Desde el ostracismo, el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, corresponsable junto con el desaforado alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de la inestabilidad política y social que se vive en el estado y en el país, seguramente ha estado al tanto del desarrollo de las airadas protestas que se han venido realizando en el estado y en el país.
Por tanto, sabrá que el movimiento ha pedido su detención o su arraigo por encubrimiento, complicidad y la protección que le dispensó a Abarca Velázquez, a quien dejó hacer y deshacer hasta que tanta impunidad estalló a partir de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre con el asesinato de seis personas, tres de ellas estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 25 heridos y 43 normalistas desaparecidos por policías municipales y pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Desde algún lugar del estado o del país, sabrá Ángel Aguirre Rivero lo que fue capaz de provocar su estilo frívolo y desparpajado de gobernar y se sabrá culpable por más que declare que no está preocupado y sí tranquilo de lo que pueda declarar el desaforado alcalde Abarca Velázquez.
Por lo pronto, desde la tarde-noche del 23 de octubre cuando en conferencia de prensa en Casa Guerrero anunció que entregaría la solicitud de su licencia al Congreso local, Aguirre Rivero está escondido, sólo ha entablado comunicación con sus familiares y con un reducido grupo de sus amigos y ex colaboradores.
Los primeros días, después de que dimitió al cargo, se supo que por tiempos cortos estuvo en el puerto de Acapulco, una o dos veces y de entrada por salida ha estado en Ometepec, su tierra natal. Fuentes cercanas a él aseguran que está radicando en la ciudad de México. La verdad es que a partir de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre el cacique de la Costa Chica desapareció.
Su amigo, compadre y ex director de Comunicación Social, el periodista Pedro Julio Valdez Vilchis, se ha negado a contestar las llamadas telefónicas del reportero para confirmar el lugar de residencia actual del ex gobernador.
El 5 de octubre, después de la detención (el 4 de octubre) del alcalde con licencia de Iguala José Luís Abarca, Aguirre Rivero aseguró vía telefónica a la conductora de La Primera por Adela, de Grupo Imagen Multimedia, Adela Micha, que se encuentra en el estado (de Guerrero) y que no piensa irse a ningún lado.
Tras conocer la detención del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, como presuntos responsables intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Aguirre le dijo a Adela Micha que celebraba la captura, para que se puedan aclarar las cosas.
El ex mandatario dijo que no está preocupado y sí tranquilo por lo que pueda declarar Abarca Velázquez.
Confió en que la detención dé claridad al tema y permita dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.
En la entrevista no se dijo si fue la periodista quien lo buscó o fue Aguirre quien le llamó.
Y es que después de la detención de Abarca Velásquez, el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en Iguala, se encamina ahora hacia la detención del ex gobernador por encubrimiento y complicidad de aquél. Incluso, va por la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, quien seguramente no podrá sostenerse si antes no sacrifica a su amigo el ex gobernador de Guerrero.
Pero no solamente es el movimiento el que pide la aplicación de la ley a Ángel Aguirre.
El 5 de noviembre, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, declaró a los medios de comunicación nacional que el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debe rendir cuentas de sus actuaciones y omisiones en los sucesos de Iguala, así como lo ocurrido durante meses y años en su entidad, ante el panorama de abandono de la procuración de justicia.
Dijo: “Al pueblo de México se le debe dar una explicación de por qué omitió cumplir con el deber que tenía de actuar para proteger a la sociedad, y la dejó en condiciones en que se encuentra”.
Precisó que en las investigaciones sobre los hechos de Iguala “se requiere saber por qué se les permitió a estas personas (policías y pistoleros) actuar con tanta impunidad durante tantos años”.
Asimismo, acusó que en las primeras 72 horas tras la desaparición de los normalistas no se tomaron las medidas adecuadas para detener a los responsables, “por eso estamos a cerca de 50 días sin conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos”.
El Ombusdman declaró que lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, es el caso más complejo que se le ha presentado en 15 años a la CNDH, pues se cometieron delitos de lesa humanidad “en los que hay servidores públicos involucrados y actores encubiertos, en un esquema de complicidades”.
