El manejo irregular de los recursos en la Secretaría de Salud no es un tema nuevo. Al respecto, hubo denuncias en la administración de René Juárez Cisneros y en la de Zeferino Torreblanca Galindo.
En la administración del primero se llegó a la demanda penal contra los responsables, mientras que en la del segundo sólo a un proceso administrativo. Sin embargo, en ambos casos, lo común fue la impunidad y la consecuencia es que en la administración que comenzó Ángel Aguirre Rivero y que está terminando Rogelio Ortega, la historia se vuelve a repetir.
La dependencia que encabeza Edmundo Dantés Escobar Abeica, es una de la más cuestionadas en cuanto al manejo poco transparente y la deshonestidad en el uso de los recursos, además de la pésima atención a los derechohabientes, escasez de medicamentos e instalaciones inadecuadas.
En estas condiciones, cifras oficiales de la misma dependencia revelan que existe un desvío de unos dos millones y medio de pesos tomados de distintos programas de la dependencia, para el pago de sospechosos contratos por prestación de servicios a medios informativos del estado y para algunos trabajadores de éstos.
Información requerida a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIPDPEG), revela que los recursos fueron pagados en el ejercicio 2014 mediante 29 contratos celebrados por la dependencia con personas físicas y morales por “servicios de publicidad”.
La información se proporcionó a través del oficio número 0742 de fecha 3 de julio dirigido al consejero presidente del ITAIPDPEG, Roberto Rodríguez Saldaña, a través del subdirector jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, Roberto Nava Castro.
En el citado documento se da a conocer la relación de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscal 2014 correspondientes a los “servicios de publicidad” de la Secretaría de Salud, especificando costos y vigencias de los mismos, que, según la dependencia, “se encuentran debidamente firmados y validados en la Subdirección Jurídica”.
Las cantidades que recibieron los medios informativos y periodistas varían y la dependencia no informa de qué programas o partidas las obtuvo, puesto que la Secretaría de Salud no cuenta con una partida o presupuesto específica para contratos por prestación de servicios de medios informativos.
En la solicitud de información a través del ITAIPDPEG de fecha 15 de abril, se requiere a la dependencia que informe qué partida presupuestal fue afectada con la operación de recursos extraordinarios desde la secretaría particular del titular de esa dependencia –entonces todavía a cargo de Lázaro Mazón Alonso–, la cual habilitó a su secretaria, la enfermera Eneida López Tacuba, para se encargara de la celebración de los citados convenios de publicidad. Sin embargo la información no fue entregada.
La información que sí fue entregada descubre que los contratos por “servicios de publicidad”, fueron celebrados todavía con el anterior secretario, Lázaro Mazón Alonso, pues la mayoría de estos tienen fechas a partir de abril del 2014. Sin embargo su pago se concretó ya con el actual secretario, Edmundo Dantés Escobar Abeica.
Las cantidades pagadas por los 29 contratos varían. Por ejemplo, Tiempos del Sur, del primero de julio al 30 de septiembre del 2014 recibió un solo pago de 20 mil pesos. Sin embargo, Radio América de México recibió del 1 de abril al 31 de diciembre 28 mil pesos mensuales, recibiendo un total de 252 mil pesos; Radio de Iguala S.A. recibió del 1 de abril al 31 de diciembre 15 mil pesos mensuales, alcanzado una suma de 135 mil pesos; PM Monster S.A. de C.V. recibió del 1 de abril al 31 de diciembre 48 mil 750 pesos mensuales, alcanzando una suma total de 438 mil 750.
Asimismo, Sistema Guerrero Audiovisual, del 1 de abril al 31 de diciembre recibió 30 mil pesos mensuales, alcanzando una suma de 270 mil pesos. Grupo Radiodifusoras Capital, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 30 mil pesos, aunque también aparece por separado en la relación uno de sus presentadores de noticias, Federico Sariñaña Valdez, y según esta información oficial del 1 de abril al 31 de diciembre recibió 10 mil pesos mensuales, con lo que habría cobrado en total 90 mil pesos.
