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Quien piense que lo ocurrido en Iguala no puede repetirse, se equivoca. Guerrero es un estado infestado de narcotraficantes y políticos corruptos.
Pensar que la única policía municipal infiltrada o al servicio de un grupo de narcotraficantes es la de Iguala, también constituye un error. Creer que José Luis Abarca Velázquez es el único presidente municipal que llegó al cargo por el dinero del narcotráfico y que puso al servicio de la mafia toda una administración, podría ser ingenuo.
La complicidad entre gobernantes y el crimen organizado en Guerrero escaló alto, muy alto.
En muchas regiones del estado se vive el terror de la violencia generada por el narco. Hay pueblos enteros que tuvieron de salir por la presencia asfixiante de un grupo delincuencial. En las grandes ciudades empresarios o pequeños comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por la pesada carga que significa el pago de la cuota al narco; otros más, de plano han tenido que abandonar esos lugares. Por gran parte de la geografía del estado hay madres, padres, hermanos, esposas, esposos, buscando a sus hijos, sus hermanos, a sus tíos, a sus esposas, a sus esposos.
Y muchos más tiene bien presente la violencia con la ausencia de un familiar que murió a consecuencia de la guerra que declaró el Estado a los grupos del narcotráfico.
La sospecha, la duda y el señalamiento de estar relacionados con el narco no son exclusivos de la policía municipal de Iguala y de Abarca Velázquez. En Guerrero puede haber otros casos más.
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2 de junio de 2012, 7:00 de la noche. El dueño de la frutería Sandy manda a su hijo a tirar la basura como parte de la rutina que impone el negocio. El joven parte con los restos de las frutas que se generaron durante todo el día.
En el basurero, hombres armados lo interceptan, lo someten, lo secuestran.
Una hora después, ante la tardanza, la alarma se enciende en el padre y sale a buscarlo. En el basurero encuentra la camioneta pero no a su hijo. Dentro de ella se nota una luz de una lámpara que le indica que se acerque. El padre no hace caso y decide ir al pueblo a informar al Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán que se estableció en octubre de 2011.
En el pueblo, los integrantes del frente organizan brigadas para salir a buscar al joven armados con rifles, machetes y resorteras.
En el basurero se encuentran con un grupo criminal integrado por 10 personas, presuntos Zetas, se sabría después. Los delincuentes ponen resistencia. Intercambian balazos. No resisten la reacción de ciudadanos aglutinados en el frente y sacan a los plagiarios del basureros, lo llevan hacia la carretera rumbo al poblado de Tuncingo y en un matorral los abandonaron con la orden de que no se movieron de allí hasta que se cumplan 30 minutos. Los delincuentes huyeron, salieron corriendo.
De los delincuentes después se sabría que seis fueron detenidos, dos murieron, por heridas de bala, y los otros dos andaban libres.
En esa ocasión, la policía municipal no estuvo presente en el operativo, atendía al otro lado del poblado una supuesta balacera, como lo informó después personal de la Dirección de Seguridad Pública de Huamuxtitlán.
Ese día, el frente cumplió una de sus misiones más complicadas. Con el rescate del joven, sin imaginarlo, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán estaba rescatando a otras 16 personas más que ese 2 de junio habían sido secuestradas por ese mismo grupo delincuencial en menos de 10 horas.
Este hecho convirtió al pueblo en un volcán en erupción. Fue la gota que derramó el vaso. Tomaron las instalaciones del ayuntamiento y con él, al entonces presidente municipal, Juan Carlos Merino González. Su presencia en el cargo de presidente municipal no pudo ser más oportuna. Merino González estaba sustituyendo en el cargo a Soledad Romero Espinal. Durante en mandato de la perredista, Merino González fue una pieza importante: primero fue director de obras pública y después, justo antes de sustituirla, director de seguridad pública.
Merino González fue uno de los blancos donde los ciudadanos descargaron su rabia: una turba lo golpeó, lo arrastró y lo desnudó afuera del ayuntamiento. El pueblo lo responsabilizó de todo lo que estaba pasando.
Desde ese momento, integrantes de Frente Ciudadano por la Seguridad y ciudadanos tomaron el control absoluto de la seguridad de Huamuxtitlán.
La erupción pudo evitarse. Un año atrás, ante los contantes asaltos, robos a casas habitación, extorsiones, secuestros y asesinatos, los ciudadanos, ya integrados al Frente, informaron de las hostilidades al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
En especifico, enviaron un documento al entonces procurador de justicia, Alberto López Rosas, en el que le advertían de la situación que se vivía en aquel municipio.
Por ejemplo, le informaron que el 26 de octubre de 2011, el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Merino González, extorsionó a dos vecinos de Tlapa. Sin ningún motivo, describe el documento, el funcionario municipal los detuvo y para dejarlos ir les pidió la cantidad de 10 mil pesos.
También le comunicaron que un día después de la extorsión del director de Seguridad Pública, la presidenta municipal, Soledad Romero, a través de su vocera, Leticia Cuchillo, alertó a la comunidad de que la presencia de un grupo armando que andaba “provocando problemas”, como una forma de desprestigiar al Frente Ciudadano por la Seguridad, el cual le informó a la presidenta municipal de labor y de sus rondines.
