En un aparatoso operativo que la policía del estado montó para desalojar a los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) del zócalo de Chilpancingo, la Secretaría de Seguridad Pública mostró su falta de respeto a los derechos humanos al enviar sus policías armados con armas de alto poder.
Una semana antes, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado mexicano emplear los protocolos de disuasión de las protestas en lugares públicos. En el documento, el organismo internacional señala que los policías no deben estar armados cuando acudan a contener las manifestaciones callejeras.
El miércoles 18, de nueva cuenta se violentaron los tratados internacionales, sobre todo el de libertad de manifestación de las ideas y de expresión.
Los organismos internacionales desde hace diez años han señalado y recomendado a México para que diseñe mecanismo para disuadir las protestas cuando así requiera sin llegar al uso de la fuerza pública, con armas largas como escopetas u otros calibres.
A raíz del desalojo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, donde policías ministeriales, estatales y federales asesinaron a dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación sobre el uso de las armas para disuadir la protesta, y concluyó que durante el desalojo se violaron todas las garantías de los derechos humanos.
“Del análisis lógico-jurídico realizado se evidenciaron violaciones graves a la libertad de reunión y como consecuencia de ello, a los derechos a la vida; seguridad e integridad personal; legalidad; seguridad jurídica; libertad personal, y trato digno”, explica el texto de CNDH.
Agrega: “La criminalización de la protesta social, uso de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego en una manifestación que se tornó violenta. El uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites. La criminalización de la protesta social constituye una práctica que se traduce en negar cualquier posibilidad de diálogo entre los gobernados y sus autoridades por razones de “estado”, que vulnera los derechos de las personas”.
En ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que en países como México se criminaliza la protesta social con la fabricación de delitos como “represión más amplio, disconformidad con las garantías procesales, abusos de derechos humanos, acoso y militarización”.
“Países como Ecuador, México y Perú han modificado su código penal de tal manera que prácticas comunes de protesta social coinciden con conductas consideradas como delitos. En México y Panamá, se ha adoptado o propuesto modificaciones al código penal para adaptarlas a crímenes tales como ataques a las vías de comunicación, secuestro, terrorismo, vandalismo y crimen organizado”, agrega la CIDH.
El organismo de derechos humanos documentó donde se recurrió a la intervención militar en asuntos de orden interno; declaran inimputable al personal militar y policial en caso de muerte causada durante el cumplimiento de su servicio.
Organizaciones sociales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han documentado violaciones graves a los derechos humanos durante los desalojos que la policía estatal y federal ha realizado en Guerrero. El caso más emblemático es el del 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la Autopista del Sol.
En cada desalojo violento se violan los derechos de los manifestantes. Cuando son detenidos la policía los golpea con brutalidad, casi siempre después de lanzarles gas lacrimógeno. Se han registrados casos de tortura y de violencia sexual durante custodias policiales o militares. O en muchos de los casos, se les niega las garantías procesales a los detenidos: detención incomunicada durante largos periodos, sin cargos ni asistencia legal, o juicio ante tribunales militares.
La CIDH señaló en la recomendación a México: “Por encima de estos tipos de abusos de derechos humanos cometidos durante o después de protestas, también acosan a los defensores a lo largo del tiempo para disuadirles de protestar contra proyectos extractivos. Los defensores de derechos humanos padecen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y difamación por los medios de comunicación”.
El 30 de octubre de 2014, la CIDH recomendó a México brindar protección más amplia a las protestas sociales. En el texto señala que durante los últimos años, en el país se han violado los derechos humanos, y el uso de las armas de alto calibre cada vez se hace más recurrente.
“El país enfrenta una crisis de derechos humanos manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones forzadas, 2 de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios; en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, en la situación que viven sus defensores y también los periodistas. A todo lo anterior, basta agregar el grave déficit que atraviesa el ejercicio y disfrute pleno de otros derechos (como la tierra y el territorio, el debido proceso, el acceso a la justicia, al agua, a la participación ciudadana, el acceso a una vida libre de violencia, a la diversidad sexual, la igualdad de género, por nombrar sólo algunos), para concluir en que el contexto general de los derechos humanos en México es poco alentador”.
La CIDH dice que en México existen las expresiones de inconformidad y disenso que tienen su origen no sólo en un contexto adverso a los derechos humanos, sino también en un marco general de impunidad, de pobreza, de omisiones y de complicidad del Estado, así como de violaciones claras a los derechos humanos que han valido la atención de instancias tanto nacionales como internacionales, cuyo último y lamentable ejemplo son los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En la recomendación de 45 páginas, en la parte de análisis cuestiona: “Distintas iniciativas de ley pretenden inhibir, restringir e incluso castigar el ejercicio del derecho a la protesta y de las libertades de expresión, manifestación y reunión pacíficas, las cuales han sido mayoritariamente ignoradas por los organismos autónomos garantes de los derechos humanos, tanto a nivel local como federal”.
“Privar a la ciudadanía de estas alternativas, dentro de un contexto general de corrupción y violaciones a las leyes y a los derechos humanos es, a parecer del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, una política errada emprendida por los gobiernos federal, estatal y municipal”, señala.
El organismo internacional se lanza en contra de las políticas de los tres niveles de gobiernos al hacer hincapié a las represiones. “Las protestas y manifestaciones, en las cuales se ejercen los derechos a la libertad de expresión, reunión, petición, entre otros, también han sido afectadas: en algunos Estados (Guerrero) se han producido incidentes violentos en diferentes marchas críticas hacia las políticas gubernamentales. Si bien se han dado casos de violencia por parte de manifestantes, también se ha documentado la existencia de detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas, uso excesivo de la fuerza, como las armas de alto calibres, por parte de las autoridades e incluso, casos de tortura”.
Se observa que la violación de los derechos humanos, va desde los abusos generalizados que se cometen en un contexto de inseguridad, mientras que las policías siguen siendo parte de los obstáculos principales en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
“Es por todo esto que señalamos que uno de los problemas que afectan el ejercicio de los derechos a la protesta, libertad de expresión, reunión, manifestación y petición en México, es que las autoridades no reconocen la legitimidad de las demandas sociales, ni les brindan atención, sino hasta que éstas se elevan de tono y, a su juicio, pueden ser calificadas como un ‘problema de gobernabilidad’, postura que abona al discurso gubernamental de criminalización de las expresiones de disenso”, expresa. 