El sonido de la Luz Roja de San Marcos se escuchaba a varias cuadras de distancia. La noche del 26 de septiembre el grupo de la Costa Chica amenizaba, en el lienzo charro Ambrosio Figueroa de Iguala, el festejo con motivo del informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda. Por eso, a las 8 y cuarto, los que festejaban no escucharon los disparos que mataron a un normalista e hirieron a varios más a unas cuantas cuadras de allí.
Sin embargo, muchos de ellos sabían lo que estaba pasando en esos momentos, comenzando por la festejada, la presidenta del DIF, porque con ella había jefes de la Policía Federal, del Ejército y de la Policía Estatal, quienes la estaban poniendo al tanto de los acontecimientos, pero decidieron no intervenir, para no amargarle la fiesta a quien ahora es abiertamente acusada de pertenecer a la banda criminal Guerreros Unidos.
Así, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno dieron pie y permitieron que en las cuatro horas siguientes se desatara una cacería en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en la que participaron policías municipales y pistoleros de Guerreros Unidos.
La persecución alcanzó, además, a un camión en donde se trasladaba el equipo de futbol Los Avispones, un taxi ocupado por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y otro en el que viajaba una mujer.
El saldo final fue de seis muertos –tres de ellos normalistas–, 43 estudiantes desaparecidos y 25 heridos, algunos bastante graves.
Los hechos han dado la vuelta al mundo y desde distintos puntos del país y del extranjero se escucha el clamor de: “justicia” y “presentación con vida a los 43 desaparecidos”.
El caso ha alcanzado niveles de indignación que, ahora, no sólo se acusa a las autoridades municipales, encabezadas por el presidente municipal perredista de Iguala, José Luís Abarca Velásquez, de cuyo círculo habría salido la orden para detener y asesinar a los estudiantes, sino que, también, al gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero y al federal del priísta Enrique Peña Nieto. Los dos últimos por complicidad y omisión, por la falta de intervención oportuna para frenar la cacería a los estudiantes.
El miércoles 8 de octubre una gran parte de la sociedad salió a protestar en 27 estados de la república y en 15 países del mundo (algo inédito), no sólo por los actos de barbarie que se cometieron la noche del 27 de septiembre en Iguala y por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, sino en contra de la complicidad y omisión de los gobiernos estatal y federal, de quienes pidieron que respondan por estos actos.
Al cierre de esta edición, no se había localizado ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos. Sí, en cambio, aumentó a 10 en número de fosas clandestinas en las que se hallaron cadáveres. De las seis primeras se informó de 28, mientras que en las otras cuatro, fueron hallados 15 más, todos con la misma característica: incinerados y mutilados.
Pero la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República, no confirmaban aún si se trataba de los estudiantes desaparecidos. Continuaban los peritajes para determinar la identidad de cada uno de ellos.
Por lo tanto, las protestas y pronunciamientos a favor de su presentación continuaban en distintas partes del mundo, a tal grado que el 10 de octubre provocó un cisma entre el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y el del perredista Ángel Aguirre Rivero.
El gobernador Aguire Rivero denunció que el gobierno federal conocía de la presencia del crimen organizado en el gobierno de Iguala y lo responsabilizó de la muerte de dos normalistas en la represión del 12 de diciembre de 2011.
En este contexto propuso que se someta a consulta popular su permanencia en el cargo y que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve a cabo ese ejercicio, el cual, dijo, será un “parteaguas” en la vida política del país.
También dijo que la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército saben de los alcaldes vinculados con el narcotráfico porque están dentro del Grupo Coordinación Guerrero, donde un “sinnúmero de veces” él habló de ese problema.
La reacción no se hizo esperar, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió de que “tope donde tope”, se llegará a los responsables, tanto a quienes permitieron o solaparon estos hechos.
Agregó que ha dado instrucción a su gabinete para que acelere los trabajos de investigación.
Dijo: “Hechos como los que ocurrieron en Iguala son verdaderamente inhumanos y de barbarie que no pueden distinguir a México”.
Insistió en que se están acelerando los trabajos de investigación para ir a la profundidad del caso, que no quede impune y “tope donde tope, llegar a los responsables, quienes permitieron o solaparon estos hechos”.
Hasta el viernes 11 de octubre, se temía que entre los cuerpos hallados en las 10 fosas hubiera algunos de los estudiantes desaparecidos, ya que dos sicarios de Guerreros Unidos confesaron desde prisión haber matado a 17 de los jóvenes en el lugar de las fosas. Las familias, en cambio, se resistían a creer que sus hijos estén muertos y denuncian que están en manos de policías locales fugitivos.
Suman 30 detenidos por caso Iguala
Hasta el 11 de octubre, 22 policías municipales estaban detenidos, acusados por perpetrar los ataques en Iguala la noche del 26 de septiembre. Los agentes ya han sido trasladados desde Acapulco hasta un penal federal para ser juzgados.
El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, informó que hasta el momento son 30 las personas vinculadas con los hechos violentos en Iguala. Entre los detenidos se encuentran ocho presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. La PGR informó que independientemente de esas 30 personas había otros cuatro detenidos.
Y mientras las horas y días pasan, las sospechas sobre la responsabilidad de estas desapariciones, recaen cada vez más en el alcalde José Luís Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda.
Después de los ataques ocurridos la noche del 26 de septiembre, el alcalde Abarca todavía estuvo un par de días en la ciudad hasta que pidió una licencia y aparentemente huyó junto a su mujer. El procurador Blanco Cabrera explicó que no pudieron detener al alcalde entonces porque contaba con fuero, que aún están intentando retirarle.
Las miradas también apuntan a la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, quien fue señalada en un reporte del servicio de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública municipal que detuvieran esa noche a los estudiantes, temiendo que interrumpieran la fiesta en la que participaba la noche del 26 de septiembre al lado no sólo de los jefes de la policía federal, estatal y del Ejército, sino también de algunos jefes del grupo criminal Guerreros Unidos. Lo que hace suponer que el ataque y cacería en contra de los estudiantes de Ayotzinapa fue una acción concertada entre jefes de las policías de los tres órdenes de gobierno y del crimen organizado.