Con las primeras sombras de la noche, el viernes 26 de septiembre se empezó a incubar en Iguala la peor crisis política en la historia reciente del estado de Guerrero. Los que debieran ser cuerpos de seguridad de aquella ciudad arremetieron a balazos, como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad o enemigos muy odiados, en contra de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se llevaron tres autobuses de transporte foráneo de pasajeros de una de las terminales de aquella ciudad.
El artero ataque policiaco, difundido con amplitud en los medios de comunicación y redes sociales, dejó un saldo de seis personas muertas –tres normalistas, un futbolista, un chofer y la pasajera de un taxi–, así como 25 heridos y, según se dijo en un primer momento, 58 desaparecidos.
La notica le dio vuelta al mundo en cosa de minutos y despertó la indignación general –aunque hay gente, incluso del pueblo, que se alegra de lo que le pasa a los normalistas de Ayotzinapa y les desea males mayores–, sobre todo a raíz de que se supo que el ataque policiaco tuvo tres momentos a lo largo de las últimas cuatro horas de ese día, y, peor aún, que en los dos últimos participaron, junto a los policías, civiles armados, se entiende que sicarios.
La indignación popular se exacerbó al paso de las horas cuando circuló que no se sabía nada de los 58 desaparecidos –al final la cifra quedó en 43–, a pesar de que el propio fiscal guerrerense dijo que en un video se ve con claridad cómo la policía igualteca se llevó a los muchachos en sus patrullas.
Y la que se vislumbraba como una crisis de grandes proporciones se disparó a tal grado que tiene al gobernador Ángel Aguirre Rivero con un pie fuera del gobierno del estado, a pesar de que siempre que ha enfrentado crisis semejantes –como la matanza de El Charco en 1998, durante su interinato en la gubernatura o el asesinato de dos normalistas en 12 de diciembre de 2011– las ha sorteado gracias a sus buenas relaciones con los círculos de poder nacionales.
A partir del sábado 27, los padres de los desaparecidos, con el acompañamiento de los alumnos de Ayotzinapa, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y de organizaciones sociales como el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que aglutina a las organizaciones más radicales de la entidad, todos los días buscan a sus hijos y toman las calles para exigir su presentación con vida.
Incluso, en Chilpancingo la tradicional marcha del 2 de octubre, con la que se conmemora la matanza del 68 en la Plaza la Tres Culturas, que por primera vez se catalogó como megamarcha, tuvo como ingrediente principal la participación de estos sectores y la principal reivindicación consistió en volver a exigir al gobierno del estado la localización de los desaparecidos.
Como parte de las manifestaciones de ese día, los inconformes bloquearon durante seis la Autopista del Sol, en el mismo punto donde el 12 de diciembre de 2011, también durante un bloqueo de normalistas, los cuerpos policiacos oficiales asesinaron a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, pero a diferencia de aquella ocasión, ahora no hubo hostigamiento policiaco.
El clima político empezó a enrarecerse aún más cuando las palabras sustituyeron a los hechos. En lugar de ofrecer resultados concretos, los actores involucrados se enfrascaron en una guerra de declaraciones con un claro afán de deslindarse de la responsabilidad. Mientras el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, decía que él no supo nada de los hechos, porque estaba en un baile (luego dijo que estaba cenando y después declaró que estaba dormido), el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, atribuyó la responsabilidad de la seguridad en aquel municipio al alcalde.
El martes 30, José Luis Abarca pidió licencia por 30 días ante el cabildo, en una sesión por la tarde, de la cual el alcalde salió por la puerta de atrás para no volver a aparecerse. Dos minutos después de que el alcalde con licencia dejó el palacio municipal, llegaron por él policías ministeriales.
Ese mismo día, el presidente Enrique Peña Nieto tocó por primera vez el tema. Desde una entrevista en Coacalco, Estado de México, dijo que “el gobierno federal puede brindar apoyo para reforzar las áreas en donde ha habido un debilitamiento institucional”, pero emplazó al gobierno del estado asumir su responsabilidad.
