Los hechos trágicos y violentos de la noche del viernes 26 y madrugada del sábado 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Gro., demuestran la brutalidad de la policía y, se presume, el crimen organizado. Los demonios andaban sueltos en esa noche, dispararon contra los jugadores de los Avispones y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales, después, fueron perseguidos por entre las cómplices, solitarias y oscuras calles de la ciudad. El resumen se concretó en 6 muertos (3 estudiantes, el chofer del equipo Avispones y una pasajera de un taxi), 25 heridos, 43 estudiantes normalistas hasta el momento desaparecidos (pero con testigos oculares al momento de ser llevados por policías en camionetas con rumbo desconocido), y 22 policías identificados como participantes en estos hechos, actualmente recluidos en el penal del puerto de Acapulco.

Estos hechos dejaron entre la población del lugar un sentimiento de miedo y desaliento. En la oscuridad se escucharon los mortales tableteos de las armas de alto poder, usadas en contra de estudiantes que tiraron piedras contra balas. El sonido llevaba consigo el deletreo mortal, los ciudadanos y sus conciencias conocían la necesidad de resguardarse en la confianza de sus domicilios y no arriesgar su indefensión ante el poder de lo desconocido.

Elías Cannetti, escribió: “nada teme más el hombre que a lo desconocido”, porque el miedo provoca desaliento e inmoviliza, paraliza y arrincona a las personas al lugar más seguro, generalmente, ajeno al contacto con sus semejantes. Este miedo es aprovechado para mantener al individuo, unidad, en su propio rincón, porque éste no logra identificar el origen de su miedo y de su inseguridad. Por ello, hoy, el encubrimiento del rostro es un recurso de todos: ejército, policía, marina, revolucionarios y crimen organizado, parecen lo mismo físicamente y se confunden. Se desconoce quién es quién. Se visten todos de negro como la noche. Caminan al lado de las sombras, en la oscuridad, donde los ojos de los mortales no los ven. Esa es la ventaja sobre el ciudadano común y corriente de todo lugar. Por eso, se explica pero nunca justificable, el desollamiento del estudiante normalista, nadie es y todos son. Le arrancaron su identidad por medio de la violencia y todos, así, todos y ninguno. El odio es tan profundo y la violencia es tal que quiere alcanzar a todos para quitarles toda oportunidad de identidad, incluso va más allá, quiere arrancarles a todos la condición humana, y retrocederlos a un pasado animal lejano, en un acto contrario a todo proceso civilizatorio. El inconsciente colectivo, sin embargo, herencia de cientos y miles de generaciones y plasmada en el libro genético, lleva, al fin, a buscar la supervivencia y continuación de la especie, en este sentido, está garantizada la especie humana. Nadie, por la experiencia acumulada generacional y genética, está por encima de la inteligencia humana. Nadie y nunca.

Sin embargo, el Estado, por definición dada su función y naturaleza, es el responsable de garantizar la seguridad física y la propiedad privada de los ciudadanos de una nación; además, es el poseedor del monopolio de la fuerza legítima. Entonces, ¿cómo es posible, a más de una semana de los hechos, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero haya habido y haya tardanza en la atención, omisión y frivolidad y en el de Enrique Peña Nieto cálculo e intencionalidad en el deslinde político de lo hecho por el gobernador, en la búsqueda, esto sí con un amplio margen de racionalidad de recuperar  –dirían algunos legítima–, para su partido el gobierno local? Lo cierto, sin duda alguna, para ambos gobiernos, la integridad de los estudiantes normalistas ocupan un lugar secundario en el juego del ajedrez político de las próximas e inminentes elecciones de 2015.

Pero la anterior no es todo, desde luego. Es del dominio público las infiltraciones del crimen organizado en las instituciones del gobierno republicano. No sólo en los ejecutivos municipales o en los órganos policiacos, como lo ha reconocido recientemente el propio gobernador de Guerrero, incluso en los tres niveles como en otras entidades de la república. La única manera de explicar los sucesos del 26 y 27, bajo los criterios de corrupción e impunidad, es la probable simbiosis dada entre el poder público y del crimen organizado, ahora poder fáctico por su crecimiento e influencia.  La desaparición de los 43 normalistas afecta, primero, al gobierno de Ángel Aguirre por su ineficacia, pero igual al de Peña Nieto por su irresponsable decisión de mantenerse al margen aun cuando el perfil de los delitos es federal, en tanto los actores no pueden ser juez y parte.

En este punto es donde la población vive el desaliento. El gobierno local, pasmado, obnubilado.  No sabe, no supo, desde el primer momento el carácter de los hechos, lo cual permitió un amplio margen a los asesinos para huir y, no sólo, llevarse consigo a 43 jóvenes. Todavía, a más de una semana, se carece de información confiable para localizarlos. Mientras los hechos desengañan a la población y desenmascaran al gobierno federal por tanta palabrería sobre la gendarmería nacional o el mando único o el desplazamiento de fuerzas policíacas y militares a los lugares más violentos con el fin de remediar o propiciar la paz regional. Pero, como se sabe, sin amplios resultados positivos, medibles o mensurables, porque el gobierno dará las cifras más cercanas a la realidad pero la percepción del ciudadano de la calle es, a veces, totalmente diferente. Pero también es cierto, la población está expuesta a los vaivenes de los políticos  y el crimen organizado. Un desaliento de la población porque no encuentra en sus representantes en el gobierno una solución a la problemática de la violencia en Guerrero.