También aparecen en la relación Fernando Santamaría, director de El Faro de la Csota Chica, quien del 1 de julio al 31 de diciembre recibió 10 mil pesos mensuales alcanzando una suma de 60 mil pesos.
Otro de los que recibieron recursos es Bismark Villanueva Bracho, quien del 1 de abril al 31 diciembre recibió 25 mil pesos alcanzando una cantidad de 225 mil pesos; la Compañía Periodística de Sol de Acapulco recibió del 1 abril al 31 de diciembre 18 mil pesos mensuales, alcanzando una suma de 262 mil.
Otras personas físicas que recibieron recursos son: Ricardo González Rodríguez, quien del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 30 mil pesos; Paulo César Soriano, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 30 mil pesos en un solo pago; Jaime García, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 20 mil pesos en un solo pago, aunque también aparece en la relación que del 1 de abril al 31 de diciembre obtuvo otros 10 mil pesos;
Elvira Marquina Trujillo, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 40 mil pesos en un solo pago; Aurelio Rigoberto Castro Hernández, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 50 mil en un solo pago.
Otros más son Osiris Aníbal Ruíz Mata, quien del 1 de julio al 31 de diciembre recibió 12 mil pesos mensuales; José L. Méndez Rodríguez, del 1 de julio al 31 de diciembre recibió 15 mil pesos mensuales; asimismo, Gerardo Delgado, del 1 de julio al 30 de septiembre recibió 90 mil 806 pesos en una sola emisión.
En total, la relación es de 29 contratos firmados con empresas o con periodistas en lo individual, y el total alcanza una suma pagada por la dependencia estatal de aproximadamente dos y medio millones de pesos.
Aunque los beneficiarios no recibieron los recursos indebidamente, pues se trata de pagos por contratos que firmaron con la dependencia por servicios de publicidad, lo irregular es que la Secretaría de Salud tomó los recursos de programas y partidas distintas al presupuesto para servicios de publicidad, lo que seguramente derivó en la afectación de las actividades sustantivas de la dependencia.
Asimismo, no existe un criterio que indique cómo se determinó qué medios o periodistas debían ser los beneficiarios de dichos contratos. Se infiere que la determinación fue discrecional y atendiendo una relación de amistad o simpatías, como ocurre en casi todas las dependencia gubernamentales, incluido el interinato que cubre Ortega Martínez.
Por desvíos de recursos y falsificación de documentos en la administración del gobernador priísta René Juárez Cisneros, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, con cabecera en Chilpancingo, giró órdenes de aprensión contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre los que destacaron los exsecretarios Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, así como Ana María Castilleja Mendieta, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la dependencia.
Las órdenes de aprensión correspondieron a una denuncia penal en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría que presentó al inicio de su administración el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por conducto de la Contraloría General del Estado, a cargo del entonces titular Martín Rayo Sánchez, ante la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A dichos funcionarios se les acusó de presentar más de 600 facturas apócrifas que amparaban casi 17 millones de pesos.
Igual, por desvíos de recursos, pero ahora en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, se abrió un proceso administrativo y de investigación por la Contraloría del Estado en contra de varios funcionarios de la dependencia y del propio exgobernador y el secretario Antonio Jaimes Herrera.
El sucesor de Torreblanca, Ángel Aguirre Rivero, confirmó que encontró desvíos millonarios en la Secretaría de Salud durante la administración encabezada por Zeferino Torreblanca, y advirtió que iría “con todo” contra los responsables.
Precisó que en la Secretaría de Salud encontró un faltante de más de 100 millones de pesos, sin incluir la compra de un helicóptero por 54 millones de pesos con recursos del Seguro Popular.
Las irregularidades se presentaron en la adquisición de medicamentos, contratación de personal y contratos asignados, todo en un periodo de cinco años. En ambos casos todo terminó en impunidad para los presuntos responsables. 
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