Cuando José Luis Abarca vio que la mayoría de sus compañeros ediles del cabildo aprobaron su licencia de 30 días, supo que tendría la protección del gobierno y de su partido, el PRD, para escapar y evadir su responsabilidad de los hechos violentos del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.
Desde la mañana del martes 30, los portales electrónicos de medios nacionales reprodujeron una declaración del todavía líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, de que ese día Abarca pediría licencia al cargo de presidente municipal de Iguala.
La regidora perredista Sofía Mendoza relata que ese martes por la mañana, recibió la notificación de que a las 3:00 de la tarde se realizaría una sesión extraordinaria de cabildo.
La reunión empezó puntual.
Abarca llegó acompañado de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y sus dos hijos. La pareja lucía impecablemente vestida, como de costumbre. Su semblante tranquilo denotaba que nada les acongojaba.
Él, como siempre, traía las uñas recortadas y las cejas depiladas; vestía camisa ajustada, como para lucir los brazos y el pecho esculpidos en el gimnasio de su residencia.
La sesión se desarrolló en el mismo recinto del ayuntamiento en el que en abril de 2013, el dirigente de la organización de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, increpó con dureza al alcalde José Luis Abarca por incumplir una minuta de acuerdos que establecía la entrega de fertilizante.
En una foto que circuló en las redes sociales, se ve que la presidenta del DIF y esposa de Abarca, María de los Ángeles, trata de abofetear a Cardona, pero una regidora la ataja.
Al fondo se ve al secretario general del Ayuntamiento, Humberto Villalobos, gritarle a Cardona.
Poco después de ese incidente, Cardona y otros siete de sus compañeros fueron levantados después de una protesta en la autopista Iguala-Cuernavaca.
El lunes 3 de mayo, Cardona y otros dos de sus compañeros fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en un paraje de la comunidad Colonia Valerio Trujano, del municipio de Tepecuacuilco.
Nicolás Mendoza, uno de los cinco que lograron huir, hizo una declaración ante un notario público de que el alcalde mató de un escopetazo a Cardona.
Como si nada hubiera pasado en su municipio, en la sesión del martes 30 el alcalde leyó un discurso en donde se deslindaba de los asesinatos de las seis personas y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los ediles aprobaron su licencia, y de inmediato, junto con su esposa e hijos, abandonó el salón por una puerta que da acceso a un pasadizo en el que se llegó directamente a su camioneta blindada.
Dice la regidora Sofía Mendoza que Abarca estuvo en la sesión no menos de diez minutos, lapso en que le dio tiempo para leer su discurso y ver que le aprobaran su licencia de 30 días.
“Prácticamente se escurrió a lo mejor tenía el temor de que fuera detenido, pero no lo creo así”, señala la regidora.
Los ediles concluyeron la sesión con el nombramiento del síndico procurador Oscar Chávez como encargado de despacho, y se percataron de que afuera del ayuntamiento estaba una patrulla de la Policía Ministerial.
Ese mismo día en la tarde-noche, agentes ministeriales catearon la casa del alcalde y detuvieron a dos de sus trabajadores. Uno de ellos, declaró después ante la Procuraduría de Justicia, que se dedicaba a realizar actividades de “halcón” de la delincuencia organizada en Iguala.
El miércoles 1 de octubre, cuando lo sucedido en Iguala ya era un escándalo internacional, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el fiscal Iñaky Blanco Cabrera y el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, ofrecieron una conferencia de prensa en Casa Guerrero.
Pese a que ya sabían que el alcalde ya no estaba en Guerrero, Aguirre e Iñaky anunciaron que la Fiscalía giró una orden de presentación y localización del edil para que acuda a dar su versión de los hechos.
O sea ese día, la fiscalía no le daba ninguna calidad de indiciado al alcalde pese a que ya se sabía que por lo menos había incurrido en omisiones en los hechos del viernes y sábado y de que 22 policías y sus mandos estaban involucrados en forma material en los asesinatos de seis personas y lesiones a otras 27.
Ese mismo día, la Policía Ministerial cateo otras dos casas del alcalde y la de un hermano de éste.
Y edil, ni sus luces.