Además le informaron, al depuesto López Rosas, de la presencia en el municipio de un grupo de sicarios que se dedicaban a extorsionar, sin que la policía municipal hiciera algo.
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El secuestro y asesinato de un joven el 27 de octubre de 2012 provocó que en el municipio de Olinalá emergiera un grupo de autodefensa. Antes la delincuencia organizada extorsionaba, secuestraba y asesinaba sin que ninguna autoridad se lo impidiera.
Quien le puso un alto fue el pueblo. El día del velorio del joven taxista, los pobladores salieron a buscar a los delincuentes. Entraron en una casa que todos ubicaban como el escondite del grupo criminal; allí encontraron cuernos de chivo, chalecos tácticos y credenciales. Minutos después llegó el síndico Armando Patrón Jiménez con la Policía municipal y confiscó todo.
También ese día emergió el liderazgo de Nestora Salgado García, quien ahora se encuentra encarcelada por ordenes del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En los siguientes días, los pobladores decidieron sacar de forma definitiva a los delincuentes. Unos 700 pobladores, según los reportes periodísticos, instalaron retenes en todas las entradas del municipio. Lo hicieron, también, para evitar represalias de parte del grupo delictivo.
En gobierno municipal que encabeza el priísta Eusebio González Rodríguez, de entrada intentó negar los hechos. Fidel Mejía Ruiz, comandante de la policía de Olinalá, dijo en un reporte que entregó al gobierno del estado que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron abandonada una furgoneta propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado.
Como los días transcurrían, las evidencias de su omisión ante los hechos de violencia se acumulaban, el presidente municipal decidió convertirse en uno de los principales detractores del movimiento y, en particular, de Nestora Salgado, quien se convirtió en la comandante de la Policía Comunitaria de la CRAC en el municipio.
Desde entonces, el alcalde es acusado de mantener nexos con el narcotráfico y también es señalado por sus omisiones en momentos de mayor hostigamiento del crimen organizado en contra de la sociedad.
La diputada local y ex alcaldesa de Olinalá, la perredista Luisa Ayala Mondragón, acusó a González Rodríguez de ser el responsable de la inseguridad en el municipio. Uno de los argumentos que dio en ese momento fue que el alcalde recontrató a 12 policías municipales que ella despidió por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Sobre le levantamiento armado, la legisladora dijo que era una opción indiscutible y necesaria ante la inoperancia que la policía municipal ha demostrado, además de que fue rebasada.
La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), asentada en la comunidad de Temalacantzingo en Olinalá, ha pedido al gobierno del estado en reiteradas ocasiones que investigue al presidente municipal por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Hasta ahora se desconoce si hay una pesquisa sobre el actuar del priísta.
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–¿Dónde está El Payaso? –pregunta insistentemente una mujer arma en mano.
–¡Yo no sé dónde está! –contesta un hombre.
“¿No sabes dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre? Ya sabemos dónde vives y te va a cargar la chingada si no dices nada. A tu familia también se la va a cargar la chingada”, dice la mujer de forma definitoria.
El anterior es parte de un interrogatorio que hizo la presidenta municipal de Tierra colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, a un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para tratar de encontrar una pista sobre el paradero de su guardaespaldas Mario Rico Ramírez, alias El Payaso, levantado el 9 de mayo pasado.
El padre del Payaso, Atanacio Rico Loaiza, acusa a la alcaldesa de estar detrás de la desaparición de su hijo.
Esta versión la dio a conocer a reporteros el policía ciudadano Rubén Díaz Bailón, quien dijo fue levantado por los escoltas de la alcaldesa enfrente del ayuntamiento. El interrogatorio, dijo, se realizó en el mismo palacio municipal.
El testimonio lo ofreció el policía después de que en un retén de la UPOEG, la alcaldesa junto con sus escoltas encabezó una balacera contra los policías ciudadanos.
La enemistad entre la presidenta municipal y los policías ciudadanos comenzó un año atrás.
El 26 de marzo de 2013, unos mil integrantes de la UPOEG entraron a la cabecera municipal de Tierra Colorada con la intención de detener al director de Seguridad Pública de ese entonces, Óscar Ulises Valle García, a quien acusaban del asesinato de Guadalupe Quiñones Carbajal, comandante de la policía ciudadana en San Juan del Reparo. También fueron por el funcionario porque detectaron que mantenía lazos con el crimen organizado en la región.
“La bronca que se trae con la presidenta es de cuando nosotros nos introdujimos a Tierra Colorada y que el gobierno según la está investigando, esto se viene porque anteriormente cargaba a Oscar Ulises del Valle quien era el director de Seguridad Pública y quien era sicario al servicio de la mafia”, explica tiempo después Ernesto Gallardo Grande, uno de los coordinadores de la UPOEG en esa región.
