En un periodo de más de quince años que abarca los últimos gobiernos del PRI y del PRD, la corrupción en la Secretaría de Salud se incrementó a tal extremo que los escándalos por desvío de recursos en la dependencia han salpicado a los propios secretarios. Pero lejos de encontrarse sometidos a investigación, siguen ocupando cargos.
Las primeras denuncias contra casos de corrupción corresponden al periodo de gobierno de René Juárez Cisneros, 1999-2005, e involucraron hasta a la entonces titular de la dependencia, Verónica Muñoz Parra, actual diputada federal electa del PRI en el distrito 06 de Chilapa.
En el gobierno del entonces perredista Zeferino Torreblanca, la Procuraduría de Justicia del Estado le integró una averiguación previa por el delito de peculado por un monto de 24 millones de pesos a la expresidenta de Chilapa y dos veces legisladora local que por segunda vez brincará a una curul federal.
La indagatoria en la que también estaba metida su directora de comunicación social, establecía una serie de pruebas de facturas apócrifas que detectó en la entrega de cuenta pública ante la Auditoría General del Estado.
Sin embargo, por arreglos políticos entre Torreblanca y los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, la investigación contra Muñoz Parra no prosperó.
En las elecciones federales del 2009, el PRI envió a Muñoz Parra como candidata a diputada federal por el distrito 1 de Tierra Caliente, pero debido a que recibió amenazas de la delincuencia organizada renunció a la candidatura. En su relevo entró Silvia Rivera, quien perdió la elección. En elección reciente, Rivera volvió a participar como candidata por ese distrito y ahora sí ganó.
Con todo y los antecedentes de presuntos actos de corrupción, en la actual Legislatura local, que termina en septiembre, la figueroista Muñoz Parra, quien de un tiempo a la fecha ha estado ligada con René Juárez, ocupó un escaño la vía plurinominal.
En la elección del 7 de junio reciente, la extitular de la Secretaría de Salud brincó a una diputación federal por el distrito 06 de Chilapa.
En 1996, durante la toma de posesión de Lázaro Mazón como presidente municipal de Iguala, el entonces dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó: “Lázaro es un profesionista honrado y será un buen presidente”.
Mazón Alonso volvió a fungir como presidente municipal en el período 2002-2005; después, siempre apoyado por Obrador, fue senador de la República en el 2006.
Cuatro años después, en 2010, Mazón Alonso figuró, al arranque del proceso interno, como uno de los principales precandidatos del PRD a la gubernatura, pero a la postre declinó por el ex priísta Ángel Aguirre Rivero.
Fue entonces cuando el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, a través de la Contraloría General del Estado, publicó una lista de exalcaldes inhabilitados para ocupar un cargo durante diez años por daño patrimonial al erario público. En la lista estaban Mazón Alonso y el exalcalde de Acapulco Alberto López Rosas.
Durante la campaña, estos dos ex presidentes municipales se sumaron al equipo de operadores del candidato Ángel Aguirre, de tal suerte que al tomar éste posesión, el 1 de abril de 2011, nombró a Lázaro Mazón titular de la Secretaría de Salud, y a López Rosas procurador de Justicia del Estado, pese a sus antecedentes negros.
Ya en la Procuraduría, López Rosas se apresuró a exonerar a Lázaro Mazón y a otros 17 exediles a los cuales el gobierno de Zeferino habían integrado una indagatoria por daño patrimonial en agravio de las arcas municipales. La exoneración ocurrida en julio de 2011, motivó que la Auditoría General del Estado interpusiera amparos ante la justicia federal para que se obligara a la procuraduría estatal a que la investigación contra el entonces titular de Salud, Lázaro Mazón, siguiera su curso y se le girara orden de aprehensión al igual que a los otros 17 exediles.
A pocos días de asumir la titularidad de la Secretaría de Salud, Lázaro Mazón se rebeló a la orden de Aguirre Rivero de que su cuñado Rogelio Villalba ocupara la Subsecretaría de Finanzas de la dependencia, a fin de que el gobernador tuviera el control del manejo de los recursos públicos.
Ese desacato fue el primer desencuentro de Lázaro con Aguirre. Sin embargo, después limaron asperezas gracias a la intervención de doña Laura del Rocío, la esposa del gobernador.
