La policía municipal de Iguala y los grupos de la delincuencia organizada que dispararon la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, venían actuando de manera combinada con toda impunidad cuando menos desde hace un año, según testimonios de víctimas y familiares de éstas.
Entre las acciones irregulares de la policía que se denunciaron con oportunidad hay extorsiones, amenazas y detenciones ilegales; de parte del grupo criminal se cometieron asesinatos y levantones.
Las denuncias se produjeron en declaraciones públicas, aunque también muchas se interpuesieron de manera formal ante distintas autoridades; otras las documentaron organismos de derechos humanos que pidieron la intervención del gobierno para frenar estos abusos.
Sin embargo, los gobiernos del estado y federal se mantuvieron omisos. Desatendieron por complicidad o negligencia los llamados de distintos sectores sociales y no investigaron para aplicar la ley a los responsables; dejaron que actuaran con toda impunidad hasta que desencadenó otros resultados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Los testimonios de víctimas o de sus familiares sostienen que los policías municipales que en ocasiones se hacían acompañar por hombres vestidos de civil, instalaban sus retenes en la carretera federal a la entrada de Iguala, así como a la altura de El Naranjo de la carretera Iguala-Taxco. Un tercer retén lo instalaban en la zona industrial del tramo Iguala-Teloloapan, según coincidieron las víctimas.
En estos sitios, sobre todo por las noches, los automovilistas eran extorsionados por los policías con cantidades que van desde los 100 hasta los mil pesos, de lo contrario eran amenazados con detenerlos y llevarlos a barandilla.
En uno de estos retenes, el 8 de agosto del 2013, el coordinador de la CRAC de la casa de Justicia de San Luís Acatlán Eliseo Villar Castillo, fue detenido por policías municipales, cuando regresaba de la ciudad de México.
La también coordinadora Adelaida Hernández Nava denunció en su momento que Eliseo fue detenido y golpeado a las 10:00 de la noche, sin motivo por los policías, igual que al taxista que los transportaba. Dijo que vio en el retén a gente armada vestida de civil entre los policías municipales.
Explicó que cuando se identificaron como miembros de la CRAC, el que parecía jefe de los policías les contestó: “A nosotros nos vale madre”, pero que dejaron de golpearlos y decidieron llevárselos a barandilla.
Minutos después, la coordinadora Adelaida Hernández denunció esto vía telefónica directamente al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien dio instrucciones al procurador Iñaki Blanco para que se hiciera cargo personalmente del caso.
Por la intervención del procurador, Eliseo salió libre a las 11 de la noche y el funcionario le recomendó que presentara la denuncia ante el Ministerio Público.
Otro caso ocurrió el 30 de julio del 2013, en contra del integrante de la dirección colectiva de la APPG, Alfonso Sánchez Celis, quien se encuentra desaparecido desde el 6 de marzo pasado. A Sánchez Celis lo detuvieron, lo ataron y golpearon policías municipales de Iguala, cuando regresaba de Taxco junto con un grupo de comisarios de la Sierra de Chilpancingo.
Los comisarios habían participado con la APPG en una marcha con los mineros en huelga con motivo de los seis años de su movimiento.
El viernes 27 de septiembre, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que los policías pretendían “levantar” o desaparecer en esa ocasión a Sánchez Celis junto con los comisarios de Ahuejitos, San Vicente y Amojileca, pero que el comisario de Huacalapa, vio hacia donde se los llevaron y cuando pasó el resto de la gente de la APPG fueron a reclamarlos.
Recordó que esa vez presentaron la queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y la denuncia ante el gobierno del estado, pero que no quisieron proceder.
El 28 de agosto fueron detenidos, golpeados y amenazados, en el crucero de Santa Teresa, el abogado de la UPOEG y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) Manuel Vázquez Quintero y dos de sus acompañantes, cuando regresaban a Chilpancingo como a las 2:30 de la tarde.
Los miembros de la UPOEG habían ido a Iguala a dar seguimiento a los juicios de amparo que solicitaron ante los juzgados de distrito Quinto y Noveno, para evitar detenciones de los integrantes de su organización.
Los promotores fueron liberados después de tres horas y media, y les advirtieron que siempre que regresen a Iguala deben pasar a reportarse a la comandancia de la Policía Municipal.
