para decidir exterminar a los supuestos guerrilleros y campesinos indígenas de El Charco, se dice que se debió a que el mismo general que dirigía la operación había sido víctima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, por parte de la guerrilla. Por eso, de nada valió que fueran sacados sin armas a la cancha de la escuela, pues de todas formas fueron ejecutados.

Los que tuvieron mejor suerte –entre los que estuvieron Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez– fueron trasladados al cuartel de Cruz Grande, donde los torturaron para que se declararan culpables y dijeran que llevaban armas y que eran guerrileros, además de obligarlos a firmar papeles que no leyeron y que no podían entender si se los leían, porque solo hablaban su lengua materna; incluso, a los detenidos menores de edad, los abofetearon por no entender el español. En esos hechos también se expresó el racismo en su más pura expresión.

La mayoría fue liberada gracias a la presión de todo un movimiento, pero los costos de la violación flagrante a los derechos humanos hasta la fecha siguen lastimando al pueblo de Guerrero. La primera manifestación de que las heridas estaban abiertas fue el movimiento que iniciaron las llamadas «viudas del charco», mujeres que habían quedado, con sus hijos, en la más completa orfandad. .

La ejecución de diez campesinos indígenas nu’saavi y un estudiante universitario, además de los heridos y las personas detenidas de manera ilegal, para luego ser torturadas, fueron la expresión más pura de un régimen de impunidad.

Guerrero sigue siendo una entidad donde el estado de derecho es inexistente. No hay justicia y por eso, hechos como los de El Charco, pueden volver a repetirse, porque hasta hablar de pobreza sigue siendo delito. Es cierto que ahora se hacen esfuerzos por mitigar la pobreza extrema que en esas comunidades se sigue padeciendo como una maldición, pero el problema que más lacera al estado es que se sigue exigiendo justicia y que se conozca la verdad de esos hechos, porque mientras no se sepa qué es lo que realmente pasó ni se castigue a los culpables, y la injusticia prevalezca, de nada servirán los programas sociales destinados por el gobierno actual para atender las causas de la pobreza, porque duele más la marginación por el ocultamiento de la verdad, que la misma pobreza económica. Por eso, se dice con razón, que solo la verdad es revolucionaria. El gobierno actual tiene todavía pendiente hacerle justicia al pueblo de Guerrero, diciéndole la verdad en el caso de El Charco y también de Ayotzinapa.

Sin justicia, la transformación de la República terminará frustrada, y Guerrero, parafraseando a Don Justo Sierra, sigue teniendo hambre y sed de justica. También de conocer la verdad.

La oleada neoliberal en el planeta, no solo ayudó a concentrar la riqueza en el muy reducido grupo de grandes magnates de las potencias económicas mundiales, sino también a inversionistas de «poca monta» de los países subdesarrollados, como es el nuestro, que no tiene avances sustantivos desde la época del llamado «milagro mexicano» en los años cuarenta y cincuenta. «Se creían los dueños de México, estos de la mafia del poder», les repite a cada rato el presidente López Obrador. Es por eso que desde antes del 2006, dentro de ese grupo de la oligarquía mexicana, se activaron los focos de alerta y trataron de impedir, utilizando todos los medios disponibles, que el actual ejecutivo llegara a la Presidencia. Y peor: que ni siquiera pudiera aparecer en la boleta electoral. Por eso, con la complicidad de instituciones y el propio Vicente Fox, que entonces ocupaba la Presidencia, idearon esa torpe medida del desafuero. Pero finalmente se salieron con la suya al cometer el segundo megafraude electoral de nuestra época. Hay que recordar que el fraude de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que quizá fue peor, ya que feneficiario de tal atraco, Carlos Salinas de Gortari, vendió a propios y extraños, la mayor parte de las paraestatales, subastándolas cual chatarra, para lo cual se valió de un discurso demagógico para justificarlo. Argumentaba una y otra vez que el mal manejo de esas empresas representaban una carga para las finanzas del Estado y que después de deshacerse de esa carga, el país saldría a flote y que la economía se robustecería de tal forma que avanzaríamos hacia las economías del primer mundo, que seríamos competitivos al nivel de las grandes potencias, abriendo las puertas de par en par para que el capital extranjero viniera a invertir. Se mencionaban sumas estratosféricas que llegarían mediante el capital extranjero directo. Eso reactivaría la economía, decían, beneficiando a todos los mexicanos y con ello saldrían de la pobreza millones de familias sumidas en la miseria.

A partir de ahí se inauguró un saqueo descarado de los recursos de la Nación y se mantuvo hasta el sexenio de Peña Nieto. Por eso, ahora que se ha frenado esa política depredadora, se desgarran las vestiduras los defensores del sistema de corrupción, los tecnócratas que en su tiempo no supieron administrar los recursos en bien de todos los mexicanos, y solo procuraron engrandecer sus fortunas. Fue en esa época que comenzaron a salir en la lista Forbes multimillonarios de México. «Qué gran orgullo». No era fortuito, se estaban robando los bienes nacionales.