Desde el primer momento en que Nueva Izquierda, la corriente de Los Chuchos en el PRD se inclinó para que Aguirre fuera el candidato a gobernador, Zeferino mostró su molestia, al grado de que en una ocasión calificó a este grupo de perredistas como “come heces”.
Ya en el poder, Aguirre le cobró la factura a Zeferino.
El 27 de marzo del 2014, el exgobernador Zeferino Torreblanca acompañado por un grupo de sus excolaboradores, entre ellos, el exprocurador David Augusto Sotelo Rosas, salía serio y con el gesto adusto de las oficinas de la Contraloría General del Estado, ubicadas en el primer piso del edificio Zona Centro del Palacio.
El ex mandatario estatal había comparecido para declarar por presuntamente no haber comprobado un gasto de mil 368 millones de pesos en el Sector Salud ejercidos durante su administración.
El expediente RS/PA/006/2014 señala, además, que la administración que él encabezaba habría incurrido en ejercicio de recursos no autorizados y pagos de servicios adjudicados directamente a tres empresas: Jobamex Seguridad Privada, Limpomex y Distribuidor Científico Pallach. Dichas empresas obtuvieron contratos en el gobierno de Zeferino para prestar servicios en todas las dependencias, incluidas las del sector Salud.
En esta investigación estaba involucrada Magaly Salinas Serna, ex secretaria particular de Zeferino Torreblanca que durante los últimos meses de su gobierno fungió como subsecretaria de Salud. Gloria Sierra López, exdirectora del Seguro Popular cercana a Zeferino, también estaba en la investigación.
En el 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo envío un escrito a la Secretaría de la Función Pública para que dejara de boletinar en su página electrónica que la exsecretaria de Desarrollo Social se encontraba inhabilitada por 10 años para ocupar cargos públicos, y que se le había sancionado con una multa de 560 millones de pesos.
El grupo de abogados de Zeferino y la propia Gloria Sierra aseguraron que las acusaciones contra ellos, son infundadas. “Es una guerra sucia contra nosotros; el león cree todos son de su condición”, declaró Sierra López en referencia a los hechos de corrupción en que, dijo, siempre ha incurrido desde diversos cargos el exgobernador Ángel Aguirre.
A más de un año de haber sido citadas por la CGE para declarar sobre presuntas irregularidades financieras en la Secretaría de Salud, Magaly Serna es diputada local electa y Gloria Sierra será regidora de Acapulco, ambas por el PAN.
En la elección reciente, Torreblanca Galindo y su equipo más cercano emigraron del PRD al PAN. El exmandatario fue candidato de este partido a la presidencia municipal de Acapulco; quedó en tercer lugar, después del PRD y el PRI.
Por cierto, a Zeferino Torreblanca se le acusó de utilizar para sus giras de trabajo, durante su gobierno, el helicóptero Augusta XC-LKX que era de la Secretaría de Salud y que se adquirió para el traslado de enfermos de comunidades más alejadas de Guerrero.
Por si fuera poco, el exalcalde de Acapulco prestó la aeronave al entonces regidor del PVEM en Acapulco Fernando Reina, para esquiar en la laguna de Pie de la Cuesta.
Y Ángel Aguirre, ya como gobernador, facilitó el helicóptero a la actriz y cantante de música de pop Jenifer López para que grabara un videoclip en Acapulco.
Ahora, el gobernador Rogelio Ortega y varios funcionarios de su gobierno siguen utilizando el helicóptero para sus giras de trabajo.
El costo de este helicóptero fue de 23 millones de pesos, y desde que se adquirió ningún enfermo de alguna región marginada ha sido trasladado para su atención médica a un hospital de primer nivel de alguna ciudad de Guerrero.
Iván Galíndez Díaz, diputado suplente del neoperredista Antonio Gaspar Beltrán en funciones mientras éste hizo campaña para presidente de Chilpancingo, aseguró que detectó una serie de desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Salud en esta administración de Ortega.
“Por ejemplo, descubrimos que había 500 millones de pesos para la campaña contra el dengue clásico y hemorrágico así como para la chikungunya, y no sabemos en que se aplicaron esos recursos”, refirió Galindez quien fungió como integrante de la comisión de salud en el Congreso.
Contó que en la comparecencia que hizo ante el pleno del Congreso el titular de Salud, Edmundo Habeica, exigió que la Auditoría General del Estado la realice una auditoría. 