Vázquez Quintero denunció que uno de los policías le advirtió que en Iguala no permitirán que entre la Policía Ciudadana, y que se fuera a la chingada. “Bájale de huevos, ya te cargó la verga, como policía comunitaria no deben estar aquí”, le espetó el policía igualteco.
El dirigente también presentó la queja ante la Coddehum por la agresión y responsabilizó al alcalde José Luis Abarca Velázquez y al director de Seguridad Pública municipal de lo que pueda pasarles.
En esos mismos retenes, cinco miembros de una familia desaparecieron cuando trasladaban al herido de bala Ismael Aguirre Martínez al hospital general de Chilpancingo.
Aguirre Martínez había sido herido durante un enfrentamiento en la cabecera municipal de Teloloapan, en hechos en los que un joven murió y otros dos resultaron heridos.
Las fuentes policiacas informaron que al llegar a Iguala desaparecieron Félix Aguirre Román, Gregoria Martínez Delgado, María Guadalupe Aranda Rabadán y Mauro Aguirre Martínez quienes trasladaban en un vehículo particular a Ismael Aguirre, de quienes ya no se supo más.
En ese mismo tramo, el 17 de enero de este año, cinco elementos de la Policía Municipal de Pungarabato fueron levantados, pero luego, tras la presión y la intervención inmediata de las autoridades estatales, aparecieron dos días después con huellas de torturas y se negaron a informar lo que les pasó.
Seguridad Pública de Pungarabato informó entonces que el 17 de enero por la tarde los oficiales regresaban de Chilpancingo, donde asistieron a un curso de actualización en el Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil estatal (SSPyPC), cuando misteriosamente desaparecieron al pasar por iguala en un auto particular.
En el contexto de impunidad con que actuaba la policía municipal en combinación con grupos de la delincuencia organizada se cometieron, igualmente, ejecuciones y levantones.
El 8 de marzo del 2013 fue ejecutado a las 7:15 de la noche el síndico perredista Justino Carvajal Salgado, cuando entraba a un edificio de la calle Zaragoza cerca del centro de Iguala, por un grupo de hombres armados que se desplazaban en dos camionetas.
La administración del presidente municipal perredista José Luis Abarca Velázquez tenía apenas seis meses en funciones.
Tras la muerte del síndico, se supo que días antes de su asesinato sufrió una agresión de un grupo de hombres armados a la entrada del palacio municipal.
El 25 de mayo del 2013, siete policías municipales de Iguala fueron detenidos en Teloloapan por militares en una patrulla clonada, y fueron vinculados con el ataque a balazos al Palacio Municipal de esa localidad en el que fallecieron dos policías municipales. Los policías fueron arraigados el 30 de mayo y un mes después fueron declarados formalmente presos.
El 30 de mayo, el dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y sus compañeros Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Félix Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón, fueron levantados por integrantes de un grupo armado que se desplazaban en dos camionetas, después de que habían participado en una protesta en contra del gobierno de Abarca Velázquez, a quien demandaban fertilizante y obras sociales.
El 3 de junio fueron encontrados cerca de la carretera federal Chilpancingo-Iguala los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román; tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura.
El 25 de noviembre del año pasado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, encabezada por su presidente Raúl Vera López, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez (Centroprodh), dio a conocer el testimonio del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa certificado ante la Notaría Pública número 47del Distrito Federal, en el que aseguró que fue personalmente el presidente municipal Abarca Velázquez quien dio muerte a Hernández Cardona.
Su testimonio dice: “Ya muy noche (del 31 de mayo) llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos, y si me los ponen enfrente puedo señalar y son: el presidente municipal (de Iguala) de nombre José Luís Abarca Velázquez, el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luís Abarca se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”,
Sigue: “Al ingeniero lo siguieron torturando, y aproximadamente diez minutos después, el director de Seguridad Pública levanta del suelo al ingeniero Arturo Hernández Cardona y se lo llevaron a la fosa que estaba como a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente José Luís Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon, (el cuerpo) quedó descubierto”.
Sin embargo, el procurador Iñaki Blanco Cabrera prefirió evadir la investigación al alcalde con el argumento de que el testimonio no fue hecho ante una autoridad ministerial, y conminó a Nicolás Mendoza a que lo hiciera aunque sea por escrito. Hoy el alcalde se esconde ante una orden de presentación para que declare por 6 asesinatos y 43 desapariciones, ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. 