En lo que pareció un viso de confrontación verbal, Aguirre reviró que la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, aunque reconoció que hay debilidad institucional, pero sólo a escala municipal, donde “la mayor parte [de la policía] se encuentra infiltrada, infestada, contaminada por grupos delictivos”.
Quizá para contrarrestar el impacto de la que se preveía como una marcha multitudinaria para el jueves 2, el miércoles 1, por la tarde se empezó a girar la orden a los trabajadores del gobierno de acudir al día siguiente (jueves) a Iguala a buscar a los desaparecidos. La orden, se supo, provino directamente del gobernador y era precisa: Buscar casa por casa y no regresar hasta encontrarlos a todos.
En efecto. La marcha rebasó las expectativas de los propios organizadores. Las posiciones más conservadoras no concedieron más de 10 mil, pero la mayoría de los medios calcularon desde 15 mil hasta 30 mil. Y concluyó en el punto donde el 12 de diciembre de 2011 la policía mató a Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, con un bloqueo de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, que se retiró luego de un acuerdo para que al día siguiente (viernes) el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, los recibiera en el Distrito Federal.
En cuanto a la medida del gobierno estatal de buscar a los desaparecidos, al final se vio sólo como una argucia para aparentar preocupación del gobierno del estado y para que se tomaran la foto los funcionarios que andan en campaña con miras a las elecciones del siguiente año, como Beatriz Mojica. Desde mediodía, comunicación social del gobierno del estado envió una decena de fotos en las que aparece la funcionaria dialogando con personas de Iguala a las puertas de las casas de éstas o en plena calle y con ropa informal.
Esta operación, lejos de revertir la deteriorada imagen del gobierno, se ganó la crítica de la ciudadanía y aportó elementos para que los padres de los desaparecidos y los inconformes en general consideren una burla las acciones del gobernador. Los propios trabajadores vieron esta medida como una ocurrencia de Aguirre, además de que consideraron que los exponía demasiado al llevarlos sin ninguna protección ni capacitación a un lugar tan peligroso.
En general, cada uno de los titulares de las dependencias aprovechó para presumir a través de boletines, del número de empleados de su dependencia que participaron en la operación.
“¿Tú mandarías a operar (quirúrgicamente) a un mecánico?”, preguntó un perredista a su acompañante médico en un café de la ciudad, como para ilustrar que la búsqueda de los desaparecidos deben de hacerla especialistas.
Por si fuera poco, la instrucción de no regresar hasta encontrar a todos los desaparecidos, quedó sólo en palabrería. Después de un par de horas de supuesta búsqueda casa por casa, Ángel Aguirre ordenó el regreso de todos los trabajadores a Chilpancingo.
“El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en conferencia de prensa informó que titulares y voluntarios de las secretarías y organismos gubernamentales coadyuvaron en la búsqueda de jóvenes normalistas de la Normal de Ayotzinapa, en los municipios de Iguala y Taxco, donde se logró la recopilación de información importante, la cual se está procesando en las instancias de seguridad”, consigna el boletín oficial.
La estrategia del gobierno del estado para encontrar a los 43 desaparecidos, incluyó la publicación en medios impresos y paredes de las principales ciudades de la entidad de un cartel con su foto.
La jornada semanal cerró el sábado con un incremento de la zozobra. Desde la mañana empezó el rumor de que en Iguala las autoridades encontraron fosas clandestinas con una cantidad indeterminada de cuerpos, que iban desde nueve hasta 30.
De inmediato, reporteros de medios locales, nacionales e internacionales se trasladaron al lugar, pero contra la costumbre de permitirles, en casos como éste, hacer su trabajo, se les impidió el paso a la zona de las fosas, un paraje agreste a las afueras de Iguala.
Por la noche, los afectados se reunieron con el gobernador y el fiscal pero éstos no les precisaron nada, por lo que normalistas y activistas lanzaron cohetones al interior de Casa Guerrero, y bombas molotov contra la puerta tres, también voltearon un coche de lujo que se encontraba frente a esa puerta. 