Desde mucho antes, el 12 de octubre, el director del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde Guerra, ya había culpado al entonces todavía gobernador. Dijo: “El horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades”.
Agregó: “La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.
A través de una petición colgada en la página Change.org y dirigida al diputado panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Solalinde acusó que el gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, “inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal”.
En este contexto, el 6 de noviembre el presidente de la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para investigar el caso de Iguala, Guillermo Anaya, declaró que desconoce el paradero del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero.
Tras la presentación del informe preliminar del caso Ayotzinapa, el diputado Anaya, entrevistado por reporteros de medios de comunicación nacionales, respondió: “No sé dónde está (el ex gobernador Aguirre Rivero), debe estar en la ciudad de México o en Guerrero. No sé si exista alguien encargado de ubicar al ex gobernador”.
Relación perversa
La mañana del 29 de septiembre, colaboradores del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero vieron entrar apresurada a María de los Ángeles Mendoza Villa, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez a las oficinas del gobernador Ángel Aguirre Rivero ubicadas en Protur, Acapulco.
A los empleados les sorprendió que no tardara mucho tiempo haciendo antesala. “Llevaba un vestido largo color fucsia, y a pesar de que se notaba preocupada iba muy bien arreglada”, dijo un trabajador de la dependencia estatal que estaba presente.
Para el 29 de septiembre, ya habían transcurrido tres días de que policías municipales y pistoleros de Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con saldo de tres estudiantes y tres ciudadanos muertos, así como 25 heridos y 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala.
Para entonces, también, el gobernador Aguirre Rivero ya había recibido la recomendación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que mantuviera vigilado al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, como principal sospechoso por su responsabilidad intelectual de los hechos.
El secretario de Gobernación Osorio Chong declaró días después a medios de comunicación nacionales en la Ciudad de México que le advirtió al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre que vigilara al ex edil, José Luis Abarca y que detuviera al secretario de seguridad, Felipe Flores Velázquez, para que no se dieran a la fuga.
“Previo a su renuncia o su licencia (del alcalde), tuve una reunión con el gobernador Aguirre y platicamos del tema y, por supuesto, que estando en el fuero común, le comenté que lo vigilaran, que lo cuidaran, que no se les fuera a ir. Le señalé que le pusiera doble vigilancia para que no fuera a escapar, dado que la responsabilidad se le veía”, declaró el funcionario federal.
Por eso, la reunión privada entre el gobernador y María de los Ángeles Pineda ese 29 de septiembre, que duró una media hora, se presta a sospecha y se presume que hablaron de la grave situación política y legal en que ya se encontraba el alcalde igualteco. Al día siguiente, el 30 de septiembre, Abarca Velázquez, solicitó licencia al cabildo a las 3:30 de la tarde, la cual aprobaron los 10 regidores y los 2 síndicos. Después, el alcalde y su esposa huyeron.
Evidentemente que el gobernador estaba al tanto de cada paso que daba el ahora desaforado alcalde, pero no precisamente para evitar que huyera. A las 3 de la tarde con 48 minutos de ese mismo 30 de octubre, Aguirre Rivero posteó en su cuenta de Twitter: “Es sano que el alcalde de Iguala haya pedido licencia, para que se realicen todas las investigaciones de manera transparente y correctamente”. En esos precisos momentos Abarca y su esposa salían atropelladamente del Palacio Municipal rumbo a la clandestinidad.
La Policía Ministerial del estado que presuntamente iba a arrestar al ex alcalde llegó justamente después de que se había fugado.
Hoy se sabe por los vecinos de la calle Cedros número 10 de la colonia Jacarandas, de Iguala, en donde vivía José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, que eran constantes las visitas de Aguirre Rivero a ese domicilio en donde las fiestas se prolongaban hasta altas horas de la madrugada.
Con quienes convivía el gobernador Aguirre Rivero no eran cualquier cosa. El 23 de octubre, el procurador Jesús Murillo Karam declaró a medios de comunicación nacional e internacional que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del edil que estaba prófugo, era la “principal operadora de actividades delictivas desde el Palacio Municipal”. 