El jueves 2 de octubre, Aguirre e Iñaky anunciaron que se enviaría al Congreso local una solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde, y de esa manera, luego de ser desaforado, se le investigue por su presunta responsabilidad en varios delitos derivados de la averiguación previa integrada a los 22 policías municipales detenidos en el penal de Acapulco.
Hasta el domingo 5 no había llegado al Congreso local la petición de juicio de procedencia contra el edil anunciada por el mandatario estatal y el fiscal.
Ese domingo, un día después de que en un cerro de Pueblo Viejo, en las afueras de Iguala, se localizaron seis fosas clandestinas con 28 cuerpos, en su mayoría calcinados, y de que uno de los asesinos declaró que en esa zona llevaron a 17 normalistas para asesinarlos, Iñaky ofreció una conferencia de prensa en Acapulco.
Cuando ya la PGR había anunciado la atracción del caso, Iñaky dijo que ahora sí ya se había establecido la responsabilidad al alcalde por los delitos de homicidio calificado, lesiones, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas.
Iñaky, por segunda vez anunció que el lunes 6 se entregaría al Congreso la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde.
Y sí, casi a las 10:00 de la noche del lunes llegó la petición y el martes 7, el pleno la turnó a la Comisión Instructora. Esta comisión legislativa, presidida por el priísta Omar Jalil Flores y de la que forma parte el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega (de Nueva Izquierda, la misma corriente de José Luis Abarca), no ha emitido desde mayo de 2013 un dictamen sobre la petición de revocación de mandato contra el edil igualteco.
A finales de mayo de 2013, la regidora perredista de Iguala Sofía Mendoza presentó la solicitud de desafuero en contra del alcalde para que la Procuraduría de Justicia lo investigara por el asesinato de su esposo, Arturo Hernández, y de otros dos militantes de la UP.
La petición al Congreso, al igual que una denuncia que presentó la edil perredista ante la Procuraduría de Justicia, también contra Abarca, no han prosperado.
Según Jalil Flores, en la solicitud de revocación de mandato que presentó la regidora, entregó como pruebas una serie de recortes de periódicos.
El jueves 9 en la noche, la Comisión de Examen Previo de la Comisión Instructora presentó un dictamen que establece que Abarca es autor intelectual de los hechos del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 y que por lo tanto procede su desafuero para se le investigue.
El dictamen que presentó Omar Jalil Flores dice que de acuerdo con la averiguación previa HDI/SC/703/0994/2014, el alcalde con licencia de Iguala es presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada de personas y lesiones que se derivaron en los sucesos del 26 de septiembre en donde seis personas murieron a balazos, 27 más resultaron heridas y 45 normalistas de Ayotzinapa se encuentran desaparecidos.
Omar Jalil Flores señala, sin embargo, que el proceso para desaforar al alcalde podría tardar hasta 25 días.
Pero mientras, los diputados siguen con su trámite para ver si desafueran o no al alcalde con licencia, la PGR advirtió de no se requiere que el edil ya no tenga fuera para poder detenerlo.
“Su fuero es local; nosotros lo estamos acusando de delitos del fuero federal y podemos detenerlo”, dijo en una entrevista el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Sabían que era un criminal
y lo protegieron
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Morales Sierra, dijo que el gobierno de Ángel Aguirre sabía que el alcalde era un criminal pero siempre lo protegieron.
Es más, hasta lo dejaron que huyera, señala.
Mencionó que ya estaba una denuncia contra Abarca en la Procuraduría de Justicia, pero nunca lo investigaron.
Además de que en la PGR, había dos denuncias más por delincuencia organizada y tampoco realizaron las indagaciones.
Morales Sierra dice que después de la masacre de Iguala de la que se responsabiliza al alcalde, ahora ningún dirigente del PRD reconoce su amistad con él.
Medios nacionales reprodujeron fotografías publicadas en Facebook donde Abarca aparece con los dirigentes de Nueva Izquierda del PRD, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, el diputado federal, Sebastián de la Rosa y del senador Armando Ríos Piter.
También hay una fotografía donde aparecen el gobernador Ángel Aguirre y su esposa Rocío Herrera con Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles. 