Bruno Plácido Valerio, dirigente máximo de la UPOEG, explicó que a su compañero Quiñones Carbajal llegó a Tierra Colorada lo levantaron y lo mataron en un taller eléctrico. “Por eso aplicamos un operativo hoy y detuvimos al director de seguridad pública municipal, porque ya traíamos la pista de que estaba involucrado con la delincuencia”.
Desde de que el jefe policiaco fue separado de su cargo por el cabildo, la UPOEG lo entregó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que se le investigara. No obstante, Del Valle García fue liberado por no “tener los elementos suficientes” para inculparlo.
El jefe policiaco ya no regresó a Tierra Colorada por una advertencia de la UPOEG como se supo después.
Todo esto lo supo el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que en varias mesas de trabajo se le informó de la actitud de la presidenta municipal. Incluso todavía permanece la solicitud para que se investigara a la panista Gutiérrez Paz.
“Quiero pedirle al gobierno que investigue a la presidenta municipal porque una autoridad como ella no tiene poder para que cada vez que está la feria esté sacando la pistola y tirando balazos al aire. Es lo que hace ella”, dijo un policía ciudadano el día en que se balaceó con la alcaldesa en el reten.
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“El Chaparro le habla a Fortunato (Nava), director y responsable del aparcamiento vehicular del ayuntamiento, él es el que organiza las reuniones con el Chaparro para darle la hora y el lugar al presidente municipal Francisco Javier González, El Tepache”, dice un hombre al que apenas se le ve el rostro al que apuntan con fusiles de alto calibre en un video montado en Youtube. El Chaparro, el personaje que menciona, es el jefe del grupo delincuencial que controla la plaza en Chilapa.
Este video surgió justo cuando en el municipio de dio el brote más grande de violencia en los últimos seis años. En dos días de balaceras murieron 16 personas, 12 hombres pertenecientes a grupos del narcotráfico, un policía estatal y un ciudadano. A este saldo se le suman más de 10 desapariciones, entre ellas el hombre que aparece en el video.
De la acusación que hizo este hombre que se identificó como halcón de la banda que controla Chilapa, el alcalde, el priísta Francisco Javier García González, se limitó a decir que no tenía credibilidad, pues cualquier persona bajo presión dice lo que le pidan. También García González se ha declarado incompetente para combatir la delincuencia organizada pese a que tiene a su mando a más 200 policías y más de 60 millones de pesos para la seguridad pública en el municipio.
Lo cierto es que esta banda se ha enraizado en el municipio donde opera, mientras no esté el Ejército o la Policía Estatal o Federal, con total libertad. Su operación de no se restringe al narcotráfico, también cobran cuota y controlan el comercio ambulante y parte del establecido. Es tanta su libertad que pueden organizar peleas de gallos en el auditorio municipal y fundar colonias.
Después del 7 de julio cuando se dio el brote de violencia, la seguridad en Chilapa la tomó el Ejército y un grupo de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal como una medida para disuadir a los grupos en disputa.
Otra de las medidas que se tomaron en el Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por autoridades federales y estatales, fue retirar del cargo de secretario de Seguridad Pública a Silvestre Carreto González, por considerarlo poco confiable para seguir en el puesto.
Mientras estuvo el Ejército y la Policía Estatal, el grupo delincuencial se mantuvo agazapado. Pero en cuanto se retiraron, hace unos 20 días, se volvieron a ver las caravanas de camionetas con hombres armados.
Incluso, dos días después del retiro de las fuerzas federales y estatales, fue secuestrada la regidora del PRD Diana García Flores antes de entrar a la Universidad Tecnológica donde toma clases de contabilidad. La joven edil fue liberada tras el pago del rescate.
El pasado lunes 3 de noviembre, un movimiento de hombres armados a bordo de camionetas y motocicletas provocó el pánico entre la población, lo que llevó a la suspensión de clases en diferentes escuelas. Ahora, en la ciudad los únicos patrullajes son los de la Policía municipal, pero ésos no perturban al grupo delictivo.
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Postada: Además de todos los anteriores hay más casos de acusaciones y señalamiento en contra de presidentes municipales y policías municipales de estar relacionados o al servicio de un grupo del narcotráfico.
1) Tixtla. La Policía Comunitaria que opera allí ha acusado en reiteradas ocasiones que el presidente municipal, Gustavo Abarca Alcaraz, (PRD) mantiene vínculos con el narco. Es más: han dicho que es su hermano el principal operador de ese grupo quien utiliza la Policía municipal a su favor. No se sabe si el edil está bajo investigación.
2) Chilpancingo. El empresario Pioquinto Damián Huato acusó de frente al presidente municipal, Mario Moreno Arcos, (PRI) de haber preferido trabajar con el narco que con el pueblo y de tener gran parte de sus policía municipal infiltrada.
3) Cuetzala del Progreso. En abril pasado la Procuraduría General de la República detuvo al presidente municipal de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino (PRD), por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada. A este presidente municipal se le relaciona con una organización delictiva y se le vincula con al menos 15 secuestros, ocurridos en los municipios de Arcelia, Teloloapan y Tecpan. 
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