Y ahora, ¿quién en su sano juicio les puede creer que estábamos mejor, cuando estábamos peor. Cuando nos encontrábamos navegando en medio de esa espiral de corrupción e injusticia social? Cabe reiterar que detrás de todas estas macroanomalías, estaban personajes deleznables de la intelectualidad y del periodismo; líderes oficialistas y simpatizantes de esos hechos funestos en contra del pueblo de México, que no solo callaban ante tales atrocidades, sino que las encubrían y justificaban, inventando una narrativa para hacer creer que todo iba viento en popa. Para ellos sí, obviamente, por eso ahora están furiosos de ya no vivir del presupuesto público. Porque aparte de todo, siempre han sido insensibles e indolentes ante la pobreza económica de millones de gente, que, incluso, muere de hambre o enfermedades crónicas mal atendidas, o bien, por las balas de los grupos delincuenciales auspiciados y fortalecidos desde las más altas esferas del poder.

Que no vengan ahora a decirnos que son violatorias a la constitución las acciones emprendidas por el gobierno federal, si cuando gobernaron, para ocultar fragantes violaciones a la constitución, procuraron las reformas y ellos mismos se inventaron y echaron a andar esas calificadoras que, solícitas, avalaban todo lo que hacían, a partir de Vicente Fox. Que recuerden que ellos debilitaron a sus propias instituciones, creando una estructura paralela al Estado, con la finalidad de seguir manteniendo el régimen de desigualdades cimentadas en esa complicidad de los poderes político y económico.

En días recientes salió a la luz pública cómo siguen recibiendo financiamiento del extranjero y recursos malhabidos, acumulados durante toda esa etapa de evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito que tratan de cubrir, generando una campaña de desprestigio y pleito frontal contra el actual presidente. La derecha opositora, ahora sí ya tiene rostros y nombres. La creación de una red de ONG que sirve para que el bloque opositor se mueva libremente y con bastos recursos para tratar de debilitar al gobierno, autodefinido como el de la Cuarta Transformación. Algunas de estas organizaciones de «la sociedad civil», son empresarios y exfuncionarios que vienen haciendo vida pública desde los tiempos de Ernesto Zedillo, como Claudio X González Guajardo, hijo del magnate Claudio X González Laporte. González Guajardo preside el Consejo de administración de Kimberly Clark de México, así como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Es un activista que se erigió como un combatiente de la corrupción amparado en su organización Mexicanos contra la Corrupción. Pero comenzaron a tramitar, y en muchos a casos a obtener, un buen número de amparos para que no se afectaran sus intereses, los de ellos no precisamente los de la Nación, a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del rescate de la CFE, Pemex y la exigencia desde la Presidencia de que ahora sí tenían que pagar impuestos. Se les advirtió de que debían ir alejándose de la costumbre de amasar sus cuantiosas fortunas a costa del presupuesto público y la evasión de impuestos. «Pueden seguir manteniendo sus ganancias, pero con más moderación, pero ya, hay que moderar la opulencia y la indigencia, aumentando el salario del pobre», les dice López Obrador.

La tesis lopezobradorista no es un invento suyo ni es una máxima de la teoría socialista, simplemente retoma lo plasmado por el generalísimo José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación hace más de doscientos años. Es una cuestión elemental, procurar a millones de sus gobernados, desplazados por décadas del presupuesto público

Lo que está sucediendo ahora en México es en gran medida inédito. El combate a la corrupción ha sido fundamental para mover las fibras de un sector de la sociedad en todos los niveles, pero, sobre todo, de los que se engullían las tajadas más grandes del pastel. Los demás, simplemente vivían de moches y corruptelas dentro de la administración pública, mientras los otros, los menos se llenaban los bolsillos del dinero mal habido. Ése es el verdadero enojo, el que los empujó a meter a la competencia electoral a una coalisión de partidos que antes tenían ideologías irreconciliables.

El caso es que Claudio X. González Guajardo (colaborador del gobierno de Ernesto Zedillo) quien ha fundado las organizaciones: Mexicanos Primero, Bécalos, Únete, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Sí por México. Esta última participó en la competencia electoral y sirvió de base para cuajar una coalición opositora formada entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que compitó en once de las quince gubernaturas y a doscienctas diecinueve de los trescientos distritos que estuvieron en juego en la elección del 6 de junio. Claudio X González es el principal artífice de este bloque opositor, que buscó a toda costa impedir que Morena (partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador) obtuviera mayoría en el Congreso de la Unión. El 20 de mayo en la conferencia mañanera, salió a relucir un video en donde González Guajardo, habla con soltura de que lo que realmente quieren es el control del presupuesto. Seguramente para seguir aprovechándose de eso, como estaban acostumbrados.

Lamentable que todavía algunos personajes sigan creyendo en estos marrulleros empresarios que acumularon enormes fortunas, quizá una parte con dinero honesto, pero también por las carretadas de dinero malhabido; y ni así tienen un poco de vergüenza para querer seguir lucrando a costa de la pobreza de la gran mayoría de los mexicanos. Ése es el verdadero rostro de la derecha en México. Son las clases empresarial, política e intelectual que no quieren que las cosas cambien y se unieron en varios frentes que seguramente les hubieran dado resultados si hubieran triunfado el 6 de junio. Qué bueno que no fue así, porque las consecuencias serían nefastas al registrarse un claro retroceso de lo poco que se ha logrado.