Los hechos sangrientos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala de la Independencia, tienen atrapado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En esa noche, la furia de la impunidad disparó en la oscuridad y persiguió en las calles, apenas iluminadas, a los estudiantes en la búsqueda de refugio y escapar de los zumbidos de la muerte. El saldo (seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero) estremeció a México y al mundo entero, y las estructuras del poder político mexicano se fracturaron al conocerse la simbiosis entre éste y el crimen organizado. Se conoció el hondo deterioro de las instituciones por la corrupción e impunidad, provocando un clima de desconfianza en las instituciones gubernamentales. Ahora, puede decirse del antes y después de Ayotzinapa.
Sabiendo Peña Nieto los graves daños ocasionados a su gobierno debido a la ineficiencia en la investigación para encontrar y castigar a los verdaderos culpables, ratificó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, municipio colindante a Iguala, y los responsables fueron el ex-presidente José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y el grupo delictivo Guerrero Unidos. Actualmente se encuentran encarcelados 99, entre policías de Iguala y Cocula y del crimen organizado. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido acusado de desaparición forzada, sino que fue simplemente resultado de un enfrentamiento, según, entre grupos contrarios, Rojos y Guerreros Unidos.
Pero el gobierno peñanietista pretende evadir su responsabilidad. Primero, Peña Nieto encargó al procurador Jesús Murillo Karam ocuparse de la investigación de los hechos el 5 de octubre, es decir, 10 días después. Tarde para la aplicación de la justicia y mucho tiempo para la evasión de los responsables materiales e intelectuales. Porque desde el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero simularon las investigaciones y en un acto de ineficiencia policíaca dejaron que Abarca y esposa se evadiera cuando, dijeron, iban a apresarlo y llevarlo al Ministerio Público.
Segundo, por los resultados presentados por el procurador Murillo Karam, se evitó, incluso, mencionar la probable y posible intervención del Ejército, en particular del 27 Batallón de Infantería y de la Policía Federal con sede en Iguala, y a menos de tres minutos de los acontecimientos donde los “perros de la guerra” se dieron el placer de disparar a jóvenes que les gritaban “no disparen, somos estudiantes”.
Tercero, la incineración de los 43 cuerpos en el basurero es más que imposible, lo han expresado varios especialistas de universidades públicas, pero la insistencia del gobierno federal es pura necedad. No quieren reconocer la probable intervención del Ejército o de otra institución oficial en la desaparición de los jóvenes normalistas. Suponiendo, sin conceder, que efectivamente los llevaron al basurero, unos vivos aún y otros muertos, insiste Murillo, por asfixia. ¿Quiere decir que los sicarios tenían preparadas cientos de llantas, cientos de tablones y cientos de litros de gasolina y diésel, para cualquier eventualidad? Pues, entonces, este grupo criminal, no estaba conformado por ningún pendejo, sino, además, precavidos en grado superlativo, porque El Terco ordenó a los encargados de la incineración que también quemaran sus ropas para no dejar ningún rastro que llegara a delatarlos. Además, con el suelo ardiente y el calor acumulado por más de 12 horas, tiempo que se calcula por el gobierno federal duró el proceso de incineración, les ordenaron recoger los restos de los huesos grandes y pequeños que quedaron y los hicieran añicos con el propósito de no dejar rastro alguno y luego los arrojaran a las aguas del río Cocula. En todo pensaron como un “equipo precavido”, nada quedara a la memoria y todo al olvido.
Cuarto, el procurador Murillo Karam tiene ingenio apantalla-pendejos. Dice, que los acusados lo fueron por el delito de secuestro y que este delito se castiga con 140 años de cárcel. Y que el de desaparición forzada sólo son 40 años. Que la Procuraduría buscó un delito con la mayor penalización y, así, hubiera “justicia” a los deudos de los estudiantes secuestrados e incinerados por el crimen organizado bajo las órdenes del expresidente Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Nada en contra de Ángel Aguirre, Murillo Karam y el presidente Peña Nieto. Nada en contra del Ejército y la Policía Federal. Todos, todos, están libres de toda culpa. Las instituciones de la Presidencia, seguridad y justicia, están limpias de toda responsabilidad en los hechos sangriento de septiembre de 2014. Y mucho menos, la tienen en un delito de desaparición forzada, porque es un delito de lesa humanidad e imprescriptible –hasta que no aparezcan– e involucra a funcionarios e instituciones del Estado mexicano.
Pero nadie está conforme con los resultados presentados por “el cansado” procurador Murillo Karam y menos los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, porque no hay evidencias de que hayan muerto incinerados, por lo que la desaparición forzada sigue siendo el delito que prevalece y no otro y motivo de futuras investigaciones.
Pero esto aún no termina, en los primeros días de febrero los padres y familiares de los normalistas desaparecidos asistirán a la Octava Sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), donde denunciarán la manipulación que de la investigación ha hecho el gobierno federal de Peña Nieto con el fin de evadirse, puesto que ésa ha sido su intención desde el inicio de su intervención en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, del delito de desaparición forzada, un delito que lo tiene atrapado por su innegable participación.
Y si el gobierno federal ha dado por muertos a los jóvenes normalistas significa un menosprecio a los familiares, puesto que no le importa lo que suceda más adelante con ellos. Por ello, la denuncia ante los foros internacionales de la ONU y CIDH, es definitivamente importante para que estos hechos no pasen al olvido, en tanto ésa es la pretensión de Peña Nieto.
En estas instituciones internacionales quedará la acusación y seguramente el acuerdo, la recomendación y/o sentencia al gobierno de Enrique Peña, el cual se ha caracterizado por delitos como la corrupción, impunidad, conflicto de intereses y, ahora, un gobierno que no fue garante de lo esencial que tiene todo Estado, como es la seguridad de la vida de todos los ciudadanos de una nación, como cualquiera otra. Por el contrario, es cómplice de grupos fuera de la ley que provocaron un clima de inseguridad en el país y una militarización sin precedentes en el estado de Guerrero. A lo largo de ocho años, contando los seis de Felipe Calderón, juntos, han reunido más de 80 mil muertos y más de 22 mil desaparecidos y un sinnúmero de heridos, con motivo de una “lucha” en contra del crimen organizado. Ya veremos cómo termina, si termina. 