Todavía a media mañana del 26 de octubre, Sofío Ramírez, de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), la corriente del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero; Sebastián de la Rosa Peláez, de Nueva Izquierda (NI); Bernardo Ortega Martínez, de NI y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, hacían intentos desesperados por amarrar el voto de las dos terceras partes de los diputados locales. Buscaban convencer, sobre todo, a los de Movimiento Ciudadano (MC).
Finalmente no lograron los votos de éstos, pero sí lograron obtener la mayoría para ungir a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino de Gurrero.
En un estado de derecho, los “negociadores” aludidos estarían sujetos a investigación, junto con el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, como presuntos responsables intelectuales, o cuando menos por complicidad, del asesinato de seis personas, tres de ellas estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, un futbolista del equipo Los Avispones, el chofer de ese equipo y una mujer que viajaba en un taxi, así como por los 25 heridos y los 43 normalistas desaparecidos.
Sin embargo, en un estado donde lo normal es la impunidad, los dirigentes de NI e IPG del PRD, no sólo están escapando al brazo de la ley, sino que todavía pudieron negociar y presionar para dejar a un gobernador afín a su corriente y a sus intereses político –económicos –, como lo es Ortega Martínez.
Con el nombramiento de Ortega Martínez, los dirigentes de NI e IPG pretenden resolver el problema de inestabilidad en Guerrero del que ellos mismos tienen responsabilidad, pues las protestas son consecuencia del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa cometido por su correligionario y protegido, el presidente municipal de Iguala, miembro de NI y amigo del gobernador Aguirre Rivero, José Luís Abarca Velázquez.
Pero no sólo “negociaron” para que quedara alguien que les garantice impunidad, sino que siga garantizando que estarán a salvo sus intereses económicos.
Uno de los argumentos para el nombramiento de Rogelio Ortega Martínez es su no afiliación partidista. Sin embargo, ha simpatizado con el PRD y concretamente con la corriente NI de Los Chuchos, encabezada a escala nacional por Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva. También pertenecen a ésta, Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez y el actual presidente del CEN del PRD, Carlos Navarrete.
Este grupo perredista promovió el Encuentro Internacional de las Izquierdas Democráticas que se llevó a cabo del 28 de abril al 4 de mayo del año pasado en diversos estados del país, entre ellos Guerrero. Aquí, fue precisamente Rogelio Ortega quien les organizó el evento el 4 de mayo en el puerto de Acapulco a través del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Fue el propio Ortega quien en conferencia de prensa anunció la realización de dicho encuentro, entonces dijo: “La izquierda radical no podrá ganar elecciones por sí sola, se requiere un proyecto de gobierno que incluya a más amplios sectores de la población, más allá de la sociedad movilizada”, y dijo que la izquierda democrática “es la opción indicada para ganar procesos electorales”.
Pero Ortega no sólo fue el organizador del encuentro de Los Chuchos, sino que también fue ponente en la mesa: Democracia económica, igualdad social y crecimiento sustentable de la economía, Juan Moscoso de España; Enrique Ominami de Chile; y Eric Villanueva Mukul de México.
Mientras tanto, su esposa, Rosa Icela Ojeda Rivera, participó en la ponencia Nuevos derechos políticos y sociales en la perspectiva de la izquierda, junto con Aram Barra, de México; Patricia Mercado Castro, de México, y Gustavo Leal, de Uruguay.
La cercanía de Ortega Martínez con ese grupo político, causante de la situación que vive el estado, lo llevó a la gubernatura, además de la intervención del ahora gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, a quien se comienza a acusar de que protegió y cubrió la huida del alcalde Abarca Velásquez para que no fuera detenido.
Y cómo no, si las corrientes de expresión interna del partido tienen considerado a Abarca como un personaje “generoso” con los apoyos electorales. Incluso, hoy se sabe que hizo aportaciones para apuntalar la campaña de Ángel Aguirre.
Raúl Suárez Martínez, uno de los fundadores del PRD, recordó que el alcalde ahora prófugo de la ley por el asesinato de seis personas, la desaparición de los 43 estudiantes y las lesiones de 25 personas, llegó al PRD y a la presidencia municipal a través de NI, por la intervención del ex secretario de Salud Lázaro Mazón, pero que su candidatura se registró a instancias de la Coduc-NI que dirige Sebastián de la Rosa Peláez.
El perredista identificó a NI como una de las corrientes que creció y mantiene el control del PRD al amparo de recursos que obtiene de las “negociaciones” con el gobierno, pero también de ingreso “no legales” aportados por grupos del exterior del partido.
Además las acusaciones que hacen corrientes internas del PRD en contra de Nueva Izquierda, liderado por Los Chuchos es que en el afán de crecer electoralmente dejaron de vigilar las acciones de sus candidatos. Uno de ellos el ahora alcalde prófugo, José Luis Abarca, vinculado al cartel Guerreros Unidos, al igual que su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
Suárez Martínez dijo que NI logró el control también del PRD por sus alianzas con “caciquillos locales”.
Eso explica que a NI la apuntalen grupos no sólo como el de José Luís Abarca –vinculado con Guerreros Unidos que infiltró a la policía municipal de Iguala y en combinación atacaron a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y desaparecieron a 43–, sino también con otros grupos como en el del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, de quien se cuestiona su relación con el grupo delincuencial Los Ardillos.
El 25 de octubre el periódico Reforma publicó una información que en Guerrero ya era del dominio público desde hace varios años. El encabezado decía: “Tiene diputado familia criminal”.
El texto siguió: “Familiares del diputado local perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, están vinculados al crimen organizado, señalan autoridades federales”.
Agregó que en agosto de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre los cuerpos de dos agentes federales que fueron hallados calcinados en el municipio de Quechultenango, donde realizaban investigaciones sobre narcotráfico, y que el entonces titular de Seguridad Pública estatal, General Heriberto Salinas Altés, dijo que en el Municipio de Quechultenango operaba el cártel de Los Ardillos, cuyo centro de operaciones estaba en la comunidad de Tlanicuilulco.
Esta es la gente que pertenece a NI y que junto con IPG, la corriente política del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, negociaron y presionaron para dejar a uno de los suyos, a Rogelio Ortega Martínez, que les garantiza no sólo impunidad, sino que estén a salvo sus intereses políticos y económicos.
En la página web de NI, esta corriente se define: “Somos una izquierda que piensa que la democracia no debe de ser solamente una estrategia política, sino además una forma de vida: es un contenido, es un principio… La definición precisa y sin ambages de que la izquierda accederá al poder por la vía democrática no debiera entenderse como claudicación. Supone ganar elecciones, acercarse a otros grupos, proponer, negociar, ceder”. 