Pl sábado 10 de septiembre, la violencia apenas se asomó en Petaquillas, donde igual que en El Ocotito, dos grupos del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), se disputan el control del territorio, frente a la omisión y negligencia de los gobiernos estatal y federal que los han dejado hacer y crecer, con el riesgo que esto implica para el resto de los civiles que se encuentran en medio de dos fuegos.
Ese día, en Petaquillas, la violencia se desató entre un grupo que encabeza el comisario municipal Mario Flores Castrejón, quien cuenta con el respaldo de José David Barrientos Salazar, comandante de un grupo de la Policía Ciudadana del FUSDEG de El Ocotito, y el grupo que mantiene la estructura del FUSDEG en Petaquillas, con saldo de cuando menos seis lesionados y ocho detenidos.
El encontronazo se originó, según la versión del grupo del comisario, debido a que a dos policías comunitarios del coordinador de consejeros del FUSDEG, Alejo Espinosa Silva, afines al coordinador de El Ocotito, Salvador Alanís, se le descubrieron vínculos con la delincuencia, ya que permite el trasiego de enervantes en la comunidad, y pretendía que liberaran a cinco jóvenes que transportaban droga.
Sin embargo, el conflicto no se resume así de sencillo. Es una historia mucho más larga, y las autoridades no han tenido tiempo para intervenir y evitar consecuencias que podrían ser más graves que las 10 de septiembre.
Todo comenzó con el ingreso al valle de El Ocotito de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que dirige Bruno Plácido Valerio.
Antes, dicen los residentes de El Ocotito, “éramos un pueblo unido”, pero azotado por la violencia. Había ejecuciones, levantones, extorsiones, amenazas, y los jóvenes no podían salir a las calles de noche sin que fueran hostigados y sufrir represalias del crimen organizado.
El ingreso de la Policía Ciudadana de la UPOEG, en marzo del 2014, medio remedió ese ambiente, pero un año después, los residentes de las comunidades del valle de El Ocotito comenzaron a acusar a los dirigentes de la agrupación que llegaron de municipios de la Costa Chica, de actos de corrupción. Concretamente que se quedaban con los bienes decomisados a los delincuentes y que “negociaban” la libertad de los delincuentes detenidos.
Ésta fue la primera división en todo el valle. Los inconformes abandonaron la UPOEG y conformaron lo que ahora es el FUSDEG, con el apoyo de Crescenciano Ramírez López y el actual coordinador de la Policía Comunitaria de este grupo, Salvador Alanís. El primero fue fundador de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Ayutla.
A principios de este año, ambos líderes se dividieron y el grupo de Salvador Alanís expulsó a Crescenciano Ramírez, acusado de tener antecedentes criminales y de “traidor”.
Crescenciano, por su parte, responsabilizó a Alanís de la masacre en Xolapa, municipio de Acapulco, el año pasado. Dijo entonces que el coordinador de la Policía Comunitaria acudió a detener a una persona del grupo adversario y que las cosas se le salieron de control cuando uno de sus elementos disparó, lo que desató la balacera con saldo de 16 personas muertas de ambos bandos.
Una tercera división se originó entre el mismo Salvador Alanís y el comandante José David Barrientos Salazar. Ambos han demostrado que son hombres de armas y los responsables de las balaceras y enfrentamientos en la zona de El Ocotito, Tierra Colorada y Acapulco.
Con ellos al frente, uno en cada bando, ahora la Policía Comunitaria del FUSDEG se encuentra dividida.
Salvador Alanís mantiene la estructura del FUSDEG, y David Barrientos encabeza a otro grupo armado, no reconocido por el FUSDEG, que respalda a los comisarios de El Ocotito, Audyfred Benítez, y el de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, dos de las comunidades más grandes de Chilpancingo.
En este contexto, el enfrentamiento en Petaquillas entre ambos grupos no es el único que ha ocurrido. El 14 de septiembre, en Cajelitos, municipio de Chilpancingo, hubo un nuevo zipizape que no trascendió en los medios de comunicación entre el grupo de David Barrientos y Salvador Alanís.
Los hechos ocurrieron después de que el domingo 11 de septiembre, la gente que apoya al comisario de El Ocotito, Audyfred Benítez, y David Barrientos, convocaron a una asamblea donde acusaron al grupo de la policía ganadera del FUSDEG de tener vínculos con el crimen organizado.
El señalamiento calentó los ánimos. Hubo una acalorada discusión entre los dos grupos armados que estuvo a punto de terminar en balacera, pero todo quedó en agresiones físicas.
La comisaría tuvo que dialogar con los comandantes de los dos grupos para distensar la situación.
A raíz de ambos incidentes, los ánimos siguen calientes en ambos grupos que, uno al otro, se acusan de servir a la delincuencia organizada.
El 12 de septiembre, en las redes sociales, el grupo del FUSDEG encabezado por Salvador Alanís y disidente al comisario de Petaquillas, acusó al comandante José David Barrientos Salazar del enfrentamiento del 10 de septiembre.
“Nos duele la situación tan difícil que viven nuestros pueblos a manos de personas que usan nuestra playera para cometer delitos; no descansaremos hasta que se haga justicia para con todos los hermanos de Petaquillas por el tan terrible atentado del que fueron víctimas”, advierten.
Los seguidores del FUSDEG que opera en este pueblo, convocaron a cerrar filas. “Para que estos hombres armados sean castigados como se debe; no permitamos que se apoderan de nuestros pueblos. Hoy nos atacaron, pero no lograron vencernos. Hoy más que nunca estamos más unidos que antes”, sentencian.
Mientras tanto, el 19 de septiembre, al cierre de la edición, el grupo adversario, al parecer con el respaldo de los comisarios de El Ocotito y Petaquillas, convocaban para una concentración en la capital del estado el mismo lunes 19. La intención, trascendió, era pedir la intervención de los gobiernos federal y estatal para el desarme de los policías comunitarios del FUSDEG.
El FUSDEG respondió de inmediato con un llamado a sus bases y seguidores. Llamó a la población no asistir a dicha concentración, que, acusó, es convocada por la delincuencia organizada. “Nos manifestamos en contra de la delincuencia que está usurpando nuestro nombre en dicha invitación”, destacó.
Dijo: “Sugerimos a los ciudadanos eviten asistir a ese evento ya que pudieran ser víctimas de la delincuencia organizada a la que pertenece Crescenciano Ramírez López, que es quien está organizando dicho evento”.
También acusaron a Bruno Placido Valerio de que “en alianza con el Cartel del Sur”; Sebastián de la Rosa diputado, del PRD; Juan Mendoza Tapia, líder de la CETIG, y Crescenciano Ramírez López “de lo que le pudiera pasar a la población civil que acuda a ese mitin, quienes en complicidad tienen la intención de provocar división y denigrar a una organización limpia como es el FUSDEG”.
También llamaron a las autoridades “a estar atentos a este grupo, ya que tienen la firme intención de generar una gran inestabilidad para el municipio de Chilpancingo y del propio estado de Guerrero”.
Sin embargo, ante las acusaciones y señalamientos de uno y otro grupo, los gobiernos federal y estatal han sido omisos y negligentes. Han dejado hacer y crecer el conflicto a pesar de las masacres ya ocurridas que marcan la división de un movimiento que surgió genuinamente para la autodefensa frente al crimen organizado que aún mantiene a raya a los pueblos, sin que tampoco, por este lado, haya una respuesta contundente de la autoridad.