A pesar de las conclusiones y recomendaciones, calificadas como demoledoras y contundentes, del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los acontecimientos de la ciudad de Iguala, Guerrero, y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Ejército Mexicano continúa negándose a ser entrevistados algunos de los elementos militares del 27 Batallón de Infantería que conocieron de los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La oposición del Ejército a la solicitud de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos y, ahora, del GIEI es una conducta que, dado el clima de incredibilidad a todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no ayuda al esclarecimiento y si abona, en cambio, a profundizar y ensanchar las dudas sobre la aplicación de la justicia en el actual régimen.

Anteriormente, la negativa de la institución militar la sustentaba en que ésta no aparecía en ninguna parte de los 120 tomos del expediente que contiene la investigación realizada por la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Karam a la cabeza. Sin embargo, el gobierno y Peña Nieto no esperaban, como tampoco imaginaban, que la entereza y perseverancia de los padres de los normalistas continuaran su exigencia y protesta en el país y en el mundo a lo largo de casi un año. Como tampoco imaginó Peña Nieto que la protesta llegara a ser oída fuera de las fronteras del país y, mucho menos, por instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

Pero en las últimas semanas se ha publicado información en la que se asevera que militares en activo del 27 Batallón hicieron declaraciones en torno al asunto en comento. La secrecía gubernamental en torno a la participación del Ejército es irracional, si de veras quisiera resolver el problema de la desaparición de los 43 normalistas. Pero no, insiste el gobierno en sostener la “verdad histórica” de Murillo Karam a como dé lugar.

Como no pueden negarse las declaraciones de activos militares ante las autoridades ministeriales, dada la contundencia con lo difundido en el Informe del GIEI, que por demás constataron la intervención del Ejército en los hechos de la ciudad de Iguala en el expediente de la investigación conocida como “verdad histórica”, el general de brigada Diplomado Estado Mayor Arturo Vallarta Tafolla, jefe de Estado Mayor de la IX Región Militar, con sede el ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, avala la “decisión mexicana” de no permitir las entrevistas de militares al GIEI porque según, dice el general de brigada Vallarta, se estarían violando “los derechos fundamentales de los militares”.

Este último entrecomillado es el último argumento para negarse la solicitud de entrevistar a algunos de los activos del 27 Batallón. Sin entrar en una discusión que nunca terminaría: ¿Cuáles son esos “derechos fundamentales de los militares”? El fuero militar ha sido derogado por las más altas instancias jurídicas de México y, por tanto, los miembros de la Fuerzas Armadas deberán sujetarse a los tribunales civiles cuando cometan delitos de competencia del fuero común o federal. No hay, entonces, justificación para una negativa de esta naturaleza.

Para fundamentar su negativa, el general de brigada Vallarta Tafolla recurre a las facultades del GIEI, consistentes “en actividades de análisis y de ser el caso, formular recomendaciones de las acciones a implementar, así como la posibilidad de tener acceso a los expedientes de las investigaciones y causales penales, sin que ninguna parte del acuerdo establezca que dicho grupo podrá realizar entrevistas, interrogar, tomar declaraciones directamente a persona alguna o practicar diligencias”. Pero como si aparecen declaraciones de militares en activo en el expediente, ¿cuál es el interés de los jefes del Ejército de impedir la declaración de sus fuerzas? ¿acaso es válido el “profundo” nacionalismo manifiesto por el general de brigada cuando dice que la investigación la hace un “grupo de extranjeros”?

Este es efectivamente lo que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa provocó cuando inició la “guerra” contra el crimen organizado con la intervención de las Fuerzas Armadas y continuada ciegamente por este régimen de Peña Nieto. El Ejército no debe estar por más tiempo en las calles y en los caminos del país en una lucha que no le corresponde y de la cual, aquí sí, no tiene facultades para seguir actuando en contra del crimen organizado, tarea de orden civil y de las policías legales, y también de la policía comunitaria en su ámbito al amparo de la Ley 701 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, detrás de lo dicho por el general de brigada Vallarta Tafolla se encuentran el presidente Peña Nieto y el general secretario Salvador Cienfuegos, quienes se oponen a la posibilidad del escrutinio del Ejército porque el GIEI como dice el general Vallarta denomina y descalifica está “conformado en su totalidad por personas extranjeras”. Pero el GIEI es producto de la CIDH de la OEA, con la cual se tienen acuerdos internacionales y los cuales deben respetarse. Además. México es un país del mundo global.

La negativa del Ejército Mexicano es una salida falsa. Defiende a un gobierno caracterizado por la corrupción y la impunidad. El enriquecimiento de los secretarios del gobierno de Peña Nieto y él mismo, es insultante para la mayoría de los mexicanos y es que el cinismo de su comportamiento es grosero porque se lleva entre las patas a otras instituciones del Estado mexicano reconocidas por la ciudadanía, entre ellas, el Ejército. De las instituciones del Estado mexicano, la menos apreciada es la Presidencial. Así es.