Quienes recuerdan a Rafael Alfredo Añorve Baños, de 37 años, lo tienen en la mente como el joven amable que hacia el trabajo menos amable del hospital general Raymundo Abarca Alarcón: cobrar las consultas y los estudios a los pacientes.
Pero no se conducía como esos empleados indolentes que la gente se topa casi siempre en las ventanillas de cobro. Rafael Alfredo, con 20 años de servicio acumulados, era cálido y, extrañamente, aunque debiera ser lo más común en ese ambiente, muy humano e intuitivo. Le bastaba un rápido vistazo para saber a quien habría que condonar las consultas y hacer descuentos de 10 y hasta del 50 por ciento en los estudios médicos. A veces los aplicaba sin que los afligidos familiares lo pidieran. Y era de los que se incomodaba por tantas palabras de agradecimiento.
Un sábado de agosto de 2012, Rafael Añorve terminó su jornada, se despidió de sus compañeros y ya no lo volvieron a ver nunca tras la ventanilla.
La siguiente imagen que sus familiares y amigos tuvieron de él, fue la de un cuerpo devorado por las aves de rapiña, con varios orificios de bala en la cabeza. Su camisa verde con el logotipo de la Secretaría de Salud era visible en las fotos publicada por la prensa roja capitalina.
Habían pasado 21 días desde su desaparición, cuando la policía ubicó su cuerpo sobre el nuevo libramiento a Tixtla, en el tramo Tierras Prietas-Metlapa, muy cerca del hospital, por cierto. Encontraron los restos no porque lo anduvieran buscando, sino por un aviso al 066.
En esos meses de 2012, grupos del crimen organizado exigieron al secretario de Salud de entonces, Lázaro Mazón Alonso, una cuota mensual. El funcionario redobló su seguridad, traía unos siete guardaespaldas.
En las oficinas del sector salud esos grupos enemigos de la paz pública amenazaron con afectar a los trabajadores. No lo hicieron en secreto, ni a través de terceras personas, entraron a las oficinas y pegaron avisos en las paredes, como si fuera cualquier circular sobre medidas laborales.
El crimen de Rafael Alfredo, como los cerca de siete mil asesinatos ocurridos en Guerrero desde el 2005 que el presidente panista Felipe Calderón soltó una virulenta amenaza al narcotráfico, no ha sido investigado.
Quizá haya sido víctima de esas amenazas del crimen organizado, quizá de alguien que aprovechó ese ambiente. Como su asesinato no ha sido investigado, quizá nunca se esclarezca quiénes y porqué asesinaron al cajero del hospital.
***
Desde el año 2008, el sector salud ha tenido varias víctimas con muertes de la forma en la que ajusticia el crimen organizado. Rafael es parte de esta cadena que, con la desaparición de cuatro empleados el 19 de junio, dos de ellos médicos, se alcanzó mayor notoriedad. Pero la lista ya es larga.
Una búsqueda hemerográfica arrojó la existencia de 11 empleados asesinados a partir del 2008, y de muchos episodios en los que el terror invadió a los trabajadores de los hospitales, porque integrantes del crimen organizado entraron a rematar a alguien que sobrevivió a sus balas o entran para llevárselo y acabar lo que no consiguieron desde el principio.
Unos días después del crimen de Rafael, el 1 de octubre del 2012, un paciente herido de bala fue sacado de las instalaciones del hospital general, lugar en el que a pesar de eventos anteriores, la vigilancia se mantenía igual, aunque Lázaro Mazón sí había reforzado su vigilancia para salvaguardar su vida.
El personal del hospital fue más vulnerable, desde noviembre de 2011, con el cambio al punto conocido como Tierras Prietas, a las afueras de la ciudad, luego de más de 40 años de ubicación en el área central de la capital.
Estando en el centro, el hospital general ya había sido incursionado otras veces por hombres armados que entraban buscando sobrevivientes. El cambio de domicilio facilitó la actuación de esos grupos.
En las regiones, los trabajadores del sector salud son aún más vulnerables.
La cadena mortal de víctimas la encabeza el médico del centro de salud de Ayutla, Javier Brito Salinas, ocurrida en noviembre del 2008. Los familiares del médico reportaron su desaparición a las autoridades, las que nunca montaron un operativo de búsqueda, y del que hasta la fecha, no tienen noticias de su paradero.
Abel Porras Hernández daba sus servicios en el centro de salud de la comunidad de La Esperanza, municipio de Chilpancingo, hasta donde un comando armado, a bordo de varias camionetas, fue por él, el 9 de marzo del 2012.
Los habitantes de La Esperanza narraron a la policía que vieron entrar a la comunidad al comando armado, el que se dirigió directamente al centro de salud, que escucharon varias detonaciones pero que ningún poblador salió en ese momento a ver qué pasaba, que ya cuando el comando se retiró fueron al centro de salud, y que afuera del consultorio encontraron al médico boca abajo ya sin vida, con varias balazos en el cuerpo. La policía levantó numerosos casquillos de AK-47.
Del centro de salud de Ayutla, pero en noviembre del 2012, el médico Ernesto Antonio Agüero fue sacado de su domicilio por hombres armados; durante varios días los plagiarios estuvieron comunicándose con la familia exigiendo un rescate, hasta que dejaron de llamar.
Los restos del médico fueron hallados hasta el 8 de diciembre, ya devorados completamente por los animales carroñeros. Estaba semienterrado en un paraje a la salida de esa ciudad de la Costa Chica.
El 7 de noviembre del 2014, también del centro de salud de Ayutla, desaparecieron el médico Francisco Moctezuma Gutiérrez y el chófer de la ambulancia Imer Salgado Cortés, quienes regresaban, luego de dejar en el hospital de Acapulco a un recién nacido que necesitaba tratamiento en una unidad de cuidados intensivos.
El médico y el chófer desaparecieron con todo y ambulancia. Sus cuerpos con evidencias de tortura y disparos de ejecución fueron encontrados al siguiente día, en la Autopista del Sol, cerca del poblado Dos Arroyos.
Este año, en febrero, el médico Carlos Erick Adame Almazán, del centro de Salud Agustín Batalla, de la cabecera municipal de Iguala, iba a abordar su auto cuando hombres armados le salieron al paso y se lo llevaron con todo y su carro.
El galeno apareció asesinado al día siguiente, con dos balazos en la espalda, sobre la carretera federal que conduce a Cocula.
Sin investigaciones sobre ese nuevo crimen, ocurrió la desaparición de los otros dos médicos
y los dos empleados administrativos en la región de la Costa Grande. Y desde el 19 de junio, los empleados permanecen en vilo en medio de la polémica entre los familiares y las autoridades por la identidad de cuatro cuerpos hallados en una comunidad de Chilpancingo. 